Reagan fue el creador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, cuyo siniestro papel en el bloqueo y el terrorismo contra Cuba se revelaría años después cuando el gobierno de Estados Unidos desclasifica documentos secretos, aunque todavía llenos de bochornosas tachaduras. Si se hubieran conocido antes, no habría cambiado nuestra conducta.
Cuando llegó a Cuba la noticia el 30 de marzo de 1981 de que se había producido un atentado contra Reagan, con disparos de un arma de pequeño calibre le enviamos un mensaje expresándole nuestra condena al hecho. Una bala de plomo calibre 22 se alojó en uno de sus pulmones, causándole riesgos y sufrimientos personales. El mensaje está contenido en la conversación que por instrucciones precisas sostuvo el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Isidoro Malmierca, con Wayne Smith, Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

A continuación párrafos literales de la conversación entre ambos:

"ISIDORO MALMIERCA: Hemos procedido a convocarle y recibirle por encargo expreso del Presidente Fidel Castro. Él me pidió que le explicara, primero, nuestro reconocimiento por la información que usted nos ofreció a través del director Joaquín Más sobre el atentado que sufrió el presidente Reagan. Por otra parte queremos, también en nombre del Presidente Fidel Castro, expresarle cuánto lamentamos este hecho y también nuestra esperanza, nuestros votos de que el presidente Reagan pueda recuperarse de este atentado lo más pronto posible.

"WAYNE SMITH: Muchas gracias.

"ISIDORO MALMIERCA: Hemos estado recibiendo informaciones acerca de la atención médica que le está siendo ofrecida. Inicialmente usted también recibió información de que parecían más sencillas las consecuencias del atentado, pero parece que es más grave, que está siendo sometido a una intervención quirúrgica.

"WAYNE SMITH: Sí. Nosotros tenemos la impresión de que fue operado ya, pero la operación dicen ahora por radio que la empiezan ahora, es probable que salga, digamos, dentro de una hora. Es decir, una operación de 3 horas no es nada sencillo y más en un hombre de 70 años. Dicen que no hay peligro. Yo interpreto eso como que no habrá peligro inmediato. Pero en un hombre de 70 años una operación de 3 horas es seria. Pero dicen que su situación no es grave, que es estable. Esperamos que todo salga bien. Agradezco sus votos y el interés y el mensaje del Presidente Fidel Castro.

"ISIDORO MALMIERCA: En Washington también el señor Frechette se dirigió a la Sección de Intereses de Cuba y nos trasladó datos sobre esta situación. Explicó que usted también había recibido información sobre esto. Bien, le repito que el Presidente Fidel Castro me encargó personalmente de conversar con usted y expresarle nuestros votos de que el presidente Reagan pueda recobrarse rápidamente de las consecuencias del atentado.

"WAYNE SMITH: Muchas gracias. ¡Dios mío! Es difícil esto. El Presidente Kennedy fue asesinado en Dallas y parece que el responsable del atentado a Reagan es de Dallas. Vive ahora en Colorado, pero es de Dallas. No sé qué...

"ISIDORO MALMIERCA: Yo leí en unos cables que había nacido cerca de Denver, a 30 kilómetros de Denver.

"WAYNE SMITH: Yo no sé. Uno de mis cónsules aquí en la Oficina me dijo que él había oído por radio que es un tipo que había estudiado en la misma escuela con él. No sé, tal vez habrá vivido unos años en Dallas. No sé qué es lo que tiene la atmósfera de Dallas.

"ISIDORO MALMIERCA: Dicen que son tres hermanos, hijos de un hombre que se dedica a negocios de petróleo.

"WAYNE SMITH: Su papá, sí. El es un tipo de 22 años, que era estudiante en la universidad de Yale, pero que había dejado sus estudios hace poco. Tal vez es un resentido, un joven que ha fracasado, que actuó por sentimiento. Hablando con toda franqueza, me alegro que sea un tipo como él y no, digamos, un puertorriqueño o algo así, que podría provocar implicaciones políticas.

"ISIDORO MALMIERCA: Las especulaciones sobre motivaciones políticas para hacer eso.

"WAYNE SMITH: Sí, eso podría innegablemente permitir estimular, alentar interpretaciones políticas. Un joven blanco, de Colorado, Texas; es muy difícil hacer interpretaciones políticas.

"ISIDORO MALMIERCA: Ha habido incluso ya algunas informaciones de la policía que dicen que es un hombre que actuó solo, sin vinculación con otros grupos...

"WAYNE SMITH: Sí, debe haber sido un loco o fanático, acercarse tanto al Presidente... Bueno, fue capturado enseguida. Sacó su pistola y disparó...

"ISIDORO MALMIERCA: ¿Brady murió?"

"WAYNE SMITH: No.

"ISIDORO MALMIERCA: Decían que había muerto.

"WAYNE SMITH: Sí. Hubo informes de que sí, que había muerto, pero últimamente han dicho que no, que está muy grave, pero no se murió. Me imagino que si hubiera sido de calibre 45 sí era de muerte, pero calibre 22 tiene ciertas posibilidades... Pero parece que recibió la bala en la cabeza, evidentemente en la cabeza... Eso no es nada bueno, no hay muchas esperanzas.

"ISIDORO MALMIERCA: Un balazo en la cabeza, de cualquier calibre, es algo muy grave.

"WAYNE SMITH: Brady está muy grave. Podría quedar vivo pero sería un vegetal.

"ISIDORO MALMIERCA: Lamento que nuestra entrevista haya sido provocada por un hecho tan lamentable.

"WAYNE SMITH: Le agradezco sus votos. Enviaré inmediatamente un cable avisando a mi gobierno de nuestra conversación. Le ruego que transmita al Presidente Fidel Castro mi agradecimiento.

No hago comentario alguno. La versión de Malmierca, redactada inmediatamente después del encuentro, habla por sí misma. Wayne Smith es hoy un firme luchador contra el bloqueo y las agresiones a Cuba.
Pero no concluye aquí la historia de nuestra conducta hacia el Presidente de un país que desde los días de Einsenhower elaboró cientos de planes para eliminarme físicamente.
Una información entregada muy confidencialmente en el verano de 1984 a un oficial responsable de la seguridad de los representantes cubanos en ONU alertaba sobre un plan de atentado contra el presidente Ronald Reagan, por parte de un grupo de extrema derecha en Carolina del Norte. Al conocerla, decidimos informar de inmediato a las autoridades norteamericanas. Nuestro oficial sugirió entregarla a través de Robert C. Muller, jefe de seguridad de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con el cual se tenía contacto para la protección de delegaciones cubanas que visitaban al organismo internacional.

El atentado se produciría en fecha muy próxima cuando Reagan visitara Carolina del Norte, como parte de la campaña para reelegirse en el cargo.
La información estaba completa; daba nombres de los implicados en el plan; día, hora y lugar donde sería el magnicidio; tipo de armamento que poseían los terroristas y dónde guardaban las armas; además de todo eso, el centro de reunión de los elementos que estaban planificando la acción y un breve relato de lo que habían conversado en dicha reunión.

La entrega de la información se realizó en un encuentro con Muller en un edificio situado en la calle 37 y la Tercera Avenida, a dos cuadras del edificio de la misión cubana.
Se le trasladaron todos los detalles conocidos, garantizando quedara bien claro lo más importante, como era los nombres de los involucrados, lugar, hora y tipo de armamento que se utilizaría por estos.
Al final del intercambio, nuestro oficial le comunicó que había recibido instrucciones del gobierno de Cuba de hacerlo con urgencia, y que lo habíamos seleccionado por conocer que era un profesional en los problemas de seguridad.
Muller leyó lo que había escrito para asegurarse de que no había alterado nada y que estaban todos los elementos importantes.
Preguntó por la fuente, se le dijo era segura. Planteó que el servicio secreto tendría necesidad de entrevistarse con los funcionarios cubanos. Se le contestó no había inconveniente en hacerlo.
Aproximadamente a las cuatro y media de la tarde de ese día, los agentes del Servicio Secreto se reunieron con la representación cubana.

La entrevista se llevó a cabo en el apartamento 34-F, situado en el piso 34 de un complejo de edificios nombrado Ruppert Towers, que se encuentra en la calle 92 entre Tercera y Segunda Avenida, en la parte alta de Manhattan.
Los agentes eran dos hombres jóvenes, blancos, pelados bien bajo, vestidos de traje. Su objetivo era principalmente chequear lo que Muller les había trasladado, pues traían en sus manos copia del cable que este les había enviado. Al comprobar el contenido del cable se les aseguró no faltaba nada.
Los agentes del Servicio Secreto querían conocer quién había dado la información y cómo esta había llegado a nuestro poder. Se les respondió lo mismo que se le había dicho a Muller. También se interesaron en saber si era posible alguna ampliación, y se les dijo que si llegaba algo nuevo se les trasladaría de inmediato.
Ellos dieron su tarjeta y pidieron se les llamara directamente si se conocían otros datos adicionales, plantearon no era necesario hacerlo por medio de Muller.

El lunes siguiente pudimos conocer que el Buró Federal de Investigaciones había detenido a un grupo de personas en Carolina del Norte a las que se les hacían varias acusaciones, ninguna de ellas ?como es de suponer? relacionadas con un atentado al Presidente Reagan, quien viajó a dicho Estado poco después como parte de la campaña por la reelección al cargo de Presidente.
Antes de que transcurrieran cuatro o cinco días de la detención, a fines de esa propia semana, Muller llamó por teléfono a la Misión para invitar al funcionario cubano a almorzar, lo cual hicieron en el restaurante para Delegados de las Naciones Unidas. Lo primero que hizo fue pedir se trasladara al gobierno de Cuba el agradecimiento del gobierno de Estados Unidos por la información brindada, y confirmó que habían operado contra el grupo de involucrados. ¡Un luchador antiterrorista cubano salvó la vida de un Presidente de Estados Unidos!

Alguna prensa norteamericana menciona un diario íntimo de más de 700 páginas de apuntes personales de Reagan, desde su toma de posesión hasta la entrega del mando a Bush (padre), tratando de hacer ver que su gobierno no fue tan agresivo contra Cuba.
Sin embargo, según cuentan, Robert McFarlane, entonces Subsecretario de Estado subordinado a Alexander Haig, afirmó en sus memorias: "De todos los gobiernos que han lidiado con Fidel Castro desde 1959, el de Reagan parecía el menos adecuado para dialogar con el régimen comunista de Cuba".
Tal vez Reagan experimentó algún agradecimiento tanto por nuestra preocupación cuando sufrió el atentado en 1981, como por el aviso que le salvó la vida ante un peligro inminente, y lo agradeció a través de Robert C. Muller

Reagan fue quien suscribió con Cuba el primer acuerdo migratorio, pero no podía escapar de su entorno, porque otros más a la derecha todavía que él lo eliminaban físicamente, como hicieron con Kennedy después que conoció el terrible riesgo de una guerra termonuclear. Reagan sin duda cambió su política hacia Cuba en un año electoral, incumplió el acuerdo suscrito que fijó la entrega de hasta 20 mil visas por año para viajes seguros, al otorgar menos de mil, y mantuvo la llamada Ley de Ajuste que tantas vidas cubanas ha costado.

El 11 de septiembre del 2001 en el vecino país se produjo un verdadero caos. Durante mucho tiempo los aeropuertos tenían prohibido realizar aterrizajes. Un incalculable número de vuelos con pasajeros estaban en el aire. Eran las noticias que se transmitían por los medios de difusión masiva de Estados Unidos. Se informaba de miles de víctimas en Nueva York, entre personal que trabajaba en las Torres Gemelas, bomberos y visitantes. También se habló de personas que iban en un avión de pasajeros lanzado contra el Pentágono. Ofrecimos el envío de sangre segura procedente de donantes habituales si se necesitaba en algún caso. La donación de sangre es una tradición de la Revolución cubana desde hace mucho tiempo.
Coincidió casualmente con el día en que habíamos convocado a las 6:00 de la tarde a casi 15 000 estudiantes de nivel superior y graduados universitarios, con motivo de la reinauguración de la escuela "Salvador Allende", donde 3 599 jóvenes comenzarían estudios superiores para prepararse con métodos nuevos y probados a fin de ejercer como maestros de primaria.

Hoy se cumplen seis largos años de aquel doloroso episodio. En la actualidad se conoce que hubo desinformación deliberada. No recuerdo haber oído hablar ese día de que en los sótanos de esas torres, en cuyos pisos superiores radicaban bancos de multinacionales junto a otras oficinas, había depositadas alrededor de 200 toneladas de barras de oro. La orden era disparar a muerte contra todo el que intentara penetrar hasta el oro. Los cálculos sobre estructuras de acero, impactos de avión, cajas negras encontradas y lo que estas revelaban, no se ajustan a los criterios de matemáticos, sismólogos, especialistas en información y especialistas en demolición, etcétera, etcétera. Lo más dramático es la afirmación de que posiblemente nunca se conozca lo que verdaderamente ocurrió. Consta sin embargo que varias personas que viajaban de New Jersey a San Francisco, conversaron con familiares cuando ya la nave aérea estaba bajo el control de individuos ajenos a su tripulación normal.

Analizando el impacto de aviones similares al proyectado contra las torres, caídos por accidente en ciudades densamente pobladas, se concluye que ningún avión se estrelló sobre el Pentágono y que sólo un proyectil pudo generar el orificio geométricamente redondo que en dicha instalación creara el supuesto avión. Tampoco aparece pasajero alguno que allí pereciera. Nadie en el mundo tenía dudas sobre las noticias recibidas de un ataque al edificio del Pentágono. Fuimos engañados al igual que los habitantes del resto del planeta.

Al hablar en la Ciudad Deportiva aquel 11 de septiembre, entre otras consideraciones abordé el tema de la tragedia en Estados Unidos. Para no incluir el discurso completo, extraje párrafos textuales del mismo:

[...] El acto no pensábamos suspenderlo, ni podía suspenderse, a pesar de la tensión internacional creada por los acontecimientos. Imagino que muchos los conozcan; pero, en esencia, consistieron en que, aproximadamente a las 9:00 de la mañana un Boeing, de los grandes, se estrella directamente contra uno de los dos edificios de las famosas torres de Nueva York, uno de los más altos del mundo, que tiene dos alas. Como es natural, aquello se incendia con todo el combustible de uno de esos grandes aviones; empiezan a ocurrir escenas tremendas, y 18 minutos después otro avión, también de una empresa aérea norteamericana, ataca y se estrella directamente contra la otra ala de la torre.

Unos minutos más tarde, otro avión se estrella contra el Pentágono. Llegan noticias, en medio de cierta confusión, de una bomba frente al Departamento de Estado y otros hechos alarmantes, aunque he mencionado los más importantes.

Evidentemente el país había sido víctima de un violento y sorpresivo ataque, inesperado, inusitado, algo verdaderamente insólito, que dio lugar a escenas impresionantes, en especial cuando ardían las dos torres y, sobre todo, cuando ambas se desploman, con sus 100 pisos, sobre otras edificaciones próximas, y se conocía que allí trabajaban decenas de miles de personas en diversas oficinas que representan numerosas empresas de variados países.

Era lógico que aquello produjera una conmoción en Estados Unidos y en el mundo, las bolsas de valores comenzaron a derrumbarse, y por la importancia política, económica, tecnológica y el poder de Estados Unidos, el mundo hoy estaba conmovido con aquellos acontecimientos que fue necesario seguir durante todo el día, a la vez que por nuestra parte se mantenía la atención sobre las condiciones y las circunstancias en que se realizaría este acto.

Por tanto había dos temas: la escuela y su importantísimo curso, y la catástrofe de tipo político y humano que se había producido allá, especialmente en Nueva York

[...] Hoy es un día de tragedia para Estados Unidos. Ustedes saben bien que aquí jamás se ha sembrado odio contra el pueblo norteamericano. Quizás, precisamente al sentirse Cuba plenamente libre, con patria y sin amo, por su cultura y por su falta de complejos, sea el país donde se trate con más respeto a los ciudadanos norteamericanos. Nunca hemos predicado ningún género de odios nacionales, ni cosas parecidas al fanatismo, por eso somos tan fuertes, porque basamos nuestra conducta en principios y en ideas, y tratamos con gran respeto ?y ellos se percatan de eso ?a cada ciudadano norteamericano que visita a nuestro país.

Además no olvidamos al pueblo norteamericano que puso fin a la guerra de Viet Nam con su enorme oposición a aquella guerra genocida; no olvidamos al pueblo norteamericano que, en un número superior al 80 por ciento, apoyó el regreso de Elián a nuestra patria; no olvidamos cuánto idealismo, perturbado muchas veces por el engaño, porque ?como hemos dicho muchas veces? para llevar a un norteamericano a que apoye una causa injusta, una guerra injusta, primero hay que engañarlo, y el método clásico utilizado en la política internacional de ese enorme país es el método de engañar primero, para contar después con el apoyo de la población. Cuando sucede a la inversa y su pueblo descubre que algo es injusto, por su tradición de idealismo, se opone a aquello que ha estado apoyando, muchas veces causas muy injustas, convencido de que lo que apoyaba era justo.

Por eso nosotros ?que sabemos no el número exacto, pero que hemos visto escenas impresionantes de sufrimientos y posibles víctimas? hemos sentido dolor profundo y tristeza por el pueblo norteamericano, fieles a la línea que hemos seguido siempre.

No andamos adulando a gobiernos, ni pidiendo perdones, ni favores, ni se alberga en nuestros pechos ni siquiera un átomo de temor. La historia de la Revolución ha demostrado cuán capaz es de desafiar, cuán capaz es de luchar, cuán capaz es de resistir lo que tenga que resistir, algo que nos ha convertido en un pueblo invencible. Esos son nuestros principios, una Revolución que se basa en ideas, en la persuasión y no en la fuerza.

[...] Nuestra reacción ha sido la que dije, y quisimos que nuestro pueblo viera las escenas y contemplara la tragedia. Y no hemos vacilado en expresar públicamente nuestro sentimiento. Aquí mismo está una declaración que se entregó a la prensa internacional alrededor de las 3:00 de la tarde, elaborada tan pronto se conocieron los hechos; mientras tanto, nuestra televisión estaba enfrascada en la divulgación de los acontecimientos. Sería comunicada a nuestro pueblo en el noticiero de la noche.
Me adelanto aquí algunos minutos para hacerles conocer la Declaración Oficial del Gobierno de Cuba, frente a los hechos ocurridos en Estados Unidos.
"El Gobierno de la República de Cuba ha recibido con dolor y tristeza las noticias sobre los ataques violentos y sorpresivos realizados en la mañana de hoy contra instalaciones civiles y oficiales en las ciudades de Nueva York y Washington, que han provocado numerosas víctimas.

[...] "No es posible olvidar que nuestro pueblo ha sido víctima durante más de 40 años de tales acciones, promovidas desde el propio territorio de Estados Unidos.
"Tanto por razones históricas como por principios éticos, el Gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo norteamericano por las dolorosas e injustificables pérdidas de vidas humanas que han provocado dichos ataques.
"En esta hora amarga para el pueblo norteamericano, nuestro pueblo se solidariza con el pueblo de Estados Unidos y expresa su total disposición a cooperar, en la medida de sus modestas posibilidades, con las instituciones sanitarias y con cualquier otra institución de carácter médico o humanitario de ese país, en la atención, cuidado y rehabilitación de las víctimas ocasionadas por los hechos ocurridos en la mañana de hoy."
Aunque no se sepa si son 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 las víctimas, se sabe que solo en los aviones que fueron estrellados contra las torres, o contra el Pentágono, viajaban cientos de pasajeros, y ofrecimos lo que podíamos si hiciera falta.
Ese es un país que tiene un gran desarrollo científico, médico, recursos; pero hay momentos en que pudiera hacer falta sangre de un grupo, plasma ?cualquier otro producto que nosotros podamos donar lo haríamos gustosamente?, o apoyo médico, o de personal paramédico, porque sabemos que muchos hospitales tienen déficit de determinados técnicos y profesionales. En fin, lo que queríamos era expresar nuestra actitud y nuestra disposición con relación a estos trágicos acontecimientos.

[...] Los secuestros aéreos, método inventado contra Cuba, se convirtieron en una plaga universal, y fue Cuba la que al fin y al cabo resolvió ese problema cuando, después de advertirlo reiteradamente, devolvimos a Estados Unidos a dos secuestradores; es doloroso, eran ciudadanos cubanos, pero los habíamos advertido, vinieron y los enviamos, cumplimos la palabra pública; pero nunca, ni siquiera después nos dieron noticias para sus familiares. Tienen su modo de actuar. Nadie sabe. Sé que los condenaron a 40 años, y aquello fue lo que puso fin al secuestro de aviones."

[...] Ninguno de los actuales problemas del mundo se puede resolver por la fuerza, no hay poder global, ni poder tecnológico, ni poder militar que pueda garantizar la inmunidad total contra tales hechos, porque pueden ser acciones de grupos reducidos difíciles de descubrir.

Es muy importante saber cuál va a ser la reacción del gobierno de Estados Unidos. Posiblemente vengan días peligrosos para el mundo, no estoy hablando de Cuba. Cuba es el país que más tranquilo está en el mundo, por diversas causas: por nuestra política, por nuestras formas de lucha, por nuestra doctrina, nuestra ética, y, además, compañeras y compañeros, por la ausencia total de temor.
Nada nos inquieta, nada nos intimida. Sería muy difícil fabricar una calumnia contra Cuba, no lo creería ni el que la inventara y patentizara, es muy difícil; y Cuba no es hoy cualquier cosa en el mundo, tiene una posición moral muy grande y una posición política muy sólida.

[...] Los días próximos van a ser tensos dentro de Estados Unidos, empezarán a emitir opiniones no se sabe cuánta gente.

[...] Les sugeriríamos a los que dirigen el poderoso imperio que sean serenos, que actúen con ecuanimidad, que no se dejen arrastrar por raptos de ira o de odio, ni se lancen a cazar gente lanzando bombas por todas partes.
Reitero que ninguno de los problemas del mundo, ni el terrorismo, se pueden resolver por la fuerza, y cada acción de fuerza, cada acción disparatada del uso de la fuerza, en cualquier parte, agravaría seriamente los problemas del mundo.
El camino no es la fuerza ni la guerra. Lo digo aquí con toda la autoridad de haber hablado siempre con honradez, poseer convicciones sólidas y la experiencia de haber vivido los años de lucha que ha vivido Cuba. Sólo la razón, la política inteligente de buscar la fuerza del consenso y la opinión pública internacional puede arrancar de raíz el problema. Creo que este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo; pero la lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá; matando aquí y allá, usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes. Se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de estado y otras formas repulsivas de matar, poniendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles. El mundo no tiene salvación si no sigue una línea de paz y de cooperación internacional.

[...] Nosotros hemos demostrado que podemos sobrevivir, vivir y progresar, y todo lo que aquí se muestra hoy es expresión de un progreso sin paralelo en la historia. No se progresa solo produciendo automóviles, se progresa desarrollando inteligencias, impartiendo conocimientos, creando cultura, atendiendo a los seres humanos como deben ser atendidos, que es el secreto de la enorme fuerza de nuestra Revolución.
No tiene salvación el mundo por otras vías y me estoy refiriendo en este caso a las situaciones de violencia. Búsquese la paz en todas partes para proteger a todos los pueblos de la plaga del terrorismo. Hay otra terrible plaga que se llama, por ejemplo, SIDA; otra que mata a decenas de millones de niños, adolescentes y personas en el mundo por hambre, por enfermedades y por falta de asistencia y medicamentos.
Hay en el terreno político ideas absolutistas, pensamiento único que se le trata de imponer al mundo, y promueven rebeldías e irritaciones por todas partes.
No se salva este mundo ?y ya esto no tiene que ver con el terrorismo? si continúa desarrollándose o aplicándose este orden económico y social injusto que conduce al mundo a la catástrofe, a un camino del cual no podrían escapar los 6 200 millones ni los futuros hijos de los habitantes que hoy tiene este planeta, que está siendo cada vez más destruido y conducido a la pobreza, al desempleo, al hambre y a la desesperación. Lo demuestran las masas en distintos lugares ya históricos, como Seattle, Québec, Washington, Génova.
Ya los más poderosos líderes de la economía y de la política mundial no pueden casi reunirse; la gente tiene cada vez menos miedo, está sublevada, lo que puede apreciarse en todas partes. Yo acabo de estar en Durban, provincia de África del Sur, y vi allí a miles de personas pertenecientes a las Organizaciones No Gubernamentales; se ve crecer como espuma el descontento en el mundo. [...]

¡Qué enorme diferencia entre la conducta del gobierno de Cuba y la del gobierno de Estados Unidos! ¡La Revolución, que se basa en la verdad, y el imperio, que se basa en la mentira!
Fidel Castro Ruz
Septiembre 11 del 2007

Por Gerardo Arreola (Corresponsal)

La Habana, 12 de septiembre. Cuba alertó a Estados Unidos sobre un atentado que se preparaba contra el presidente Ronald Reagan en el verano de 1984, que fue abortado gracias al aviso, según informes difundidos hoy por el presidente Fidel Castro.
El mandatario, alejado de sus funciones hace 13 meses por una enfermedad no precisada, publicó el miércoles un artícuen el que aborda el episodio, junto con una breve evaluación de la actitud del ex mandatario estadunidense hacia la isla.
Castro recordó que Reagan suscribió el primer acuerdo migratorio entre los dos gobiernos, pero advirtió que el presidente de Estados Unidos "no podía escapar de su entorno, porque otros más a la derecha todavía que él lo eliminaban físicamente", como a John F. Kennedy.

Sin precisar su opinión sobre si hubo un periodo en el que Reagan fue menos agresivo hacia la isla, el líder cubano llegó a la conclusión de que el entonces mandatario estadunidense cambió su posición hacia Cuba en un año electoral, para endurecerla.
Castro también recordó que, según documentos desclasificados de Washington, fue Reagan quien propició el surgimiento de la Fundación Nacional Cubano-Americana, grupo político-empresarial de activa hostilidad hacia el gobierno de La Habana.
En el caso del atentado, el informe llegó por una "fuente segura" a manos de un agente cubano a cargo de la seguridad de la misión de la isla en Naciones Unidas, según el relato suscrito por Castro.
El oficial cubano entregó los datos al entonces jefe de seguridad de la delegación de Estados Unidos ante el organismo mundial, Robert C. Muller, y más tarde a dos agentes del Servicio Secreto de ese país.

Según el reporte de los cubanos, "un grupo de extrema derecha" atentaría contra Reagan, cuando el presidente realizara una gira por Carolina del Norte. El reporte –señaló Castro– precisaba día, hora y lugar del planeado magnicidio, tipo de armamento, el lugar de su acopio, el sitio de reunión y una reseña de lo que habían conversado los conspiradores.
Días después de que los cubanos entregaron ese informe, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a varias personas en Carolina del Norte, a las que imputaron diversos cargos, aunque no el de un atentado contra el presidente. Reagan viajó a ese estado más tarde, como parte de su campaña por la relección, recordó Castro.

El mandatario cubano también difundió la transcripción de una entrevista entre el entonces canciller Isidoro Malmierca y el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Wayne Smith, el 30 de marzo de 1981, día en que Reagan sufrió un atentado a tiros en Washington.
En sustancia, Malmierca emitió a Smith un mensaje oficial de pesar por los hechos y los deseos de que el presidente se recuperara pronto. La transcripción muestra un encuentro muy cordial, dentro de la gravedad del momento.
"Tal vez Reagan experimentó algún agradecimiento, tanto por nuestra preocupación cuando sufrió el atentado, en 1981, como por el aviso que le salvó la vida ante un peligro inminente, y lo agradeció a través de Robert C. Muller", señaló Castro.
En la presidencia de Reagan, Estados Unidos y Cuba sostuvieron la reunión de más alto nivel desde su ruptura de relaciones, en 1961. El encuentro fue en 1981 entre el secretario de Estado, Alexander Haig, y el vicepresidente, Carlos Rafael Rodríguez, en la ciudad de México, promovido por el presidente José López Portillo y organizado por el canciller Jorge Castañeda.

Cuba ha entrado en un singular proceso de ebullición creativa a partir del discurso pronunciado por Raúl Castro hace poco más de un mes en el 54 aniversario del ataque al cuartel Moncada. Dura crítica a los problemas del país y propuesta de largo aliento para encaminar su solución que fue acogida calurosamente por el pueblo, en cuyo seno ha hecho brotar una impetuosa corriente de reflexión trasformadora, otra prueba de su compromiso con la revolución y su confianza en la dirección cubana y su segundo de a bordo.

Raúl, fiel a su estilo, fue directamente al grano, subrayando que el país no ha salido de la crisis ocasionada por el colapso soviético. Puso énfasis en algunos problemas y principios fundamentales, pero aparte de citar ejemplos de cómo subsanar determinadas prácticas burocráticas, no ofreció recetas acabadas. Sus palabras evidenciaron la intención de que sean los propios ciudadanos en los territorios y centros de trabajo quienes con su talento colectivo ayuden a la dirección revolucionaria a identificar las ideas viejas, errores y prácticas nocivas que impiden una mayor eficiencia económica y gubernamental y, por consiguiente, la elevación del nivel de vida de la población, en particular la producción nacional de alimentos suficientes.

La empresa es harto compleja y difícil en un país pequeño, pobre, sometido por Estados Unidos a un bloqueo y hostigamiento despiadados y a la amenaza permanente de una intervención militar, que lo obligan a invertir ingentes recursos en la actualización de su capacidad defensiva. Para abordarla, el presidente en funciones enarboló tres principios cardinales: 1) la idea expresada por Fidel de que revolución es "cambiar todo lo que debe ser cambiado", 2) el concepto de resolver los problemas con los recursos que el país sea capaz de producir, por lo que no deben esperarse soluciones espectaculares, y 3) la premisa, fundamentada en el consenso nacional, de que "lo único" que no está a discusión es la decisión "irrevocable" de construir el socialismo. Porque, contrariamente a las especulaciones y retorcidos vericuetos intelectuales de nostálgicos del capitalismo dependiente o izquierdistas de laboratorio, lo que anima y retroalimenta el gran debate nacional abierto hoy en Cuba es cómo lograr más y mejor socialismo, que es decir también más y mejor antimperialismo e internacionalismo, no importa cuán radical deba ser el cuestionamiento y la erradicación de concepciones, métodos y estructuras obsoletos.

No es nuevo que la dirección revolucionaria pida la opinión ciudadana para decidir el rumbo frente a situaciones complejas y difíciles como, por mencionar un ejemplo cercano, al caer la isla en su mayor crisis económica del siglo XX con la desaparición de la Unión Soviética, pero ahora parecería tratarse de ir a formas más profundas y sistemáticas de participación democrática, desde los centros de trabajo hasta los órganos de gobierno (Poder Popular), partiendo de sus instancias barriales.

Por lo pronto, el discurso de Raúl, que provocó intensas e informales discusiones desde el primer momento, ahora se analiza a calzón quitado en las organizaciones de base del Partido Comunista. Informes al respecto que recibo de amigos en la isla vienen cargados de fe y optimismo. La antítesis de la desesperanza, la apatía y la confusión que reinaban en los países del "socialismo real" desde mucho antes de su desplome.

Al optar por una estrecha alianza –no exenta de duras discrepancias– con esos estados para evitar el holocausto inútil de su pueblo, el liderazgo cubano no pudo evitar la influencia en la isla de las deformaciones imperantes en sus sociedades, pero conservó siempre suficiente autonomía para oponerles las ideas y la acción revolucionarias. No le fue posible desplegar en su totalidad el proyecto original de inspiración martiana, marxista y latinoamericana, pero "esa fuerza telúrica que se llama Fidel Castro", según la memorable definición del Che Guevara, no ha dejado de sembrar hasta hoy un solo día en el alma del pueblo las concepciones y sentimientos profundamente humanistas y universales que guiaron desde un inicio la revolución. De otra manera, esta no podría haber sobrevivido frente a la hostilidad de Estados Unidos, mucho menos posteriormente a la colosal catástrofe que implicó para la isla el fin de la ayuda soviética. Sólo puede cosecharse conciencia socialista donde haya sido infatigable la siembra de ideas y actitudes revolucionarias.

El funcionario peruano se refirió específicamente a la instalación de 120 carpas para albergar a aproximadamente 550 personas que perdieron su vivienda en el sector La Alameda de Sunampe, señala un boletín emitido por Protección Civil y Administración de Desastres.
Este organismo venezolano, a través de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, realiza desde el pasado 15 de agosto labores de apoyo a las autoridades peruanas en la zona más devastada de Perú tras el sismo del pasado 15 de agosto.

El Jefe de la misión venezolana en Perú, oficial Fidel Reverón, señaló que la instalación de las carpas en el sector La Alameda de Sunampe fue realizada en conjunto con la Alcaldía de Sunampe, el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Una de las afectadas por el sismo, Blanca Ramos, madre de dos niños y beneficiada con esta ayuda, agradeció "muy especialmente" al grupo venezolano, ya que permanecía en la intemperie después de que ocurrió el terremoto.

Desde su llegada a Perú la misión venezolana de ayuda humanitaria integrada por especialistas en prevención y atención de desastres ha realizado en conjunto con las autoridades locales la planificación, diseño e instalación de 10 albergues en las provincias de Pisco y Chincha del Departamento de Ica, el más devastado por el sismo del pasado 15 de agosto.
El Departamento de Ica está ubicado en la costa sur central del litoral peruano y su la población vive fundamentalmente del cultivo de maíz, frijol, espárragos y uvas.

Por Antonio Zapata

Semanas atrás visité a Willy Cook, un arqueólogo peruano que trabaja el cementerio inca de Puruchuco. Ahí ha encontrado un grupo numeroso de indígenas fallecidos en el ataque ordenado por Manco Inca contra la recién fundada ciudad de Lima. Los ha reconocido por varios datos combinados, la época a la que pertenecen, y sobre todo porque uno está herido de bala de arcabuz y otros presentan heridas causadas por espadas de acero. Son los primeros restos, que se encuentran, en toda América, de indígenas que murieron luchando contra los españoles durante la conquista. Medio petrificado ante nuestros antepasados, alcancé a preguntar si había otros cadáveres del mismo sitio que hubieran muerto por arma indígena. Me contestó que sí y que eran muchos más que los fallecidos por arma europea. Luego reparé que esa información tenía fuerte significado. Nos indica que la guerra de conquista fue ante todo un conflicto de indios contra indios, atizado por los españoles para imponer su dominio. En el caso concreto del ejército de Manco Inca que fue derrotado en Lima, Francisco Pizarro recibió ayuda de los indígenas de Huaylas, porque se había emparejado con la hija de la cacica local y pidió ayuda a su suegra.

De este modo, el Perú no nació de la violación de un padre español a una madre indígena, como habitualmente se sostiene. El cementerio desenterrado por Cook revela que el Perú nació de una guerra fratricida, que permitió el triunfo foráneo. Como testimonio de ello, a lo largo de su historia, este país registra grandes enemistades. Entre los incas, Huáscar y Atahualpa; los curacas rebeldes Túpac Amaru y Pumacahua, al final de la era colonial; entrando a la República, Gamarra y Santa Cruz; en vísperas de la Guerra del Pacífico, Piérola y Pardo, en pleno conflicto internacional y frente al invasor, Cáceres e Iglesias. Podríamos seguir los ejemplos a lo largo de todo el siglo XX, abarcando otras áreas de la actividad humana y no solamente la política, por si caben dudas ahí están Manuel González Prada y Ricardo Palma. Salta a la vista. En el Perú, la enemistad destaca por su intensidad y persistencia, siempre hay más de una pareja de opuestos en lucha a muerte. Además, ni siquiera importa ganar: lo más importante es que pierda el adversario, así se venga abajo el tinglado en que ambos están parados.

Cuando se revisa quiénes combaten hasta desfallecer se descubre que son hermanos; es decir, personas parecidas entre sí, con carreras semejantes y que en otros contextos colaborarían para sacar adelante instituciones. Pero, en el Perú, carecemos de suficientes entidades bien organizadas donde se desarrolle una sana competencia. Como no sabemos construir organizaciones civiles y políticas de carácter permanente, su curso acaba dependiendo de los caudillos. Así, la vida interna institucional se limita a la imposición de liderazgos personales. También carecemos de espacio suficiente para escalar, no hay sitio arriba. Todo es tan vertical y desigual que ascender es imposible a menos que uno derribe a quien está encima. Por eso el serrucho es clave y la envidia juega un papel tan destacado.

Esta lucha entre hermanos es tan intensa que se pierde el sentido de las proporciones, poniendo en riesgo la continuidad de las iniciativas colectivas. Hace poco me invitaron a una reunión que fue un despliegue de pasiones desatadas, gente adulta que practicaba aquel refrán de "tumbar a Sansón y a todos los filisteos, así se derrumbe el techo". Al disminuir la capacidad de un caudillo y no haber reemplazo a la vista, la manada corre el riesgo de disolverse y sus integrantes protagonizan cien conflictos cruzados. Ha declinado la fuerza que los vinculaba y estallan los resentimientos. Entre la envidia y el rencor perecen muchas instituciones peruanas. Como decía el fundador de la historia, el poeta Homero: "los dioses ciegan a quienes quieren perder".

Lima, sep ( - El gobierno peruano apuesta a diversificar sus exportaciones, y el dióxido de carbono, el que más pesa entre los gases invernadero que provocan el recalentamiento global, aparece como una alternativa "verde" para embolsar algunas divisas del mismo color.
Perú puede obtener alrededor de 400 millones de dólares entre 2008 y 2012 por la venta de certificados de reducción de emisiones contaminantes al mundo industrializado.
El esquema nació con el Protocolo de Kyoto, que en 1997 en esa ciudad japonesa fijó límites a la cantidad de carbono liberado a la atmósfera por los países ricos, fundamentalmente como consecuencia del uso de combustibles fósiles.

Las inversiones en el llamado Mercado de Desarrollo Limpio (MDL) apuntan a ayudar a las naciones industrializadas a cumplir con la meta de reducir sus emisiones en 5,2 por ciento para 2012, respecto de los niveles de 1990.
Mediante esta fórmula, los países ricos pueden invertir en proyectos de merma de las emisiones en naciones en desarrollo y comprar esos volúmenes ahorrados para compensar, a nivel global, los excesos en que ellos incurren respecto de las metas establecidas.

Los 1.300 expertos que se reunieron entre el 5 y el 7 de este mes en Lima, en el Segundo Foro Latinoamericano del Carbono, coincidieron en que existe una gran expectativa en la región frente a las oportunidades de negocios que ofrece el mercado internacional de venta de certificados de reducción de emisiones.
América Latina es la destinataria de 40 por ciento de los proyectos de inversión en el MDL.
Según datos de Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo marco funciona la junta directiva que regula este mecanismo, corresponden a la región 277 de las 633 iniciativas registradas, que permitirían reducir anualmente unas 33 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

Perú figura, según la revista especializada Point Carbon, entre los siete países pioneros en la recepción de inversiones de mecanismos de desarrollo limpio. Busca así hacerse un lugar importante en este mercado, con 71 proyectos que permitirían la reducción de más de 11 millones de toneladas de carbono al año.
Estas iniciativas atraerían una inversión de 3.000 millones de dólares, casi dos veces el monto dedicado al controvertido proyecto gasífero Camisea, dijo a IPS la directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), Julia Justos.
"En esto radica la importancia de esta dinámica económica para la región con un crecimiento que garantiza beneficios ambientales", recalcó.

La funcionaria de Fonam indicó que la venta de estos certificados puede aportar a América Latina un ingreso de 1.200 millones de dólares por la reducción de 33 millones de toneladas de carbono.
Un estudio del Banco Mundial sostiene que las inversiones en estos proyectos han pasado de de 11.000 millones de dólares a 30.000 millones entre 2005 y 2006. También se ha incrementado el precio de la tonelada de carbono, que subió de cinco dólares a 10.9 en el mismo lapso.
"Vamos en el camino correcto, pero hay estudios que dicen que, si en verdad queremos neutralizar las emisiones y lograr un desarrollo sustentable, deberíamos tener un precio de 50 dólares la tonelada", señaló a IPS Eduardo Reyes, presidente de los Países Miembros del Banco Mundial ante la Unidad de Financiamiento de Carbono.

Uno de los seis proyectos de Perú aprobados por la ONU es el de la central hidroeléctrica de Poechos, que sustituirá plantas térmicas que generan energía a partir de combustibles fósiles. Permitirá que se dejen de emitir 32.000 toneladas de carbono al año y representa la primera venta de certificados de reducción de este país. El comprador es Holanda.
El proyecto también contempla un plan social, con el que se financiarán los estudios universitarios de un grupo de jóvenes de la zona. "Este aporte voluntario ha marcado una pauta para las otras iniciativas de este tipo", comentó Justos.
Empero, la representante del Centro Riso del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Myriam Hinostroza, señaló que, pese a los avances en el mercado de carbono en América Latina, una de las principales dificultades es obtener financiamiento para proyectos del MDL.
"Por desconocimiento de las oportunidades que brinda este negocio, los bancos no tienen líneas de crédito. Perú tiene un sector privado conservador", apuntó Hinostroza.

América Latina, dijo el viceministro de Energía, Pedro Gamio, "no debe limitarse a la venta de créditos de carbono o metano al mejor postor, sino que debe fomentar energías más limpias y renovables como políticas de Estado".
Gamio agregó que en siete millones de hectáreas deforestadas de la Amazonia peruana se tiene pensado cultivar palma africana, no sólo por su rentabilidad sino porque permitirá proteger el ecosistema. De los 71 proyectos que propone Perú, 11 son forestales y abarcan una superficie de 50.000 hectáreas.
El presidente del Consejo Nacional del Medio Ambiente, Manuel Bernales, destacó que los proyectos tendrían que desarrollarse en lugares estratégicos que se encuentren en riesgo, como las partes altas de la serranía, a causa del deshielo de los glaciares, o la Amazonia, que es la fuente principal de diversidad biológica.

Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Las grandes cadenas de televisión y radio enviaron ayer al Senado de la República a sus representantes legales y a la mayoría de los conductores y comentaristas de sus principales noticieros, con el fin de exigir que se posponga la aprobación de la reforma electoral bajo el argumento –esgrimido entre otros por Joaquín López Dóriga– de que restringe la libertad de expresión.
Sin embargo, los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acabaron por reconocer que su molestia es por la prohibición de contratar propaganda electoral en medios electrónicos.

Los senadores que dictaminan esa reforma constitucional se enfrentaron a un poder fáctico que ayer tuvo nombres y apellidos, presionó a fondo y no dudó en cuestionar, amenazar e inclusive insultar a los legisladores, a los que se acusó de tratar de regresar a la era de la URSS. La respuesta más puntual de los senadores la dieron el perredista Pablo Gómez, el panista Ricardo García Cervantes y María de los Angeles Moreno, del PRI.
Gómez Alvarez les recordó a los empresarios que tienen bajo concesión un bien propiedad de la nación. Ante ello, la postura de los visitantes fue subiendo de tono. "Aquí está la CIRT junta, completa y unísona; nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión. No venimos a dialogar, venimos a reaccionar", advirtió a gritos Pedro Ferriz de Con, conductor de noticias de Grupo Imagen, propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña.

A continuación, el texto íntegro del comunicado del EPR:

Ante la actitud hipócrita y fascista de este gobierno ilegítimo de profundizar la guerra sucia y el terrorismo de Estado como su principal política contra los luchadores sociales, los oponentes políticos y los revolucionarios; ante la creciente escalada de represión contra nuestro pueblo, los luchadores sociales y activistas defensores de los derechos humanos; ante la existencia de presos políticos y de conciencia del país condenados a penas y tratos inhumanos en cárceles de exterminio; ante la práctica fascista de la desaparición forzada de luchadores sociales; ante la pretensión del gobierno calderonista de mantener en calidad de detenidos-desaparecidos a nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, damos a conocer que:

1. Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza y Cumbres de Maltrata, en Veracruz, y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes.
2. Este accionar político-militar es parte de la campaña nacional para exigir la presentación con vida y libertad de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca desde el 25 de mayo por fuerzas federales.
3. Dichas acciones fueron preparadas y ejecutas con la finalidad de no causar pérdidas humanas en la población, que es parte de nuestro pueblo.

Informamos a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo:

1. Que nuestro accionar político-militar no se detendrá hasta que sean presentados con vida y en libertad nuestros compañeros detenidos-desparecidos.
2. Estamos actuando en el marco de la autodefensa armada ante la guerra sucia que el gobierno de Calderón ha decidido llevar en contra del pueblo mexicano, asumiendo una actitud hipócrita que pretende cotizarse en el extranjero como un gobierno democrático, al tiempo que tiene manchadas las manos de sangre por los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en el país bajo sus órdenes en calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas.

Para nosotros como partido y ejército revolucionario no hay cabida al perdón o al olvido de los crímenes de lesa humanidad sobre la indignidad de traicionar o capitular en aras de prebendas y concesiones políticas.
A todas las estructuras de partido y ejército, a todos los militantes, simpatizantes y colaboradores les comunicamos que la campaña por la presentación con vida y libertad de nuestros compañeros debe continuar a pesar de la ofensiva de este gobierno en nuestra contra, que pretende aniquilarnos como proyecto revolucionario, por lo que la orden de ejecutar el plan de autodefensa se mantiene vigente.
Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (CG-EPR).
República Mexicana, a 11 de septiembre de 2007.

Argentina expresó recientemente, a través de una nota de prensa de la cancillería, su apoyo a la mediación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en la búsqueda de un acuerdo humanitario entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para la liberación de rehenes en poder de esa organización guerrillera.

El presidente Chávez recibió en la tarde del martes una llamada del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con quien conversó durante veinte minutos aproximadamente.
Ambos mandatario conversaron sobre las gestiones de mediación adelantadas por el presidente Chávez en los últimos días para el logro de un intercambio humanitario entre las Farc y el Gobierno colombiano.
Sarkovy ratificó su apoyo al presidente Chávez en la búsqueda de un canje humanitario y dijo estar convencido de las ventajas de una conversación entre el presidente Chávez y Marulanda.

Presidente Sarkozy ratifica respaldo a Chávez en mediación para canje humanitario

Caracas, de Sep..- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, recibió el martes una llamada telefónica de su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, quien le ratificó su respaldo a la mediación para el logro del canje humanitario en Colombia.
La conversación de ambos mandatarios duró 20 minutos aproximadamente, informó el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MRE) a través de una nota de prensa.
En el transcurso del diálogo, ambos Jefes de Estado intercambiaron información sobre las gestiones de mediación adelantadas por el presidente Chávez en los últimos días y sobre el alcance de la reunión que se realizó en Bogotá el pasado 31 de agosto.
En ese sentido, el presidente francés ratificó su apoyo al papel que viene desempeñando el mandatario venezolano en la búsqueda de un canje humanitario en Colombia, y dijo estar convencido de las ventajas de una conversación entre Chávez y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Manuel Marulanda.
Durante la conversación telefónica, el presidente Chávez aceptó la invitación de su par francés para visitar la ciudad de París, capital de esa nación, en fecha próxima.
'Le recibiré como un amigo', dijo Sarkozy a Chávez, al tiempo que el presidente francés aseguró que vendrá a Venezuela en fecha a convenir.
Ambos mandatarios también ratificaron su voluntad de desarrollar las relaciones bilaterales entre Francia y Venezuela, así como su deseo de cultivar una sólida amistad.

Fuente : Rebelión.org

Por Pascual Serrano

El 19 de noviembre de 2006, pocos días antes de las elecciones presidenciales de Venezuela, la policía colombiana detenía al periodista de Telesur y responsable de su corresponsalía en Colombia, Fredy Muñoz al que acusaban de pertenecer a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Organizaciones de periodistas, de derechos humanos, profesionales y la dirección de Telesur proclamaron que el proceso judicial estaba plagado de numerosas irregularidades [1] que hacían inverosímil pensar que Fredy Muñoz estuviera simultaneando ser jefe guerrillero con aparecer todos los días en la pantalla como corresponsal de televisión. Numerosos colectivos y manifiestos de apoyo desde todo el mundo denunciaban la detención como un intento de acallar la voz de un periodista y una televisión que habían desvelado ante la opinión pública internacional los lazos del gobierno de Colombia por el paramilitarismo. El 9 de enero fue revocada por un nuevo fiscal su orden de detención por falta de pruebas en su contra y Fredy Muñoz salía en libertad. Sin embargo la publicación de unas fotografías en la revista Cambio en las que el periodista aparecía rodeado de guerrilleros de las FARC [2] volvieron a reactivar el caso hasta el punto que algunos medios adelantaron que se había decretado nueva orden de captura. Tras algunas breves declaraciones a los medios, Fredy Muñoz desapareció de la escena mediática. Esta entrevista, realizada por Internet, recoge los comentarios e impresiones sobre la situación que atraviesa actualmente el periodista que se atrevió a desafiar a los poderes colombianos desde un canal internacional.

¿Cuál es tu situación jurídica actualmente?
Yo la desconozco a ciencia cierta y también mi abogado porque no ha tenido acceso al expediente. Tenemos rumores y amigos con relaciones en la fiscalía que nos transmiten alguna información, pero es muy preocupante porque no sabemos si esos rumores están fundados. Uno de ellos es que después de las fotografías que publicó la revista Cambio, la fiscalía añadió cargos por secuestro debido a que afirman que esas fotos se realizaron en el lugar donde estaba secuestrado el hoy canciller Fernando Araujo. Esta acusación no hemos podido confirmarla, pero sí sabemos que no hay orden de captura vigente contra mi, lo cual resulta contradictorio. Yo lo definiría como un limbo jurídico, los abogados sostienen, por otro lado, que para que haya una nueva orden de captura debe haber un nuevo proceso.

¿Entonces los cargos tuyos serían?
Que yo sepa, los que tenía desde el principio, rebelión y terrorismo.

Te has referido a las fotografías donde apareces armado con unos guerrilleros de las FARC. ¿Son verdaderas esas imágenes [3] ?
No, son un montaje.

¿Has tenido o has participado en algún momento alguna actividad armada en Colombia?
Nunca.

¿Y militancia política?
Sí, desde los doce años fui militante de la juventud comunista.

¿Siempre en la legalidad?
Sí, siempre en la legalidad.

¿Pero has estado alguna vez en campamentos guerrilleros?
Sí, pero siempre como periodista, la última vez en los diálogos del Caguán entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, éramos decenas de periodistas.

¿Qué crees entonces que motiva el proceso legal que se inicia contra ti?
Sin duda, es la actitud de una institucionalidad colombiana que no resiste el debate mediático, es decir, que haya periodistas y medios que sean críticos con el gobierno y algunas instituciones.

¿Crees entonces que está relacionado con tu labor en Telesur?
Con Telesur y con mi trabajo anterior. Yo siempre denuncié las masacres del paramilitarismo.

¿En qué medios denunciabas antes todo eso?
Como periodista independiente que realizó trabajos para las Naciones Unidas y para la Oficina Pastora de la Iglesia Católica y el Caribe. También en medios regionales, pero ahí lo podían soportar, en Telesur ya les resultaba más molesto.

¿Las Naciones Unidas?
Sí, ellos financiaron unos trabajos de investigación que hicimos en el departamento de Bolívar.

Pero la fiscalía presentó desde el principio pruebas en tu contra
Todo eso fue desvirtuado por la propia fiscalía.

Explícanos cómo se desarrolló eso
El proceso se inicia con una orden de captura que da un fiscal ante la información que le presenta el DAS (inteligencia colombiana), posteriormente el caso paso a la segunda fiscal especializada de la región del Atlántico y ella dicta medida de aseguramiento, es decir, prisión. Nosotros entonces apelamos esa decisión ante un fiscal superior en Bolívar. Este valora las supuestas pruebas y decide mi libertad al no encontrar en ellas fundamentos que justifiquen mi detención. Salgo libre y después se publica a foto y de nuevo se complica, pero ya antes de mi libertad recibo amenazas de un grupo paramilitar llamada Aguilas Negras.

¿Y quién crees que puede estar detrás de ellos?
El paramilitarismo cercano al comando regional de inteligencia que preparó las pruebas falsas. Se trata de un comando muy cuestionado que opera con gran impunidad, yo ya había denunciado varias de sus acciones criminales.

¿Estás en Colombia ahora?
Sí, en la clandestinidad, ayudado por organizaciones sociales y campesinas a los que siempre he servido como periodista intentando que se oyese su voz.

¿Cómo ves tu futuro a corto plazo?
Mi deseo es que el proceso caiga en manos de alguien que hagas justicia y que pueda devolverme a la legalidad y luego buscar un sitio para trabajar de periodista fuera de este país. Hoy no hay condiciones de seguridad para mí en Colombia, evolucione como evolucione el proceso legal. Deberían surgir cambios muy profundos en el poder para que yo pueda tener garantías de seguridad en Colombia.

¿Tu habías pensado en algún momento que te podría pasar algo como esto?
Sí, cuando ves morir tanta gente cercana y tantas injusticias y atropellos contra profesionales, académicos, etc… uno piensa que en algún momento le tocará pasar por esto. Pero nunca está preparado suficientemente para esta soledad, para volverse invisible. Una vida así ¿para qué?

Parece que se está iniciando una nueva situación con la presencia del presidente Hugo Chávez como probable mediador en la búsqueda de un canje humanitaria y quien sabe si algo más, ¿cómo ves este panorama?
En lo personal creo que Chávez tenía que tomar parte en el intento de resolver este conflicto tarde o temprano. Hugo Chávez no es sólo el presidente de Venezuela, es una esperanza latinoamericana.

¿Crees que las intenciones de Uribe de aceptar a Chávez son honestas?
No, lo ha hecho bajo presión. Incluso desde la derecha le han pedido que se acerque a Chávez para intentar buscar un diálogo en este conflicto.

¿Pero Uribe no saldrá reforzado si se logra avanzar hacia la paz o al menos hacia un acuerdo humanitario?
Es posible, pero si no sucede, ganaría más, la justificación otra vez de que sólo existe la vía de las armas.

¿Y hasta dónde crees que estaría dispuesto a llegar Uribe?
Yo no creo que con Uribe vaya a haber ni despeje ni acuerdo humanitario. No sólo es él, sino su compromiso con los sectores más reaccionarios del paramilitarismo y de los Estados Unidos.

¿Se equivoca entonces Chávez participando en esa mediación?
No, no creo. Se podría sembrar la semilla de que un reemplazo a Uribe puede hacer realidad un acuerdo y entonces le toca a la sociedad colombianas tener eso muy presente.

¿Contemplas o estudiar buscar refugio en algún país para salir de Colombia?
Lo contemplo y lo busco. Es difícil y triste esta situación que estoy viviendo. Uno, que siempre ha luchado por decir cosas, ahora se ve condenado al silencio y a la invisibilidad. Además, es normal que la ayuda de los amigos tenga un límite. Espero que algún gobierno lo entienda y me brinde esa posibilidad.

Especial informativo de Rebelión sobre el caso:
Criminalizado a Telesur. La detención de Fredy Muñoz en Colombia
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=1&id=237

El funcionario señaló que los voceros de la reforma constitucional en el mundo también "llevarán la realidad que se vive en Venezuela".
Al respecto indicó: "En Venezuela hay democracia y se está dando una reforma constitucional como jamás se ha dado en el mundo, con debate en la calle, en los medios y luego con un referendo consultivo, para que el pueblo decida".
"Algunos sectores de oposición están haciendo un triste papel en la comunidad internacional, tratando de llevar una visión tergiversada y falsa de la realidad venezolana, afirmando que en Venezuela se pretende instaurar una dictadura o que ya vivimos en ella".
Sin embargo, manifestó: "El Gobierno de Venezuela ha llegado a la gran mayoría de los países de América Latina y El Caribe, así como a otras partes del mundo, para contrarrestar la campaña que se ha generado en contra del Proyecto de Reforma Constitucional".
El pasado 27 de agosto, tal como lo informó la Cancillería en esa oportunidad, se inició el proceso de conformación de los equipos de "parlamentarismo social" para difundir en diferentes países del mundo la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Hugo Chávez.

Lula, sin embargo, también pidió a otros países, además de Estados Unidos, que asuman sus papeles en esta crisis.
"Los bancos centrales de los países implicados deben mostrar urgentemente que asumen la responsabilidad y que intentan resolver la crisis para evitar que afecte a numerosos países que, como Brasil, han sufrido decenios sin crecimiento", agregó.
El presidente brasileño recalcó que tanto su país como otros no deben permitir verse afectados por "gente que hace apuestas, que quiere ganar dinero fácil en lugar de trabajar duro. Si no compartimos los beneficios, aún menos debemos compartir las pérdidas (...) de un juego en el que no participamos", subrayó.

En este sentido, Lula indicó haber pedido a su ministro de Finanzas y al gobernador del Banco Central brasileño ponerse en contacto con sus homólogos estadunidenses.
Por otro lado, Lula y la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, abogaron por un fortalecimiento del multilateralismo político y comercial, y firmaron un acuerdo de cooperación para la reducción de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.
"En un mundo marcado por una globalización injusta y por nuevas amenazas, Finlandia y Brasil apuestan por un refuerzo del multilateralismo", declaró Lula ante la prensa.
"No podemos permitirnos dejar pasar las oportunidades que nos ofrece el ciclo de Doha (sobre la liberalización del comercio internacional en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC). El comercio internacional es una herramienta eficaz de desarrollo, en particular para los países menos desarrollados", subrayó Lula.

Con respecto a la economía del país, la senadora afirmó que "en Argentina estamos en un círculo virtuoso, en el cual hemos vinculado el crecimiento económico con la inclusión; lo que para nosotros es fundamental".
Destacó también "el proceso de reindustrialización que se viene dando en Argentina, la recuperación de su economía y fundamentalmente la recuperación de sus indicadores sociales".
En este sentido, expresó que en "definitiva la economía tiene que ver con que la gente pueda vivir mejor".
"No vale la pena tener grandes números económicos que son muy ridículos en lo social, porque esos números estarían indicando que cada vez vive peor la gente", dijo la senadora, y reiteró que por eso, en la actualidad, "estamos en un círculo virtuoso".
Luego de dicho encuentro, la senadora se reunió por espacio de 50 minutos con el canciller austríaco, Alfred Gusenbauer, en la sede diplomática en el centro de Viena. Más temprano, Cristina Fernández había mantenido otra reunión, esta vez con la presidenta del Parlamento de ese país, Barbara Palmer.
Allí, se trataron temas como la participación de la mujeres en política, donde Pramer se mostró sorprendida de que haya más mujeres participando en Argentina que en Austria ya que, como le refirió Fernández, hay un 43 % de mujeres en el Senado y un 35 % en diputados.

Los personajes dotados de ciertos atributos, convicciones o creencias, irrumpen con fuerza en la historia cuando todo va mal. El denominador común es la muerte violenta. ¿Vocación de martirio?
Antes mártir que confesor. Así es que en el principio de esta conmemoración no será el verbo, sino el cuerpo del Che Guevara en la piedra desnuda de una humilde lavandería boliviana, con su mirada inerte dirigiendo la pregunta total: ¿quién eres tú?

El Che vive. En agosto del año pasado, un hombre se presentó en el periódico El Deber (Santa Cruz, Bolivia) para agradecer a los médicos cubanos que habían curado a su padre anciano de un grave problema de catarata, totalmente gratis. El paciente resultó ser el suboficial retirado Mario Terán, asesino del Che.

Retomemos, entonces, el espejo con que el subcomandante Marcos nos reflejó cuando en México y el mundo las cosas iban peor que en la época en que el Che fue sacrificado, hace 40 años. ¿Final o principio de un ideal? Luego del crimen, empezó a debatirse el trillado asunto de las "condiciones objetivas".

Los hechos del periodo (1961-66) hablaban por sí solos: fracaso del "foquismo" armado en América Latina; golpes militares en Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil; confusión ideológica derivada de la confrontación chino-soviética; invasión yanqui a Vietnam y República Dominicana; genocidio de las izquierdas en Indonesia; asesinatos de Patrice Lumumba y Ben Barka en Africa, la propia derrota del Che en el Congo, y tres excepciones: Cuba, Argelia y Vietnam.

Sin embargo, subyacía en el Che la imperiosa necesidad de cuestionar a quienes reducían la resonancia mundial de las excepciones referidas a causas fortuitas. En congruencia con el ¿Qué hacer? de Lenin, el Che concluyó que tal cuestionamiento no podía formularse con más teoría.

Las condiciones, en efecto, no estaban maduras. Pero si seguían madurando, el Che creía que irreversiblemente se pudrirían. Y así, cuando todo iba mal (sólo en 1966 cayeron los comandantes guerrilleros Guillermo Lobatón en Perú, Camilo Torres en Colombia, Fabricio Ojeda en Venezuela, Luis Turcios Lima en Guatemala), el Che reapareció en Bolivia, acelerando el paso. ¿Por qué?

El soñar despierto del Che debería ser motivo de reflexión. Luego de la primera entrevista con el secretario general de los comunistas bolivianos en el campamento de Ñancahuazú, el Che escribe: "La recepción fue cordial pero tirante: flotaba en el ambiente la pregunta ¿a qué vienes?..." (Diario de Bolivia, 31/12/66).
Al día siguiente, apunta: "… Por la tarde, reuní a todo el mundo… anunciando que realizaríamos la unidad con todos los que quieran hacer la revolución. Vaticiné momentos difíciles y de angustia moral para los bolivianos".

Tras la caída del Che, y atentos a la sentencia quevediana (el que en vida enseñó, difunto mueve), nuevas generaciones retomaron las armas en pos del sueño inconcluso. Y la historia, que siempre será menos objetiva que las improbables "condiciones objetivas", pegó una vuelta de campana.

En 1968, mientras en los muros de París se leían frases como "el pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre", Juan Velasco Alvarado y Omar Torrijos encabezaron movimientos nacionalistas y antioligárquicos en Perú y Panamá. Y en México, la juventud le puso el cuerpo a un poder monolítico que había traicionado los ideales de la revolución.

¿Qué lugar ocupa el Che en la escena política contemporánea, totalmente amenazada por quienes tratan de reducir la condición humana a meros cuerpos con orificios de entrada y salida? ¿Es posible hoy ser "como el Che"?

Hemos aprendido que nadie puede "ser como", o distinto de sí mismo. ¿Y el sueño? Freud decía que el sueño no está hecho para ser comprendido. Pero del ensueño, el visionario poeta José Lezama Lima escribió en su momento que del Che se esperaban "… todas las saetas de la posibilidad, y ahora se esperan todos los prodigios de la ensoñación".
Finalmente, cuatro lecciones de esta batalla inconclusa:
1) No hay revolución sin revolucionarios. Pero lucha armada y revolución no son sinónimos.
2) Ejemplos hay. Modelos no hay. Las luchas populares responden a particularidades históricas, políticas y culturales.
3) La emancipación social no pasa por la unanimidad de las izquierdas, sino por el entendimiento entre las fuerzas democráticas y antimperialistas.
4) "Abajo y a la izquierda" se requiere de imaginación, aunque también de realismo para tomar el pulso a lo que acontece "arriba y a la derecha", donde la lucha de todos contra todos suele desencadenar situaciones favorables a las causas populares.

A la inversa del patético "superhombre" de Federico Nietzsche, y el abstracto "hombre rebelde" de Albert Camus, el pensamiento del Che respondió, en todo momento, a las potencialidades del hombre consciente de Aimé Cesaire: "Mi apellido: ofendido; mi nombre: humillado; mi estado civil: la rebeldía; mi edad: la edad de piedra".
(Intervención en la mesa "Che Guevara y el siglo XXI", en la que participaron Raúl Alvarez Garín, Gilberto López y Rivas, Angel Guerra Cabrera y Angel Arcos Bergnés. Casa Lamm, México, Distrito Federal, 7 de septiembre de 2007.)

Por Pablo González Casanova/ I

Vamos a suponer que Petras es un hombre perverso. Se llama James y, además, es inteligente. Durante años se prepara a ejercer un arte difícil: criticar a la izquierda desde la izquierda. Es un arte dudoso, equívoco. Se presta a alusiones oscuras, a confusiones de ideas, explicaciones incompletas o defectuosas, interpretaciones ambiguas o dobles significados. Petras se entrena para dominarlo, a sabiendas de los peligros y sus desenlaces.
Es su misión vital. James estudia al dedillo un arte que se presta a criticar a la izquierda para que triunfe la izquierda, o para destruir a la izquierda con sus propios argumentos. Quienes practican ese arte saben que pueden dañar a la emancipación humana por no practicarlo y también al especializase en practicarlo.

James es un especialista. Con razón asume que sus argumentos van a ser bienvenidos. Piensa en el inmenso daño que los conocimientos prohibidos, al estilo estalinista, causaron en el movimiento revolucionario. Tiene toda la razón. Pero como James es inteligente y perverso se cuida de aclarar que las críticas a la izquierda sólo prueban su validez si se dan tres condiciones, o una de las siguientes tres condiciones: 1. Si quien las formula no está equivocado en lo que afirma que pasa. 2. Si no comete el grave error de proponer para la acción lo que es imposible dentro de las constricciones insuperables de una situación y un momento históricos, en las que ni siquiera es posible desestructurar lo imposible, y 3. Si no propone como solución medidas que han comprobado su inmensa capacidad de destruir los proyectos y procesos emancipadores.

Petras, James, o James Petras, escribe un artículo sobre Cuba. Al escribirlo piensa que lo mejor para empezar es, primero, denunciar dura y reiteradamente el cruel bloqueo y asedio de que Cuba ha sido objeto por parte de "Estados Unidos y sus socios cubanos del exilio"; segundo, reconocer los más visibles logros de la revolución cubana; tercero, aceptar otros hechos, también evidentes, como que Cuba es el único país que, en medio de incontables dificultades y ataques, continúa construyendo el cambio emancipador abandonado desde Rusia hasta China, pasando por Vietnam y por los antiguos países socialistas del Este de Europa.
La lista de Petras sobre la derrotada invasión de Estados Unidos (EU), sobre el bloqueo marítimo que falló, sobre los numerosos intentos de asesinatos y ataques terroristas logrados y fallidos, sobre las amenazas intimidantes, las cancelaciones y prohibiciones bancarias y comerciales contra la isla es una lista impresionante aunque no sea completa.

La reflexión que hace Petras sobre la eficacia de esa política criminal es digna de especial atención. Le sirvió a "EEUU" para derrocar a gobiernos reformistas o revolucionarios como el de Arbenz en Guatemala, el de Mossadegh en Irán, el de Allende en Chile, el de Lumumba en el Congo, el de los sandinistas en Nicaragua, los de Aristide en Haití, y a "muchos otros", mientras que Cuba ha podido resistir en medio siglo. Esa reflexión se complementa con otra, también exacta, sobre cómo esos gobiernos no sólo cayeron por culpa de EU, sino por lo que habitualmente llamamos sus "contradicciones internas", expresión que él resume en otra menos precisa al escribir "que fueron derrocados o se desplomaron por sí mismos...", formulación que no ayuda a ver que el conjunto del problema se da con la intervención del imperialismo que aprovecha al máximo posible las contradicciones internas para derrocar a cuanto gobierno le viene en gana, mientras en Cuba por más que empleó las intervenciones directas y las contradicciones internas no tuvo éxito. Pero de allí, Petras no deriva que algo hay en Cuba en materia de atenuación de las contradicciones internas que permitió al pueblo cubano y su gobierno enfrentar y vencer al enemigo imperial y a sus aliados del interior.

En todo caso, James sí reconoce "la gran virtud de la revolución cubana para sobrevivir y mantener muchos de sus logros sociales positivos..." Y de allí pasa a formular una lista de los logros. La lista es impresionante tanto por lo que significa como por la exactitud histórica y numérica con que los enuncia. El problema es que la lista es incompleta y que le falta "lo mero principal", como decimos en México.

Petras se refiere a los triunfos cualitativos en una educación que es universal y gratuita en todos los niveles; en las políticas sanitarias que aumentan la esperanza de vida y los índices de salud con una formación y distribución de médicos y servicios médicos que colocan a la población en mejores niveles que los de muchos países altamente desarrollados; en programas por los que los trabajadores que pierden su empleo siguen recibiendo su respectivo salario mientras se les prepara a adquirir nuevos conocimientos de su interés, que sean requeridos para darles un nuevo empleo. Se refiere también a "la seguridad que las instituciones nacionales prestan eficazmente a los habitantes frente a los ataques terroristas de EU" y frente a los esfuerzos internos de "desestabilización patrocinados por las organizaciones ‘disidentes’ financiadas por la Casa Blanca". Menciona la continuación de pagos de seguro a los jubilados, el control de las empresas de participación extranjera por el gobierno cubano; la "sorprendente recuperación económica" de Cuba después del "periodo especial", en que se vio obligada –tras la caída de la Unión Soviética y la pérdida de la enorme ayuda que ésta le daba– a hacer grandes sacrificios en la economía y la sociedad, todos consensados con el pueblo y que le permitieron, en medio de grandes carencias, no sólo sobrevivir sino recuperarse.

A tan impresionante registro de los triunfos de Cuba que Petras realiza le falta, sin embargo, un logro esencial, precisamente el que distingue a Cuba de otros movimientos que se encaminaron al socialismo y se perdieron en el camino... Y cuando uno se pregunta cuál es ese logro, advierte que se trata de la coherencia entre el deber y el hacer, entre el pensar y el actuar de acuerdo con valores y objetivos emancipadores en que la conducta moral e intelectual de las vanguardias se materializa en fuerzas colectivas inmensas que se extienden desde pequeños, o relativamente pequeños núcleos como el Movimiento 26 de Julio en sus orígenes, los comunistas encabezados por Carlos Rafael Rodríguez, los pobladores de Santiago organizados por Frank Pais, los líderes revolucionarios campesinos de la sierra y el llano y de los trabajadores industriales y agrícolas, así como los estudiantes e intelectuales que se van juntando a unos y otros, o que forman parte de ellos como pioneros y hasta como precursores del gran movimiento. Esa poderosa virtud –permítaseme la redundancia– de una moral personal y colectiva se combina con un pensamiento crítico y revolucionario que arranca de Martí y de Mella, y con una cultura muy amplia, muy flexible en la forma, y muy dura en el fondo moral e intelectual. Esa cultura, en empresas de ideales a realizar, es la base de una combinación de la revolución con la cortesía, con el respeto a las ideas y creencias del otro, con la diplomacia; y la valentía inteligente e informada en el combate, capaz de adaptarse, de corregirse y de crear; es también el origen de la civilidad que hace de la revolución cubana la menos violenta en la historia universal de las revoluciones, y la que inserta, en las relaciones sociales emergentes, el idealismo de construir un "hombre nuevo" mediante una extraña solidaridad y fraternidad impagables, que se practican a escala local, nacional y mundial, en todo lo posible, como anuncio practicado de una nueva historia humana. La importancia de esos y otros hechos es que en una gran medida no son sólo cubanos, sino humanos. Y son precisamente los vínculos entre los valores intelectuales, morales, políticos y la lógica de la fuerza desde abajo, los que explican en gran medida el triunfo de la revolución cubana, aunque ésta se halle aún lejos de haber construido "el hombre nuevo" a que aspiró el Che para toda Cuba y para el mundo entero. El grandioso objetivo requiere la colaboración creciente de aquella parte de la humanidad que insista en "tomar en sus manos las riendas de su destino", como decían antes los románticos, y como en términos más sencillos plantean hoy los verdaderos movimientos alternativos.

Entre las reformas positivas se incluyen: planeación económica balanceada, supervisión por los trabajadores-consumidores de la administración y toma de decisiones conjunta; publicación, para escrutinio público, de cuentas, ingresos, y gastos de todos los ministerios; publicación de cuentas de gastos, transporte, alojamiento, regalos privados y valores, y compras en el extranjero de todos los altos funcionarios; debates públicos y referendos sobre las prioridades de inversión, asistencia extranjera versus programas nacionales de salud, vivienda, alimentos y transporte.

Quienes toman decisiones en Cuba deberían romper con su mentalidad monocultural: es insuficiente romper con la exportación de azúcar y confiar en una economía del turismo y los productos primarios (níquel, cítricos, tabaco y otros). Puede ser brillante políticamente desarrollar vínculos limitados con agroexportadores estadunidenses, pero es peligroso volverse dependientes de Estados Unidos en lo alimentario. Promoviendo importaciones alimentarias (actualmente cercanas a cero) de Bolivia, Ecuador y Nicaragua, a cambio de su exportación de fármacos y servicios educativos y de salud, Cuba podría jugar un papel en el respaldo de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (Alba), la alternativa regional al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), dominada por Estados Unidos.

Cuba debería considerar la reapertura de sus campos azucareros cerrados con tanta premura, especialmente los ubicados en tierras planas propicias para la cosecha mecanizada. Cuando existen altos precios sostenidos para el azúcar debido al advenimiento de los biocombustibles (etanol), Cuba puede hacerse de divisas, producir etanol y reducir su dependencia de la gasolina importada que aun con los precios subsidiados de Venezuela está por arriba de 30 dólares el barril.

El nuevo complejo de ciencia de computación especializada de Cuba debería integrarse con el sector de la economía y los servicios sociales para enfrentar las urgentes necesidades en el manejo de los sistemas de transporte, los registros hospitalarios y el monitoreo de la distribución de la gasolina y la prevención de las fugas por hurtos menores. Se requiere que la computación se vincule con más claridad a la satisfacción de necesidades populares urgentes y, si esto se combina con consejos de supervisión por parte de consumidores-trabajadores-contadores, esto en parte definiría el socialismo del siglo XXI.

Cuba necesita invertir en industrializar sus productos de níquel, añadiendo empleos calificados de manufactura y valor agregado en sus exportaciones a China y otros países.
Cuba ha demostrado su capacidad de resolver sus contradicciones internas en el pasado. Las contradicciones actuales no son irresolubles, pero requieren una seria y profunda reflexión de las actuales prioridades, estrategias y estructuras. Es necesario un debate abierto a todos los niveles entre todos los cubanos antimperialistas para que se profundicen y se mantengan los logros de la revolución.
Los nuevos dogmas y las posturas de artistas, escritores y cineastas liberales y apolíticos son un obstáculo tan grande para la profundización de la revolución como los burócratas atrincherados. Aunque la revolución cubana y sus líderes pueden contar con la enorme reserva de buena voluntad, la solidaridad y lealtad de su pueblo, existen límites en tiempo y paciencia: el deseo de los cubanos de tener una vida mejor apremia a dar soluciones.
Traducción: Ramón Vera Herrera

Ahora que se cumplen 34 años del golpe contra el presidente socialista Salvador Allende en Chile, y por coincidir este aniversario con el impulso en Venezuela de una reforma constitucional promovida como vía para la construcción del socialismo, conviene echar una mirada a aquel antecedente histórico abortado a sangre y fuego.
Véanse las siguientes citas y evalúe usted si tienen alguna coincidencia o pertinencia con la Venezuela actual.

-"No veo por qué tenemos que sentarnos a esperar viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". Henry Kissinger en la Casa Blanca, poco antes del triunfo de Allende en 1970.

-"Poder popular significa que acabaremos con los pilares donde se afianzan las minorías que, desde siempre, condenaron a nuestro país al subdesarrollo. Acabaremos con los monopolios, que entregan a unas pocas docenas de familias el control de la economía. Acabaremos con un sistema fiscal puesto al servicio del lucro, y que siempre ha gravado más a los pobres que a los ricos; que ha concentrado el ahorro nacional en manos de los banqueros y su apetito de enriquecimiento. Vamos a nacionalizar el crédito para ponerlo al servicio de la prosperidad nacional y popular. Acabaremos con los latifundios, que siguen condenando a miles de campesinos a la sumisión, a la miseria, impidiendo que el país obtenga de sus tierras todos los alimentos que necesitamos. Una auténtica reforma agraria hará esto posible. Terminaremos con el proceso de desnacionalización, cada vez mayor, de nuestras industrias y fuentes de trabajo, que nos somete a la explotación foránea. Recuperaremos para Chile sus riquezas fundamentales. Vamos a devolver a nuestro pueblo las grandes minas de cobre, de carbón, de hierro, de salitre. Conseguirlo está en nuestras manos, en las manos de quienes ganan su vida con su trabajo y que están hoy en el centro del poder" Discurso de Salvador Allende en el Estadio Nacional, 5 de noviembre de 1970.

-"El informe Covert Action in Chile, emitido por el Comité presidido por Frank Church e integrado por otros 10 senadores de EEUU, señala con meridiana claridad que la CIA sobornó (léase compró) a ejecutivos y periodistas de El Mercurio; que fundó publicaciones como el diario Tribuna, la revista Sepa, entre otras; y que en los hechos infiltró a los menos la mitad del mundo periodístico entre 1970-73". Hernán Uribe, periodista chileno.

"La acción de la CIA incluía un grupo de apoyo periodístico que suministraba artículos sobre la política, editoriales y noticias para colocar en la prensa y en la radio. Otro de los proyectos proporcionaba fondos para fichas (nombre eufemístico de agentes) individuales en la prensa. Otras fichas, empleados todos de El Mercurio, permitían que la Estación CIA publicara más de un editorial al día basado en sus orientaciones. La campaña de propaganda tenía varios componentes. Las predicciones del colapso económico con Allende eran reproducidas por periódicos europeos y latinoamericanos en artículos originales de la CIA. El Mercurio fue uno de los principales canales de propaganda en 1970-73, como lo había sido en las elecciones de 1970 y en el período anterior a la posesión de Allende (04/11/1970)". Informe Church.

-"Hay que hacer aullar de dolor a la economía chilena". Instrucción de Richard Nixon, presidente de EEUU, al director de la CIA, Richard Helms. 15/09/1970.

-"El Presidente (Nixon) me ordenó instigar un golpe militar en Chile, un país hasta entonces democrático" Richard Helms, ex director de la CIA, en sus memorias.

-"El pobre tenía más dinero y comía mejor". Nathaniel Davis, embajador de EEUU en Chile, reconociendo la recuperación del poder adquisitivo de las clases populares bajo el gobierno de la Unidad Popular.

-"No hay mejor huracán que el miedo. Una hoguera de terror fue alimentada con gruesos leños por los medios derechistas. Y como la acción provoca reacción, esa hoguera también fue soplada –a todo pulmón- por la verborrea revolucionaria, en eslóganes y canciones (…). Así, la mayor parte de los aterrados empresarios reaccionó como era de esperar: se frenaron las inversiones, se redujo la producción de bienes o no se respondió a la mayor demanda. Comenzó la escasez de productos esenciales. Allende ordenó la ‘batalla por la producción’, pero no había esfuerzo capaz de satisfacer la sobredemanda, que a su vez se multiplicaba como efecto de la incertidumbre y el miedo (…). La acción de boicot del gremio de los comerciantes también fue devastadora. Se acaparaban alimentos y otros productos de primera necesidad para hacer copiosas ganancias en el mercado negro. Y el clave transporte de mercaderías, en un país largo y delgado, de difícil geografía, fue boicoteado por la paralización de los gremios de los dueños de los camiones". Patricia Verdugo, en su libro Salvador Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte.

-"La CIA, al financiar a los camioneros, comerciantes y otros gremios que se organizaron contra el régimen de Allende, pudo crear la apariencia de caos y desorganización que siempre resulta atractiva a los líderes militares de derecha". Phillip Agee, ex agente de la CIA.

-"Me obsesiona el recuerdo del día en que el presidente Allende, al aceptar mi renuncia, mientras almorzábamos en La Moneda, me pidió opinión acerca de Augusto Pinochet, como sucesor en la comandancia en jefe. Dos veces repitió su pregunta. Y como yo mantuviera silencio, extrañado, quiso saber si yo tenía dudas de la lealtad de Pinochet. Mi respuesta fue: "No, Presidente. No tengo motivo para desaconsejar la designación del general Pinochet como comandante en jefe. Confío en que él sabrá secundarlo a usted con la misma lealtad con que yo lo he hecho". Ahora los acontecimientos empiezan a demostrar quién es en realidad Pinochet. Es el bellaco de luces limitadas y ambición desmedida, capaz de pasar una vida arrastrándose o agazapado a la espera del instante de cometer un crimen a mansalva, que le permita cambiar su destino por un golpe de audacia. Tengo la convicción de que sólo se subió al carro de los golpistas en el último minuto, pero no dudo que se aferrará al poder, cueste lo que cueste". General Carlos Prats, ex ministro de la Defensa, posteriormente asesinado por agentes de Pinochet.

-"Mientras fue presidente, Allende nunca convocó a sus seguidores a formar milicias revolucionarias. La Constitución, en toda nación democrática, entrega el monopolio del uso de las armas a un único grupo organizado: las Fuerzas Armadas. El presidente Allende respetó, e incluso pidió su colaboración, en el gabinete, para dar una señal que hiciera desistir a los complotados. Pero no lo consiguió". Patricia Verdugo. Ibídem.

-"En 1973, el 36,6% de la prensa escrita nacional era de izquierda. La dictadura eliminó 312.000 ejemplares diarios identificados con el gobierno de Salvador Allende: Clarín (220.000), El Siglo (29.000), Puro Chile (25.000), La Nación (21.000) y Las Noticias de Ultima Hora (17.000). Los diarios que apoyaron el golpe también padecieron después control y censura: La Tercera ( 220.000), El Mercurio (126.000), Las Ultimas Noticias (81.000), La Segunda (55.000), Tribuna (40.000) y La Prensa (29.000), con un total de 541.000 ejemplares diarios. En estos medios también trabajó gente que no comulgó con el totalitarismo de los dueños. Se cerraron unas 40 radioemisoras allendistas (contra 115 partidarias del golpe), 11 periódicos provinciales y un centenar de revistas publicadas por Quimantú (la editorial ZigZag estatizada, que hoy es de Ricardo Claro), Horizonte (PC), Prensa Latinoamericana (PS) y otras empresas desaparecidas junto a su maquinaria e inmuebles. Decenas de revistas anti-Allende apoyaron con fervor el nuevo régimen". Ernesto Carmona, periodista chileno.

¿Seguirá el pensamiento de Kissinger, resumido en la primera de estas citas, instalado como software entre los jefes de la política exterior norteamericana? ¿El mundo ha cambiado tanto como para descartar por completo una evolución semejante de los acontecimientos? ¿El petróleo, el liderazgo militar de Chávez, la extracción popular del Ejército y la creación de la Milicia como nuevo componente de la FAN son suficiente antídoto para un escenario como el del 11 de septiembre en La Moneda? ¿Respuesta definitiva?

Fuente : La Jornada.mx
De Nature

París, septiembre.- Las neuronas del cerebro de liberales y de conservadores reaccionan de forma diferente ante decisiones difíciles, según un estudio publicado en la revista británica Nature Neuroscience.
Desde que Aristóteles afirmara que el ser humano es un animal político por naturaleza, decenas de estudios establecieron una fuerte relación entre persuasión política y ciertos aspectos de la personalidad de los individuos.
Los conservadores tienden a buscar orden y estructura en sus vidas y son más coherentes a la hora de tomar decisiones. Los liberales, por el contrario, muestran una mayor tolerancia hacia la ambigüedad y la complejidad, y se adaptan más fácilmente a circunstancias inesperadas, indicó el estudio divulgado el domingo.

La afinidad entre visiones políticas y "estilos cognitivos" también es hereditaria, agregó la investigación.
Intrigado por estas correlaciones, el politólogo de la Universidad de Nueva York, David Amodio, y varios colegas decidieron determinar si los cerebros de liberales y conservadores reaccionaban en forma diferente a los mismos estímulos.
A un grupo de 43 personas se le solicitó realizar una serie de pruebas informáticas diseñadas para evaluar su respuesta ante pautas ideadas para romper una rutina bien establecida.
"La gente suele regresar a casa desde el trabajo por el mismo camino, un día tras otro, hasta que eso se vuelve un hábito y no requiere pensar mucho", explicó Amodio.
"Pero ocasionalmente la calle está en reparación, o quizás un animal la está cruzando, y uno tiene que romper una respuesta habitual para hacerse cargo de la nueva información."

Usando electroencefalogramas, que miden impulsos neuronales, los investigadores examinaron la actividad en una parte del cerebro –la corteza cingulada anterior– que está fuertemente vinculada con el proceso de autorregulación del control del conflicto.
Quienes se habían autodenominado liberales mostraron "significativamente mayor actividad neuronal relacionada con el manejo del conflicto" cuando la hipotética situación instaba a un cambio de rutina.
Los conservadores, sin embargo, eran menos flexibles, y se negaban a cambiar viejos hábitos "a pesar de señales de que éstos (...) debían cambiarse".

Si esto es bueno o malo depende obviamente de la perspectiva de cada uno: uno puede interpretar los resultados con que los liberales tienen una mente abierta y que los conservadores son rígidos y tercos.
O uno puede concluir igualmente que los liberales no tienen personalidad ni defienden sus ideas, mientras los conservadores son leales e inquebrantables.

¿Qué está primero: el modelo de actividad neuronal que cada uno tiene o la orientación política? Amodio es renuente a dar una respuesta definitiva.
"Los mecanismos neuronales para el control de los conflictos se forman tempranamente en la infancia", y probablemente se originan en parte de la herencia genética de los individuos, dijo.
"Pero aunque proporcionan un modelo para orientaciones más liberales o más conservadoras, los genes están determinados sustancialmente por el ambiente que rodea al individuo a lo largo de su desarrollo", advirtió.

Por Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Alonso Urrutia y Arturo Cano

El Senado de la República aprobó anoche la reforma electoral en una sesión en la que las tres principales fuerzas políticas del país respondieron a los concesionarios de la radio y la televisión que, a pesar de sus amenazas "públicas y privadas", de sus mentiras y ataques, la relación entre partidos y medios electrónicos se modificará de manera toral para que nunca más sean el dinero y los espots los que decidan sobre campañas y candidatos.
En adelante, serán las urnas y los votos los que decidan quién va a gobernar en el país; que sean "los votos, sólo los votos y no el dinero, lo que cuente y se cuente" coincidieron.

Como si no hubiera sido bastante y excesivo el rosario de chantajes y distorsiones exhibidos el martes en cadena nacional, los propietarios de los grandes consorcios de medios electrónicos abusaron ayer nuevamente de las concesiones del espectro radioeléctrico que detentan y exigieron, una vez más en transmisión encadenada, que el Senado de la República no aprobara el proyecto de reforma electoral al que llegó por consenso. Los concesionarios televisivos y radiales, respaldados en esta ocasión por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), esgrimieron la libertad de expresión para realizar una defensa altisonante y mentirosa de sus negocios; una vez más, los representantes históricos de la censura, la desinformación y la exclusión se ostentaron como demócratas y pluralistas.

Para ponderar el grado de incongruencia del discurso empresarial, basta con recuperar las palabras del titular del CCE, Armando Paredes Arroyo, quien llamó a defender "avances que tanto costó construir como la libertad de expresión", declaración que sería risible si no fuera grotesca, habida cuenta de que los avances a los que hace referencia se han conseguido a contrapelo de intereses políticos, económicos y corporativos como los que representa el CCE. En ese sentido, también es deplorable que Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Concamin, afirme que el Poder Legislativo "está tomando al país en rehén", toda vez que son los concesionarios televisivos y parte de los radiales quienes, por décadas, han mantenido secuestrada a la libre expresión y han cancelado sistemáticamente el derecho a la información de los ciudadanos.

Pero, más allá de los argumentos falaces que presentaron, los dueños del dinero dieron ayer un paso más en su afán por subvertir el orden institucional del país: reiteraron su rechazo a la remoción de Luis Carlos Ugalde y el resto de los consejeros electorales, condición fundamental para la limpia del Instituto Federal Electoral (IFE), y llamaron a poner en manos de ese organismo desprestigiado e insostenible la realización de un "referéndum por la libertad", con el argumento inverosímil de poner al tanto a la sociedad de las modificaciones constitucionales que contempla la reforma electoral en ciernes, pero con la intención de fondo de echar abajo cambios legales que les significan la pérdida del jugosísimo negocio de la propaganda electoral.

La exigencia de esa consulta pública sin sustento legal alguno es, en los hechos, la convocatoria a una asonada contra la soberanía del Poder Legislativo. Para colmo, la campaña empresarial de desprestigio, presión y desconocimiento de las facultades y atribuciones del Senado se lleva cabo mediante el empleo indebido y faccioso de la banda de radiofrecuencias que, cabe recordarlo, es un bien del dominio público. Es intolerable que los concesionarios utilicen una extensión del territorio nacional como lo es el espacio radioeléctrico para llamar a la alteración del orden institucional y a pasar por encima de las vías estipuladas en la legislación mexicana para impugnar los actos de la autoridad.

Cuando en diciembre de 2002 los propietarios de Tv Azteca se apoderaron por la fuerza, al margen de las disposiciones judiciales, y con el auxilio de pistoleros a sueldo, de un transmisor del Canal 40 ubicado en el cerro del Chiquihuite, el gobierno de Vicente Fox no sólo toleró tal situación de facto, sino que además eludió toda responsabilidad de su parte para resolverla. Cabe esperar que la actual administración no retome ahora aquel célebre y exasperante "¿Y yo, por qué?" pronunciado por el ex mandatario cuando se le preguntó si intervendría para corregir la arbitrariedad.

En otros términos, resulta inadmisible el silencio y la inacción del Ejecutivo federal frente a las intentonas empresariales contra el Senado de la República. En la circunstancia actual cabe esperar que los tres poderes de la Unión defiendan la legalidad y el orden institucional. Es el momento adecuado para demostrar de manera fehaciente que la institucionalidad política no ha sido comprada, ni sometida, ni secuestrada, por el poder del dinero.

Fuente : La Jornada.mx

La industria del entretenimiento montó este martes uno de sus más ambiciosos espectáculos en años. Los usufructuarios de concesiones radioeléctricas y algunos de los más destacados personajes de su segmento informativo protagonizaron, el pasado 11 de septiembre, un verdadero reality show en cadena nacional. En él, asumieron el papel de voceros públicos del interés nacional y de adalides de la libertad de expresión, amenazados, según ellos, por la reforma electoral promovida por el Poder Legislativo.

El enfrentamiento entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Senado anuncia un nuevo capítulo de la teleguerra sucia. Las lágrimas de cocodrilo que la mediocracia ha derramado lamentando las modificaciones a la Constitución que impiden a los partidos políticos contratar tiempos pagados en medios, y prohíbe a las personas públicas y privadas contratar mensajes en radio y televisión, es el prolegómeno de un ajuste de cuentas mucho más grande con la clase política.

El pleito entre conductores, concesionarios y legisladores en cadena nacional es, por principio de cuentas, una disputa por una parte de la renta. En los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70 por ciento de los millonarios recursos que recibieron como prerrogativas por parte del Estado para financiar sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.
Pero, el pulso entre un poder fáctico y el Congreso de la Unión va más allá de una mera cuestión monetaria. La cruzada de los señores de los medios contra la partidocracia es, también y simultáneamente, una representación de la crisis y una muestra más de la crisis de representación que vivimos.

El 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, uno de los conductores televisivos advirtió a los senadores que los políticos profesionales están más desacreditados que sus empresas. La aseveración es cierta. La clase política no disfruta de buena reputación. Junto con la policía, se encuentra en uno de los niveles más bajos de estima ciudadana. Los ciudadanos no tienen confianza en sus representantes.

Esta crisis de representación ha propiciado que los medios de comunicación electrónicos asuman un liderazgo efectivo. Con frecuencia han sustituido a los partidos. Una muestra de ella se vivió con la convocatoria a la movilización ciudadana contra la inseguridad pública el 27 de junio de 2004. Pero más allá de situaciones excepcionales, este papel se corrobora, día a día, cuando los conductores de radio y televisión excomulgan, pontifican o exaltan de acuerdo a la conveniencia del momento. No sólo informan sino que, indistintamente, editorializan, enjuician y condenan. Se comportan, en los hechos, como un nuevo Ministerio Público, como un vehículo de justicia popular instantánea capaz de canalizar la indignación de la audiencia ante los funcionarios públicos.

Hasta ahora, el enorme poderío mediático y cultural de las televisoras y radiodifusoras en México parecía no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa en la marco de la contienda electoral de 2006 fue el rubí en la corona de esta fuerza. Una fuerza que se presenta en sociedad como la reserva moral de la nación, como un poder al que partidos y políticos deben rendir pleitesía.
Más allá de sus evidentes limitaciones y del fortalecimiento a la partidocracia, la reforma electoral aprobada por el Senado pone un coto real a un poder fáctico sin contrapesos. De allí la virulencia con la que los empresarios de la industria del entretenimiento han enfrentado la situación adversa.

La respuesta de la mediocracia ante la reforma electoral parece sacada de una telenovela. Sueña con hacer de la realidad una calca del mundo virtual. Para defender sus intereses específicos, sus ganancias y poder, se disfraza de representación genuina de la ciudadanía, usurpa la voz pública, alerta contra la estatización y habla en nombre de la libertad de expresión. Con el pretexto de defender una reforma electoral de más largo aliento –indudablemente necesaria– apuesta a preservar sus privilegios.

Como añadido, en esta ocasión, los radiodifusores comerciales han ido aún más lejos. Envolviéndose en la bandera de la democracia participativa han propuesto que se efectúe un referéndum, al que pomposamente llaman de la "Libertad". Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE este año, y que ni por asomo quieren consultar a la población sobre el aumento a la gasolina, pretenden ahora que se le pregunte a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral. Pero, aunque el lobo se vista de cordero, se le ve el plumero. Tanta y tan súbita vocación democrática no es más que un recurso para ganar tiempo y tratar de conservar la parcela de poder que habían conquistado.
La reforma electoral aprobada tiene grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora.

Este año caducan algunas licencias televisivas en poder de la red mediática más grande del país, la Comisión Ejecutiva Nacional del partido pide una discusión democrática sobre la renovación de los espectros. Sin dudas, la decisión soberana del presidente de Venezuela Hugo Chávez de no renovar la licencia televisiva a Radio Caracas Televisión (RCTV) abrió un debate regional sobre el funcionamiento, la propiedad y las concesiones de los medios masivos de comunicación. Ahora es el turno de Brasil. Ahora es el turno de TV Globo.

Fue en el hermano mayor del Mercado Común del Sur (Mercosur) donde la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) aprobó una resolución por la que solicita una audiencia con los ministros Luiz Dulci (Secretario de Presidencia), Hélio Costa (Comunicaciones) y Franklin Martins (Comunicación Social) para defender una discusión democrática sobre la concesión de lo espectros y el modelo de gestión de la, hasta ahora por crear, red de televisión pública.

En el documento, la CEN también informa que el PT pedirá a la bancada partidaria en el Congreso que haga gestiones en el sentido de que se revean las actuales concesiones de los canales de radiodifusión.
Por otra parte, el texto aboga por la creación de una Conferencia Nacional de Comunicaciones (CNC) "amplia" con la participación del Gobierno, empresarios y la sociedad civil para a su organización.
Para el PT, la CNC "tiene que comprender un sistema de acompañamiento de programación, que permita diferentes formas de participación y validación del contenido transmitido, creando comisiones de usuarios por programas y una comisión general para cada emisora".

Además, según la información, la Conferencia, una vez instituida, solicitará a los funcionarios con responsabilidad en la materia informaciones oficiales sobre como será definida la gestión de la nueva red de TV pública, en particular a partir de la noticia de que será hecha por un consejo indicado por el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
La Red es en un proyecto en el que Da Silva se ha embarcado y con el cual tratará de calmar los ánimos de aquellos, propios y extraños, que lo critican desde una posición de izquierda. Según lo prometido, el sistema contará con un presupuesto anual de 175 millones de dólares.

La publicación aparece un mes antes de que venzan concesiones de importantes emisoras brasileñas, entre ellas cinco señales propiedad de la TV Globo –también conocida como Red Globo-, el conglomerado televisivo más importante, poderoso e influyente del país, propiedad de la familia Marinho, que maneja casi cien emisoras, entre propias y asociadas. También se esperan para esa fecha fuertes movilizaciones, que preparan movimientos sociales y entidades del campo de la comunicación.
Aunque suele usarse como sinónimos, la TV Globo, forma parte de Organizaciones Globo, un emporio que maneja canales de televisión, radios, diarios –como el famoso O Globo, de Río de Janeiro-, sitios web y hasta bancos y negocios inmobiliarios.

Según el Forum Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC), caducan este año, en total, los permisos otorgados a 28 emisoras así como de 153 canales de radio.
Esta iniciativa del PT, fuerza que junto al Partido Comunista de Brasil (PCdeB) y el Republicano (PRB) llevó a Da Silva a la presidencia, es un especie de contra ofensiva apuntada al centro neurálgico de la derecha brasileña, ya que la TV Globo es su nave insignia.
Según el cronista argentino Darío Pignotti, "Globo se ha tornado una suerte de partido de facto, a quien nadie votó, pero cuyos índices de audiencia le otorgan un extraordinario poder para fabricar escenarios políticos, imponer agendas y deponer (o intentar deponer) gobiernos. Globo es, de hecho, el principal partido opositor al gobierno petista".

También el reportero Paulo Henrique Amorim, responsable de un sitio web especializado en el análisis mediático comparativo, caracterizó a los principales medios como "vehículos de oposición al gobierno Lula".
Cabe recordar que hace casi cien días que el senado de Brasil, a instancias del opositor y liberal Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), aprobó en sesión plenaria un "apelo" por la reapertura de la privada RCTV, cuando Chávez sólo había hecho uso de sus facultades ejecutivas adquiridas mediante las urnas. Eso generó una controversia diplomática que por ahora enfrió la entrada formal de Venezuela al bloque regional.

Para el periodista radicado en San Pablo Daniel Zanini (h), la explicación estaría en que "muchos de los señores senadores que rechazaron la no renovación de la concesión a RCTV son ellos mismos propietarios de redes de televisión ligadas a la nuestra RCTV, o sea, retransmiten TV Globo; y son también propietarios de radios y medios de comunicación impresa y electrónica".
Entonces, como intuye que serán muy fuertes las presiones contra Da Silva para que acceda a una renovación automática de las licencias, el PT busca poner ese tema en la agenda pública para que no pase desapercibido; sin olvidar que puede leerse como una jugada de Da Silva para mostrarle a sus detractores hasta dónde es capaz de llegar.

Además, en la vereda del PT nadie olvida lo sucedido en las primeras elecciones presidenciales abiertas después de casi dos décadas de gobiernos militares. Corría diciembre de 1989 y Da Silva tenía que disputar el balotage con Fernando Collor del Mello, a quien aventaja en las encuestas. Días antes de los comicios, ambos candidatos acudieron a un debate en los estudios de TV Globo. La edición de ese encuentro que hizo la señal fue tan tendenciosa a favor de Collor de Mello, que pasó al recuerdo como la explicación de la derrota ajustada del obrero metalúrgico.

Más allá de lectura correcta, puede extraerse una reflexión que resulta tabú para el establishment mediático: la necesidad de un control ciudadano de los contenidos que atiborran las pantallas. Sería polemizar en qué medida expresa las demandas brasileñas populares una TV Globo – léase brasileñas y TV Globo como intercambiables para cualquier país de América Latina- que, como dice Zanini (h), "nos ofrece hasta hoy, a cincuenta años su malvada creación, una programación rastrera basada en sexo barato, novelas, Big Brothers, Xuxas, violencia y emburrecimento general e irrestricto".

Junto a la conspiración para "matar al indio’e mierda", se riega el rumor de un golpe que ya está preparado y sólo falta uno o dos pretextos que lo justifiquen. Tampoco puede faltar la insistencia en que habrá una inflación desatada; las transnacionales aprovechan para declarar, con mucha seriedad, que invertirán cuando desaparezcan las señales de inseguridad económica en el país.
Si se echa un vistazo a la realidad, nada de esto tiene consistencia. No hay condiciones para que suceda una u otra cosa; en realidad, para que ocurra todo, porque se trata de que se produzcan estos acontecimientos en forma sucesiva. Es la teoría del dominó, tan grata a la "inteligente" CIA: basta derribar una ficha, para que las demás caigan.
Pero en su plan, hay un factor que no PODEMOS ignorar. Se trata de repetir y repetir una mentira, hasta hacerla realidad. Es que, de tanto escuchar el mismo rumor, terminamos por no darle ninguna importancia, lo que permite que siga difundiéndose sin desmentidos. Nos cansamos de demostrar su falsedad y dejamos que sigan propagándola. Porque hay grupos, los que tienen el poder económico, que creen en estos rumores; peor aún, contribuyen a hacerlos ciertos.

PLAN DE ASESINATO

Que circule un panfleto convocando a matar al presidente Evo Morales, es algo que hemos registrado desde hace más de un año. Ésta podría ser una repetición, sin más importancia que las anteriores. Tiene todos los elementos encontrados en los anteriores: propuesta desfachatada, incitación al odio, mentiras descaradas. Pero llama la atención algo distinto: simultáneamente, han circulado miles de copias impresas, llegó a otros tantos correos electrónicos y se envió a los mandos policiales y militares. Parece indicar que, esta vez, la apuesta es mayor.
Porque, si se tratara de asesinar al Presidente, no se haría tanta difusión. Lo que buscan es que se redoblen medidas de seguridad; intentan, con eso, que haya reacciones enérgicas y, si es posible, que haya una víctima.
En esas circunstancias, puede desatarse el resto de la trama.
¿Consecuencias? No importa cuáles sean. Lo importante es recuperar sus prebendas.

PREPARATIVOS DEL GOLPE

Un golpe de Estado, como registra la historia de Bolivia, apenas sería un dato más. Nadie se espantaría con que, aquello, suceda en este país de tantos sucesos sangrientos.
Al menos, así creen, o al menos pretenden creer, los confabulados. No quieren tomar en cuenta la opinión internacional que los condenaría. O, ¿quizás somos demasiado optimistas? Realmente, ¿estamos seguros que habrá un indiscutible repudio en todo el mundo?, ¿al menos en América Latina?, ¿algunos gobiernos de países vecinos se contentarían con una declaración?
Aún si mantenemos el convencimiento de que habrá una reacción de todos los países, no descartemos la posibilidad del golpe. Ocurrido éste, eliminados los elementos indeseables, los golpistas pueden mostrar arrepentimiento y pedir disculpas, convocando a elecciones de inmediato. Así todos quedan en paz, la democracia queda "restituida", "matar al indio’e mierda" desapareció y la mega banzerista volverá al gobierno.
¡Que nadie se duerma en sus laureles!

LA INFLACIÓN COMO COSTO

Pero, el plan no terminaría ahí. Como los grupos de poder no robaron el erario nacional durante todo este tiempo, lo harán a manos llenas. La justificación está cantada: el gobierno de Evo Morales es culpable; dejó vacías las arcas fiscales.
Asistiremos entonces, a la eliminación de las medidas de cambio implementadas hasta ahora, una tras otra. Las organizaciones sociales quedarían descabezadas. La fácil fórmula del "terrorismo por decreto" serviría para condenar a quien se opusiera.
¿Seguimos? La relación podría ser larga, pero el que esté interesado puede leer la historia.

DESPIERTOS Y VIGILANTES

No es ocioso hacer este recuento. Tampoco se debe a temor ni resignación. Tiene el propósito de alertar a quienes, como la mayoría del pueblo, están comprometidos con este proceso de cambio.
La cuestión de la autonomía y el traslado de sede de gobierno, son banderas agitadas, no con el afán de satisfacer demandas, reivindicaciones o anhelos. Se trata de mantener un clima tenso como caldero en el que vaya cociéndose su tenebroso plan.
No hay que permitirles llevarlo adelante. No hay que caer en su juego. Es importante mantener la calma.
Una calma vigilante.

Antonio Peredo Leigue.- Periodista y profesor universitario boliviano. Es Senador Nacional por el MAS. Fue director del Semanario Aquí y en las elecciones de 2002 fue candidato vicepresidencial con Evo Morales.

El encuentro fue convocado por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, una organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, comprometido con la calidad y transformación de los sistemas educativos.
Este organismo, que sesionará hasta el viernes próximo con la emisión de la Declaración Final de Panamá, está integrado por educadores e instituciones educativas del sector primario, secundario y universitario, y para este evento tiene el patrocinio del Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores de Universidades de Panamá y del Ministerio de Educación de República Dominicana.

Durante la inauguración, el día martes pasado, el presidente del Consejo Iberoamericano y profesor cubano, Omar Leal, propuso alcanzar un nuevo modelo educativo que permita ganarle la batalla al desempleo, al subempleo y erradicar las actuales lacras sociales.
Por su parte la viceministra de Educación de Panamá, Zonia de Smith, expresó que el objetivo es definir los currículos de la educación integral que harán el cambio de la enseñanza regional.
Entre los temas inscritos en el programa figuran "La excelencia en la educación integral", a cargo de la profesora María Gavilanes, de Ecuador, y "La integración social en el aprendizaje", por la colombiana Lilian Ogliastri.

En este sentido, durante esta semana los congresistas debaten sobre la necesidad de modificar los programas de estudio para dar base a la enseñanza media, de manera que al momento de ingresar a la universidad los estudiantes no se encuentren con la falta de herramientas indispensables, como por ejemplo los conocimientos necesarios sobre historia de América Latina y el mundo.
Además, siendo que en este siglo XXI prima el manejo de nuevas tecnologías y cambios científicos, los educadores hacen hincapié sobre la reducción de materias para otorgar un mayor espacio a asignaturas básicas de tecnologías y cultura general.

Socialmente esto último genera largas discusiones, algunos mantienen una postura de rechazo a la aplicación de formatos informatizados y siguen apostando a los libros como única fuente de aprendizaje; otros en cambio hablan de fusionar ambos, complementarse para adaptarse a los cambios vertiginosos de la época moderna y virtual.
El presidente del Comité Organizador y rector de la Universidad Columbus, de Panamá, Joaquín Villar García, sostuvo que "la calidad educativa es un tema de urgencia, y la inversión que se realiza requiere una planificación más científica sobre la base de objetivos estratégicos medibles". A esto agregó que se necesita un plan educacional dirigido al desarrollo de los pueblos y que el nuevo diseño curricular permitirá al estudiante "desarrollarse adecuadamente en el mundo competitivo y globalizado".

Entre los participantes españoles asisten instituciones como la Universidad de San Jorge, de Madrid, y la Asociación de Educadores de Cataluña, así como la Asociación de Educadores de las Ciencias Médicas de Portugal.
Asimismo disertan el representante de la Universidad Experimental de Guayana, José Tarrazona, María de Lourdes Yanez de la Universidad Autónoma de México y el director del Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), el uruguayo Mario Marenco Sosa.
También participan en calidad de auspiciantes, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la City University of New York de Estados Unidos, el Centro de Estudios Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, y la Cátedra UNESCO de la ONU para la Educación y la Paz Mundial.

China está importando minerales (carbón, acero y hierro), demandando así más espacio en los buques y, por ende, disparando los precios de transporte marítimo, dice Carlos Leaño Concha, gerente de Bunge Colombia, una de las cuatro grandes compañías que controlan el comercio mundial de granos.
Colombia importó en el 2006 un total de 6 millones de toneladas de granos, de las cuales 3,21 millones de toneladas fueron de maíz amarillo; 93.000, de maíz blanco; 1,36 millones, de trigo; 370.000, de soya; 705.000, de torta de soya, y 222.000 toneladas, de cebada, destacó El Tiempo.

Al corte de agosto de este año la cifra de importaciones de cereales importados que efectivamente han entrado a los puertos colombianos es de 3,97 millones de toneladas.
Dentro de las economías emergentes que también tienen una creciente demanda de carga están India y Corea del Sur, destinos que se convirtieron en negocios atractivos para las compañías navieras, desviando así los flujos de transporte marítimo hacia esos destinos y, de paso, descuidando el transporte de granos.

Si bien en Colombia –continúa el artículo reproducido en esta entrega de APM- el índice utilizado corresponde al país con el cual se tiene el mayor flujo comercial en la importación de granos (Estados Unidos), para el resto del mundo opera el llamado `Baltic Dry Index` (`BDI`), un indicador para el flete de granos secos en tres tipos de buques graneleros.
Este índice es un promedio ponderado para cada una de las rutas que son importantes para cada tipo de buque.
El BDI también ha venido en constante aumento desde el primer trimestre del 2003, cuando marcó un promedio de 1.349 puntos. Al cierre del mes de agosto de este año, el índice superó los 7.000 puntos.
El BDI – explica la nota de Juan Carlos Domínguez -se construye con la información de los contratos de fletes de 24 rutas marítimas y tres tipos de buques graneleros:

Capesize: son barcos destinados principalmente al transporte de minerales que no pueden transitar por el Canal de Panamá debido a su tamaño, y deben hacerlo por África del Sur u otras arterias o pasos. Algunos `capesize` se usan para el transporte de granos.
Panamax: Son los barcos más grandes que pueden transitar por el diseño actual del Canal de Panamá. La eslora es de alrededor de 275 metros y el desplazamiento medio supera las 70.000 toneladas.
Handy: son los menores del grupo, con desplazamientos de 25.000 a 50.000 toneladas, utilizados habitualmente para el transporte de granos y derivados.
Pero ese aumento de los costos de transporte es aún mayor para toda la carga que llega a Buenaventura porque a las tarifas se le agrega una prima por las demoras en ese puerto.

El costo de la importación de una tonelada de cereales, desde Nueva Orleans, en Estados Unidos, hasta Buenaventura pasó de 22,25 dólares por tonelada en enero del 2006, a 59,88 dólares, es decir, 269 por ciento, mientras que para los puertos en el Caribe, subió de 18,17 dólares a 38,25, algo más del cien por ciento.
A lo anterior se suma que el diferencial, de 4,08 dólares por tonelada en 2006 pasó a 21,63 entre los dos puertos, lo que quiere decir que las empresas navieras están `castigando` a quienes quieren entrar sus cereales por Buenaventura, pues encuentran sobrecostos como los peajes del canal de Panamá, la congestión del puerto y la escasez de naves, entre otros.

Otros actores que presionan el precio han sido varios fondos de especulación que han entrado al mercado de las bolsas de granos de Chicago, Kansas y Minneapolis, aseguró El Tiempo.
"Esa gente negocia en `commodities` (maíz, soya y trigo, entre otros) y le ponen un piso falso al precio mundial de los granos; así compran y venden contratos de futuros, especulando con el precio, en espera de lograr utilidades, pero solo en papeles.
"Este es un mercado líquido y atractivo, con grandes capitales en espera de muchas ganancias", concluyó Leaño.

También vale la pena destacar que otra parte de la cuota en el aumento del precio lo ponen las cuatro grandes compañías que viven del negocio (Cargill, Bunge, ADM y CHS), que además de contar con toda la logística de transporte multimodal, desde las áreas de cultivo hasta los puertos de destino, incluso, cuentan con áreas sembradas., concluyó el artículo del medio colombiano.

En tanto, desde Buenos Aires, un diario que suele expresar los intereses empresarios –Infobae- afirmo este miércoles en su página electrónica que "con ‘commodities’ que aumentan sus precios internacionales, cosechas récord y un promisorio negocio en el mercado de los biocombustibles, los valores y arrendamientos de los campos vienen aumentando sin freno desde la devaluación y no parece que vayan a cambiar su tendencia, al menos en el corto plazo".

Los precios de propiedad de los campos tuvieron tasas de crecimiento de hasta tres dígitos. Por ejemplo, la zona núcleo maicera (noreste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y parte de La Pampa), que es la de mayor producción agrícola, creció 260 por ciento desde 2002: en ese entonces, la hectárea valía 2.500 dólares y hoy está en 9.000, sostuvo Infobae.
Lo que ocurrió es que el alto valor internacional de los cereales y oleaginosas revalorizaron los campos y atrajeron la atención de los inversores, sumado a las actuales cosechas récord (pese a las retenciones y reglamentaciones que traban el mercado) y el negocio a mediano plazo que prometen los biocombustibles, destacó el periódico argentino.
Y a tanto llegó esta escalada que, desde 2005, la valorización de la hectárea fue superior a la del m2 de las propiedades urbanas, en porcentajes de 43 por ciento contra 30 por ciento.

Según varios analistas, esta fuerte demanda fue impulsada por grandes grupos económicos y fondos de inversión estadounidenses, europeos y argentinos, que buscaban campos subexplotados para ponerlos a producir granos y ganado. Un ejemplo es Adecoagro, que recientemente adquirió 18.000 hectáreas en Bandera, Santiago del Estero, resaltó Infobae.
Y se estima que la demanda de estos grupos seguirá creciendo, como dijeron desde el fondo Cresud a un matutino: "Prevemos que nuevas compañías, entre ellas algunas internacionales, se conviertan en participantes activos de la adquisición y alquiler de tierra sembrada, lo que incorporará competidores en los próximos años".
Los motivos que impulsan a unos a entrar al rentable negocio, son similares a los que quieren quedarse en él, señaló Infobae: "Los precios crecen porque los propietarios retienen los campos en espera de mayor demanda, sumado a que es una inversión rentable de bajo riesgo cuyo capital, la tierra, se valoriza cada año", afirmó el ingeniero agrónomo Raúl Talento, de la inmobiliaria local.

Según informó la agencia Télam, la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, cumplió con el trámite para tener la posibilidad de "aprovechar todas las oportunidades procesales" que le permitan añadir pruebas en su acusación contra Uruguay.
En este sentido, se especula que Argentina agregue más pruebas para sostener su postura en el litigio, como el derrame de químicos que se produjo el mes pasado en Botnia –12 operarios se vieron afectados- y la inauguración de la terminal portuaria de Nueva Palmira.

Cabe recordar que el diferendo surgido a raíz de la instalación de las pasteras –en principio, además de Botnia, comenzó a construirse la planta de Ence que luego se relocalizó- tensó las relaciones entre Montevideo y Buenos Aires en un nivel sin precedentes. Argentina recurrió a la Corte Internacional de La Haya para denunciar la ilegalidad de las obras en mayo del año pasado y desde ese momento el litigio continúa con presentaciones de ambos países.

En medio de este proceso, el gobierno argentino argumenta que Montevideo incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto del Río Uruguay, sobre todo aquellas que versan sobre el mecanismo de información y consultas previas en el caso de la existencia de obras que puedan afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río en tanto recurso compartido.
Mientras el gobierno presentaba la "replica" a la Corte de la Haya, asambleístas de la ciudad argentina de Gualeguaychú protestaron frente a la embajada de Finlandia –país del que provienen los capitales de Botnia- en Buenos Aires.

Los asambleístas, que entienden que la pastera contaminará el río Uruguay, arribaron a la sede diplomática para entregar una caja con animales muertos, presuntamente por los efectos negativos de la planta.
Según explicó a la agencia Télam el asambleísta José Pouler, se dejó en la embajada una recipiente térmico con peces y aves muertos, para que "Finlandia investigue y haga la necropsia correspondiente que nosotros no pudimos conseguir que haga el gobierno".

En tanto, reveló que en Gualeguaychú hay apostados observadores sobre el puente que une esa localidad con Fray Bentos a la espera del comienzo de la producción de la pastera, que se considera como inminente por estos días. "Si comienza a funcionar la chimenea se convocará a todo el pueblo", explicó el asambleísta.
Los asambleístas leyeron una proclama en la que expresan su "convencimiento cabal de lo que significa el monstruo de Botnia para nuestra economía, para nuestra salud y para nuestro medio ambiente".
"Hoy venimos, además, con la innegable constatación de que Botnia contamina, de lo cual son testigos vivientes los obreros intoxicados el pasado 14 de marzo y las ciudadanas argentinas intoxicadas el mismo día", señalaron.

Washington, 12 de septiembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a un tribunal federal de Washington imponer una multa de 25 millones de dólares al gigante bananero Chiquita Brands International, por financiar a las paramilitares Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), decisión que fue rechazada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Los abogados de las familias de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras de Colombia presentaron el pasado 7 de junio una demanda multimillonaria en un tribunal federal de Washington contra la firma Chiquita Brands International, por financiar a esas fuerzas paramilitares.
"Éste es un caso emblemático, quizás el mayor caso terrorista de la historia", afirmó el letrado Terry Colllingsworth, al presentar aquí la demanda. "En términos de víctimas, esto tiene el tamaño de tres World Trade Centers", añadió el abogado, que defiende a familiares que acusan a Chiquita de haber utilizado a las AUC para asesinar a sus maridos, esposas e hijos, que supuestamente "interferían los intereses financieros" de la empresa estadunidense.
Los demandantes exigieron alrededor de mil millones de dólares, semanas después de que la firma bananera estadunidense aceptó haber financiado a los paramilitares de extrema derecha en la década de los años 90, cuando esos grupos irregulares apoyados por terratenientes, militares y sectores políticos luchaban contra las guerrillas de izquierda.

El Ejecutivo no sólo repudió los hechos, también manifestó preocupación por el tipo de armamento en manos de los violentistas que incluía fusiles automáticos y miras láser.
"Nos parece que estos no son hechos que tengan algún vínculo con una conmemoración de una fecha trágica como es el 11 de septiembre, y por lo demás, nos parece que los actos delictuales tienen que responder ante la justicia como corresponde", dijo la Presidenta Michelle Bachelet, tras visitar a los carabineros heridos la noche del 11 de septiembre y dar las condolencias a la familia del cabo Cristián Vera Contreras, fallecido ayer por la mañana tras recibir un balazo en la cabeza en una población de la comuna de Pudahuel.
"A mí me parece inaceptable que en una fecha que tiene un sentido para los chilenos, de mirar cómo somos capaces de vivir en democracia y seguir construyendo un país más justo pero a la vez más democrático, es que haya actos de violencia, de matonaje y de pillaje como los que hemos visto", dijo.

La Presidenta encabezó ayer en la mañana un comité político extraordinario para evaluar la seguridad y el orden público. Poco después, tuvo lugar una "Cumbre de Seguridad", dirigida por el ministro de Interior, Belisario Velasco, en la que participaron el subsecretario de Interior, Felipe Harboe; el general director de Carabineros, José Bernales; el director de Investigaciones, Arturo Herrera, y el fiscal nacional (S) Alberto Ayala.
"No estamos contentos con lo que se ha hecho, debemos hacer más", indicó Velasco. El jefe de gabinete y encargado de orden público aseguró que "se intensificarán las labores de inteligencia y Carabineros, Investigaciones y la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), trabajan intensamente en esa materia".

Velasco declinó entregar detalles de los procedimientos que se implementarán y descartó que los dispositivos de seguridad hayan fallado en la noche del martes pasado, aunque admitió que se detectó mayor número de armas de fuego que otros años, especialmente hechizas y fusiles de alto calibre.
"Es una situación peligrosa que nos preocupa. Hay listas de personas involucradas en estos hechos que son investigadas y se van a tomar las medidas que correspondan", agregó.
A su vez el fiscal Ayala no descartó designar fiscales especiales para investigar los hechos desórdenes y señaló que los ataques contra carabineros los verá la Fiscalía Militar.

El aspirante presidencial paraguayo Fernando Lugo se postulará a los comicios del 2008 por un partido del Bloque Social y Popular (BSP), anunció hoy la mesa directiva de esa agrupación.
Según Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores -una de las organizaciones del referido bloque-, Lugo decidió postularse por un partido de ese sector que podría ser el Partido por el Movimiento al Socialismo o el Frente Amplio.
Aseguró que tras varias horas de reunión con el ex obispo, en la que también participaron representantes de la Concertación Nacional Opositora, se llegó al consenso de que Lugo se postule a las elecciones por el BSP.
Aclaró empero que aunque el ex clérigo sea el líder del BSP, el bloque se unirá a otros partidos opositores que también lo respaldan y concretará la firma en las próximas horas de la recién anunciada Alianza Patriótica para el Cambio.

Pero quizás, más que falta de lecturas, a Valle Riestra lo nubla una cosa:su compromiso orgánico con el fujimorismo.
No solo Valle Riestra fue premier de Fujimori en 1998, cuando la dictadura era fuerte- en uno de los giros más inexplicables de la política peruana - sino que en es protagonista directo o indirecto de varios vladivideos. De hecho, Montesinos le recomienda a Andrónico Luzic, dueño de Luchetti, tomar los servicios de Valle Riestra, un abogado "de su entera confianza". O, directamente, hay diálogos como estos en la salita del SIN (Servicio de Inteligencia Nacioonal):

Valle Riestra: No se va calmando la gente, se puede calmar. Porque es necesario hablar mucho para que las cosas no cambien.
Montesinos: Bueno, pero...
Valle Riestra: ¿Qué cosa quiero yo? Que el régimen dure ¿sí o no?
Montesinos: Claro, lógico.
Valle Riestra: ¿O que se desmorone?
Montesinos: Bueno, es que no se va a desmoronar porque hay dos pilares fundamentales.
Valle Riestra: Claro, yo lo sé. Yo estoy diciendo que soy un idiota si es que quisiera eso. Yo quiero que dure, que sea longevo, que cumpla con sus objetivos, que son los que son los más positivos para el Perú.
Montesinos: Además hay una cosa, y vamos a hablar a calzón quitado. ¿Quién va a gobernar el 2000 en el Perú?
Valle Riestra: ¿Quién quiere gobernar? Fujimori.
Montesinos: Dentro de...
Valle Riestra: Yo ya tengo los fijos que están en muestrario.
Montesinos: Puede ser Andrade, la Lourdes Flores Nano, Borea.
Valle Riestra: No, pues, ni hablar.
Montesinos: Entonces, ¿cómo vamos a dejar? Sería irresponsable dejar el gobiemo a ellos.
Santander: Por una razón de Estado.
Montesinos: Claro.
Valle Riestra: Pero, entonces, hay que hacer las cosas necesarias para que pueda reelegirse.
Montesinos: Claro.
Valle Riestra: Pero, dentro de mi óptica son otros los métodos más sutiles.
Montesinos: A ver, ¿cuáles?
Valle Riestra: Tenemos un Jurado títere y el Jurado podemos hacer que haga lo que tiene que hacer.

Pero un elemento más actual define las actuales relaciones tribuno - fujimorismo. Señaló La República, hace un par de años:
El nexo que llevó a César Nakasaki hasta los abogados chilenos Gabriel Zaliasnik y Francisco Veloso fue Javier Valle Riestra. Así lo sostiene El Mercurio en un artículo publicado ayer bajo el título "El salvavidas electoral de Fujimori". Según el diario, fue el "reconocido constitucionalista peruano", quien resultó clave para lograr que el controvertido ex mandatario cuente por fin con una defensa legal adecuada durante su encierro en Chile. Valle Riestra trabajó en un caso con Veloso, tras lo cual iniciaron una relación maestro-alumno que se conserva hasta hoy. Por ello, cuando los asesores de Fujimori llamaron a Valle Riestra - quien fue su Primer Ministro – éste no dudó en recomendar a Veloso, el socio de Zaliasnik.

Y la relación se mantiene. Noticia de hace algunas horas en la agencia estatal ANDINA:
El presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, Alberto Chaigneau, sería quien dirimiría respecto al pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, afirmó hoy el legislador, Javier Valle Riestra.
El jurista, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Alberto Fujimori, indicó que la demora en la emisión del fallo se debería a que existe un empate en la votación de sala penal sureña.
El parlamentario aprista dijo que dialogó vía telefónica con su amigo Francisco Velozo, abogado de Fujimori en Santiago, y preguntó "cómo está la cosa", y lo que el defensor del ex mandatario respondió: "la verdad es que no hay una definición, el misterio es el presidente Chaigneau".
Más que cuestiones de Derecho, parece que las cuestiones del verdadero color político de Valle Riestra son las que afloran a la hora que opina del caso Fujimori.

Nota- *Valles Riestra es diputado del partido Aprista y fué 1er Ministro de Fujimori.

El gobierno Bush anunciará el retiro de 30.000 soldados para mediados de 2008. Sin embargo, quedarán 130.000 hombres. La invasión promete seguir por mucho tiempo y la amenaza se extiende a Irán. En una semana clave para la continuidad de las políticas del gobierno de George W. Bush en Irak, finalmente los dos principales funcionarios estadounidenses en ese país, el embajador Ryan Crocker y el comandante del ejército invasor el general David Petraeus, presentaron su informe ante el Congreso de Estados Unidos.
Esta presentación es una de las exigencias que el Congreso puso al gobierno de Bush cuando a principios de este año, el presidente pidió un aumento de presupuesto y el incremento de unos treinta mil soldados al Ejército invasor.

En la semana en que se cumplieron seis años de los hechos del 11 de septiembre de 2001 y en la cual reapareció por duplicado el fantasmal Osama Bin Laden, el gobierno de Bush -quien la semana pasada estuvo en Irak, intentando dar una mejor imagen sobre la invasión- se enfrentó a la oposición demócrata que en los últimos meses ha atacado duramente las políticas implementadas en el país árabe.

Como resultado de la presentación de Petraeus y Crocker, se prevé que hoy por la noche el presidente estadounidense anuncie el retiro parcial de las tropas que se incrementaron este año. La decisión sigue la recomendación realizada por Petraeus. El retiro de estos treinta mil efectivos se completaría en julio del 2008, poco tiempo antes de las elecciones presidenciales que designarán el sucesor de Bush. En otras palabras, Bush patea la pelota para que el próximo presidente se haga cargo de la herencia iraquí.

La medida que adoptaría Bush no representa avances significativos en el retiro de tropas que se le reclama a la Casa Blanca. De hecho, luego del regreso de estos treinta mil, permanecerán en suelo iraquí unos 130.000 soldados. Sin embargo, hay que destacar que este retiro parcial estaría condicionado a como se desarrollen las circunstancias futuras en Medio Oriente y a los avances que se logren.

La presentación realizada por los dos hombres fuertes de Bush en la invasión no aportó demasiadas novedades. En términos concretos, las palabras de Petraeus y Crocker no dijeron más de lo manifestado por Bush en sus últimas apariciones públicas.
En ese sentido, se hizo hincapié en que una retirada total sería "devastadora" y que los "objetivos militares se están cumpliendo". También manifestaron que Al Qaeda "está desequilibrada" aunque no derrotada.
En las últimas semanas, los hombres de la Casa Blanca se han esforzado en convencer a la opinión pública de la posibilidad de una victoria en suelo iraquí, sin embargo, la situación en el país árabe demuestra claramente que el fracaso esta mucho más cercano que la victoria.

La respuesta de la oposición demócrata no se hizo esperar. La evaluación de Petraeus fue severamente criticada y el general fue acusado de querer promover una permanencia militar a muy largo plazo en Irak. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi manifestó que su sensación era que "el general Petraeus está presentando un plan para al menos diez años de alto nivel de presencia estadounidense en Irak".

Por su parte, el precandidato presidencial Barack Obama afirmó que la invasión fue "un grave error en la política exterior" de la Casa Blanca y que actualmente sólo se puede elegir "entre opciones malas o peores". Los demócratas están metidos de lleno en la campaña electoral y la cuestión Irak es el eje de los ataques al Partido Republicano. Sin embargo, no se preveé que si los demócratas llegan al poder la situación en Medio Oriente varíe demasiado.

Por último, los halcones de Washington siguen aprovechando todas las oportunidades para seguir agitando el fantasma de Irán. Crocker advirtió que un retiro rápido de las tropas puede provocar un caos que podría causar la intervención de países vecinos como Irán. Petraeus fue más lejos y aseguró que la participación de Irán en ataques contra el Ejército invasor "es muy clara".

Por su parte, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice aseguró en un programa televisivo que "Irak tiene vecinos muy problemáticos". Por supuesto que añadió que "Irán es un vecino muy problemático". Además, llamó a los aliados estadounidenses en Medio Oriente a resistir tanto al terrorismo como a "la agresión iraní".
En este sentido, según informó esta semana el matutino estadounidense Wall Street Journal, el Departamento de Defensa de ese país construirá una base militar en Irak, muy cercana a la frontera con Irán. El objetivo sería frenar el supuesto flujo de armamento que llega a las milicias chiítas desde el país persa. Además, el Pentágono planea desplegar puestos de control en las carreteras que van desde la frontera con Irán hasta Bagdad.

Por su parte, el Gran Bretaña ha enviado tropas a la región fronteriza, según informa el diario británico The Independient. La noticia fue ratificada por el comandante británico James Bashall quien manifestó que el envío de tropas responde a un pedido expreso de Estados Unidos.
Esta medida, representa una nueva provocación de la Casa Blanca hacia Teherán. Pese a las reiteradas desmentidas por parte de los funcionarios iraníes, los estadounidenses insisten en el peligro que representa la influencia de Irán en la convulsionada región de Medio Oriente.

Antes de la iniciación del acto, el religioso confirmó que su postulación es sostenida a partir del domingo por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuyo liderazgo y dirección están en manos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Aclaró que la coalición Concertación Nacional "terminó para nosotros, se la dejamos a Patria Querida, Punace y el partido Independiente, si lo quieren", en alusión directa a los partidos que no aprobaron en junio pasado su nominación por un acuerdo de cúpula de otras siete agrupaciones.

Confirmó su rechazo a la posibilidad de ser acompañado por el ex general Lino César Oviedo, de Punace, al explicar que "tendré el honor de ser acompañado por un político liberal (del mayor partido de la oposición) quien mostrará el valor, la valentía y la grandeza de los próceres de ese partido".
Lugo comentó que con su eventual gobierno "Paraguay no estará dividido por el odio y la mentira. Debemos cambiar el miedo por la esperanza para vivir de pie y no arrodillados".
Terminó diciendo que "mi fe en Dios y en la patria hará que ricos y pobres vivan en la patria soñada".

Pedro Fadul, líder de Patria Querida, informó que "presentaré mi candidatura de manera independiente, lastimosamente fuera de la Concertación Nacional porque otras agrupaciones violentaron un acuerdo firmado para designar a Lugo a dedo y no por encuesta popular o elección interna a padrón abierto".
El matutino abc Color, el de mayor circulación, publicó el domingo una entrevista con Oviedo en la que éste anticipa que Lugo lo dejó a un lado: "La Concertación cocinó su rumbo", agregando que el ex obispo no ganó la postulación "por concertación sino por imposición del PLRA".

Fuente : Caretas.pe

Por Patricia Caycho

La velada del martes 18 en la Embajada de Chile en el Perú promete ser inolvidable. El vecino país celebra su aniversario patrio, pero todo indica que la comidilla de los invitados a la residencia diplomática no serán los típicos canapés, sino el fallo final de la Corte Suprema de Chile en el proceso de extradición de Alberto Fujimori, que se inició hace 20 meses.
Luego de varios días de haber mantenido el asunto con un suspenso que envidiaría el propio Alfred Hitchcock, finalmente el lunes último, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema llegaron a un veredicto final. Alberto Chaigneau, presidente del tribunal, dijo a los periodistas en Santiago que la redacción del dictamen (sería de más de 100 páginas) tomará su tiempo. "Depende de lo que me dejen trabajar", ironizó.

Pero al día siguiente, el martes, anunció que el fallo permanecerá "en secreto" hasta después de las fiestas patrias en Chile, el próximo jueves 20.
La decisión de publicar el fallo después de las celebraciones nacionales es motivo de especulación. No son pocos los que coinciden en que la Suprema busca evitar manifestaciones en contra del Poder Judicial, tomando en cuenta que los feriados durarán tres días (17, 18 y 19 de setiembre) y movilizarán a gran cantidad de gente a las calles. Hasta entonces, Fujimori estará en pindinga.

Podría tratarse de una medida preventiva, un cálculo político, independientemente de lo que pueda opinar Palacio de la Moneda, sostienen expertos. Es sabida la posición de la presidenta Michelle Bachelet en lo que respecta a casos de violaciones de los Derechos Humanos. Cuando tenía 24 años, fue capturada por órdenes de Augusto Pinochet y torturada durante un mes. Su padre, general de brigada aérea, murió en la cárcel mientras era enjuiciado por órdenes del dictador. La famosa frase "Yo soy Chinochet", pronunciada por Fujimori en abril de 1995, debió calar hondo en la memoria de la concertadora Bachelet.

Por cierto, con Bachelet, Chile busca un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un mal paso podría sacarlo del tablero y revivir las viejas heridas del caso Pinochet.
Analistas chilenos aseguran que la Suprema, seriamente cuestionada durante la dictadura pinochetista, se juega el prestigio con el caso Fujimori.
El bochorno internacional que significó el arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet, en 1998 y por un fallo del juez español Baltasar Garzón –sumado a las revelaciones de los US$ 27 millones que ocultaba en el Banco Riggs de Washington, en EE.UU.–, expuso la trapería de la Corte Suprema y la estigmatizó.
"Creo que los tribunales son muy recelosos de no caer en aquello que, en el pasado, les significó críticas tan duras. Es una nueva generación que se ve observada por la opinión pública. Tienen más orgullo propio por la dignidad de la función", explicó el jurista José Zalaquett, ex miembro de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de la Verdad de Chile.

Zalaquett asegura que ya no quedan en la judicatura magistrados propiamente "pinochetistas" y señala que la nueva hornada es más cuidadosa al momento de emitir sentencias que puedan enturbiar la actual reforma judicial.
En ese contexto, vislumbra un "escenario optimista" para el Perú. Diarios como El Mercurio y La Tercera de Santiago de Chile tienden a coincidir, y ha trascendido que la Segunda Sala Suprema extraditará al ex Presidente por los dos casos centrales: los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.

DICHOS CRIMENES calificados de lesa humanidad fueron oportunamente sustentados por la defensa del Estado peruano. Documentos y testimonios incriminatarios como prueba fueron presentados y podrían ser la llave de la extradición (ver recuadro).
El principio de la responsabilidad del mando es la clave maestra. La figura jurídica –originada a inicios del siglo pasado, pero que tomó fuerza con los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis, en 1945– tipifica "la culpabilidad del superior cuando aquel no evitó, detuvo o sancionó a sus subalternos por la comisión de crímenes".
El principio bastó para crucificar a Slovodan Milosevic y demás criminales de guerra de la ex Yugoslavia. "La doctrina de responsabilidad de mando dice: no tenemos que probar quién apretó el gatillo, ni quién dio la orden, sino quién tenía control de la situación. Es suficiente para establecer el vínculo del procesado con el crimen", explica Zalaquett.
A partir de 1991, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) pasó a depender directamente de la Presidencia de la República. Asimismo está acreditado que el ‘Grupo Colina’ formaba parte del Sistema de Inteligencia del Ejército, el cual rendía cuentas al SIN y, por tanto, al mismísimo Alberto Fujimori. "Es un agravio a la inteligencia pensar que el ex Presidente no sabía lo que ocurría en su entorno militar y político", opina Zalaquett.

LOS CINCO SUPREMOS chilenos tienen en su poder los cuadernillos de extradición peruanos desde el 18 de julio, una semana después de que el juez de primera instancia Orlando Álvarez echara por tierra la extradición. El escandaloso fallo copió párrafos textuales del alegato de la defensa del ‘Chino’ (CARETAS 1986).
El dictamen fue unánime, explicó Alberto Chaigneau el lunes 11 y, ahondando en el misterio, añadió: "Los debates fueron hasta altas horas de la noche".
El presidente del tribunal se retirará de la Corte Suprema en diciembre próximo por límite de edad. Es natural que piense en un retiro con una foja de servicios intachable y sin un escándalo internacional en el brasero.
En la espaciosa Hacienda Chicureo, Alberto Fujimori aguarda en tensa calma el dictamen supremo, acompañado de su hija Sachi.
El gobierno peruano ha reiterado su cautela. "Sobre el fondo, nada podemos decir, no es bueno especular, pero confiamos que habrá una sentencia favorable al Perú", afirmó AGP, el martes último.

UN FUJIMORI preso en Lima sería una papa caliente que el Ejecutivo prefiere sortear. La ministra de Justicia, María Zavala, mantuvo recientes reuniones con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), general PNP (r) Gustavo Carrión Zavala, para evaluar en qué penal podría ser internado Fujimori. Las opciones: la prisión de máxima seguridad de Piedras Gordas, en Ancón, o la tugurizada cárcel para reos primarios, San Jorge. Una fuente del Ejecutivo descartó un presunto arresto domiliciario, como se especuló.
De retornar a Lima, lo procesaría la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por el vocal Roger Salas Gamboa e integrada por César San Martín, Hugo Príncipe, Víctor Prado Saldarriaga y Pedro Urbina.
A su vez, en el Ministerio Público trascendió que el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde sería el encargado de llevar adelante las acusaciones en su contra.

Si la extradición es rechazada, Fujimori tendría problemas para salir de Chile por algún tiempo. Tiene pendientes dos órdenes de captura internacional activas, la primera por la matanza en el penal Miguel Castro Castro y la segunda por delito de peculado en el caso del pago irregular al ex broadcaster Ernesto Schütz, según la Procuraduría. En ese escenario sería una piedra en el zapato para Bachelet.
Si en cambio es extraditado, Fujimori sería, después de Augusto B. Leguía, el único ex presidente peruano en ser recluido en una prisión del país.
Leguía fue derrocado en 1930 por el dictador Luis Sánchez Cerro y acusado de múltiples delitos, entre ellos corrupción. Fue internado en el Panóptico de Lima, lugar donde falleció dos años después, en 1932.
Por todo esto, no cabe duda que la Corte Suprema de Chile afronta un fallo histórico.

"Fujimori Amparó a Colina"

El informe presentado el último jueves por un grupo de prestigiosos juristas del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), así como por ex procuradores anticorrupción (CARETAS 1992), destaca una serie de "evidencias claves" en los expedientes en poder de la Corte Suprema de Chile que acreditarían la vinculación de Alberto Fujimori con crímenes de lesa humanidad. Las pruebas, a juicio de los investigadores, posibilitan su extradición al Perú. Las más relevantes son:

Barrios Altos (noviembre, 1991) / La Cantuta (julio, 1992).

1) Memorando del 30 de julio de 1991, antes de ocurridos los crímenes, firmado por Fujimori, en el que expresa un reconocimiento especial a los miembros del Grupo Colina "por su participación en operaciones especiales de inteligencia". Recomienda sus ascensos al grado inmediato superior.
2) Memorando N° 5775B-4.A/DINTE, del 22 de agosto de 1991, firmado por el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Juan Rivero Lazo. Solicita se asigne oficialmente nueve agentes y armamento al coronel Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, jefe administrativo de Colina.
3) Leyes N° 26479 y 26492, del 14 y 28 de junio de 1995, más conocidas como ‘Leyes de Amnistía’. Fueron promulgadas por Fujimori y permitieron que los miembros del Grupo Colina, procesados en el fuero militar por Barrios Altos y La Cantuta, sean puestos en libertad.
4) Declaración del ex Comandante General del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, ante el vocal instructor José Luis Lecaros, fechada el 19 de setiembre del 2001. Hermoza señaló que, según le dijo Montesinos, Fujimori tenía conocimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
5) Entrevista de Umberto Jara al mayor Santiago Martin Rivas, realizada en el 2003, en la que éste sostiene que "la guerra que se estuvo llevando acá en el Perú fue una guerra liderada, llevada a cabo por el Presidente y su asesor (…) todas las órdenes, las políticas de Estado las daban ambos".
6) Video signado con el número 880 que muestra la reunión de Montesinos con María Luisa Cuculiza y el ex ministro Briones Dávila. El ex asesor dice: "La Cantuta, Barrios Altos, Leonor La Rosa, la Zanatta, todos son del SIE, pero todos lo tiran para acá, para el SIN (…) todo sale de acá".

"Era Ajeno al Mundo Militar"

La defensa de Fujimori, encabezada por el abogado chileno Gabriel Zaliasnik, argumenta que el ex presidente no conocía de la existencia del Grupo Colina y, por lo tanto, no ordenó ni supo de la perpetración de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Dibuja la imagen de un Fujimori académico e ignorante del manejo político-militar, e insiste en que ambas atrocidades fueron cometidas "por iniciativa propia de las Fuerzas Armadas". El insólito alegato fue revelado por CARETAS 1969. Extractos:

Casos de Violaciones a los Derechos Humanos.

1) "El memorando felicitando a miembros de Colina, fechado el 30 de julio de 1991, según consta en autos, es anterior a la ocurrencia de los dos hechos (Barrios Altos y La Cantuta) que se imputan por medio de este expediente".
2) "Durante el gobierno del ex presidente Fujimori se podrá advertir que existe una disminución de un 58,9% (de personas fallecidas atribuidas a agentes del Estado). Entre los años 1990 y 2000 la actividad del Estado fue indudablemente menos violenta, lesiva y represiva que la registrada entre los años 1980 y 1989".
3) "El caso Barrios Altos fue cometido a título de represalia por un atentado que tuvo lugar con anterioridad al gobierno de Alberto Fujimori en contra de una escolta militar (…) responde a motivaciones de naturaleza estrictamente militar como parte de un continuismo también castrense del cual el Presidente de la República recién asumido claramente no fue partícipe".
4) "La decisión de dar muerte (en el caso La Cantuta) respondió a la decisión de oficiales del Ejército, una vez bastante avanzado el operativo militar".
5) "(De) los oficiales que comparecieron en los juicios orales, ninguno de ellos responsabiliza de los hechos a nuestro representado (…) Tan absurdo resulta afirmar que el Presidente debe responder penalmente por hechos completamente ajenos a su dominio y conocimiento como fueron precisamente los homicidios de los casos Barrios Altos y La Cantuta".
6) "La ley de amnistía fue dictada por el Congreso de la República, no por el Presidente, a quien por cierto correspondió promulgar la manifestación de la voluntad ciudadana debidamente representada por el Parlamento".

A la espera del fallo de extradición de Fujimori.

Para alguien como el presidente Alan García, que prefirió no decir 'esta boca es mía' durante todo el proceso de extradición del prófugo Alberto Fujimori, es una novedad interesante e intrigante que, a la hora nona, opte por abrirla para lamentar que los jueces de ese país "la están haciendo larga" con el fallo final de la Corte Suprema.
No parece un comentario muy atinado el realizado por el jefe de Estado peruano. Primero, porque, con toda razón, ha obtenido una respuesta del vocero del gobierno chileno en el sentido de que la justicia de su país dictará sentencia cuando lo estime pertinente.
Se entiende que un caso complejo como el de la solicitud de extradición del Estado peruano, que consta de doce acusaciones -diez por corrupción y dos por violación de derechos humanos-, demande una evaluación cuidadosa.

Lo lamentable y más sospechoso aún -en un proceso en el que ya existe más de una sombra- es que el fallo se hubiera producido sobre la marcha, pues esto habría abonado en la dirección preocupante de que el resultado final está políticamente digitado.
Pero el comentario presidencial parece menos pertinente por el hecho de que recién se produzca cuando, como se ha anunciado desde Santiago, el fallo ya ha sido decidido y solo resta la redacción de la sentencia.

Al margen de cuál sea el fallo final de la justicia chilena, que no quedará otra que acatarlo, el Estado peruano debió, empezando por el propio presidente García, establecer con precisión y sin medias tintas la pretensión de que Fujimori sea extraditado para que sea juzgado, como corresponde, con neutralidad, por las cortes peruanas.
Esto no habría significado una interferencia política sino la demostración inequívoca de la voluntad de que esto se pueda concretar. Por el contrario, el gobierno aprista se ha manejado en este asunto con un cuidado tan grande que generó indicios respecto de su intención de que Fujimori no regrese al país.
Por ello, cuando el sentido del fallo ya ha sido tomado en Chile, el comentario presidencial parece, por decir lo menos, extemporáneo.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunos artículos de la ley sobre atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para el control de las Organizaciones No Gubernamentales. Señala que las ONG conforman un sector privado no lucrativo o social, distinto del Estado y del mercado, protegido por la Constitución al responder a una ética social de responsabilidad solidaria. Que las ONG son esenciales para el fortalecimiento de la democracia por suponer una participación cívica y social, no estatal ni partidaria, que garantiza el diálogo y el pluralismo.

El TC solo considera válido que el Estado imponga a las ONG la obligación de registro ante la APCI y de suministrarle información sobre sus actividades y gastos, cuando sus fondos fueron gestionados por el Estado o disfrutan de exoneraciones tributarias. Ello no resulta razonable ni constitucional cuando las ONG reciben fondos privados y no perciben ni desean recibir beneficio tributario alguno, aclarando que la exoneración del Impuesto a la Renta no es un beneficio especial, pues corresponde a toda entidad sin fines de lucro y no solo a las que reciben fondos de la cooperación internacional. Para estas ONG, la inscripción en el registro de APCI es voluntaria, y exigirles información de sus gastos o actividades viola la privacidad de la institución. Se trata de un régimen similar al de las empresas privadas, que brindan información económica a la SUNAT, al igual que las ONG, pero que no pueden ser requeridas a darla al Ministerio de la Producción.

El TC señala que no cabe condicionar el desarrollo de las actividades de la ONG a su registro en la APCI, ni que esta entidad puede sancionar a una ONG con la anulación de su inscripción, pues ello implicaría una forma indirecta de impedir su funcionamiento y de disolución, lo que la Constitución solo permite por sentencia judicial. Que el derecho de asociación, según la Constitución, no está sujeto a autorización estatal previa, ya que implicaría "estatizar" la libertad asociativa de la sociedad civil. Se trata, pues, de una sentencia razonable y sensata, que preserva la libre iniciativa privada frente a la injerencia estatista y fortalece el Estado democrático y social de derecho. Es común que los gobiernos autoritarios persigan y asfixien con controles a las ONG. Pero un gobierno democrático tiene que respetarlas y solo sancionar sus actos ilícitos. Y la autonomía frente al accionar estatal o, incluso, la discrepancia política con el gobierno, no son delito en una democracia; son, más bien, expresión de pluralismo y libertad.

Las y los delgados de este Congreso, como mujeres y hombres indígenas de los pueblos originarios de México, de los Estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Distrito Federal, reunidos en la Ciudad de México, los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2007, declaramos:

Considerando que:

México es una nación pluricultural y multilingüe, las comunicadoras y comunicadores indígenas reunidos en este Congreso, ponemos al servicio de nuestra Patria la experiencia adquirida en el manejo de medios de comunicación indígena y comunitaria para fortalecer la multiculturalidad del país y para establecer relaciones interculturales con la sociedad nacional mayoritaria.
Para este Congreso, los comunicadores indígenas entendemos el proceso de comunicación en su sentido más amplio, con todas las formas posibles, desde las tradicionales de cada uno de nuestros pueblos, así como la prensa, la radio, la televisión, la Internet, cine y video.

La declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones por la Suprema Corte de la Nación abre un espacio de diálogo y debate para que el acto legislativo sobre la materia se enriquezca con la opinión y propuestas de comunicadores indígenas.
Bajo los principios de justicia, democracia y equidad se tome en cuenta el derecho información y comunicación de los pueblos y comunidades indígenas.

Existen condiciones de apertura, intenciones de sumar voluntades, capacidades y esfuerzos de los legisladores actuales, específicamente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Y que como hemos visto, han estado presentes en diversos momentos de este Congreso, representantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara y del Senado, por lo que asumimos que nos acompañan en los resultados de este Congreso.

El Estado no ha cumplido con el mandato constitucional y los acuerdos internacionales referentes a los derechos de comunicación y libertad de expresión de los pueblos indígenas.
Que la comunicación indígena es el ejercicio de un derecho establecido como práctica entre los pueblos y comunidades indígenas y que la podemos poner como puente que nos enlace con la sociedad mayoritaria nacional.
El futuro de la democracia en México depende de la apertura de espacios públicos de diálogo cultural y político para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y sus diversas identidades ciudadanas.

Por todo lo anterior: Exigimos al Congreso de la Unión

1. La creación de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones y no la reforma a las leyes existentes. Esta nueva ley debe enlistar criterios sociales y comunitarios necesarios para la adjudicación y renovación de las concesiones. El incumplimiento de estos criterios será suficiente para revocar las concesiones otorgadas.
2. Se retomen de los Acuerdos de San Andrés los planteamientos sobre los derechos de información y comunicación indígena.
3. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho públicos, es un principio fundamental para el ejercicio de los derechos relacionados con la comunicación.
4. Los derechos de información y de comunicación deben hacerse explícitos en el Artículo 2º, Apartado A, de la Constitución Federal.
5. El derecho a la información y a la comunicación son derechos transversales que abarcan diferentes ámbitos y ordenamientos, entre otros la reforma del Estado y no solo el contenido del artículo 2º Constitucional Apartado B Fracción VI, por lo que su legislación debe tomar en cuenta los derechos lingüísticos, la autoría colectiva, el territorio y la diversidad cultural.
6. Al legislar en materia de medios de comunicación deberán tomarse las medidas necesarias para que en la instalación y operación de medios de comunicación se consideren los derechos territoriales de los pueblos indígenas, entre otras cosas, para evitar la afectación de sus sitios sagrados o rituales.
7. Que la ley norme los contenidos relativos a pueblos y comunidades indígenas en los medios comerciales y se incluya programación indígena en horarios de mayor audiencia, de manera que se garantice el respeto a sus valores culturales y se establezcan sanciones en caso de denigrarlos o usufructarlos sin consentimiento y participación de los pueblos y comunidades originarios.
8. Establecer medidas legislativas y de políticas públicas que garanticen el acceso de los medios comunitarios e indígenas a la convergencia tecnológica.
9. Reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la manifestación de su voluntad a través del Acta o aprobación de la Asamblea Comunitaria y las formas organizativas que la comunidad determine, sin que se soliciten más requisitos adicionales para el otorgamiento de concesiones o permisos.
10. Simplificar los trámites para el otorgamiento de concesiones y permisos de medios de comunicación indígena y comunitaria en todos los aspectos, y atender a la realidad de sus pueblos.
11. Legislar para que los medios indígenas y comunitarios sean culturales, educativos, sociales y colectivos, que obedezcan a intereses de los propios pueblos sin intervención de partidos políticos, grupos religiosos, del estado, o intereses particulares.
12. El término de las concesiones y permisos otorgados a pueblos y comunidades indígenas debe ser equitativo con respecto a los otorgados a los medios comerciales.
13. Legislar para permitir la comercialización de espacios sin que se afecte la autonomía y finalidad de los medios de comunicación indígena y comunitarios.
14. Se legisle para que los recursos que se reduzcan en las campañas políticas sean destinados al desarrollo de medios de comunicación indígena y comunitarios, asimismo los recursos provenientes del impuesto para el fomento de la producción cinematográfica se utilicen para la producción cinematográfica indígena. Igual uso se le puede dar a los recursos decomisados por el Estado a quienes se dedican a las actividades ilegales.
15. Se legisle para que las contribuciones fiscales de los medios comerciales se utilicen para estimular la comunicación comunitaria e indígena.
16. Específicamente a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados se le solicita establecer un diálogo con el Ejecutivo a fin de detener las represiones a los comunicadores indígenas y comunitarios.

Demandamos al Estado Mexicano:

1. Se lleven a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento inmediato al mandato constitucional establecido en la fracción IX del Apartado B del artículo 2º de la Constitución Federal, relativo a la asignación de presupuestos para el desarrollo de los medios de comunicación indígena, para la actualización tecnológica de los medios indígenas, la capacitación de sus operadores y la formación de cuadros profesionales en los ámbitos universitarios públicos o privados.
2. Se amplíe el plan nacional de radiofrecuencias para que se asignen desde la base territorial preferentemente a las comunidades indígenas que lo soliciten.
3. Que la dirección y operación de los medios indigenistas debe quedar en manos de las comunidades indígenas, con su respectivo presupuesto.
4. Que los medios de comunicación gubernamentales o públicos que tienen cobertura en regiones indígenas sean fortalecidos presupuestalmente para la ampliación de la plantilla laboral a fin de dar mayor oportunidad a comunicadores indígenas, la capacitación permanente, la ampliación de potencia y se garantice dentro de su programación la presencia lingüística y cultural de los pueblos indígenas.
5. Se exige respeto al funcionamiento de las radios y televisión comunitarias que laboran sin el permiso correspondiente y de las radios y televisión comunitarias que han sufrido hostigamiento o represión, en el marco del derecho legítimo de libertad de expresión.
6. Se exige protección al ejercicio profesional de los y las comunicadoras indígenas.
7. Deben establecerse sanciones para los medios de comunicación que denigren o presenten una imagen deformada de los pueblos indígenas, independientemente de que se indemnice al pueblo que sufrió el agravio. El Estado debe tomar acciones inmediatas para castigar estos abusos.
8. El Estado deberá proteger y respetar el acceso a las fuentes de información para los comunicadores indígenas en igualdad de condiciones.
9. Es necesario que los medios públicos y de estado extiendan su cobertura a las comunidades indígenas y se evite la concentración de medios de comunicación en pocas manos.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación no indígenas:

1. Este Congreso juzga inaceptable la pretensión del duopolio televisivo de querer mantener sus privilegios y su dominio sobre el espectro radioeléctrico. Este hecho atenta contra la democracia, el pluralismo informativo y la diversidad cultural.
2. Los medios de comunicación comerciales y culturales como parte de la nación deben reconocer su obligación respetar la naturaleza pluricultural y, por tanto, de presentar esta diversidad de México en toda la programación, de incorporar en su programación producción indígena en horarios de mayor audiencia y se evite incluir publicidad que sea nociva para las comunidades indígenas.
3. Se hace un pronunciamiento enérgico en contra de la discriminación que ejerce el duopolio televisivo al no informar de los acontecimientos de este Congreso.

Planteamos a la sociedad nacional mayoritaria

1. Deseamos el respeto a la diferencia y combate a la desigualdad. Respeto a la profundidad de nuestros principios provenientes de la comunalidad y no de la individualidad occidental mercantilista.
2. Recordamos a México que la deuda con los pueblos indígenas sigue pendiente.
3. Este Congreso designa una Comisión de Seguimiento de los acuerdos y conclusiones alcanzados en este evento, integrado por los siguientes delegados: Benito Hernández González, Uriel Ortiz Aguilar, Eduardo Reyes Ramírez, Franco Gabriel Hernández, Genaro Bautista Gabriel, Rogelio Mercado Damnían, Marisol Berlin, Joaquin Palma, Hector Lorenzo, Angel López Pérez, María del Carmen Aguilar Franco, Virginia Flores Flores, Ernestina Ortiz Peña, Bartola May May, Blanca Luz Campos Carrillo, Mary Nicolasa Coba Cupul. A nivel de cada Estado existirán dos representantes para apoyar el cumplimiento de los compromisos de este Congreso.
México, D.F. a 12 de Septiembre de 2007
Fuente: Regiones Indias, Septiembre 13, 2007, Agencia Internacional de Prensa India (AIPIN)

La protesta contra el gobierno neoliberal de la socialista Michelle Bachelet convocada recientemente por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) mostró las contradicciones del país propagandeado como un modelo triunfante de capitalismo agresivo para el mundo subdesarrollado. En la víspera de lo que terminó en un paro virtual, muchos personajes del poder, como el ministro vocero del gobierno Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente homónimo, se declararon "enemigos" del neoliberalismo, aunque contrarios al llamado de la CUT.
El Partido Socialista, a través de su máximo jefe, el senador Camilo Escalona, también proclamó su apoyo a la "Jornada Nacional de Movilización y Acción Social" convocada por la organización de los trabajadores. El liderazgo de la CUT no llamó abiertamente a un "paro nacional", como insinuaron algunos medios de comunicación, sino que convocó a "diversas acciones de movilización y acción sindical", tales como "atrasos colectivos al trabajo, a realizar cuchareos y viandazos, a organizar actos para dar a conocer nuestras demandas y entonar el Himno Nacional antes de entrar a los hospitales, colegios, reparticiones publicas, fabricas, centros industriales y mineros", todo esto bajo "la consigna; ¡No al neoliberalismo! A conquistar un estado social, democrático y solidario". Los trabajadores que se "atrasaron" para manifestar no asistieron a sus trabajos, en gran parte debido a la feroz represión policial ordenada por Bachelet y su gobierno.
Así como el principal partido de la coalición gobernante, el PS (Partido Socialista), apoyó la protesta contra el gobierno del que forma parte, lo mismo hizo el Partido por la Democracia (PPD), pero la representante del ministerio del Interior en la Región Metropolitana, la intendenta PPD de Santiago Adriana Delpiano, dirigió la represión contra los disidentes que manifestaron en la capital, con un balance de 670 detenidos. "De las tres querellas presentadas por la Intendencia, se logró detención preventiva para uno de los imputados y medidas cautelares para los dos restantes", proclamaba ese órgano gubernamental.

Por Carlos Alberto Ruiz

Tengo la suerte de conocer a Don Petro, a Don Enrique, un curtido y querido campesino que el 29 de julio de 2007 retornó a su finca en Curvaradó, cerca de la frontera con Panamá. Llegó acompañado de decenas de seres que como él guardan un sentimiento de indignación por lo acontecido. Los paramilitares y militares que escoltan la expoliación, le echaron hace años de su territorio, como a miles de familias de comunidades campesinas, negras e indígenas. Ahora está sembrado de palma aceitera por empresas criminales. Allí regresó él otra vez y comenzó a tumbar palma, a recuperar su terruño, y, con ese trozo de lo que era selva, recobró una parte importante de las razones para vivir y morir. De alguna manera su valeroso acto refleja y condensa la historia del país. De un pueblo burlado que toma conciencia de sus lecciones y fuerzas a partir del sufrimiento, que no se queda solamente en el dolor, y que lucha. Nadie mediadamente decente y estudioso en el empeño de buscar la paz justa, puede negar que en el origen del conflicto social, político y armado, se halla el acceso a la tierra, entre otros derechos históricamente negados, y que los sectores dominantes han generado una cultura de violencia e impunidad para arrebatarla a los pobres como fuente primaria en la reproducción de unas relaciones y estructuras de injusticia y servidumbre.

No conozco al otro Sr. Petro, el senador del Polo. Sí lo he visto, muchísimas veces, en la televisión, en los noticieros, en la prensa, y lo he escuchado también protagonizar en la radio. Nadie puede negar su arrojo, como tampoco el valor y la valentía de muchos opositores al régimen de Uribe, que, al contrario de lo que pasa con el senador, no tienen a su alcance los medios de comunicación del sistema. Recuerdo del senador Petro que fue parte de la embajada colombiana en Bruselas, como pasó también con otros integrantes de guerrillas que pactaron su entrega entre 1989 y 1990, y que obtuvieron algunos puestos en delegaciones diplomáticas, como Vera Grave en España, o Bernardo Gutiérrez en Italia, entre otras cosas. Este año, 2007, supe de un debate sobre el paramilitarismo, y que hubo por parte de Petro unas ambiguas propuestas al respecto, como un acuerdo de todos por la verdad que defraudaba expectativas de víctimas de crímenes de lesa humanidad. En estas mismas páginas de rebelión.org, en abril, expuse a propósito: "El debate sobre la para-política, que creímos un libro apenas abierto, de sendos capítulos y anexos, parece que ha tenido con esa escenificación una especie de epílogo, que termina lo que levemente comenzaba a descubrirse, de cara al mundo, que es en gran parte lo que desde hace muchos años las víctimas y organismos de derechos humanos ya testificaban y documentaban sin mayor eco".

Con sentido de oportunidad en la oscuridad de la vocería del Polo, dice Petro en la revista colombiana Cambio (11 de septiembre de 2007): "nosotros decimos que son como el movimiento de Pol Pot en Vietnam, uno de los más criminales y antidemocráticos de la Historia. Decimos que las Farc no son revolucionarias, que no son de izquierda sino de derecha y que son criminales… Por lo que el Polo tiene que luchar es por la profundización de la democracia y no contra Uribe, que es un ciudadano pasajero". Petro propone "desfarquizar" a Colombia, así como formuló, según sus palabras, "desparamilitarizarla". Y remata el senador Petro sobre la candidatura a la alcaldía de Bogotá: "Le aposté a María Emma Mejía y hubiera preferido un gobierno de Carlos Vicente de Roux". Es decir, el político Petro reconoce que apostó por dos personas que, a su modo, contribuyeron a la entronización del paramilitarismo y la impunidad.

Tuve ocasión en este portal de escribir: "Se busca y no se halla por ninguna parte, todavía, declaraciones de contrición, por ejemplo de Carlos Vicente de Roux, nada menos que el Consejero Presidencial de Derechos Humanos de los presidentes Gaviria y Samper, o de María Emma Mejía, Canciller de este último, ambos hoy destacados políticos del Polo. La memoria evoca, desentierra y reconstruye cientos de casos en los que nos correspondió vivir no sólo su desplante, sino el cinismo de sus acciones en el marco de la perversión del sistema de impunidad que los contrataba. Campesinos, sindicalistas, indígenas, activistas sociales, defensores de derechos humanos, que con su digna lucha sobreviven a las consecuencias de ese arrasamiento, no olvidan la infamia del oficio de quienes se emplearon en el encubrimiento de esa política-para".

"Tenemos ante sí los discursos del ex consejero presidencial de Roux o de la ex canciller Mejía, y de varios más, y las terribles exculpaciones que beneficiaron al Estado, en una época de crímenes atroces. El silencio de entonces, cuando no su abierta defensa de una lógica de coartadas y evasivas que supieron transmitir desde sus cargos civiles, debe exhortarnos a invertir el valor moral de aquella máxima: "Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras". Ellos, los que transigieron y agraciaron crímenes desde el Estado, son esclavos de sus silencios. Bertrand Russell se refirió a los "criminalmente ignorantes de las cosas que tienen el deber de saber". Y también que "es imposible mantener la dignidad sin el coraje para examinar esta perversidad y oponerse a ella".

En el mes de mayo de 2007 del mismo modo recordé: "Al respecto hay silencio de los implicados y desconcertantemente un silencio corporativo que ya conocemos. Mirar para otro lado es la realpolitik que amamanta convenientemente a muchos. Al menos Mancuso ha reconocido una importante parte de su responsabilidad. El problema moral está expuesto, indiscutiblemente: quienes mucho menos deben, evidentemente, mucho menos, o nada, han hecho para contribuir a la verdad que les corresponde desvelar. Mejía, de Roux y otros siguen plácidamente sus campañas políticas, sin explicar lo que deberían a las víctimas a las que deben".

Petro está en campaña. No hay duda. Está en su derecho. Como otros también están en el derecho de resistir. Entre ellos los que inermes ante la agresión y la impunidad, después de probar cientos de veces y por muchos años ante instancias del Estado, han tenido que emprender contiendas desiguales, con la memoria en la mano, como la de Don Enrique Petro. En sus ojos y manos trabajadoras está marcado ese grito rebelde que es también el de miles de colombianas y colombianos que se han levantado de diversas formas, legales y extralegales, contra la opresión. Es un derecho humano, y de los pueblos. El senador Petro debería saberlo por su pasado, aunque sea complicado no naufragar atado a los grilletes de mecanismos psicológicos que van de la justificación del arrepentimiento a la defensa de lo instituido y sus beneficios. Pero su labor de político de centro debería estar por encima de su defección, pues le responsabiliza el hecho de haber cautivado a un cierto electorado con un discurso crítico de izquierda, dentro de una coalición que él y otros han rentabilizado, más cuando ésta nace en las humeantes fosas tras el vacío que ha dejado el terrorismo de Estado, luego de la masacre de honestos luchadores populares, después del genocidio político cometido contra la Unión Patriótica y otras organizaciones y sectores alternativos. "Hacer leña del árbol caído", o "comer del muerto", no es ético, senador Petro.

El deslinde que hace con su dignidad y su memoria Don Enrique Petro, el vigoroso campesino, no cayendo en las trampas de una democracia de ficción que le ha estafado, cortando él ahora, con su corazón y su derecho, la palma para agronegocios de los paramilitares, puede conducirle a la muerte. El deslinde que con su tasada memoria hace el senador Petro, puede conducir a otros a la muerte, por el hecho de quedar señalados si no condenan un derecho de los pueblos, como es el de la rebelión, conforme al requerimiento cerril del senador. Ojalá igual ardor hubiera brillado en la exhortación que nunca hubo a María Emma Mejía o a Carlos Vicente de Roux para que hicieran pública retractación por su pasado cómplice.

No cabría decir que al senador Petro le falten bases para nobles ideales, como los que otrora le condujeron a la insurgencia, por los cuales dice lo que dice. Ahora bien, lo que ya hizo el senador Petro, figurando en el enjuto debate sobre el paramilitarismo, comentando lo que por años cientos de personas sin cámaras de televisión y micrófonos al frente ya habían dicho y por lo que pagaron con su vida y derechos, no debería pasar de nuevo con un tema, la regulación de la guerra y su realidad en Colombia . Una ardua temática en la que él debe participar, por supuesto, como uno más, con plena facultad, pero en la que no es honorable lograr provecho personal para su escalada verbal y política. Tal materia, de vital importancia, no puede pasar a ser patrimonio electoral o botín de una guerra para servirse individualmente. Petro, el aspirante, sabe que esta cuestión reporta muchísimos votos. Sobre ella trepó el pasajero Uribe. No obstante, es cierto que existe una demanda moral que no puede aplazarse más. A ella han contribuido miles de personas de todo el mundo, comenzando por los y las que perseveran al lado del pueblo colombiano, que no debe sufrir más; la gente que comprende cómo la rebelión nace de la necesidad de límites a la injusticia, y por eso aboga por límites a la rebelión cuando ésta en la práctica puede arruinar valores éticos y políticos. Luego lo que Petro reivindica no es nuevo, ni es más claro porque él lo vocifere. Está hace tiempo en el horizonte, también desde cuando Bolívar en 1820 firmó un tratado de regulación de la guerra libertadora que no le arrodilló. Hace más de una década el ELN y las FARC miraban hacia allí.

Expuse acá en un artículo en junio pasado: "en otro tiempo el FMLN de El Salvador, entre otras insurgencias, dio a conocer unas normas propias, sobre sus métodos, medios y fines del combate a un sistema oprobioso. Las FARC deben sin más demora hacer explícito y público, en tanto resorte de una eticidad , el conjunto de reglas básicas que asumen, comenzando por las suyas, que le comprometen de plano y sobre las que puede establecerse un mínimo juicio. No debería contribuir a la barbarie que el negacionismo de Uribe resguarda, ni aumentar la distorsión de la realidad , ya suficientemente desfigurada por palabras como las arrojadas por el Senador Petro, del Polo Democrático, quien, con otros de su agrupación, ya no sólo condena la disensión armada, sino que se ha referido a las FARC una y otra vez como "los khemeres rojos de Camboya bajo el régimen de Pol Pot", señalando que esta organización alzada en armas vive un proceso de polpotización. Ese no es, o no puede ser, el relato y el testimonio de la rebeldía , cuya lucidez nace de los límites infranqueables , sin menoscabar con ello el derecho y la libertad de luchar, pese al cerco y a la derrota. Las FARC no pueden mirar más para otro lado, ni calcar el cinismo de su enemigo, pues como organización que se dice revolucionaria no puede ser más indolente ni causar más daño indiscriminadamente, a ciudadanos comunes, no poderosos, mientras en un país, de hambre y a la venta, los corruptos y asesinos se pasean en plena libertad para sus negocios".

El movimiento de progresistas y de quienes se respeten como revolucionarios y revolucionarias, dentro y fuera de Colombia, dentro y fuera del Polo, quienes bregan por genuinas alternativas, por una solución fundamentada en cambios para la justicia, no pueden contemplar cándidamente el hurto o la transferencia al teatrillo de la política de gangas, de un propósito tan definitivo, crucial y urgente. La bandera de la humanización que explica la rebeldía, y que incluye perentoriamente la humanización de la confrontación armada, debe ser alzada y defendida honradamente también por los que no se resignan ante el régimen de ignominia que hoy encarnan Uribe y otros ciudadanos pasajeros. Más allá de evitar caer en una encerrona vergonzosa, debe asumirse en serio este campo, para la propuesta y la acción coherente y estratégica, que dignificaría y proyectaría a quienes buscan seguir batallando por transformaciones auténticas, o al menos por condiciones para resistir. Un ejemplo lo tenemos en Don Enrique Petro, hoy solo y en el silencio de una finca con palmas por tumbar, que una vez se sonrió de nuestra ironía cuando le preguntamos si pensaba que Colombia era una democracia.
* Carlos Alberto Ruiz es jurista, ex asesor de la Comisión Gubernamental para la Humanización del Conflicto, Colombia

El FBI ni el gobierno de EEUU han formulado cargos contra Osama Bin Laden por el episodio del 11 de septiembre de 2001 y, curiosamente, el mítico personaje tampoco aparece entre los 10 criminales más buscados por esa agencia de EEUU. Y el propio FBI admite no tener evidencia suficiente como para incluir a Bin Laden en su póster y mucho menos como para que el Departamento de Justicia lo acuse ante un gran jurado en conexión con la destrucción de las torres de Nueva York.

O sea, Bin Laden es el "rostro" de la tragedia neoyorquina del 11 de septiembre pero el FBI no lo busca y alega no tener evidencia para incriminarlo. Entonces, ¿Y alguna vez existió este personaje? Está es una de las muchas noticias sensacionales de los últimos dos años que nunca ha sido publicada por los grandes medios de prensa de EEUU, pero aparece entre los grandes temas más ocultados al ciudadano estadounidense develados este año por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California, que acaba de lanzar su informe 2008 con el ranking anual de las 25 noticias verdaderamente importantes pero a la vez más censuradas en Estados Unidos durante 2006 y 2007. "Los grandes medios corporativos de este país fallaron en darle la cobertura y el tratamiento adecuado a cada una de las historias", afirmaron Tricia Boreta, Peter Phillips, Kate Sims y Andrew Roth, del equipo Censored 2008.

Las noticias más censuradas por la gran prensa estadounidenses son investigadas durante un año en los medios alternativos de Internet, radioemisoras, pequeñas estaciones de televisión, publicaciones de papel y numerosos otros medios. En esta tarea participa un equipo de docentes y académicos de la Universidad Sonoma State que selecciona cerca de un millar de temas que finalmente son filtrados y reducidos a "25 historias más censuradas".

"La censura en EEUU raramente es directa o abierta, sino más bien es el resultado de la incapacidad de las grandes corporaciones informativas para tratar una amplia gama de acontecimientos y temas verdaderamente serios que los ciudadanos estadounidenses deberían conocer, dijeron los animadores del proyecto. "Sin una cobertura de noticias que se extienda más allá del estrecho círculo de la elite de las estructuras del poder y de las políticas dirigidas por los medios corporativos, continuarán manteniéndose ocultas las maquinaciones del poder y cada vez se nos marginara más de las tareas democráticas básicas para la toma de decisiones políticas, económicas y sociales", añadieron.

Según los autores, "la erosión sistemática de los derechos humanos y de las libertades civiles en EEUU, y en el mundo, es un tema recurrente en las historias censuradas de nuestro informe 2008. La continua consolidación en las entidades gubernamentales públicas de una burocracia subordinada al lucro privado resulta no menor que la disminución de las libertades personales de todos los ciudadanos. La avaricia corporativa enclavijada en las políticas gubernamentales del poder es una fábrica de fascismo".

El estudio Project Censored que comenzó hace más de 30 años y actualmente está a cargo del sociólogo Peter Phillips, intenta llenar el vacío que deja la autocensura de la gran prensa. "La gente de EEUU cree en la Primera Enmienda", dijeron sus autores. "A pesar de tener nuestras vidas siempre ocupadas, deseamos estar informados sobre las decisiones más serias adoptadas por el poder político. Deseamos ser verdaderamente incluidos como participantes en la toma democrática de decisiones y aspiramos a tener la capacidad de sostener a nuestros líderes responsables –especialmente cuando actúan aparentemente en nuestro nombre pero contrariando lo esencial de nuestros principios democráticos"

Para Peter Phillips y sus colaboradores, "solamente la resistencia democrática de la ciudadanía puede revertir este proceso en desarrollo". El Project Censored llama a "fortalecer a los medios autónomos [porque] resulta esencial para la resistencia democrática contra el poder desenfrenado. Apoyando a medios independientes, luchando por una Internet libre, exigiendo gobierno transparente y participación en la toma de decisiones y manteniendo nuestros valores básicos del debido proceso y de los derechos humanos, podremos mantenernos erguidos con nuestros vecinos, amigos y comunidades para construir un mañana mejor". Los autores llamaron a compartir estas historias con otras personas y manténgase informado y activo.

Fuente : La Jornada.mx

San José, 13 de septiembre. - Acusado de utilizar recursos públicos para apoyar la campaña que impulsa la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América Central en el referendo del próximo 7 de octubre, el vicepresidente de Costa Rica y ministro de Planificación, Kevin Casas, dejó hoy temporalmente su cargo para dar paso a una investigación administrativa interna que determine si incurrió en actos ilegales.
Hombre de confianza del presidente Óscar Arias Sánchez, Kevin Casas accedió a dejar el cargo de ministro de Planificación mientras el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realiza las pesquisas en su contra.
Casas y un diputado del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Fernando Sánchez, fueron denunciados por haber enviado al mandatario un memorando en el que hacían una serie de sugerencias para impulsar la campaña en favor del Sí a un acuerdo que se negoció entre los años 2003 y 2004, pero cuya ratificación depende de la consulta popular de octubre.
En el texto de un correo electrónico supuestamente confidencial, pero publicado por la prensa local, Casas y Sánchez proponían al también Premio Nobel de la Paz emprender una campaña de intimidación a la población en la que destacara que Cuba, Venezuela y Nicaragua están detrás de la campaña del No, que se ha pronunciado por poner en marcha políticas de comercio justo.

También recomendaban al presidente que amenazara a los alcaldes con restringirles fondos para sus administraciones en caso de que no apoyara el Sí.
El acuerdo mercantil es conocido comúnmente por las siglas en inglés de Central America Free trade Agreement (Cafta) e incluye a República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; éste último es el único país que no ha ratificado el documento.
Mediante el Cafta, Estados Unidos hizo permanente la liberación de impuestos para la importación de mercancías de los estados firmantes, establecida en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe de 1983, pero en contrapartida el tratado impuso nuevas bases para la legislación laboral, de propiedad intelectual y medioambiental.

La convocatoria al referendo fue consecuencia de una serie de reclamos y manifestaciones de protesta de la oposición, que acusa al gobierno de haber cedido ante planteamientos neoliberales.
El Cafta fue negociado durante la administración del antecesor de Arias, Abel Pacheco (2002-2006), militante del partido Unión Social Cristiana. Sin embargo, el gobierno de Arias defiende su aprobación y eventual ratificación, a pesar del rechazo de un ala del PLN, que tradicionalmente ha revindicado principios socialdemócratas.
El debate sobre el referendo también ha sido la causa de agrios debates en la Asamblea Legislativa, donde las bancadas de los partidos llevan una semana sumidos en ataques y contrataques.

Antes de que se desataran las acusaciones contra Casas y Sánchez, las encuestas anticipaban que 56 por ciento de los dos millones 600 mil ciudadanos registrados para votar darían su consentimiento a la ratificación del Cafta. En la oposición se hallaba 36 por ciento de los votantes, con el resto en una posición neutra o indecisa.
"Es posible que esta campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerables entre la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios", señalaron los autores del memorando enviado al presidente y a su hermano Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.En su defensa, el ministro de la Presidencia dijo que "ni el mandatario ni yo hemos tomado en cuenta esas recomendaciones (y) como hemos hechos público, no coincidimos con ellos".

Desde hace varias semanas viene creciendo la actividad sindical entre los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. Las asambleas, paros y movilizaciones iniciadas por algunos docentes a principios de agosto fueron seguidos rápidamente por conflictos en la salud, judiciales y en la Administración Central. Los nudos del conflicto son el aumento salarial y el intento del Ejecutivo de extender la jornada laboral en varias dependencias. En el ministerio de Economía la asamblea de trabajadores denuncia que detrás del proyecto de creación de una Agencia de recaudación autárquica "se esconde un intento de privatización de los impuestos". Ayer se realizó una importante marcha en La Plata, convocada mayoritariamente por las asociaciones sindicales de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). La movilización fue la culminación de un paro que afectó prácticamente todas las áreas de la administración provincial.

Desde los primeros días de agosto, los docentes de algunas seccionales de SUTEBA, uno de los principales gremios de base de la CTA, se encuentran con asambleas y medidas de fuerza, que de a poco se han generalizado en toda la provincia. En la convocatoria de ayer, el paro alcanzó al conjunto del Frente Gremial Docente, integrado por SUTEBA junto a la FEB, UDA y AMET, y contó con una adhesión casi total. También fue importante la participación de maestros y profesores en la marcha, que terminó en un acto frente a la Casa de Gobierno provincial en el que participaron unos 5000 trabajadores. Entre los asistentes estuvieron los obreros de MAFISSA S.A. una de las plantas fabriles más grandes de la región, que previo a la concentración general movilizaron al Ministerio de Trabajo junto a los obreros del Astilleros Río Santiago, empresa que sigue siendo estatal luego de importantes luchas contra la privatización durante los ’90.

También los trabajadores de la Administración Central se hicieron presentes en la marcha a plaza San Martín, frente a la Gobernación, después de de dos semanas donde comenzaron a realizarse asambleas en varios ministerios y oficinas públicas. Además de la reivindicación salarial, el conflicto en el sector tiene que ver con la intención del Gobierno de extender la jornada de 30 a 40 hs. semanales, en algunos ministerios, y a 48 hs. en el caso de los porteros de escuela. El ministerio de Economía es uno de los primeros lugares donde se arroja este "globo de ensayo", según denuncian los estatales que integran el Movimiento Intersindical Clasista en un volante también distribuido en la jornada. "Todos los días corremos detrás de los aumentos de precios. Y encima ahora, por la cara, quieren bajarnos el sueldo y aumentarnos la horas, haciéndole el trabajo sucio al futuro gobierno -también ‘progresista’, claro- de Daniel Scioli. Empiezan por Educación y Economía pero quieren seguir por todas las dependencias", señala este agrupamiento donde hay trabajadores de Salud, Educación, Producción, Economía, Derechos Humanos, Desarrollo Social, entre otras dependencias estatales y privadas.

En el ministerio de Economía la asamblea de trabajadores y la Junta interna de ATE rechazan el pase a las 40 hs., que empezó con promesas de un aumento salarial importante, blanqueo de sueldo y el anuncio de que sería optativo, pero una vez que la mayoría de los empleados abandonó el régimen de 30 horas comenzaron las presiones sobre los pocos que optaron por quedarse. "Yo hace diez años que trabajo acá y nunca viví este nivel de violencia", comenta una delegada de ATE que sufrió importantes presiones en estos últimos días. No sólo porque la alcanzó el "recorte" que dispusieron las autoridades sobre los que no se pasaron, sino que además hicieron circular el rumor de que "ahora vamos por ella". Esta situación de aprietes se materializó en amenazas y descuentos practicados sobre las URPEs, uno de los complementos salariales con que el propio Estado "negrea" a sus empleados.

Los delegados también señalan que el proyecto de creación de una Agencia provincial recaudadora, con autarquía administrativa y presupuestaria, impulsado por el Subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Montoya, "trae gato encerrado". "Montoya, que fue asesor de Cavallo en la Fundación Mediterranea y hasta su jefe de campaña a jefe de gobierno de la Capital en el año 2000, está detrás de la autarquía, como antes de la tercerización y antes de la privatización. Van cambiando los nombres pero el objetivo es el mismo, cobrarle impuestos al pequeño contribuyente y no a las grandes empresas". En una visita a una asamblea de trabajadores del ministerio de la Producción, los trabajadores de Economía también explicaron que Montoya "fue denunciado penalmente ante la U.F.I. 8 por ser responsable de dejar prescribir deliberadamente deudas impositivas de grandes grupos económicos, ocasionando al Fisco Provincial la pérdida de $ 130.000.000".

Además de ATE y el Frente Gremial Docente, en el día de ayer también pararon los profesionales de la salud agremiados en CICOP, la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos y la Asociación Judicial Bonaerense. Todos los trabajadores reclaman una actualización salarial, ante los incrementos de precios que licúan el poder adquisitivo de sus ingresos, y también "una convocatoria urgente a paritarias para todos los sectores que aún no han sido convocados, para negociar los convenios colectivos de trabajo correspondientes".
Entre las novedades más significativas surgidas desde el palco, el titular de ATE provincia, Hugo Godoy, anunció un paro de los estatales de todo el país para el miércoles 3 de octubre, apuntando también al presidente Néstor Kirchner y al gobernador y candidato oficialista Daniel Scioli entre los responsables "de atender las justas demandas de todos los trabajadores y el pueblo bonaerense".

Buenos Aires, 13 de septiembre. El premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, recordó hoy que la Iglesia católica argentina nunca respondió a sus reclamos de ayuda para hallar a desaparecidos de la pasada dictadura y señaló que en un encuentro con Juan Pablo II, cuando fue a exponerle estas situaciones, el Papa le aconsejó que se ocupara de "los chicos de los países comunistas".
Pérez Esquivel se presentó hoy como testigo en el juicio oral donde se juzga al ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, durante la pasada dictadura militar, el sacerdote Christian von Wernich, acusado de secuestros, torturas y participación en ejecuciones e interrogatorios.

Sobrevivientes, familiares y sacerdotes han testimoniado ante los jueces de la causa en relatos escalofriantes sobre la actuación del religioso, confesor de uno de los militares más duros, el fallecido general Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se jactaba de haber asesinado a algunos miles de "subversivos".
También recordó que cuando era titular del Servicio Paz y Justicia de Argentina, en varias oportunidades trató de interesar a la Iglesia católica con informes y datos para que ayudara a buscar a los desaparecidos, pero nunca pudo lograr nada.

En 1984 llevó a Juan Pablo II el listado de 84 niños desaparecidos en Argentina y otros casos de víctimas y fue entonces que recibió la respuesta de que "se ocupara" de los "chicos" de los países comunistas.
Karol Wojtyla estuvo muy frío y no dio un sólo paso para ayudarlo. Tampoco logró hacerse escuchar por el nuncio apostólico Pío Laghi, quien secamente le dijo que él no podía hacer nada más de lo que estaban haciendo los obispos argentinos
En su relato mencionó el testimonio que dio en una entrevista con este periódico hace dos años sobre su detención en 1977, cuando en mayo de ese año fue "trasladado" y lo llevaron a un aeropuerto de San Justo, periferia de Buenos Aires, donde lo subieron a un avión pequeño, lo encadenaron y lo llevaron rodeado por militares a sobrevolar el Río de la Plata y afluentes del mismo –incluyendo parte de la costa uruguaya–, y cree que salvó la vida por una llamada que recibieron sus captores.

El premio Nobel de la Paz había sufrido también torturas y se consideró un "sobreviviente" de los "vuelos de la muerte".
En su testimonio rescató las figuras de los obispos Miguel Hesaynes y Jorge Novak, así como de sacerdotes que fueron víctimas de la dictadura. Precisamente Pérez Esquivel fue muy amigo de Enrique Angelelli, prelado de La Rioja, asesinado en esa provincia cuando denunciaba la muerte de dos sacerdotes de su obispado.
El juicio dio hoy un importante giro cuando fueron detenidos tres ex funcionarios de la dictadura, Roberto Durrieu, Alberto Rodríguez Varela y Jaime Smart, que debían declarar ante los jueces.

Pero los querellantes en la causa del secuestro, detención y torturas de Jacobo Timmerman, quien fuera director del diario La Opinión, uno de los más importantes y renovadores periódicos del país en los años 70, habían solicitado la detención de estos tres hombres vinculados con esos hechos.
También se ordenó la detención del cura Pedro Traveset, párroco de Trenque Launquen, por falso testimonio y "reticencias" en sus declaraciones, después de haber sido careado con el testigo Héctor Rossi.
Éste declaró ante los jueces que Traveset le había relatado que Von Wernich le dijo que dejara de buscar a un detenido porque había fallecido. Se trataba de Eduardo Lugones, un estudiante de medicina.
Muchos analistas se preguntan hasta cuándo seguirá en silencio la cúpula de la Iglesia en el caso Von Wernich y otros similares, que incluyen los asesinatos de sacerdotes, monjas y hasta de un obispo.

Enviado por Entorno.cu
De Rebelión.org

La Unión Europea ha dicho que las elecciones de Guatemala, donde han sido asesinadas 46 personas durante la campaña electoral, entre candidatos, militantes y familiares de políticos, son un "ejemplo magnífico" para toda Latinoamérica. Eso sin contar los 2.857 asesinatos en el primer semestre de 2007, en su mayoría con armas de fuego, según datos oficiales.

Sin embargo, "la Unión Europea felicita al pueblo de Guatemala por unas elecciones marcadas por la alta participación y la manera pacífica y ordenada en que los ciudadanos acudieron a las urnas", dijo el jefe de la misión, Wolfgang Kreissl-Dorfler, quien añadió que los comicios son un "ejemplo magnífico" para toda Latinoamérica, según recogía el corresponsal de El País.
"Estoy positivamente sorprendido con este proceso tan excelente en Guatemala" dijo Kreissl-Dörfler a la agencia AFP.
En términos similares se recoge en Prensa Latina: "Destacó Kreissl-Dorfler que la jornada del 9 de septiembre se desarrolló en un ambiente de calma y fiesta cívica, sólo empañada tras el cierre de las urnas por algunos incidentes localizados en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Alta Verapaz".

Fuente : La Jornada.mx

Nueva York, 13 de septiembre. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy por abrumadora mayoría la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece el derecho a la autodeterminación, al control de sus tierras y recursos naturales, y a la preservación de la cultura y tradiciones de esas comunidades.
La declaración fue adoptada por 143 de los 192 países representados en el organismo, 11 abstenciones y con la decidida oposición de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que pusieron reparos especialmente en lo que se refiere a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos, pues consideraron que son "demasiadas amplias y confusas" en sus interpretaciones.

El texto establece el derecho a la autodeterminación de los indígenas, incluyendo el "derecho a la autonomía o autogobierno en los temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como caminos y formas para financiar sus funciones autónomas".
"Cada individuo indígena tiene derecho a la nacionalidad", dice la declaración, calificada por Estados Unidos de "defectuosa", pero que amparará a unos 370 millones de personas en el mundo luego de una negociación de 20 años.
Indígenas de todo el mundo, particularmente en países en vías de desarrollo, han venido denunciando malos tratos, violaciones de los derechos humanos y pérdida de libertades personales, así como de sus tierras y recursos en sus propios territorios.
En este contexto, la declaración asienta que los territorios donde viven los indígenas no pueden ser utilizados con fines militares ni, como era frecuente en el pasado, para el depósito de residuos tóxicos, principalmente en los países desarrollados.

Con 20 años de retraso, la Asamblea General aprobó este documento que beneficia a 370 millones de personas. Se reconoce el derecho a la tierra, los recursos naturales y la autodeterminación. Tras 20 años de discusiones, y con el voto afirmativo de 143 estados, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta normativa va a beneficiar a 370 millones de personas que pertenecen a este grupo étnico en todo el orbe.

La Declaración consta de 46 artículos y establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones y la autodeterminación.
También reconoce derechos individuales y colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo. Al respecto, uno de los puntos más importantes es el referente al apego de los indios a la tierra, por lo que varios artículos mencionan el derecho a disponer de ellas para todo uso. El texto fue adoptado con 143 votos a favor, 4 en contra -Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia - y 11 abstenciones.

Uno de las recomendaciones que la ONU realiza a los Estados es que aseguren el reconocimiento y la protección jurídica de las tierras, territorios y recursos y que no procedan a ningún traslado "sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa".
El texto también hace hincapié en la importancia de la educación bilingüe y alude a la implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores, en particular.
La Declaración no es jurídicamente vinculante, pero representa un instrumento dinámico en las normas internacionales, que ayudaría a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación.

El Secretario General de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, recibió con entusiasmo la adopción de la declaración, a la que se refirió como un triunfo para todas las comunidades indígenas del mundo. En un comunicado, afirmó que se trata de un momento histórico en el que los miembros de la ONU y los pueblos indígenas se reconciliaron con sus dolorosas historias y demostraron su disposición de avanzar juntos por el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos.
Más adelante, el titular de la ONU urgió a los gobiernos y la sociedad civil a integrar de inmediato a sus agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas, a la vez que instó a elaborar políticas y programas a todos los niveles para garantizar que la Declaración de los Pueblos Indígenas se convierta en una realidad.

Consideradas entre las comunidades más vulnerables de todo el mundo, los indígenas han batallado para conseguir la aprobación del texto, que recibió en junio de 2006 el visto bueno del Consejo de Derechos Humanos.
El documento fue promovido por países donde la población indígena tiene una importante presencia, como México, Guatemala y Perú.
Durante el curso de los debates en la sede de la ONU en Nueva York, prominentes líderes indígenas de varios países destacaron la importancia de protección ante el avance de transnacionales madereras y otras que arrasan con los recursos que les pertenecen.

El análisis de los casos no estuvo exento de polémica, puesto que durante las sesiones de votación caso por caso, la indecisión de un ministro dejaba las cosas empatadas. Incluso hubo un acuerdo preliminar el pasado lunes que negaba la extradición, pero al otro día se llegó al consenso de que Fujimori deberá enfrentar la justicia peruana.
Los casos por los que sería extraditado correspondería a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, mientras que el de corrupción sería el soborno a parlamentarios peruanos por parte de Vladimiro Montesinos. Los demás cuadernos de extradición fueron rechazados y los argumentos serán dados a conocer caso por caso en las 150 páginas que tendrá el fallo.
Según el expediente, el grupo Colina, liderado por Montesinos, mató a 15 personas en la región de Barrios Altos y detuvo en la Universidad de la Cantuta a un profesor y nueve estudiantes, que fueron torturados y asesinados.
En principio la resolución se iba a dar a conocer ayer jueves, pero un magistrado se opuso con el argumento que quería estar seguro que su voto disidente estuviera bien redactado. Finalmente se acordó como fecha tope el próximo jueves, debido a que todos los ministros querían leerlo antes de estampar su firma.
La Sala Penal está integrada, además de Ballesteros y Segura, por Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch, y Alberto Chaigneau.

A pocos días de que la Corte Suprema de Justicia de Chile emita sentencia sobre el proceso de extradición de Alberto Fujimori Fujimori, el Poder Ejecutivo acaba de publicar la resolución por la cual accede al pedido de extradición formulado por el 2° Juzgado Penal Supraprovincial de Lima en el caso de la matanza de Castro Castro.
(ver resolución : http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/setiembre/13/resolucion.pdf )

En noviembre del año pasado el 2° Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió proceso penal contra Alberto Fujimori por el homicidio calificado cometido contra 41 internos del penal "Miguel Castro Castro", hecho perpetrado en mayo de 1992 en el curso del operativo denominado "Mudanza I". En ese proceso, el juzgado ha dictado mandato de detención internacional contra el ahora inquilino de la hacienda Chuquireo.

También sobre este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de noviembre de 2006, emitió sentencia en el "caso Castro Castro", declarando la responsabilidad del Estado peruano en la violación de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial el derecho a la vida de los internos ejecutados sumariamente. La Corte Interamericana también declaró que "el Estado debe, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables…".

La Corte Suprema del Perú aprobó la solicitud de extradición el 22 de mayo de este año y el 11 de junio la Comisión Oficial de Extradiciones propone acceder al pedido. Desde esos días la solicitud ha estado pacientemente esperando ser "agendada" en el Consejo de Ministros. Sólo el justo y oportuno reclamo público del encargado de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad Hoc, Omar Chehade, logró que el asunto sea desempolvado y se haya terminado dándole el trámite que corresponde.

Era evidente que la exigencia de Chehade no era otra cosa que el reclamo ante la incomprensible actitud del Ejecutivo peruano de demorar la solicitud de extradición en un caso bien armado, con pruebas contundentes que demuestran directamente la responsabilidad de Fujimori y, además, con una sentencia de la Corte Interamericana, en un momento en el que la decisión de la Suprema chilena es incierta. Curiosamente, tenemos un Presidente que, en la hora nona, declara que la suprema chilena "la hace larga", pero que por más de 3 meses evitó tomar una decisión sobre la nueva extradición.

Probablemente el cargamontón que Chehade se ganó de parte de Jorge Del Castillo, la Ministra de Justicia María Zavala, el Ministro de la Producción Rey y de Moisés Tambini, Jefe de los procuradores públicos; se deba a que pareciera que Chehade puso al descubierto un asunto que el Ejecutivo estaba "administrando políticamente". Hubiese sido muy interesante que la mitad de esos ímpetus desplegados contra el abogado de la Procuraduría, esos mismos personajes los hubiesen utilizado para exigir la extradición de Fujimori, pero parece que eso sería mucho pedir. Ciertamente han logrado acallar a Chehade, pero por lo menos no han podido seguir mantenido encarpetada la solicitud de extradición por la matanza de Castro Castro.

Esta nueva solicitud de extradición puede terminar jugando un papel decisivo en la suerte del extraditable en los tribunales chilenos. No solamente en el caso de que la Suprema chilena confirmara en todos sus extremos la sentencia de Orlando Álvarez que rechazó todos los casos sometidos a la extradición, ya que en esas circunstancias una nueva solicitud de extradición por un grave crimen contra los derechos humanos iniciaría un nuevo proceso de extradición y, de seguro, una nueva orden de detención (por lo menos domiciliaria) contra el extraditable.

En el caso de que la Suprema chilena conceda la extradición sólo por los casos de violaciones a los derechos humanos, una nueva solicitud abonará la tesis de que la participación del extraditable en esos casos responde a un patrón sistemático.
En este momento resulta esencial que esta nueva solicitud de extradición, el Poder Ejecutivo la haga llegar a Santiago antes que la Corte Suprema chilena dicte sentencia.

El 31 de agosto del año en curso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Peruano adoptar medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de los pobladores de La Oroya quienes vienen siendo afectados por la contaminación y los altos niveles de plomo que se encuentran en la atmósfera de la zona (web.servindi.org/archivo/2007/2532).
Asimismo, se solicitó al Estado peruano la realización de un diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación y atender con tratamientos médicos especializados a cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable (web.servindi.org/archivo/2007/2532).
Esta decisión surgió a partir de una denuncia planteada el 21 de noviembre del 2005 por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice (Justicia de la Tierra).

Debe recordarse que el problema de contaminación en La Oroya es de larga data y se debe a que esta es una zona de gran actividad minera. Conviene recordar que en esta provincia existe un complejo metalúrgico creado en 1922 por la empresa estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation y posee tres circuitos metalúrgicos: el de cobre que opera desde 1922; el de plomo que opera desde 1928; y el de zinc que opera desde 1952. En 1974, el gobierno de Velasco nacionalizó a la empresa y esta pasó a llamarse CENTROMIN Perú, funcionó hasta 1997. A partir de esta última fecha, la empresa norteamericana Doe Run Company adquirió el Complejo Metalúrgico.

De manera concreta, la minería en esta zona del país ha traído diversas consecuencias adversas para los pobladores de La Oroya, debido a que el complejo minero utiliza grandes hornos que generan la emanación de gases que contienen principalmente óxido de azufre, plomo, arsénico y cadmio, de efectos elevadamente tóxicos como el deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; daños en el sistema reproductivo y en el ciclo de desarrollo de las personas, así como en sus órganos vitales (La República, 06/09/07).

Igualmente, ya desde 1999, el Estado peruano conoce que casi la totalidad de los niños que habitan en los alrededores del complejo sufren de intoxicación con plomo. Asimismo, según un estudio gubernamental del año 2005, ha revelado que el 99% de los niños y niñas evaluados tienen niveles de plomo en sangre por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y las normas peruanas.

Al respecto, el Estado peruano no ha tomado ninguna medida que solucione estos problemas vulnerando así normas de derecho nacional e internacional que le imponen obligaciones mínimas para proteger la vida, la integridad y la salud de los pobladores de La Oroya. Y es que en esta zona del país, que debe ser declarada "Zona de Alerta" no cuenta con un programa de diagnóstico y asistencia médica adecuada, tampoco existen programas nutricionales para asegurar que los niños y niñas reciban alimentación que les impida absorber el plomo que se encuentra en el ambiente, o adecuado control de la emisión de gases del complejo y un programa de descontaminación de la zona, entre otras cosas.

Asimismo, conviene recordar que el Estado Peruano también ha desacatado una sentencia del Tribunal Constitucional en la que: "Exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente de La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes." (Exp. Nº 2002-2006-AC/TC. Punto resolutivo Nº 6).

A partir de todo lo mencionado, es obvio que el Estado peruano ha caído en una omisión grave frente a los ciudadanos de esta zona del Perú, en tanto sus derechos básicos se han visto y son vulnerados diariamente con la inacción e indiferencia estatal frente a la contaminación.
La ciudadanía exige que se tomen cartas en el asunto y que el Estado peruano acate lo señalado por la CIDH, esperemos que éste no sea un caso más que pase a las filas de la lista de los procesos pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno afirma que no procede la consulta popular de este domingo en Majaz porque, entre otras razones, todavía no se conocen los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que determina si la puesta en marcha del proyecto Majaz de Monterrico Metals contamina, o no, el medio ambiente. Formalmente hablando, esto es correcto, porque la empresa aún no lo ha presentado.

Pero es cierto también que el 12 de abril de este año, en Londres, la minera china Zijin declaró que "su oferta para la compra de Monterrico Metals era incondicional y que había recibido la aceptación de venta de los tenedores de 23 ´649,509 acciones, lo que representa el 89.9% del total de acciones" (web.monterrico.co.uk). Por la compra de ese paquete accionario, Zijin pagó US$ 172 millones.

¿A alguien se le ocurre pensar que una empresa va a comprar, así no más, una mina que tiene conflictos sociales desde el 2002, que ya han cobrado la vida de dos personas? ¿Es lógico pensar que esta es una compra "como cualquier otra" cuando la propia Defensora del Pueblo ha dicho claramente que "las comunidades denunciaron que estaban ingresando a su territorio inversiones sin autorización. La empresa Monterrico no contaba con los permisos" (Beatriz Merino, El Comercio, 9/9/07).

Claro que no, pues no son incautos ni inexpertos. Si no, veamos lo que dijo Andrew Bristow, gerente de Minera Majaz: "Destacó que en esta semana el presidente Alan García, con ocasión de la visita, el 30 de marzo, de una delegación china (presidida por Li Chang Chun, miembro del Buró Político del PC chino) expresara el objetivo del gobierno de convertirse en el primer socio económico del gran país asiático. Coincidentemente, Bristow anunció que el día de ayer (12 abril) el Consorcio Chino ya logró la aceptación de su oferta por más de 50% de los acciones de Monterrico Metals, la matriz de Minera Majaz" (El Regional, Piura, 13/4/2007).

Más claro ni el agua. Lo que Bristow dice es que Majaz "va de todas maneras" y que por eso Zijin le compra Majaz a Monterrico, aunque él destaque, de manera graciosa, que hubo "coincidencias" el 12 de abril. Y es lógico que Bristow esté feliz, ya que los antiguos accionistas de Monterrico Metals van a recibir una buena cantidad de dinero por la venta de sus acciones, varias veces superior a lo que invirtieron.

Un breve paréntesis. Los vendedores de Monterrico han realizado una ganancia de capital por la que deben pagar, en el Perú, el impuesto a la renta correspondiente, tal como sucedió en julio del 2006 con los accionistas de BHP Billiton cuando vendieron Tintaya a la suiza XStrata y la SUNAT recaudó S/. 390 millones. Sin embargo, hasta ahora la SUNAT no informa sobre el pago del impuesto a la ganancia de capital por parte de los ex propietarios de Monterrico Metals.

Tan seguros están los nuevos dueños que "Majaz va", que acaban de anunciar, el 5 de setiembre, la venta del 10% de las acciones a la coreana LS Nikko, por un valor de 9.73 millones de libras esterlinas (US$ 19.7 millones). Zijin ya está ganando, porque compró las acciones a 3.50 libras cada una y le ha vendido a LS Nikko a 3.70 libras cada acción (web.monterricometals.co.uk). Además, en agosto, ProInversión suscribió un convenio de estabilidad jurídica con la Minera Majaz (ver ¿Por qué ponerse otra vez la misma camisa de fuerza?, web.cristaldemira.com, 8/8/07).

¿Por qué lo suscribe si no hay EIA? Otrosí: ¿para qué seguir suscribiendo esos recusados convenios?

El gobierno dice que como aún no sale el EIA, todavía no se sabe si Majaz sale o no sale. Pero el entusiasmo empresarial de Zijin nos dice lo contrario y explica el comportamiento del gobierno: la decisión ya está tomada y Majaz va de todas maneras. Sin embargo, como dice The Economist en reciente informe, "la compra de Zijin podría convertirse en una equivocación muy costosa" (4/6/07).

Fuente : La Jornada.mx

En México, el maíz debe quedar fuera por completo de la producción de biocombustibles, ya que no es posible que mientras el país tiene carencia de este grano y se especula con su precio, ya se estén instalando empresas para fabricar etanol con este producto.
Primero se tiene que garantizar el abasto y los precios de los básicos a los mexicanos, antes de utilizarlos para producir energéticos, señalaron en conferencia de prensa conjunta representantes de Greenpeace, la Fundación Heinrich Boll; la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC); Oxfam y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Coincidieron en que el veto presidencial a la iniciativa de ley de promoción y desarrollo de bioenergéticos es positivo, ya que el Congreso debe promover una legislación que no afecte la soberanía alimentaria y que contribuya a mitigar el cambio climático.
Iván Polanco, de la ANEC, planteó que el Congreso y el Ejecutivo deben garantizar que la nueva ley deje fuera al maíz de la producción de biocombustibles y deben asegurar además que la nueva legislación sea coherente con una estrategia nacional de soberanía y seguridad alimentaria, ya que de no hacer esto "se corre el riesgo de hambrunas y desorden en el suministro de alimentos".

México, dijo, ya de por sí importa 30 por ciento de todo el maíz que consume y 40 por ciento de todos los granos básico. La crisis del grano que se registró demostró las consecuencias que traería un desabasto del producto.
A su vez, Jorge Villarreal, de la Fundación Heinrich Boll, planteó que la normativa deberá reformular la ley de bioenergía, sobre todo porque la mejor estrategia de transición energética y mitigación del cambio climático es la "diversificación de la generación de energía".

En nombre de Greenpeace, Gustavo Ampugnani sostuvo que los efectos del cambio climático ya le pegan al país social y económicamente, con los grandes fenómenos meteorológicos ocurridos en territorio nacional y que han afectado la vida y la economía de los pobladores, por lo que urge la aplicación de medidas que contrarresten esta situación.
Del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Katya Pérez planteó que no se puede considerar a los biocombustibles como la única solución, ya que hay muchas otras formas de energía alternas que no afectarían tanto y que no han sido explotadas.

Lic. Felipe Calderón Lic. Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la República Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza,
Procurador General de la República
Dr. José Luís Soberanes Fernández Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Presidente de la CNDH Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Presidente de la Junta de Coordinación de Diputados
Política de la Cámara Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI), el Comité cerezo, La Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Comité Cerezo, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con el respaldo de las organizaciones que abajo suscriben, con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com solicita su intervención urgente ante los hostigamientos a familiares de Edmundo REYES AMAYA y Gabriel CRUZ SANCHEZ desaparecido desde el 25 de mayo del 2007en el Estado de Oaxaca.

Hoy, 13 de septiembre de 2007 a las 11: 50 horas a.m. se presentaron en la tienda de abarrotes de la Sra. Lucina MALDONADO CASTELLANOS (esposa del Sr. Edmundo REYES AMAYA) dos personas del sexo masculino, uno de ellos alto de aproximadamente 40 años, moreno claro y cabello corto lacio, y otro de aproximadamente 1.55 de estatura de complexión gruesa, de aproximadamente 35 años, vestía pantalón negro, chamarra negra y camisa amarilla, cabello corto lacio. Este último se dirigió hacia la Sra. Lucina y le pidió un refresco y unos chicles, mientras su acompañante permaneció a atrás de el. En el momento de que la Sra. Lucina se agachó para buscar los chicles y se levantó para entregárselos esta persona le tomó una fotografía con su teléfono celular. Ante esta situación la Sra. Lucina lo cuestionó y le pidió explicaciones del por qué de la foto, a lo que este contestó que no era cierto antes de retirarse de inmediato caminando a prisa junto con su acompañante. Cabe resaltar que la Sra. Lucina refirió que ya había visto a estas dos personas en otras ocasiones ya que estuvieron observando su actividad en su negocio.

Familia de Gabriel Alberto CRUZ SANCHEZ:

El 28 de agosto del presente, entre las 12:00 y 12:30 horas, se presentaron al centro del trabajo de uno de sus hermanos, personas se identificaron como Irineo CASTELLANOS JIMENEZ e Ignacio BAUTISTA SEBASTIAN, identificándose como agentes de la PGR diciendo que estaban investigando en relación al EPR antes de iniciar un interrogatorio preguntando por Margarita, Patricia, y otro hermano. Le preguntaron si conocía a Gabriel Alberto y Tiburcio, a lo cual contesto que eran sus hermanos y que tenía mucho tiempo sin verlos que no sabía nada de ellos. Utilizando un tono acusador los agentes afirmaron que era parte de la célula del EPR, grupo que se estaba organizando para liberar a Gabriel, lo que la familia denuncia como calumnia. Cabe destacar que esta situación provoco alarma dentro del centro del trabajo donde trabaja, causando actos de molestia a quienes se encontraban en dicho lugar.

El 10 de septiembre de 2007, aproximadamente ente las 14: 00 y 14:30 horas, se presentaron al centro de trabajo de Margarita CRUZ SANCHEZ tres sujetos que se identificaron como agentes de la PGR, uno de ellos mostró una identificación con nombre de Irineo JIMENEZ CASTELLANOS. Esta persona entró al centro de trabajo casi gritando diciendo que eran de la PGR por lo cual los clientes presentes se asustaron y salieron corriendo del lugar. Los sujetos preguntaron por Patricia CRUZ SANCHEZ así como por Margarita CRUZ SANCHEZ y al no encontrarlas los agentes se fueron sin dar explicación alguna de su visita.

Desde la Limeddh destacamos que los hechos anteriormente mencionados son de alta gravedad, ya que lejos de dar con el paradero de las personas desaparecidas, las autoridades investigadoras sin fundamento legal alguno están causando actos de molestia, hostigamiento e intimidación a las familias de Edmundo REYES AMAYA y Gabriel Alberto CRUZ SANCHEZ:
Estos hechos parecían corresponder a actos propiciados por las autoridades con el fin de generar sentimientos de terror a los familiares de los desaparecidos los cuales están buscando sus seres queridos con el objetivo de provocar un grave estado de tensión psicológica que puede llegar a la inhibición del libre ejercicio de la búsqueda. Los efectos psicosociales de tales estrategias en las familias están teniendo repercusiones importantes fomentando el terror.

La Limeddh, recuerde que debe de respetarse en todo momento el derecho de los familiares a luchar por su búsqueda y que se les respete de acuerdo a asegurar la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre defensores de los de Derechos Humanos, adoptada por la por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona"...individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar ...la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legitimo de los derechos mencionados en la presente Declaración 8art. 12.2) y por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.

Por todo lo anterior, la Limeddh solicita:

i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica de los familiares de los desaparecidos Edmundo REYES AMAYA y Gabriel Alberto CRUZ SANCHEZ.
ii. Que inmediatamente cesen todo tipo de actos de hostigamiento en contra de los familiares de Edmundo REYES AMAYA y Gabriel Alberto CRUZ SANCHEZ.
iii. Que se informe oficialmente de las acciones tomadas hacia los detenidos(as) por parte de las autoridades.
iv. Que la CNDH, con base en sus atribuciones y facultades, actúe en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos que trascienden el ámbito del estado de Oaxaca y son de interés nacional e internacional.
v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por México.

ATENTAMENTE
LIMEDDH
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente
Yésica Sánchez Maya; Presidenta filial Oaxaca

Por Max Castro

Uno de ellos pronunció el discurso que posibilitó la guerra de Irak. El otro rindió el testimonio que hace probable su continuación indefinida.
Invocar el honor de los generales, evocar el miedo: son trucos que la administración Bush ha utilizado antes.
Powell y Petraeus son hombres de integridad, buenos soldados. Por eso una administración que nunca tuvo mucha credibilidad en cuanto a Irak, y que ahora no tiene casi ninguna, los ha proyectado como armas políticas.
Por qué Powell y Petraeus, a pesar de sus cualidades personales, ayudaron a George W. Bush a justificar su desastrosa guerra, es una cuestión que merece un análisis más profundo del que es posible llevar a cabo aquí. Pero lo cierto es que lo hicieron, y al hacerlo, se involucraron en la telaraña de mentiras y manipulación de este gobierno.

Ahora sabemos, que el caso a favor de la guerra contra Irak, que el general Colin Powell (cuando era Secretario de Estado) presentara ante las Naciones Unidas se basaba en información falsa. Era un engaño completo.
¿Tiene más credibilidad el argumento a favor de continuar la guerra que ahora presenta ante el Congreso el general David Petraeus, el comandante máximo de las tropas estadounidenses en Irak?
Hay todas las razones para dudarlo, ya que múltiples estudios oficiales y extra-oficiales, informes de inteligencia, reportajes periodísticos, y las opiniones de los mismos iraquíes no coinciden con el escenario optimista que dibuja el general.

Sin pretender hacer una historia detallada del actuar de la CIA durante sus 60 años de existencia, lo cual sería muy extenso, en el presente artículo he querido reflejar brevemente algunas de las principales acciones en que la Agencia se ha visto involucrada. Hemos dedicado un poco más de espacio a las acciones ejecutadas contra Cuba por haber sido nuestro país uno de sus objetivos más importantes durante 48 años, por razones obvias.
El 18 de septiembre de 1947 el Congreso de Estados Unidos aprobó La Ley de Seguridad Nacional mediante la cual se constituyó el Consejo de Seguridad Nacional. En el Titulo 1, Sección 102 de la Ley de Seguridad Nacional se autorizó la creación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Los antecedentes de la CIA se encuentran en la famosa Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) que bajo la dirección de William Donovan inició sus actividades en Junio de 1942. Esta Oficina no tenía bien definidas sus tareas ni los mecanismos de control sobre la actividad de la misma, realizaba cualquier actividad que le fuera orientada, entre las que se encontraban asesinatos, secuestros, acciones encubiertas, violación de leyes, sabotajes, operaciones comando, ingerencia en los asuntos internos de otros países y toda una serie de acciones en las que las otras agencias de inteligencia estadounidenses no querían inmiscuirse por considerarlo "trabajo sucio" de inteligencia.

La OSS, además de realizar las operaciones especiales en que estaba involucrada con sus Agentes y Oficiales, creó un importante Departamento de Inteligencia y Análisis en el que además del procesamiento de la información obtenida, se elaboraron medidas activas (propaganda negra) y la desinformación que se trasladaba a los países del eje Roma-Berlín-Tokío.
La obtención de información también se realizaba por medios electrónicos mediante una red de estaciones de la que la más importante estaba situada en Coonawarra, en Australia. En total la OSS contaba con 13 estaciones para interceptar mensajes, principalmente cifrados.

Para poder utilizar al máximo las posibilidades de la ingeniería de tejidos deberán, previamente, llevarse a cabo pruebas con animales, agregó.
La doctora Carolina Gargett, de la Monash University de Australia, describe como logró identificar a estas "células madre mesenquimatosas" (CSM) a partir de la mucosa del útero con la ayuda de una máquina seleccionadora de células.
Sólo 1.5 por ciento de las células del endómetro tienen los marcadores (CD146 y PDGF-Rß) de las células madre CSM.
La investigación se efectuó con tejidos procedentes de mujeres de edades comprendidas entre los 31 y los 49 años que habían sido sometidas a una histerectomía, o extirpación del útero.

COLOMBIA - VENEZUELA

Inviable

Tal comentario fue hecho este domingo durante su programa radial "Aló Presidente", durante el cual informó haber recibido una carta de "Tirofijo" en la que aducía problemas de salud para trasladarse a Venezuela.
"Si el gobierno de Colombia lo aprueba, si Uribe lo considera conveniente, estoy dispuesto a irme a lo profundo de la selva a conversar con Marulanda", manifestó Chávez.
Pero este lunes, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, sostuvo que Bogotá no ha recibido ninguna solicitud al respecto y que el gobierno de Uribe "no considera viable una eventual propuesta en ese sentido".
En un comunicado, Restrepo recordó que hace cinco días visitó a Chávez en Caracas y en esa oportunidad "se reiteró el apoyo del gobierno colombiano a un encuentro del presidente Chávez con un delegado de las FARC en territorio venezolano".

Inédita propuesta

En su conversación con la BBC, este miércoles, la senadora Piedad Córdoba dijo que nunca antes se había manejado la posibilidad de que Chávez se trasladara a Colombia para una reunión de esta naturaleza.
"No se ha llegado a ningún acercamiento personal para verificar cuáles pueden ser las condiciones en que se encuentra el acuerdo humanitario y la posibilidad de una reunión con miembros del comando de las FARC", manifestó la legisladora.
Hizo también un llamado a la cautela cuando se analicen las posibilidades de encuentros de este tipo, toda vez que hay "personas interesadas en hacer fracasar este proceso".
Por otra parte consideró que hay coincidencias en que Chávez es "tal vez la única persona que puede lograr el acuerdo humanitario por la influencia que tiene entre las partes".
"No porque el presidente Chávez tenga una relación con las FARC, sino porque hay coincidencias en términos de la concepción política sobre lo que deben ser los países de América Latina", aclaró.

Apoyo francés

La legisladora reflexionó en la importancia que tiene también la relación económica entre Venezuela y Colombia para el papel mediador de Chávez.
"Hay intereses muy serios, por ejemplo, en el gasoducto que pasaría por Colombia", dijo, para agregar seguidamente:
"Y la importancia de que el presidente Uribe, siendo en este momento el presidente de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), pues el reingreso del presidente Chávez, le daría una dinámica diferente a la comunidad andina".
La senadora Córdoba consideró además que la participación de Chávez en el proceso de negociación de este acuerdo humanitario es muy bien vista por la mayoría de la población colombiana.
Sus declaraciones coincidieron también con otro gran respaldo para el mandatario venezolano, esta vez del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.
Un comunicado de la Cancillería en Caracas, informó que el mandatario francés "ratificó su apoyo al papel que el presidente Chávez está cumpliendo para el intercambio humanitario en Colombia".
Las negociaciones tienden a que las FARC entrega a 45 rehenes en su poder, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses.
A cambio de esto, el gobierno de Álvaro Uribe se comprometería a liberar a unos 500 miembros del grupo guerrillero detenidos en prisiones colombianas.

Enviado por IPS

Bogotá, 30 agos - El gerente de una empresa colombiana con fuertes intereses en Venezuela apostó un almuerzo con algunos miembros de su junta directiva a que el presidente Hugo Chávez no resistiría el paro petrolero de fines de 2002. "Si Chávez no cae, usted nos invitará a un almuerzo por cada mes que permanezca en el poder", respondieron sus colegas.
Desde entonces, se reúnen mensualmente a almorzar y conversar sobre los grandes negocios que han logrado en el vecino país durante la "era Chávez".
Los dos países han consolidado su intercambio comercial pese a diferencias limítrofes de otras épocas, a la más reciente alteración social en las fronteras y a las pertenencias políticas disímiles de sus actuales gobiernos.
Su eje económico se mantiene en pie y en crecimiento desde 1969, cuando Colombia y Venezuela encabezaron la firma del Pacto Andino de Naciones, también suscripto por Chile, Ecuador y Perú en la norteña ciudad colombiana de Cartagena.
Ahora, los mandatarios Chávez, de Venezuela, y Álvaro Uribe, de Colombia, se encuentran no sólo para dialogar sobre el esperado canje humanitario de rehenes en manos de la guerrilla colombiana por insurgentes presos, conforme a la mediación ofrecida por el venezolano.
Se trata también de afianzar el intercambio comercial entre los dos países, que se espera llegue a 3.000 millones de dólares al final de este año.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Guillermo Plata, subrayó horas antes del encuentro de este viernes entre los dos mandatarios que Bogotá, "respetuoso de las decisiones políticas de Venezuela con relación a otras naciones andinas, planteará un acuerdo bilateral, si es el caso por fuera de la Comunidad Andina de Naciones", de la que Caracas se retiró en abril de 2006.
Al margen de las obras de construcción del Gasoducto Colombo Venezolano desde la península colombiana de la Guajira hasta la zona venezolana de Maracaibo, iniciadas en julio de 2006, Uribe entregará un portafolio instructivo a su homólogo Chávez sobre el proyecto de venta de cinco centrales hidroeléctricas regionales, tres de ellas en áreas cercanas a la frontera, Norte de Santander, Santander y Boyacá, en el norte del país, y dos más en Cundinamarca y Meta, en el centro.

Empresarios colombianos consideran fundamental revivir negocios planteados tiempo atrás para hacer sociedades productivas a lo largo de la frontera común, de 2.219 kilómetros. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolano considera necesario que se convoque cuanto antes a la Comisión Binacional de Fronteras en asuntos económicos.
En los últimos seis años, empresarios de este país han constituido sociedades con sus pares venezolanos con recursos de capitalización otorgados por el Banco Colombiano de Comercio Exterior, que pasaron de 200 millones de dólares a 400 millones de dólares al año.
María Elena Ojeda, integrante del comité directivo de la Corporación Colombiana de Pequeña y Mediana Empresa, subrayó que así se han conformado empresas en confecciones, manufacturas, cuero, calzado, repuestos eléctricos y partes de automóviles con participación de mano de obra de los dos países.

Otro acuerdo pendiente corresponde a la promoción simultánea en oferta hotelera y turística con intensificación de vuelos de compañías aéreas de Colombia y Venezuela, para impulsar distintos destinos de interés de los dos países.
El enlace social de los residentes en la frontera, la más extensa de Colombia con sus vecinos, y el vínculo histórico de integración comercial y cultural superan los eventuales distanciamientos de estilos y políticas entre Chávez y Uribe, quienes ahora buscan revivir la mesa de negocios de los que esperan resultados tangibles no pocos productores y consumidores de dos países afines.
* Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá).

Asimismo, señaló que paralelamente se ha venido reduciendo el nivel de falla en el abastecimiento de algunos productos alimenticios como la carne, sobre lo cual dijo que "ya hemos resuelto casi totalmente el asunto con la importación del producto de otros países como Argentina y Brasil".
En ese sentido, resaltó que el Gobierno nacional ha realizado un gran esfuerzo, con inversiones y otorgamiento de créditos a productores venezolanos, para resolver la situación de desabastecimiento.
Además, señaló que el ministerio que tiene a su cargo "protege a la seguridad alimentaria de la población venezolana de cualquier agresión interna y externa, siguiendo lineamientos dictados por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías".
De igual manera, sostuvo que a nivel internacional está cambiando el ambiente, debido a unas variables de las cuales ha advertido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), como el problema climático y la utilización de rubros alimenticios para la producción de combustibles.
Al respecto señaló que "estas variables han ocasionado que los niveles de reserva de algunos alimentos a nivel mundial se han reducido drásticamente".

Caracas - Estudiantes universitarios, gobernadores regionales y un pequeño grupo parlamentario, junto a los disminuidos partidos tradicionales, convergen en Venezuela en la incipiente lucha contra la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez.
El proyecto de cambio de la Constitución ya produjo la primera fractura en la Asamblea Nacional, donde sus 167 miembros pertenecen a partidos de gobierno o afines debido a que la oposición se negó a participar en las elecciones de renovación de ese Congreso legislativo unicameral en 2005.

Los nueve representantes de la agrupación Podemos son los que se negaron esta semana a votar el texto presentado durante la segunda de las tres lecturas, que se completarán en octubre.
"Estamos en presencia de la deserción de un nuevo grupo y eso debe alegrar a los revolucionarios, porque no necesitamos gente de doble cara", respondió Chávez 24 horas después del voto adverso de Podemos. "Se les cayó la máscara. Fariseos", agregó.
"Son revolucionarios de pacotilla, o revolucionarios de otoño, que de revolucionarios no tienen …y no digo más nada", volvió a la carga el mandatario. "Es más, ya están en la contrarrevolución y son contrarrevolucionarios", añadió.

Ricardo Gutiérrez, diputado de Podemos, dijo a IPS que no están "rompiendo con el presidente, sino reafirmando principios y convicciones". "Somos revolucionarios, socialistas, venimos de una larga lucha y estábamos en ella antes de que llegase Chávez y aquí continuaremos", apuntó.
Podemos es una escisión del Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por ex comunistas en 1971, concretada en 2001 para mantener el apoyo a Chávez que el resto del partido le negó.
También este grupo respaldó al presidente durante la crisis política de 2002, que incluyó el frustrado golpe de Estado, sí como en el referendo que ratificó su mandato en 2004 y en las elecciones del año pasado.
En esos comicios, Chávez fue reelegido con 7,3 millones de votos, de los cuales Podemos aportó 760.00, mientras que el mayoritario Movimiento V República recogió 4,8 millones.

Cuando este año el mandatario dispuso disolver el MVR para conformar un Partidos Socialista Unificado, emigraron a la nueva formación nueve de los 18 diputados que tenía hasta entonces Podemos.
La agrupación ahora disidente con la propuesta reformista adhirió a la Internacional Socialista y sus portavoces insisten en defender "un socialismo democrático, no autoritario". Empero, evaden enfrentar a Chávez, "pues no somos enemigos ni adversarios del presidente, aunque tampoco formamos parte de un coro obligado a aplaudir y decirle sí a todo lo que diga", remarcó Gutiérrez.

En tanto, en vísperas del año lectivo venezolano que va de octubre a julio, comienzan a reagruparse los estudiantes universitarios que marcharon por millares en mayo y junio para protestar por la no renovación de la licencia a la popular estación de televisión privada Radio Caracas TV.
A semejanza de la Asamblea Nacional, las federaciones de universitarios crearon un "parlamento estudiantil", con 167 representantes de las distintas regiones del país.
El parlamento juvenil "aprobó un plan de asambleas en medio centenar de campus y en plazas de las principales ciudades del país para debatir sobre la reforma constitucional con el comienzo de las clases ", dijo a IPS Stalin González, presidente de la Federación de Estudiantes de la caraqueña Universidad Central, la principal del país.
"Vamos a discutir cómo enfrentar esta reforma. Creo que toda la oposición debe unirse, en la abstención o en la concurrencia a las urnas para decir que no, pero la unidad es prioridad", opinó González. Agregó que, "si el estudiantado lo decide, volveremos a tomar las calles, para marchar por la democracia".

Entre las modificaciones a la Constitución propuestas por Chávez, en el gobierno desde 1999, están la extensión de seis a siete años del mandato presidencial, la posibilidad de reelección continuada para este cargo y la recomposición del mapa político-administrativo del país, creando distritos y territorios especiales.
También se propone en el texto que el Ejecutivo nacional designe y remueva vicepresidentes regionales que sobrepasarían el poder de los gobernadores y alcaldes, que dirija las políticas del Banco Central, cuya autonomía actual queda expresamente suprimida, y se reserva la facultad de ascender y designar a los oficiales militares en todos sus rangos, cargos y grados.

Las Fuerzas Armadas tradicionales se acompañarán con milicias populares y en paralelo se establece como núcleo de la sociedad a la comuna, formada por comunidades de residentes y que se expresarán políticamente a través de Consejos Comunales, no electos sino activados desde grupos sociales.
Los consejos comunales y los de trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas y de otros sectores sociales establecerán un llamado Poder Popular, como sexto poder del Estado socialista, que ya tiene Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral.
Las disposiciones más populares son las propuestas de reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y la de establecer una seguridad social que permita acceder a pensiones y otros beneficios a los trabajadores por cuenta propia.

La reforma deberá someterse a un referendo ciudadano, posiblemente en diciembre.
Una encuesta de la firma Datos, realizada entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, señaló que 43,3 por ciento de los consultados apoyan la reforma constitucional y 34,9 por ciento está en desacuerdo.
La reelección presidencial indefinida es apoyada por 47,3 por ciento de los entrevistados, mientras que 49,3 por ciento está en desacuerdo. Si el referendo sobre la reforma se celebrase ya, 40,6 por ciento declara votar por su aprobación, 22,5 por ciento en contra y 24 por ciento se abstiene, según Datos.
"El país democrático se está reuniendo, angustiado por lo que se nos viene encima", dijo Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática (AD), mientras conmemoraba modestamente el 13 de este mes, en un salón de regiones en el residencial este de Caracas, el cumpleaños número 66 de su partido socialdemócrata.

Desde 1947 a 1997, AD fue el principal partido político venezolano y durante casi 40 años se repartió el poder con el socialcristiano Copei. Ambas organizaciones están hoy muy disminuidas, aunque siguen convocando a la oposición contra Chávez. Ramos pidió "salir a la calle para detener a este megalómano autoritario", como lo calificó.
Por su parte, Manuel Rosales retó al parlamento a que organice "un debate entre el oficialismo y la oposición sobre esta reforma, llevado a todo el país en cadena nacional de radio y televisión".
Este líder político es gobernador del petrolero y occidental estado de Zulia, y fue el principal rival de Chávez en las últimas elecciones presidenciales de 2006, cuando consiguió 4,3 millones de votos.

Enviado por IPS

Por Tito Drago

Madrid, sept - La expulsión de cuatro reconocidos folcloristas de Venezuela al intentar ingresar a Islas Canarias despertó duras reacciones en esta comunidad, donde se recordó que ese país sudamericano acogió a decenas de miles de connacionales cuando España sufría la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Los integrantes de Ensamble Gurrufío arribaron el sábado 9 al aeropuerto canario de Tenerife para actuar en el XXIX Festival Sabandeño, pero nada más bajar del avión fueron detenidos y tres horas después embarcados de regreso a Caracas.
Carmen Delia Leal, responsable de las actividades del Centro de la Cultura Popular Canaria, que organizó el concierto, dijo este lunes a IPS que presentarán una demanda exigiendo al gobierno español que presente sus disculpas e indemnice al Centro y al grupo musical expulsado.

El festival fue patrocinado por el gobierno de Canarias, el cabildo (gobierno local) de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna. Pero a los músicos les prohibió la entrada la policía nacional destacada en el aeropuerto, dependiente del gobierno de España, que aún no ha hecho ningún comentario ni tomado ninguna medida al respecto.
Leal señaló también que los cuatro músicos llegaron a territorio español cumpliendo cabalmente con la legislación, pues traían consigo la invitación formal para participar en el concierto, la reserva de hotel y el billete de regreso cerrado para el día siguiente, o sea que sólo tenían pensado pasar una noche en Tenerife, que era la de su actuación.

La ley vigente, aprobada el 10 de mayo, establece que los extranjeros "que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado" deben presentar a la policía en el aeropuerto un impreso con sus datos y que garantice todos sus gastos de alojamiento.
El agente que los interceptó en el aeropuerto consideró inválido el documento de invitación suscripto por Los Sabandeños argumentando que "podría haber sido redactado por cualquiera", ya que dijo desconocer a los firmantes.
El grupo Los Sabandeños fue creado en 1966, es considerado el más importante defensor y difusor de la música folclórica canaria y desde hace 21 años viene invitando a grupos musicales y cantantes de todos los países latinoamericanos.

Uno de sus fundadores, Juan Díaz, que estaba en el aeropuerto esperando al Ensamble Gurrufío, intentó solucionar el problema sin lograrlo. Los venezolanos, señaló, "fueron tratados como delincuentes sin darnos ninguna oportunidad de parar este insólito y lamentable episodio".
Leal adicionó que no sólo los visitantes cumplieron con las normas, sino que hubo "una flagrante violación de la ley" por parte de la policía, que tuvo detenidos a los viajeros sin ponerles un abogado de oficio ni consultar al consulado venezolano existente en Tenerife.
"Y fíjese si en el consulado tienen información si hasta el cónsul es padrino de uno de los integrantes de Ensamble Gurrufío", precisó.

La subdelegación del gobierno español en esa localidad manifestó que los cuatro músicos deberían haber presentado un visado de trabajo, pero que sólo traían uno como turistas, según informaciones de la radio Cadena Ser.
Además, Leal recordó que durante años Venezuela recibió a miles y miles de españoles y en especial a canarios, que se embarcaban en navíos que hacían escala en esas islas, ubicadas frente a las costas noroccidentales de África, en sus viajes de Europa a América.
"Es inconcebible que ahora se rechace a cuatro músicos que venían a interpretar un concierto, dormir una noche en Tenerife y regresar al día siguiente a su país", concluyó.

Así como Los Sabandeños constituyen un hito en España, lo mismo ocurre con Ensamble Gurrufío en Venezuela, donde nació en 1984, produciendo una obra diversa y muy apreciada, definida como "una propuesta estética y escénica abierta a lo espontáneo, en la que sobresale el virtuosismo de sus integrantes".
En 1984, cuando lo crearon, Cristóbal Soto, Luis Julio Toro y Asdrúbal "Cheo" Hurtado, le pusieron el nombre de Gurrufío Chamber Ensemble. Un año después se incorporó Jesús González, aunque éste poco tiempo después se retiró. Posteriormente se sumaron David Peña y Juan Ernesto Laya.
En la actualidad el grupo está conformado por Hurtado en cuatro, Peña en contrabajo, Laya en maracas y Toro, en flauta.
Desde 1991 realiza giras internacionales por Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña y España, entre otros países.
De su discografía cabe destacar "Maroa" (1993), "El Cruzao" (1994), "El Trabadedos" (1996), "Cosas del ayer" (1998), "En Vivo" (1998), "Gurrufío y Orquesta" (1999), "Serenata con Gurrufío" (2001), "Sesiones con Moisés Torrealba" (2002), "El reto" (2005) y el "Riqui riqui riqui ran", grabado en 2006 en formato disco-libro infantil y agotado en su primera edición en menos de un mes.

El gobierno regional de las islas Canarias, una coalición de orientación nacionalista de esa comunidad pero que cuenta en su interior con ex comunistas y también con centroderechistas, se pronunció este lunes públicamente lamentando los hechos y pidiendo a Madrid explicaciones por lo sucedido.
Juan Díaz recordó que gran parte del desarrollo de Canarias se debe a las remesas de los inmigrantes españoles en Venezuela "en la época que en España se pasaba mucha hambre".
Y concluyó manifestando su convicción de que se debe presentar disculpas a los músicos rechazados "y rectificar el error cometido".
Una actitud de ese tipo espera también Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna, dispuesta a co-patrocinar otra invitación para que Ensamble Gurrufío vuelva a actuar en la isla.

Fuente : ABI

Cochabamba - "Quiero decirles con mucha dignidad, fuerza y valentía a las transnacionales que si siguen utilizando a dirigentes ya sean sindicales o cívicos para oponerse a los cambios y evitar cumplir sus compromisos, que tienen su tiempo limitado en el país", declaró la noche de este jueves el presidente Evo Morales.
La dura posición presidencial fue expresada durante la Sesión de Honor del Concejo Municipal por el 197 aniversario del grito libertario de Cochabamba, ocurrido el 14 de septiembre de 1810.

El Jefe de Estado hizo esa advertencia ante el "chantaje" de algunas transnacionales que presumiblemente mueven con dinero a algunos sectores para oponerse a los cambios y eludir sus compromisos.
Explicó que en el marco del proceso de la nacionalización de hidrocarburos todavía hay negociaciones que se están realizando, pero, hay chantajes de algunas transnacionales que con dinero mueven a algunos dirigentes y organizaciones cívicas para que se opongan a la concreción de los proyectos a favor del país.

El Mandatario boliviano, de manera enfática, dijo que como "Bolivia, por más que sea un país pobre, tiene la obligación de hacer respetar las normas y su dignidad", señaló.
Morales dijo que algunas autoridades le pidieron la concreción del gasoducto Carrasco-Cochabamba y aunque no estuvo muy de acuerdo, porque hubiera preferido que sea YPFB la compañía que tenga a su cargo el tendido del nuevo ducto, tiene la obligación de atender esa demanda.
Aclaró que sobre ese tema, las negociaciones están encaminadas y hay garantizados 89,9 millones de dólares de inversión para transportar 130 millones de pies cúbicos por día.
"A veces es difícil entendernos con las transnacionales que quieren invertir, pero si tuviéramos disponibles 89,9 millones de dólares, qué mejor que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ingrese en la construcción de este gasoducto", insistió.

PALABRA CUMPLIDA

El presidente Morales recordó que lo que prometieron durante la campaña electoral de fines del 2005, como Gobierno se está cumpliendo, es decir, por ejemplo, se nacionalizaron los hidrocarburos y se recuperaron las refinerías para el Estado.
En ese contexto, recordó que durante el Gobierno de Acción Democrática Nacionalista (ADN) se enajenaron las refinerías a cambio de un crédito de 35 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con ese dinero se pagaron sueldos y el aguinaldo a los burócratas del Estado en 2001 durante la administración de Jorge Tuto Quiroga.

Dijo que la recuperación de las refinerías fue por decisión del pueblo boliviano que antes se movilizó para hacer aprobar la modificación a la ley de hidrocarburos de Gonzalo Sánchez de Lozada.
"No querían aprobar las modificaciones a esta ley y tuvimos que asumir medidas de presión. Recuerdo que eso me costó una satanización de Carlos Mesa (ex presidente) que en 25 minutos, 23 veces repitió el nombre de Evo Morales haciéndome aparecer como enemigo de Bolivia", expresó.
Agregó que la movilización de las organizaciones sociales posibilitó modificar la ley petrolera, luego la nacionalización y la recuperación de las refinerías sin que Bolivia se preste dinero de nadie.

Respecto a las refinerías, Morales Ayma mencionó que cuando estaban en manos de Petrobras la carga fresca el 2007 --antes que estén en manos del Estado-- refinaban 22.800 barriles por día, sin embargo, en dos meses de haber pasado a manos del país se refinan 25.400 barriles por día, es decir, una diferencia de 2.600 barriles.
Sobre la inversión realizada, explicó que hasta el 2006 se había invertido tan sólo 6.908.000 dólares para mantenimiento de la refinería Gualberto Villarroel.
Tomando en cuenta esa realidad, el Mandatario explicó que hay recursos totalmente garantizados que se va a invertir desde este año hasta el 2011 un total de 30.801.000 dólares para que esta refinería (Gualberto Villarroel) llegue a producir 42 mil barriles por día. Es dinero del Estado", expresó.

Molina aseguró que en es inconcebible que la única salida directa al océano Atlántico haya sido privatizada y denunció que existe el riesgo de que cuando el Gobierno inicie la construcción del moderno puerto, aparezcan "los dueños" de esta región.
"Al parecer la soberanía del Estado fue loteada entre los privados, porque no hay posibilidades de instalar un puerto de las características que requiere el Mutún porque alguien dirá que es suya", apuntó el asesor.
Señaló que no se entiende que la conflagración del Chaco, haya servido sólo para dar tierras privadas a una docena de personas.

Incluso insinuó que alguna potencia extranjera se encuentre detrás de ese proceso de privatización de un territorio vital y estratégico para el desarrollo del país.
Según el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se tiene destinado un presupuesto de 150 millones de dólares para impulsar la construcción de un moderno puerto y así potenciar el desarrollo del sureste del país.
Los municipios de Quijarro y Puerto Suárez, junto a sus respectivos cantones, no cuentan con todas las condiciones para afrontar el desafío de alojar a una empresa siderúrgica, una termoeléctrica, un puerto (Puerto Busch) y una industria ecoturística.
La Empresa Siderúrgica del Mutún y Jindal Steel Bolivia S.A. firmaron el convenio para explotar la mitad del yacimiento del Mutún durante 40 años, con una inversión de 2.100 millones de dólares en los primeros ocho años. Se calcula que el Estado recibirá 200 millones de dólares anuales a partir del 2011.

El próximo 7 de octubre se realizará en Costa Rica un referéndum vinculante para que la población decida si se aprueba o no el Tratado de Libre Comercio (CAFTA por sus siglas en inglés) con EE.UU.
En el resto de países centroamericanos el tratado ya entró en vigencia y sólo en Costa Rica una acérrima oposición ha impedido que éste se apruebe.
Esta es la primera vez que la nación centroamericana empleará el mecanismo del referéndum y será sobre un espinoso tratado que fue cuestionado desde sus primeras rondas de negociación, lo cual ha polarizado a la sociedad costarricense.

SI o NO

El bloque que apoya el CAFTA está compuesto, principalmente, por la oligarquía tradicional –de la cual forma parte el gobierno presidido por Oscar Arias Sánchez-, sectores agroexportadores, industrias maquileras y empresarios vinculados con transnacionales.
Mientras que el grupo opositor está integrado por campesinos, educadores, organizaciones sociales, sindicatos, sectores estudiantiles, docentes y administrativos de las cuatro universidades públicas y grupos indígenas, entre otros.

Otro sector costarricense parece desconocer o dudar sobre las ventajas que pregonan los del "sí" o los males que auguran los del "no" sobre el complejo TLC, siglas que lleva meses rechinando en los oídos costarricenses.
En la Asamblea Legislativa, una alianza de cuatro partidos conforma una mayoría mecánica de 38 diputados que apoyan el CAFTA.
Este bloque ha modificado reglamentos legislativos, impuesto resoluciones y realizado negociaciones dudosas para acelerar el trámite del CAFTA y de las trece leyes de implementación que acompañan sus miles de folios.

La agenda de implementación también es controversial porque estaría rompiendo los monopolios estatales de seguros y telecomunicaciones. Además de que Costa Rica suscribiría convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), entre otras medidas irritables.
Sin embargo, dichos proyectos en este momento están varados en el plenario del Congreso y en comisiones, a la espera de conocer el resultado del referéndum que será decisivo para que continúen en la corriente legislativa o que pasen a archivarse. Aunque el gobierno está empeñado en continuar su discusión, aun cuando la población decidiera abortar el tratado.

Cabe destacar que de la alianza que promueve el CAFTA (tanto el partido del gobierno, Liberación Nacional, como Unidad Social Cristiana) sufren un desgaste político a raíz de varios casos de corrupción que han salido a la luz pública en la última década con acusaciones y encarcelamientos de ex presidentes de dicha nación, como el sonado caso de Miguel Ángel Rodríguez que en el 2004 tuvo que renunciar a la secretaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentarse ante la justicia costarricense.
Por otro lado, se oponen en el congreso tres partidos que suman 19 diputados que han insistido en la denuncia constante de irregularidades en el trámite del tratado, así como las consecuencias económicas y sociales que éste podría facturar en caso de aprobarse.

CAMPAÑA Y DESINFORMACIÓN

Durante estos meses el presidente Arias ha asumido una fuerte campaña a favor del "sí al TLC" con un tono populachero.
El mandatario ha asegurado en diferentes medios y actividades públicas que de no aprobarse el tratado se perderá 300 mil empleos y que si Costa Rica queda fuera muchas personas terminarán suicidándose. También afirmó que con el tratado los costarricenses cambiarán sus Hyundai por Mercedes Benz.
Muchas de estas manifestaciones las ha hecho en giras por diferentes zonas del país acompañadas de la entrega de bonos de vivienda, ayudas económicas o inauguración de obras públicas. Esto ha sido calificado por la oposición como compra de votos.

Con ese mismo matiz se ha pautado propaganda en la televisión costarricense donde un conocido y adinerado entrenador de fútbol asegura que el tratado es necesario para que sus hijas puedan ir a la universidad.
Hasta el momento, el presidente Arias se ha rehusado a debatir en público sobre las supuestas ventajas de empleo e inversión que lloverán con el TLC en el país del trópico húmedo.
En la Asamblea Legislativa fueron rechazadas mociones para que éste expusiera su punto de vista en la Comisión de Asuntos Internacionales, lo que ha generado dudas con respecto a si Arias conoce realmente el texto del CAFTA.

La polarización alrededor de este tema ha llegado hasta las salas de redacción de los medios de comunicación que han caído en un claro sesgo y parcialidad en sus informaciones.
Los principales medios en este país han utilizado sus páginas, frecuencias y pantallas para desacreditar a los sindicatos, sectores universitarios y minimizar el impacto de marchas de los opositores (como la marcha del 24 de febrero que reunió a más de cien mil manifestantes en la principal avenida de San José) o en otros casos han copado su agenda informativa de frivolidades para no abrir a discusión una decisión que se supone será trascendental en la vida de los costarricenses.

Estos medios están estrechamente vinculados con empresas de funcionarios del gobierno y hasta del presidente Arias o con grupos transnacionales que están interesados en la apertura de servicios como las telecomunicaciones, sector que está anclado a la figura de monopolio estatal.
Por otra parte, medios alternativos de las universidades públicas, iniciativas ciudadanas en Internet y otros medios pequeños defienden una clara posición en contra del tratado y centran su agenda en denunciar irregularidades y las desventajas en caso de que entre en vigencia.

En este sentido se ha criticado y puesto entredicho medidas y resoluciones de organismos como el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE) y la Sala Constitucional de ese país.
Ésta última determinó, ante una consulta de la Defensoría de los Habitantes y otra de un grupo de diputados, que el CAFTA no tiene roces con la Constitución.
Así lo determinaron cinco magistrados de dicha sala. Mientras que otros dos consideraron que el tratado sí presenta roces constitucionales en varios apartados como el relacionado con el sistema de arbitraje internacional.

Éste es uno de los aspectos más cuestionados ya que el Estado se estaría obligando a participar en arbitrajes internacionales en caso de que se presente una demanda por parte de un inversionista, esto incluso sin haber agotado las vías legales internas.
Cabe resaltar que un grupo de especialistas en derecho constitucional –a pedido de la Universidad de Costa Rica (UCR)- advirtió en un documento más de una decena de inconstitucionalidades que presenta el TLC.
De momento la Sala no se ha pronunciado sobre posibles vicios inconstitucionales en lo que se refiere propiamente al trámite del expediente legislativo del tratado.

En este sentido, existen dudas sobre la forma en que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa condujo el análisis y debate del CAFTA, así como la inclusión de declaraciones interpretativas al texto que no tienen ninguna validez jurídica.
El 12 de diciembre del 2006, dicha Comisión dictaminó el Tratado bajo la protesta de sectores opuestos que fustigaron por la falta de tiempo para convocar a más instituciones y personas que se refirieran al tema y para analizar más declaraciones interpretativas que fueron desechadas automáticamente.

En el caso del TSE –organismo encargado de organizar y fiscalizar la consulta popular del 7 de octubre-pesan cuestionamientos sobre su parcialidad.
Algunas de sus resoluciones han sido confusas y no cuenta con los mecanismos para ejercer controles de equidad en cuanto la pauta de información o propaganda en los medios de comunicación.
Estas erratas del TSE han generado un clima de tensión en cada bando con acalorados debates o deletéreas acusaciones.
Ni siquiera la pregunta que se imprimió en las papeletas deja claro si se estaría aprobando o rechazando el CAFTA y su agenda de implementación o si la votación es sobre tres informes que dictaminó la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por otra parte, la campaña del "No al TLC" se ha centrado en la emotividad patria y en reiterar las consecuencias de dicha apertura comercial sobre el modelo de desarrollo solidario que beneficia a los costarricenses desde hace cinco décadas con servicios de educación gratuita, seguro social y bajas tarifas en electricidad y telecomunicaciones.
Según los opositores, el CAFTA desarmará este modelo solidario ya que se prevé un impacto en las medicinas genéricas, la educación, la soberanía, el poder judicial y en el ambiente. Esto sumado a la apertura de los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros. También se ha cuestionado la inclusión en las listas de desgravación arancelaria varios tipos de armas de guerra y hasta de órganos humanos.

Distintos sectores han criticado el trabajo que realizaron los negociadores costarricenses durante la administración del ex presidente Abel Pacheco (2002-2006) al incluir temas en el TLC que fácilmente generan combustión en la opinión pública.
Estos negociadores renunciaron a sus cargos después de concluir las rondas de negociación y formaron una organización privada que ha gastado miles de dólares en promover el CAFTA.
Dicha entidad se ha negado rotundamente a revelar la procedencia de esos dineros.
De momento el TSE trata de concretar acuerdos entre los líderes de los movimientos que integran el "No" y el "Sí" para bajar los ánimos y evitar enfrentamientos. Sin embargo, la pasividad para fiscalizar la equidad y acceso a la información sobre el tratado sigue siendo motivo de conflicto.

Esta situación ha generado preocupación en diferentes personalidades costarricenses como el ex presidente Luis Alberto Monge (1982-1986) que ha manifestado dudas sobre la transparencia electoral para el referéndum de próximo 7 de octubre.
Cabe destacar que a un mes del referéndum se filtró en un medio de comunicación un memorando escrito por el vicepresidente de Costa Rica Kevin Casas y el diputado del PLN Fernando Sánchez con comprometedoras sugerencias al presidente Arias para infundir una campaña de miedo en la población Costa Rica.
En dicho documento Casas y Sánchez sugieren que se condicione el presupuesto de las municipalidades y que se estimule el miedo a la pérdida de empleo, la injerencia extranjera en el movimiento del "No" y "el ataque a las instituciones democráticas", entre otras.

Varios sectores pidieron la renuncia de los dos funcionarios por considerar el documento una evidencia clara de corrupción.
Algunas de las sugerencias que plantea el documento coinciden con la campaña pautada por el movimiento del "Sí".
A pesar de que en pocas semanas los costarricenses definirán si entra en vigor o no el CAFTA el tema seguirá dando de que hablar por las réplicas que pueda dejar el resultado.
El 7 de octubre del 2007 ya está impreso en los anales de la historia costarricense.
Jeymer Gamboa es periodista y productor audiovisual.
Colabora con el Semanario Universidad de ese país.
Actualmente reside en Buenos Aires.

Por Conie Reynoso

Participación activa

La organización Mirador Electoral presentó ayer su informe oficial de observación, en el cual destaca que se registró entre 85 y 89 por ciento de asistencia a las urnas por parte de la población indígena, lo que refleja su participación activa.
No obstante, ese documento señala que prevalece la desigualdad entre hombres y mujeres que fueron electos a cargos públicos, con sólo 19 diputadas y ocho alcaldesas.
De 16 organizaciones que participaron en la contienda recién pasada, tres desaparecerán, y dos más están en el limbo, lo que significa 31 por ciento de cancelación de partidos, frente a 20 por ciento en el 2003.
Existe una tendencia de concentración del voto en tres fuerzas políticas: Unidad Nacional de la Esperanza, Gran Alianza Nacional y Partido Patriota. Por ello, cualquier partido que llegue a la Presidencia tendrá que buscar consensos en el Congreso, añade.

También las mujeres

La Misión Indígena de Observación Electoral subrayó en su informe oficial que se logró el objetivo de la descentralización, y que la población indígena y de áreas rurales asistiera a votar. Incluso, hubo más participación de la mujer indígena.
El informe, que fue presentado ayer oficialmente, también refiere que los indígenas fueron el sector que más votó, con más del 70 por ciento de sus empadronados.
El documento también enfatiza en la escasa postulación de indígenas y mujeres a cargos de elección popular, lo que se evidencia en los pocos puestos obtenidos.
Una de las conclusiones afirma que el Tribunal Supremo Electoral fue desigual al asignar escasos fondos a las juntas receptoras de votos de las áreas rurales. También se resalta la necesidad de que se cambie la fecha de las elecciones, pues el clima influye en la asistencia a las urnas.

Observatorio denuncia 89 amenazas y ataques en comicios

Por Leonardo Cereser

El Observatorio Electoral, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), presentará denuncias a las autoridades correspondientes, por 89 quejas que ha recibido, sobre intimidaciones, amenazas y actos violentos.
El procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, en conferencia de prensa expresó que personal de su oficina hará los trámites necesarios para que se investiguen aquellas quejas.
El Observatorio Electoral estuvo integrado por personal de la PDH, la Universidad de San Carlos (Usac) y el Arzobispado.

Según los registros del Observatorio, hubo 39 denuncias por amenazas e intimidaciones, 15 por agresiones verbales y 11 por agresiones físicas. También se reportaron cinco amenazas de linchamiento y cinco bloqueos de carreteras, entre otros hechos.
El cardenal Rodolfo Quezada Toruño expresó que, a pesar de las quejas, en ningún momento los comicios estuvieron en peligro.
Estuardo Gálvez, rector de la Usac, felicitó al pueblo de Guatemala porque se venció el abstencionismo.
Además, formaron parte del Observatorio siete mil voluntarios.

Cifras: Otras quejas

Estos son detalles del documento de la Procuraduría.
142 denuncias por irregularidades en los centros de votación.
41, por anomalías en el padrón electoral.
38, por irregularidades de diversa índole.
21, por problemas con enseres en las mesas.
55 denuncias por influir el voto.

Por otra parte, Acosta opinó que para el ciudadano común el proceso electoral previo a la elección de los asambleístas "ha sido más fácil porque no tiene que luchar contra los vientos políticos, económicos, los intereses de clase, sociales, etcétera".
"Para nosotros (el TSE) es una lucha fuerte porque tenemos que garantizar la nitidez, rectitud y eficiencia del proceso, mientras que el ciudadano sólo tiene que preocuparse por quiénes están de candidatos y escoger a los mejores", agregó.
Pese a la cantidad de aspirantes, 3 mil 225 en total, y a la complejidad de la papeleta de votación (la más grande medirá 64 por 45 centímetros), Acosta reiteró que la población no se confundirá al momento de sufragar en un proceso que, de acuerdo a cálculos preliminares, le tomará un mínimo de 4 y un máximo de 7 minutos a cada persona.

Asimismo, afirmó que el calendario del proceso "se cumple con extremada puntualidad" y que la cuenta de votos tomará unas cinco horas en estas elecciones.
La máxima autoridad del TSE recordó que, tal y como lo establecen los estatutos del proceso constituyente, "una vez que hayamos terminado totalmente el escrutinio, hayamos evacuado las impugnaciones y tengamos asignados los escaños, se entregarán las credenciales a los asambleístas electos, quienes deberán comenzar su trabajo diez días después sin necesidad de convocatoria previa".

En ese sentido, explicó que los asambleístas podrían estar trabajando la primera semana de noviembre.
Los 3 mil 225 candidatos que participan en las elecciones constituyentes de Ecuador están agrupados bajo un total de 490 organizaciones políticas y sociales.
Los comicios del 30 de septiembre contarán con la presencia de 300 observadores de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter, quienes fueron invitados por el Gobierno ecuatoriano para dar fe de la transparencia del proceso y de la legitimidad de los resultados.

Enviado por Por Cuba
De Por Esto

Se cumplen nueve años del apresamiento en Estados Unidos de cinco cubanos encausados y condenados a extensas penas de prisión por vigilar los planes de organizaciones terroristas que operan contra Cuba desde ese territorio, en especial desde el sureño Estado de Florida.
Los Cinco, como se les conoce en las campañas internacionales libradas para su excarcelación, fueron enjuiciados por un tribunal de la ciudad de Miami, en el citado Estado norteamericano -a sólo 180 kilómetros de La Habana-, donde radican las principales figuras y organizaciones agrupadas contra la revolución encabezada por Fidel Castro.

Según el reconocido jurista estadounidense Leonard Weinglass, uno de los abogados de la familia Clinton, "el juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos"."Es inconcebible -declaró el jurista- que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que éste tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca".

Los cinco cubanos condenados son Fernando González Llort (sentenciado a 19 años), René González Sehwerert (15 años), Gerardo Hernández Nordelo (dos cadenas perpetuas más 15 años), Ramón Labañino Salazar (dos cadenas perpetuas más 18 años), y Antonio Guerrero Rodríguez (cadena perpetua más 10 años).
"¿Dónde estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses?", preguntó Weinglass en recientes declaraciones a medios de su propio país."No sólo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional", afirmó y agregó:
"La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los Derechos Humanos de los prisioneros".

A Los Cinco se les imputan los siguientes cargos: Fernando González (conspiración, falsa identidad y no reportarse como agente extranjero), René González (conspiración y no reportarse como agente extranjero), Gerardo Hernández (conspiración, conspiración para realizar espionaje y conspiración para cometer asesinato), Ramón Labañino (conspiración y conspiración para realizar espionaje) y Antonio Guerrero (conspiración y conspiración para realizar espionaje).

De acuerdo con el jurista cubano Rodolfo Dávalos, "en Miami hubo una farsa judicial que condujo a un jurado prejuiciado a dictar un ilegal veredicto de culpabilidad; como señalaran los tres jueces del Decimoprimer Circuito de Apelaciones de Atlanta en su extensa sentencia de agosto de 2005".
Desde su punto de vista, "la detención y posterior encarcelamiento de los Cinco fue arbitraria e ilegal, como establecieron los expertos del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, que han exigido se ponga fin al injusto encierro y se restituya la legalidad".

En coincidencia, las autoridades cubanas han denunciado, además, "la politización del proceso y el marcado interés del Gobierno de los Estados Unidos en mantener en prisión a los patriotas cubanos, para lo que no ha escatimado en presiones que condujeron a la revocación de la sentencia unánime que anulara el juicio en Miami dictada en apelación, en un hecho insólito y sin precedentes en la historia judicial norteamericana".
Círculos especializados de la isla mayor del Caribe refutan "la mala actuación de la Fiscalía, que violó los procedimientos y normas de actuación en el juicio, viciando el proceso de nulidad".
Al propio tiempo, califican de indebida la aplicación de la Ley de Procedimiento de Información Clasificada, a pesar de que no se había ocupado ningún documento secreto, o restringido, clasificado por el Gobierno de los Estados Unidos, "lo que obstaculizó la defensa y contribuyó -afirman- a crear un clima de intriga sobre las evidencias en perjuicio de los acusados".

En el caso, de acuerdo con el abogado Dávalos, "no hubo espías, ni espionaje, ni documento secreto alguno, ni peligro para la seguridad o defensa de la nación norteamericana, en todo ese invento del llamado "Juicio de los espías", que pretende cubrir con un manto de misterio la verdadera actuación de cinco hombres que no han hecho más que poner al descubierto la actuación indiscriminada de los grupos terroristas en Miami, y la complicidad del Gobierno de Estados Unidos con los actos terroristas de éstos contra Cuba".

Otras fuentes jurídicas de los propios Estados Unidos coinciden en que los Cinco son inocentes, "en virtud de que las posible infracciones menores cometidas, al actuar sin el consentimiento del gobierno norteamericano, están legitimadas por el derecho que le asiste a todo aquel que en su actuación trata de evitar un mal mayor, un delito de imprevisibles consecuencias, como constituye la larga cadena de actos terroristas con su secuela de muertes, heridos y daños, lo que constituye la eximente del "estado de necesidad", basada en la no exigibilidad de otra conducta a aquel que para evitar un daño superior se ve obligado a cometer una infracción menor, y, en este caso, sin daños, ni consecuencias negativas para nadie".

México- El parlamento de México soportó presiones y puso como nunca antes contra la pared a los poderosos medios de comunicación electrónicos, al encauzar este miércoles una reforma que privará a ese sector de las millonarias sumas que recibían en las campañas electorales.
Además, los legisladores prometieron que en seis meses más tendrán lista una norma dirigida a romper los monopolios existentes en la radio y la televisión, en clara referencia a las cadenas Televisa y TV Azteca.
Los senadores recibieron el martes en una audiencia que se prolongó por cuatro horas a los dueños y principales presentadores de las estaciones de radio y de televisión. Tras soportar el embate y hasta los insultos de algunos presentes, lo cual fue transmitido en directo por varias estaciones, ese cuerpo legislativo aprobó las reformas por mayoría.

Los cambios legales aún deben ser sancionados por la Cámara de Diputados, según indica el sistema bicameral existente en México. Pero no se espera mayores cambios por los acuerdos previos alcanzados entre los principales partidos: el gobernante Acción Nacional (PAN) y los opositores Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
Los observadores sostienen que las reformas en proceso representan un viraje importante en el sistema electoral. Las nuevas normas están dirigidas, dicen sus autores, a volver a las competencias electorales más equitativas y a desvirtuar el peso de la propaganda políticas en los medios.
Pero en la perspectiva de los socios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, en la que los consorcios mediáticos Televisa y TV Azteca tienen gran poder, las reformas apuntan a coartar la libertad de expresión y empresa.

Siete de cada 10 televidentes mexicanos sintonizan canales de Televisa, mientras dos ven a las señales del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales en este país de más de 104 millones de habitantes
Directivos de la Cámara señalaron que seguirán dando pelea en las legislaturas locales para impedir que la reforma prospere. Según la Constitución, para que una reforma a la máxima ley del país surta efecto es necesario que sea aprobada por la mitad más uno de las 31 legislaturas estatales.
"Lo que hemos hecho con las reformas es poner fin a la influencia determinante del dinero en las campañas electorales" y a la relación viciada que se existe hoy entre los políticos y los medios de comunicación, dijo a IPS Santiago Creel, legislador del PAN y presidente de turno del Senado.
"Aquí no hay dedicatoria, sólo se trata de tener un mejor sistema electoral", sostuvo.

Pero el asunto irá más allá. En seis meses estará lista una nueva norma sobre radio y televisión dirigida a abrir la competencia en ese sector, a romper los monopolios y a velar por los medios de comunicación públicos y comunitarios, señaló Creel.
Los legisladores se burlaron de los medios de comunicación electrónicos, pues no tomaron en cuenta sus puntos de vista al aprobar la reforma electoral, señalaron portavoces de TV Azteca y Televisa.
Sin embargo, varios legisladores explicaron que lo que en realidad sucedió es que los legisladores se mantuvieron unidos y que soportaron las presiones y hasta las amenazas de censura que les habría hecho los medios.

Según los dueños de algunos medios electrónicos, que antes reclamaban a los partidos políticos su presunta ineptitud para lograr acuerdos, los legisladores armaron un frente para perjudicar a la democracia.
Las nuevas normas de carácter constitucional indican que los partidos políticos, que reciben financiamiento público, no podrán contratar en forma directa su publicidad.
Las cuñas, por cuya transmisión recibían los medios electrónicos jugosas sumas de los partidos, sólo podrán transmitirse en tiempos oficiales o del Estado, y será el independiente Instituto Federal Electoral el que administre esos espacios.

Los legisladores recordaron que las empresas privadas de radio y televisión operan concesiones del espectro radioeléctrico, que es un bien público, y que hay normas poco cumplidas que indican que el Estado tiene el derecho a usar tiempo de transmisión en las estaciones sin costo.
Las normas en proceso de aprobación prohibirán además a cualquier grupo empresarial o de interés contratar espacios electrónicos para expresar opiniones políticas durante las campañas electorales. También estipulan que el gobierno y las autoridades estatales no podrán emitir programas para promocionar obras o buscar elevar el perfil de algún funcionario.

Los medios de comunicación sostienen que tales disposiciones los perjudican económicamente y atentan contra la libertad de expresión. Además, en un gesto de exageración, argumentaron que ya no podrán nunca más difundir opinión política.
Pero los parlamentarios les recordaron que sólo cuando haya campañas electorales federales, lo que sucederá según las reformas cada tres años y por un período que no excederá los tres meses, se usarán los tiempos oficiales en los medios.
También explicaron que no hay ninguna restricción para que analistas, políticos, autoridades, periodistas y ciudadanos en general puedan opinar en los programas de televisión o radio. Lo que queda prohibido es contratar espacios de propaganda durante los tres meses que durarán las campañas.

En los comicios presidenciales de julio de 2006, cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares que los partidos políticos gastaron, y que los contribuyentes aportaron, fue a parar a las firmas dueñas de los medios electrónicos de comunicación, por ser los principales difusores de la propaganda electoral.
En ese proceso se difundieron 757.545 cuñas en los medios electrónicos, en especial en Televisa y TV Azteca. Una tercera parte de esa publicidad continúa en investigación pues no se sabe quién la contrató ni pagó.
Con la reforma se acabaron los contratos entre partidos y medios de comunicación, se acabó la opacidad y el poder mediático en la política, proclamó Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
"Lo que hemos hecho es adoptar un modelo dirigido a expulsar el poder del dinero en las campañas electorales", declaró por su parte Mario Fabio Beltrones, líder de los senadores del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional.
Lo que vendrá luego de la reforma será dictar una nueva ley de radio y televisión que sustituya a la anulada en junio por la Suprema Corte de Justicia, que había sido aprobada por el Poder Legislativo bajo presión de las dos principales cadenas de TV y que las favorecía ampliamente.

Lic. Felipe Calderón
Presidente de la República
Lic. Francisco Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación
Lic. Mario Plutarco Marín Torres
Gobernador del Estado de Puebla
Lic. Mario Montero Serrano
Secretario de Gobernación del Estado de Puebla
Lic. Blanca Laura Villena Martínez
Procuraduría General de Justicia
Lic. Manuel Flores Mendoza
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Dr. José Luís Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Presidente de la Junta de Coordinación Presidente de la Junta de Coordinación
Sen. Santiago Creel Miranda
Política de la Cámara de Diputados Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI), el Comité Cerezo México, La Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante los Actos de hostigamiento y seguimiento a integrantes del Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla.

HECHOS

El día 13 de septiembre de 2007 aproximadamente a las 10:00 horas, Miriam PASCUAL JIMENEZ, integrante del Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras" - Puebla, estaba invitando con volantes y carteles al evento Cátedra: Teoría y Praxis de los Derechos Humanos, tema: Criminalización de la protesta social ante el estado de derecho a realizarse en el Sindicato de Telefonistas.

También ingresó a los colegios de la Facultad de Filosofía y Letras en la calle Juan de Palafox y Mendoza, y posteriormente a la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para hacer dicha invitación. Al salir de la Facultad rumbo al Sindicato de Telefonistas, en la plaza conocida como John Lenon, se percató de que un sujeto la estaba siguiendo antes de perderlo de vista unos minutos después.
Cabe destacar que la difusión del evento abierto al público se realizó mediante carteles volantes y correos electrónicos.

Aproximadamente a las 11:10 horas de la mañana, al llegar a la sede del evento, Miriam PASCUAL JIMENEZ encontró de frente a un individuo al cual repartió el volante de la Cátedra entes de ingresar al recinto. Al salir para pegar la publicidad en las afueras de la sede, el mismo individuo se encontraba parado bajo un árbol mirando hacia la entrada y con propaganda en mano le preguntó que para que era el evento. La integrante del Comité le explicó la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos en el país y que la Cátedra estaba enfocada a brindar herramientas para conocer qué y para qué son los derechos humanos, a lo que él dijo desconocer el tema por ser "de un pueblo", "que tenia un primo preso por haber violado a una niña, que quien lo acusa tiene mucho dinero y no creía capaz a su primo de haber cometido esto, y le interesaba saber qué eran los derechos humanos" a lo que Miriam PASCUAL JIMENEZ le dijo que el evento era abierto al público. Después de ofrecerse para ayudar a la integrante del Comité a pegar carteles en la entrada, el individuo ingresó al evento que duró aproximadamente 3 horas. Al concluir éste se invitó a una modesta comida, las personas que se trasladaron por medios propios fueron seguidas hasta su automóvil, y al abordarlo se percataron que fueron fotografiadas por una persona que se encontraba dentro del público, situación que comentaron con los integrantes del Comité quienes se cercioraron que fue el mismo individuo que en un principio abordó a Miriam PASCUAL JIMENEZ a la entrada de la sede del evento.

El sujeto en cuestión se registró en la lista de asistentes de la Cátedra como Enrique VARGAS LIRA asistiendo en carácter de ciudadano.
Cabe destacar que Miriam PASCUAL JIMENEZ ha sido objeto de incidentes de seguridad, tales como llamadas constantes a su casa y casa de familiares sin que contesten, fotografías del medidor de luz a altas horas de la noche por personas no identificadas, y personas desconocidas, que no son vecinas del lugar, permanecen aproximadamente 1 o 2 horas mirando en dirección de su casa.

La Limeddh, recuerda que debe de respetarse y asegurar la aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre defensores de los de Derechos Humanos, adoptada por la por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de Diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona"...individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar ...la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legitimo de los derechos mencionados en la presente Declaración 8art. 12.2) y por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.

México
14 de septiembre de 2007

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México:

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh) sobre el asesinato del Sr. Ricardo Murillo Monge, activista del Frente Cívico Sinaloense1 , una organización no gubernamental (ONG) que, entre otros, denuncia casos relacionados con la seguridad pública y con las condiciones en las cárceles, en particular en el conflictivo triángulo de oro, donde convergen los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 6 de septiembre de 2007, hacia la 1h30 de la madrugada, fue encontrado el cuerpo Sr. Ricardo Murillo Monge por miembros del ejército mexicano, en el interior de una camioneta tipo Suburban estacionada a escasas tres calles de la Procuraduría de Justicia del Estado, en la zona urbana denominada Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa. El cadáver del Sr. Murillo Monge presentaba un solo disparo en la cabeza.

Según las informaciones, el Sr. Murillo Monge, quien fundó en 1993 junto con su hermana la Sra. Mercedes Murillo la mencionada ONG  el Frente Cívico Sinaloense, trabajó desde entonces en pro de la  defensa de los derechos humanos y de la participación ciudadana. Se  distinguió por su trabajo a favor de los derechos humanos de las  personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y por sus investigaciones en casos  graves de violaciones de derechos humanos. Dentro de ese trabajo, investigó casos de abusos cometidos por fuerzas del orden durante los operativos llevados a cabo contra el crimen organizado2.

El Observatorio, al condenar vehementemente éste grave atentado contra la vida de un defensor de derechos humanos manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica, de la Sra. Mercedes Murillo y de todos los demás miembros del Frente Cívico Sinaloense, y solicita a las autoridades mexicanas que tomen de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizarlos.

Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Mercedes Murillo y de todos los demás miembros del Frente Cívico Sinaloense así como de todos los demás defensores de derechos humanos en los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y de todos los miembros de sus respectivas familias;
ii. realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Ricardo Murillo Monge, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. poner fin a todo tipo de hostigamiento y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en México;
iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2);
v. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.

Direcciones:

DECLARACIÓN DE AREQUIPA

Desde la Ciudad de Arequipa, escenario de lucha y resistencia, las organizaciones del pueblo y el movimiento social reunidos en la CUMBRE DE LOS PUEBLOS DEL SUR, declaramos:
El modelo económico neoliberal y la criminalización de la protesta social son dos caras de una misma moneda. Así lo demuestra el gobierno aprista en su compromiso con este modelo económico y su alianza con las empresas transnacionales, a las que sirve fielmente, multiplicándoles las facilidades para que continúen con el saqueo de nuestros pueblos y sus recursos naturales.

Lo demuestra, entre otras cosas, en su alianza con las transnacionales mineras, como es el caso de la empresa minera Majaz. Su oposición a la Consulta Vecinal convocada para el domingo 16 por los municipios distritales de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura), traducida en la persecución policial y judicial a los dirigentes de esos pueblos y la militarización de las comunidades de Segunda, Caja y Yanta, muestran como el modelo neoliberal recurre cada vez más a la criminalización de las protestas para permanecer, arraigarse y profundizarse intentando arrasar con la legítima protesta social del pueblo peruano.

La XXVIII Convención Minera que se reúne en esta ciudad es una clara expresión de esta alianza empresa-gobierno. Una reunión sectaria y prepotente de los empresarios mineros y los funcionarios gubernamentales para acordar los mecanismos que les permitan continuar con el saqueo de nuestros recursos naturales y la destrucción de las aguas, los territorios y los modos de vida de los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas impactadas, a cuyas demandas no solo cierran los oídos y las mentes sino que responden con la represión.

El compromiso del gobierno con el modelo neoliberal y las empresas transnacionales se manifiesta también en su reacción frente al desastre sufrido por la vecina Región Ica el pasado 15 de agosto, donde no solo mostró su total incapacidad para organizar la necesaria asistencia a los damnificados, sino que entregó esta responsabilidad estatal a las manos de la empresa privada y sus cuestionados voceros, para que los inversionistas privados sigan lucrando con el dolor del pueblo.

Este modelo de explotación y depredación es impuesto a nivel global a los países pobres por las transnacionales y los gobiernos de los países ricos. Parte de ese proceso son los tratados de libre comercio, la IIRSA, iniciativa que pretende interconecar nuestros territorios para extraer sus recursos naturales, y el Acuerdo que se está negociando a espaldas de los pueblos entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, negociación que tendrá un momento crucial en la próxima Cumbre Hemisférica de Presidentes y Jefes de Estado de la UE, América Latina y El Caribe, que se reunirá en Lima en mayo del 2008 .

Frente a estos procesos de "integración" comercial, surge la respuesta de los movimientos sociales de ambos continentes, decididos a construir una real integración desde y para los pueblos, articulando las luchas locales y globales, bajo los principios de equidad, solidaridad, reciprocidad y complementariedad. Esta respuesta se expresa en Enlazando Alternativas III.

Enlazando Alternativas Perú es un espacio que reúne a la más amplia diversidad de organizaciones del movimiento social: mujeres, obreros, campesinos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, jubilados y muchos más, todos empeñados en la construcción de un mundo donde se respete y valore la diversidad, un mundo sin dominadores ni dominados. Un mundo equitativo y solidario.

La decisión de construir sociedades más justas y solidarias para forjar un mundo justo, libre y solidario, se manifiesta en los procesos de resistencia surgidos desde los movimientos sociales latinoamericanos (indígenas, campesinos, laborales, etc.) contra los modelos económicos neoliberales impuestos. Resistencia expresada por el pueblo venezolano con el Caracazo de 1989 que respondió al ajuste económico decretado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez; por el movimiento indígena ecuatoriano que logró sacar del gobierno a dos presidentes de la república; por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil; por las comunidades afectadas por la minería del Perú; por la Marcha de los Cuatro Suyos y la Jornada Nacional de Lucha del 11 y 12 de julio también en Perú; por los indígenas bolivianos, entre otros muchos ejemplos de lucha de los pueblos.

Enlazando Alternativas III se reunirá en mayo próximo en la Cumbre de los Pueblos 2008. Camino a ella se están desarrollando cuatro Encuentros Macro Regionales. El primero de ellos esta Cumbre de los Pueblos del Sur de Arequipa, a la que seguirán los Encuentros Macro Regionales Norte, Centro y Lima Metropolitana.

POR TANTO:

Primero: Rechazamos el desarrollo de la XXVIII Convención Minera, expresión de una clara alianza entre los empresarios mineros transnacionales y el gobierno aprista, que acuerdan con prepotencia desconocer la consulta democrática de los pueblos de Ayabaca y Huancabamba, persiguiendo a líderes y dirigentes que defienden derechos de los pueblos, con el apoyo de sectores de la prensa amarilla que defienden los intereses transnacionales neoliberales.

Segundo: Desde este Primer Encuentro Macro Regional, la Cumbre de los Pueblos del Sur, llamamos a todo el país a participar en la organización de la Cumbre de los Pueblos 2008, en respuesta a la Cumbre Hemisférica Oficial y a la negociación de acuerdos comerciales y falsos procesos de integración. Es un espacio amplio y solidario donde todos tenemos cabida, sin afanes hegemónicos ni falsas vanguardias. Todo el movimiento social tiene hoy el deber y la oportunidad históricos de pasar de la protesta a la propuesta política de construir un nuevo Estado para avanzar en la construcción de un nuevo mundo.

Tercero: Llamamos también a participar de manera organizada y unitaria en la Movilización Continental del 12 de octubre, que en el caso peruano tendrá su actividad central en Cusco. En esa fecha y esa ciudad, todos los pueblos y todas las organizaciones del movimiento social dirán un NO rotundo a la imposición de modelos económicos, iniciada hace 515 años, y un SÍ a la unidad para avanzar en el logro de nuestros objetivos. Y se unirán a las voces de todo el Continente, nuestro Abya Yala, en un canto universal.

Cuarto: En la coyuntura actual, asumimos las tareas de vencer las políticas económicas neoliberales, forjando en el camino de la Cumbre de los Pueblos del Perú, un movimiento unitario nacional de resistencia, capaz de asumirse como alternativa de poder.

Buenso Aires- Organizaciones civiles de Argentina instan al parlamento a fijar criterios de reparto, transparencia y control de la publicidad estatal, aprovechando el camino abierto por la justicia con su fallo contrario al manejo arbitrario de avisos por parte de un gobierno provincial.
El legislador Pedro Moroni, presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, recordó que ya en agosto se convocó a 10 organizaciones no gubernamentales para que expresen sus puntos de vista sobre este asunto.
"La idea es escuchar recomendaciones, que en general son coincidentes, analizar los anteproyectos elaborados y unificar todo en una sola iniciativa", explicó a IPS el representante de la opositora Unión Cívica Radical.
Sin embargo, admitió que es difícil que sus pares del oficialismo empujen estos proyectos en plena campaña para las elecciones nacionales del 28 de octubre.

Aunque Moroni tiene la esperanza de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, contrario el gobierno de la sudoccidental provincia de Neuquén por "discriminar" a un diario de la vecina Río Negro, contribuya a acelerar los tiempos legislativos.
En una sentencia muy esperada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó por mayoría el 7 de este mes que el Estado "no puede manipular" la publicidad oficial "dándola o retirándola en base a criterios discriminatorios".
El caso se inició ante la demanda del diario Río Negro, la publicación de referencia de la provincia de igual nombre y de Neuquén con sede en la ciudad rionegrense de General Roca.
El fallo dio cuenta del vacío legal que existe en este tema en Argentina. En su voto, el juez Carlos Fayt remarcó que la conducta censurable de las autoridades es posible "por inexistencia de normas que establezcan criterios de selección" de los medios de comunicación en los cuales publicitar.

El máximo tribunal de justicia se pronunció así ante la acción de amparo presentada por Río Negro contra el gobierno de la provincia de Neuquén del derechista Jorge Sobisch, luego que éste le quitara la publicidad que le otorgaba normalmente desde 2002.
En concreto, los responsables del matutino acusaron al gobierno y al propio Sobisch de retirarle los avisos en represalia por haber informado sobre un presunto soborno ofrecido para que el Congreso de Neuquén apruebe a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo provincial para el supremo tribunal de justicia.

Según la Corte Suprema de Justicia, si bien no existe una ley que exija al gobierno contratar a todos los medios de comunicación, no es lícito usar la publicidad oficial como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión.
La sentencia fue celebrada por organizaciones internacionales y de la sociedad civil argentina que desde tiempo atrás denuncian que existe un manejo arbitrario de la publicidad oficial en todo el país y reclaman, para corregir esto, una ley que fije criterios objetivos para el reparto de los avisos.
La Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales expresaron su satisfacción con el fallo, aunque coincidieron en señalar que ahora lo que sigue es una norma.

En igual sentido se pronunció la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que aprovechó para reclamar a los parlamentos de la región que legislen sobre "criterios transparentes, técnicos y de diversidad y pluralidad en el manejo de los fondos públicos para el otorgamiento de publicidad y propaganda oficiales".
El dictamen de la justicia argentina "debe ser considerado un antecedente jurídico importante a ser imitado en aquellos países en que existe esta práctica habitual y corrupta totalmente contraria a la libertad de prensa", añade la SIP en su comunicado.
Los países acusados por esta asociación de discriminar con publicidad estatal son, entre otros, Aruba, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, así como Argentina, sobre la cual sostiene que es un problema que se arrastra desde muchos años atrás e incluyen a los gobiernos nacionales que se sucedieron así como a autoridades provinciales como en el caso del fallo.

Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, indicó a IPS que en agosto cumplieron con presentar un informe a la comisión parlamentaria de Libertad de Expresión, en el cual se deja claro su parecer de que la publicidad no debe usarse como premio o castigo a la línea editorial del medio de comunicación en cuestión.
La fundación recomendó inclusive crear un organismo técnico independiente y autárquico que coordine el reparto de publicidad y supervise la ejecución del presupuesto que el Estado destina a dar a conocer actos de gobierno.
Desde 2003, Poder Ciudadano realiza un seguimiento de los gastos de publicidad del gobierno argentino de Néstor Kirchner, que, según señala, los ha incrementado de modo "escandaloso" este año. La periodista María O’Donnell coincide con esta organización, según el libro publicado este mes.

En el libro titulado "Propaganda K", la periodista afirmó que los gastos en publicidad oficial aumentaron de poco más de 15 millones de dólares en 2003, el año que asumió Kirchner, a 83 millones de dólares, según lo estimado para fines de 2007.
Se trata, según su estimación, de 10 por ciento de la inversión publicitaria neta en Argentina, administrada por el Poder Ejecutivo y múltiples organismos estatales descentralizados, como el Banco de la Nación y la Lotería Nacional.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) entiende que el manejo arbitrario de estos recursos ha puesto al borde del cierre a distintos medios gráficos de comunicación del interior del país, sobre todo en provincias como Salta o San Luis, donde deben competir con los principales medios que pertenecen a los propios gobernadores.

El semanario Perfil y la revista Noticias, notorios críticos del gobierno de Kirchner, también denunciaron haber sufrido el retiro de la pauta publicitaria oficial. Pero la Secretaría de Medios, que maneja los fondos del gobierno nacional, justificó la decisión en que se trata de publicaciones "sensacionalistas y extorsionadoras".
En un dictamen previo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, señaló que la distribución arbitraria de publicidad estatal surgió "como una nueva categoría de censura a la libertad de expresión".
El procurador, en base a recomendaciones en ese sentido de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, llamó a buscar mecanismos que establezcan directrices para la asignación de la publicidad.

Esa carencia otorga una "discrecionalidad excesiva" al Poder Ejecutivo y da lugar al reparto discriminatorio, dijo. No obstante, por la inexistencia de leyes en este sentido, Righi rechazó el amparo, con igual argumento utilizado por los jueces de la Corte que votaron en minoría desechando la demanda del dario Río Negro.
Más allá de estos reparos, la Corte resolvió que el gobierno de Neuquén debe presentar un plan de reparto de publicidad que respete los principios señalados en el fallo. Pero además señaló la necesidad de que los legisladores establezcan pautas.
El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, consideró que la imposición de sanciones indirectas, para silenciar la labor informativa o acallar las críticas, "son incompatibles con la libertad de expresión" y saludó la resolución judicial.

No obstante, coincidió en que, "para evitar que la publicidad se convierta en una herramienta de presión para recompensar o castigar expresiones de la prensa, es conveniente que exista una legislación que defina los criterios de asignación de publicidad oficial".
Esos parámetros, según Poder Ciudadano, pueden constituirse a partir de "una combinación entre el contenido del mensaje del Estado y el público al que va dirigido, además de otros criterios como los costos más competitivos" de publicar en uno u otro medio de comunicación.

La burguesía monopolista, ante la agudización de la lucha de clases y el crecimiento de los conflictos por mejoras reales en el nivel de vida de las mayorías oprimidas, y la necesaria profundización de la súper explotación, de la entrega y el hambre, se enfrenta ante dos opciones de carácter táctico estratégico: 1- Fortalecer el aparato represivo, dispuesto en las calles, lo cual implicaría un cambio político de carácter neo- autoritario y un ataque abierto a las libertades democráticas; o 2- Desarrollar un retroceso de carácter táctico en lo democrático a fin de preparar las condiciones político sociales para avanzar en la legitimación de sectores de masas por un régimen de carácter neo- autoritario, en el período post electoral nacional.

Es claro que debemos avanzar en la recuperación del terreno democrático, ya que ello dispondrá a las masas obreras y populares, al activismo y a las organizaciones político revolucionarias, mayor oxígeno para desarrollar la lucha por mejoras en las condiciones materiales de vida, para articular el movimiento espontáneo y fragmentado, y para desarrollar la semilla revolucionaria avanzando en la construcción del Partido Revolucionario de Cuadros y de Combate y las herramientas político revolucionarias y democráticas. Este oxígeno potenciará la acumulación de fuerzas humanas y materiales, como también abrirá márgenes para fortalecer la preparación revolucionaria.

En este marco, nuestra política se debe centrar en las coincidencias principalmente, y no en las diferencias. Por ello el impulso de la amplia unidad en la lucha por las libertades democráticas, por la libertad de los presos políticos, contra la ley antiterrorista y de genocidio, contra el saqueo imperialista y por mejoras reales en la condiciones materiales de vida de las amplias masas obreras y populares, deben ser nuestras banderas, para bregar sin sectarismo la política de nuestro Partido para el actual período de la lucha de clases.

FORJAR LA AMPLIA UNIDAD COMBATIVA Y EN LA ACCION POR:

- La lucha en el marco de las Libertades Democráticas
- Contra la Ley Antiterrorista y de Genocidio
- Contra el Saqueo Imperialista y de los Explotadores Locales
- Por la Libertad de los Presos Políticos
- Por el Desprocesamiento de los Luchadores Populares
- Por la Construcción de una alternativa Patriótica y Antiimperialista, en la lucha por el Socialismo.

En nuestros sucesivos periódicos Estrella Roja hemos expresado claramente las limitaciones del proyecto económico K y la inconsistencia de los pilares donde se posa el régimen.
El sostenimiento de un tipo de cambio alto, la compra de divisas para mantener la acumulación en el Banco Central y la "política de esterilización de mercados" para que los pesos por cada dólar comprado no circulen, encuadran la demagogia que ha abanderado al Gobierno que viene manifestando transitar un abundante "crecimiento económico y despegue industrial". La manipulación de las estadísticas del Indec es otro de los pilares del engaño y la mentira K, anunciando datos muy lejanos a la realidad de vida de las amplias mayorías populares, rompiendo toda barrera real a la hora de la emisión de pesos por el Banco Central.

El Gobierno muchas veces ha anunciado que el Banco Central mantiene reservas récord como un "triunfo patriótico de nuestro pueblo". Pero debemos preguntarnos: "¿Es así la realidad?", y debemos respondernos: "Estos anuncios poco tienen que ver con la realidad". Las reservas en el Banco Central tienen por objetivo mantener el dólar alto y garantizar las ganancias y determinado nivel de competitividad de las grandes empresas agro exportadores, más allá de las retenciones, y de protección hacia pequeños capitales sin posibilidades de competir en el mercado internacional. Un riesgo permanente transita a la hora de comprar dólares en el plano de la creciente inflación, un impuesto extra para la clase trabajadora y el pueblo pobre. De este modo se explica la emisión de bonos de deuda para que los pesos utilizados para comprar dólares no circulen en el mercado, ya que de otro modo la inflación se dispararía por las nubes. Estos bonos ocupan alrededor de un tercio de las divisas récord.

Por ello, a la hora del análisis en el plano económico hay un aspecto central para tener presente: las sucesivas caídas de la bolsa y los claros signos de recesión del imperialismo norteamericano. Con la caída en el mercado inmobiliario yanqui, se alertaron hasta a los más seguros "obsecuentes" del falaz crecimiento argentino. Para ser claros, estas caídas hicieron que se evaporen millones de dólares.
Esta alerta no es casual porque ante un eventual riesgo en el mercado financiero los bonistas, como ya ha sucedido en nuestra historia reciente, exigirán el pago inmediato de los bonos.
También, la crisis energética constituye un frente irresoluble a mediano plazo por el Gobierno.

ALGUNAS CONCLUSIONES:

El proyecto K, lejos de lograr el "despegue" del capitalismo argentino, enmarca la crisis que se va gestando y las limitaciones que no se resolverán a mediano y largo plazo. Estas limitaciones se expresan en las limitaciones del Gobierno de los Monopolios para resolver el problema de la "Institucionalización" y la "Gobernabilidad", disparando la multiplicación de las luchas reivindicativas y políticas de los sectores más dinámicos de las masas obreras y populares por mejoras reales en el nivel de vida, muchas veces por caminos por fuera de los marcos "legales y permitidos" por el Sistema.

La farsa electoral que se está gestando para octubre no es sólo un juego de estadísticas, sino la expresión de las clases dominantes en la reorientación y profundización de las políticas de súper explotación, entrega, hambre y miseria. Como siempre, la crisis recaerá sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo; como siempre, la respuesta será la lucha y la resistencia.
Esta reorientación y profundización implica el fortalecimiento del aparato represivo y la escalada represiva contra los múltiples conflictos políticos y sociales.
Por ello, construir la amplia Unidad es nuestra principal tarea, para avanzar en la lucha por mejoras reales en las condiciones de vida del pueblo trabajador, contra el saqueo imperialista la entrega de los burgueses locales.

Por Marcel Claude

Cuando Nicolás Eyzaguirre era ministro de hacienda dijo una frase esclarecedora "las AFPs nos han esquilmado como en la guerra". Es difícil entender qué es lo que explica o quién permite que sólo seis organizaciones financieras, las AFPs, administren a su regalado gusto cien mil millones de dólares (2/3 del PIB chileno) cuyos propietarios son cerca de siete millones de trabajadores chilenos que tienen sus fondos previsionales depositados obligatoriamente en ellas, sin que por ello o por el amparo del sacrosanto derecho a la propiedad, éstos puedan tener alguna -aunque sea mínima- prerrogativa para decidir el destino, la administración, o el riegos que desean asumir. Manipulación de la información de por medio y sin el menor derecho a ser representados democráticamente en el directorio de estas instituciones financieras, los dueños de tanto dinero están a merced de las decisiones acertadas o erróneas de los dueños de las AFPs.

Se hace alarde en Chile de la democracia consolidada que tenemos. Sin embargo, ello porque en Chile concurrimos a votar cada cierto tiempo por quienes nos dicen debemos hacerlo, mientras las decisiones importantes como el uso y administración de los fondos de pensión, es materia exclusiva de los dueños de las AFPs.

Hasta 1974 existía en Chile lo que se denominaba el Sistema de Reparto, las antiguas Cajas de Previsión, que se basaba en un principio de solidaridad, según el cual, al fondo previsional aportaban tanto trabajadores como empresarios y en el que las nuevas generaciones con sus pagos previsionales, financiaban las jubilaciones de los viejos. Así también, estos fondos se utilizaban en otro tipo de inversiones como la construcción y adquisición de viviendas dentro del país, por lo que contribuían al financiamiento de las necesidades internas. A partir de ese año, en el nombre de la eficiencia económica y del profesionalismo de expertos en administración financiera, se desmantela el Sistema de Reparto y se instala uno de Capitalización Individual, basado fundamentalmente en el esfuerzo personal –por lo que los patrones no aportan- y en donde cada uno se rasca con sus propias uñas, nadie ayuda, cada uno debe proveerse su propia jubilación. Si no es posible, entonces el Estado asumirá la responsabilidad con una pensión mínima, siempre exigua y precaria. Por otra parte, las administradoras de éstos fondos (AFPs) pueden colocarlos en instrumentos financieros de alto riesgo, comprar acciones o adquirir depósitos a tasa fija, en Chile o en el extranjero. Ante lo cual, sus propietarios los trabajadores, no tienen más que asentir, callar, asumir y pagar el costo cuando las AFPs se equivoquen.

Pero los resultados de tan maravillosa máquina de hacer dinero no han sido ni de cerca las promesas o mentiras libremente profesadas sin costo alguno para los responsables. En primer lugar, cerca de un 60% de lo trabajadores no tiene al día sus cotizaciones debido a la precariedad del empleo en Chile. Esto contribuye a que casi el 50% de los trabajadores no alcanzará a autofinanciar su pensión, equivalente al mínimo garantizado. Y, en muy corto plazo, el Estado deberá subsidiar más de la mitad de las pensiones.

Contrariamente a lo esperado y vociferado por las bellas promotoras de las AFPs, las pensiones mínimas siguen y seguirán a cargo del Estado, es decir, de los impuestos que pagan abrumadoramente los mismos chilenos que financian el 30% de las utilidades de las AFPs, mientras éstas le ofrecen a los que obtengan una pensión mayor a la mínima, una jubilación que es la mitad de la que hoy paga el antiguo Sistema de Reparto estatal. Este es finalmente el reino de la estupidez, puesto que, los mismos trabajadores que no alcanzan a financiar sus pensiones mínimas con su trabajo, son los que le hacen las grandes utilidades a las AFP y, al mismo tiempo, deben financiar las pensiones mínimas con el IVA que pagan todos los días para comprar el pan y la leche. ¡Linda novelita rosa esta de las AFPs!

No obstante, las cosas pueden aún ser peores ya que la crisis financiera que ha experimentado la economía mundial en el último tiempo, ha hecho perder mucho dinero a las AFPs. De acuerdo a la información entregada por Cenda, hacia fines de agosto las pérdidas acumuladas por los fondos de pensiones llegaban a más de siete mil millones de dólares, lo que equivale a más del doble del total de pagos previsionales realizados por los trabajadores en el 2006, es decir, toda la plata depositada por los chilenos el año pasado en los fondos de previsión se desvanecieron totalmente.

El sistema como instrumento para generar pensiones de jubilación dignas es un rotundo fracaso, pero, como negocio o máquina de hacer dinero ha resultado un éxito rotundo, con una rentabilidad promedio histórica y sistemática de 30%, es decir, uno de cada tres pesos depositado por los trabajadores en las AFPs es acumulado como utilidad del negocio, es decir, es usurpado a los trabajadores. Digo usurpado puesto que no resulta legítimo obtener utilidades de un negocio que no cumple con entregar el servicio que promete, es decir, pensiones decentes. Es el típico negocio sucio y sin escrúpulos que huele a muerte, como el negocio de las armas en países pobres que se alimenta de la cizaña sembrada entre los líderes de tribus rivales. Obtener jugosas utilidades cuando los trabajadores en su gran mayoría no alcanzarán ni siquiera la pensión mínima, es un negocio a todas luces inmoral y sin la menor contemplación de norma ética alguna. Pero, no seamos ilusos, desde que el mundo es mundo, en todo tiempo y lugar, la única moral del dinero es el dinero.

Es tiempo de terminar con este sistema, reinstalar la lógica de la solidaridad y democratizar el uso y administración de los fondos de pensiones cuyos propietarios son nada menos que los trabajadores. De lo contrario será siempre mejor sin lugar a dudas -y si no queremos una vejez mísera- morir antes de los sesenta años.

Enviado por IPS

Santiago - La jornada de conmemoración del 34 aniversario del derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende finalmente mostró dos caras en la capital chilena: respeto de día y violencia de noche, con un saldo de un policía muerto y otros 42 heridos.
La presidenta de Chile, la también socialista Michelle Bachelet, visitó el miércoles a los carabineros (policías uniformados) que resultaron heridos en los enfrentamientos con manifestantes ocurridos en la noche del martes en comunas periféricas de Santiago.
"A mí me parece inaceptable que en una fecha que tiene un sentido para los chilenos, de mirar cómo somos capaces de vivir en democracia y seguir construyendo un país más justo, pero a la vez más democrático, haya actos de violencia, de ‘matonaje’ y pillaje como los que hemos visto", dijo.

Bachelet afirmó contundente que esos hechos "no tienen relación con la conmemoración de una fecha trágica como es el 11 de septiembre", en referencia al aniversario número 34 del cruento golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet contra el presidente constitucional Allende, quien se suicidó en la sede de gobierno bombardeada y rodeada por militares.
Esta conmemoración es la primera que se realiza tras la muerte en diciembre pasado de Pinochet, líder del golpe y de la posterior dictadura de 17 años.
En una jornada de relativa calma, la presidenta recordó en la víspera a Allende en el lugar del Palacio de La Moneda donde murió y participó una ceremonia ecuménica en su honor, mientras que organizaciones sociales y políticas rindieron homenajes parcelados y resguardados por la policía en la puerta donde salió el cuerpo sin vida del ex mandatario.

Pero en la noche comenzó la violencia. Los manifestantes formaron barricadas, cortaron la luz en 105.000 hogares lanzando cadenas a los cables eléctricos de transmisión y cometieron saqueos en casas particulares, locales comerciales, estaciones de gasolina y supermercados.
Inclusive desvalijaron seis centros educacionales y apedrearon autobuses del cuestionado plan de transporte público de la capital, llamado Transantiago.
Los carabineros detectaron el uso de bombas incendiarias, una metralleta M-16 y armas con mira láser, además de revólveres. El saldo inicial de la violencia fue la de 42 policías heridos, nueve de ellos en estado grave, y más de 300 detenidos en todo el país, 208 de los cuales fueron apresados en Santiago.

El cabo de la policía uniformada Cristián Vera Contreras, de 36 años y padre de dos hijos, murió a las 07:00 hora local al recibir un balazo en la cabeza. El carabinero se encontraba en las afueras de su comisaría ubicada en la comuna de Pudahuel, la que fue atacada por una decena de personas.
En otro sector de la capital chilena, un capitán de carabineros recibió una botella con ácido en su cara, lo cual le provocó importantes quemaduras. "Matar a un carabinero en este país, lo digo de corazón y con mucha conciencia, es matar el derecho, es matar el país y eso es lo que hicieron anoche", declaró este martes visiblemente emocionado el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales.

Tanto el gobierno como carabineros han insistido en que los actos fueron protagonizados por delincuentes, muchos de ellos menores de edad. Inclusive Bernales adjudicó responsabilidad a los padres de los jóvenes manifestantes.
"Los hechos de anoche fueron lisa y llanamente delincuencia pura y dura", que debe ser combatida "con la mano firme de la justicia", dijo el portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Weber.
Enfatizó que no hubo "ninguna reivindicación de ninguna naturaleza", sino hechos delictivos cometidos por quienes "se aprovechan de la oscuridad para usar una violencia innecesaria, reclamando contra nada, exigiendo nada a cambio y afectando la vida de muchos chilenos".

Para coordinar las acciones a seguir, este miércoles se realizó una "cumbre de la seguridad" en La Moneda en la que participaron las máximas autoridades del Ministerio del Interior, representantes del Ministerio Público y el director de orden de seguridad de Carabineros.
Además, la intendenta de Santiago, Adriana Delpiano, presentó cinco querellas criminales contra quienes resulten responsables de los daños y las agresiones.
No obstante, el investigador del Centro de Estudios Socioculturales (Cesc), sociólogo Mauricio Carrasco Jara, piensa que no se puede hacer una análisis tan simplificador de los hechos.
"Creo que es una mala política de comunicación de parte del gobierno desconocer el aspecto político que tienen las manifestaciones. Identificar una motivación delictiva es demasiado fácil, y para un país que se dice en vías de desarrollo, cuestionable", dijo a IPS el experto.

Según Carrasco, es difícil saber si los jóvenes se manifestaban específicamente contra el aniversario del golpe militar de 1973, pero sí es probable que lo hagan como "reivindicación democrática".
A su juicio, la raíz del descontento está en la profunda desigualdad del país, donde el 10 por ciento más rico de la población participa en el 38,6 por ciento de los ingresos nacionales, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo es responsable del 1,2 por ciento.
La criminóloga Patricia Arias cree que efectivamente el 11 de septiembre se ha transformado "en el día del deporte nacional del lumpen", pero que es necesario detenerse en sus causas.
"No podemos hacernos los lesos (como sociedad) y dejar de reconocer que hay un factor latente en estas manifestaciones de violencia que es la rabia, el resentimiento que tienen muchas personas producto de las brechas económicas existentes en el país", explicó Arias a IPS.

En este sentido, la subdirectora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales cree que el gobierno ha mostrado "una tendencia permanente a decir lo que cree que la ciudadanía quiere escuchar", es decir, más mano dura, lo que no siempre es efectivo.
Desde su perspectiva, el gobierno debería "ordenar la reflexión" sobre las raíces de la violencia y "priorizar" los recursos en programas educacionales y de salud familiar efectivos.

La historia comenzó en noviembre del año pasado, cuando la empresa ISDS-International Security and Defence Systems LTD recibió la invitación del ministerio del Interior, entonces a cargo de Pilar Mazzetti, para enviar cotizaciones para la compra de 50 camiones portatropa. Este proceso de compra se realizó dentro del llamado shock de inversiones, en el cual hubo también la cuestionada y luego anulada compra de patrulleros Hyundai Tucson.
El proceso de selección abreviado tuvo el No. 008-2006-IN-OGA y fue normado por el Decreto de Urgencia No. 024-2006 (ver documento).

El acto público de apertura de sobres se realizó el 21 de diciembre de 2006 en el Ministerio del Interior. Se presentaron 6 empresas:

• Uro Vehículos Especiales, de España.
• Griffin Incorporated, de Estados Unidos.
• ISDS.
• Tractocamiones EIRL, de Estados Unidos, cuya propuesta no fue admitida por no presentar su inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores.
• Automotores Gildemeister Perú SAC, cuya propuesta tampoco fue admitida por no presentar una declaración jurada que se solicitaba en las bases.
• Dive Import (Mercedes Benz), que finalmente no entregó su propuesta al comité de selección.

Es decir, de las seis compañías que se presentaron, tres calificaron: Uro, ISDS y Griffin Incorporated. La oferta de ISDS resultó ganadora al ofrecer el 70 por ciento del valor referencial de los camiones portatropa, que era el mínimo que permitía la ley.
Ninguna de las otras empresas postulantes impugnó el proceso de adquisición ni de adjudicación de los camiones portatropa.
ISDS trabajo su propuesta con los técnicos de la fábrica Automotive Industries y de sus contrapartes peruanas, con el fin de elaborar un vehículo adecuado para el país, según fuentes vinculadas con la empresa.
El 28 de diciembre pasado, el Ministerio del Interior le confirmo a ISDS el "consentimiento de la buena pro" al no haberse interpuesto recurso impugnatorio y les invitó a acudir a la sede de Corpac a inicios de enero, para entregar la documentación requerida y firmar el contrato.

El 4 de enero, ISDS entregó los documentos. El 8 de enero, su gerente, Saul Mishkin firmó el contrato con los funcionarios de la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Ministerio. El 9 entregó las cartas fianzas requeridas: las garantías de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de la propuesta, que ascendía a 3 millones 600 mil soles, que representa el 21 por ciento del valor total de la adjudicación.
Inmediatamente después, se firmó el contrato, luego del cual el ministerio debería suscribir una carta de crédito, que se efectiviza cuando se cumplen los requisitos contractuales. Además, se le entregó a ISDS, el certificado de usuario final por parte del Ministerio del Interior para el inicio de la fabricación y la exportación de los camiones portatropas.

Pero entonces se desató el primer escándalo de la compra de patrulleros, la salida de Mazzetti y el ingreso de Alva Castro al ministerio del Interior.
El nuevo ministro congeló el proceso y poco después hizo saber a ISDS que pensaba anularlo.
Los ejecutivos de ISDS trataron de reunirse con los nuevos inquilinos de Córpac. Pero recién a mediados de mayo lograron hacerlo.
La reunión fue encabezada por el jefe del Gabinete de Asesores, José Abramovitz, quien les indicó que "el motivo de la reunión era para pedirnos que anuláramos el contrato de mutuo acuerdo" según una fuente relacionada con ISDS. Abramovitz dijo que habían irregularidades. Los de ISDS pidieron, según afirman las fuentes, que las indique.

En lugar de hacerlo, siempre según las fuentes, Abramovitz sostuvo que "mira no las tengo" pero, señalando el expediente, agregó "pero lo vamos a encontrar".
Como queda escrito líneas arriba, IDL-SC trató reiteradas veces de entrevistar a Abramovitz, sin éxito.
Tras esa reunión, el gerente Mishkin recibió una citación de la policía anticorrupción, donde se le informaba que era investigado por la licitación de los portatropas.
Entonces, el presidente de ISDS, Leo Gleser sostuvo una cita con Abramovitz, en la que éste, siempre según fuentes vinculadas con ISDS, le pidió "rescindir" el contrato.
Gleser tuvo otra reunión, esta vez con el ministro Alva Castro y José Abramovitz. El ministro Alva le habría dicho a Gleser, de acuerdo con las fuentes, que "no podía seguir con ese contrato por que esto era un tema político".
El dueño de ISDS le pidió a Alva Castro honrar el contrato dado que, dijo, ha cumplido con todos los requerimientos legales y técnicos. Añadió que le es imposible retirarse "porque se ha fabricado el 85 por ciento de los camiones portatropas". La reunión terminó sin acuerdo alguno.

El 19 de julio, el Ministerio del Interior le envió a ISDS una carta notarial (005-2007-IN/0509) en la que se adjunta la resolución ministerial 04882007IN/0101 (ver documento en : http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2007/14-09/procesos.pdf) donde se declara nulo el contrato. Se afirma que el representante legal, Mishkin no estuvo en Perú cuando se firmó el contrato; que ISDS concertó el precio con Leviatán Co.; que hubo vicios en la conformación del Comité especial, el estudio de mercado, entre otros cargos.
También se ordenó al Procurador del Ministerio del Interior que realice las investigaciones y denuncias correspondientes contra los funcionarios de ISDS.
ISDS respondió encomendando a sus abogados la vía judicial. El primer paso ha sido pedir el proceso de arbitraje ante Consucode.
El tribunal arbitral ya se ha instalado. Lo preside Gonzalo García Calderón y también lo integran Carlos Alayza B. y Oswaldo Hundskpof.
Son varios millones de soles los que están en juego.
* Nota.- Gustavo Gorriti, director de IDL-SC, considera necesario informar que conoce a Leo Gleser, presidente de ISDS, desde hace más de 35 años, a través de la práctica del Judo. En consecuencia, Gorriti se ha inhibido de participar en la investigación de este caso y la redacción de esta nota, que ha estado a cargo de Paola Ugaz.
Publicado el 14 de septiembre 2007

Asunción, 14 sep - Las imágenes satelitales muestran al territorio de Paraguay repleto de pequeños puntos rojos. El fuego ha devastado 400.000 hectáreas y los damnificados ya son más de 15.000, mientras llueven acusaciones de acción gubernamental tardía.
Desde hace tres semanas, cerca de 1.700 focos de incendio, sobre todo en el norte del país, arrasan poblados, bosques, cultivos y pastizales en lo que se considera la peor tragedia de la última década.
Los afectados, campesinos, productores agrícolas y ganaderos, dicen que la situación es catastrófica y critican la lenta reacción del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que, pese a las advertencias sobre el incontrolable avance del fuego, sólo esta semana declaró la emergencia nacional

Los incendios se registran en distintas partes del territorio paraguayo, pero la situación alcanzó niveles críticos en el norte, en cuatro de los 17 departamentos (provincias) del país: Amambay, Concepción, San Pedro y Presidente Hayes.
El gobierno dispuso reforzar con más personas a los equipos que combaten el fuego. El responsable de la Secretaría de Emergencia Nacional, general retirado José Kanasawa, dijo a IPS que alrededor de 1.000 personas, entre socorristas y militares, partieron hacia las zonas afectadas, en las que ya estaba trabajando una cantidad similar.
"La complejidad de la situación va mucho más allá de lo que el control humano puede enfrentar. Lo único que podemos hacer es contener, resistir, evitar que el fuego se siga propagando y rogar para que venga una lluvia", afirmó.
El gobierno también pidió ayuda a Argentina, Chile y Venezuela, para que se sumen a la asistencia que desde la semana pasada brinda Brasil.

Las autoridades brasileñas, que enfrentan el mismo problema en regiones situadas cerca de la frontera con Paraguay, han enviado cuatro aviones hidrantes, que en los últimos días han arrojado más de 500.000 litros de agua sobre los focos de incendio.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se comprometió a enviar un avión Ilyushin 76, de fabricación rusa, que tiene capacidad para lanzar 41.000 litros de agua en cada vuelo. Su alquiler cuesta un millón de dólares.
La sequía que afecta a la región complica la tarea de los bomberos y militares, quienes además carecen de elementos apropiados para su tarea: están utilizando machetes y otras herramientas agrícolas en su intento de controlar el fuego.
Kanasawa explicó que la mayoría de los incendios fueron provocados por pequeños agricultores y ganaderos, quienes recurren habitualmente a la quema para renovar pastizales y limpiar terrenos boscosos.
"No consideraron las condiciones extremadamente secas del ambiente. El fuego se extendió y al llegar a los bosques quedó fuera de control", señaló.

Aunque la quema en el campo está prohibida por la legislación, es una práctica corriente en las zonas rurales, por la creencia de que así se renueva el suelo.
Un equipo de agentes del Ministerio Público, encabezado por el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, partió a la zona afectada para investigar las denuncias sobre incendios intencionales.
El pronóstico meteorológico para las próximas semanas ofrece pocas esperanzas.
El gerente de Pronósticos del Ministerio de Agricultura, Roberto Salinas, dijo a IPS que, si bien la sequía es habitual en esta época, hay un déficit de lluvia respecto de años anteriores. Sólo dentro de 15 o 22 días se registrarán lluvias importantes que ayuden a sofocar el fuego.

Alberto Soljancic, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, que agrupa a los ganaderos, comparó los incendios con los huracanes que arrasan las costas caribeñas.
"Las consecuencias son igual de catastróficas", dijo a IPS. Su propiedad de 2.000 hectáreas en San Pedro fue prácticamente consumida por el fuego.
"Desgraciadamente, tardamos en darnos cuenta del mal que está azotando a nuestro país y actuamos tarde, como de costumbre", agregó.
Aunque no existen estimaciones oficiales, Soljancic calculó que las pérdidas del sector productivo sobrepasan los 10 millones de dólares.

El secretario general de la no gubernamental Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), Luis Aguayo, indicó que pedirán subsidios al gobierno para afrontar las pérdidas.
"A un pequeño agricultor le llevará seis meses tener alimentos para mantener a su familia. Mientras tanto tiene que sobrevivir", dijo Aguayo a IPS.
Los hospitales y centros de salud de las zonas afectadas están abarrotados de pacientes con problemas respiratorios e irritaciones en la piel y los ojos. El Círculo Paraguayo de Médicos recomendó la evacuación de personas alérgicas.

Las zonas críticas están a unos 300 kilómetros de distancia de Asunción, pero el efecto de los incendios también se nota en esta ciudad, que está cubierta por humo desde hace días, lo cual provoca problemas oculares y dermatológicos en la población. También forzó a cerrar en varias ocasiones el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.
Varios vuelos fueron desviados a Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción. Aunque las operaciones tienden a normalizarse, el director de Aeronáutica, Hugo Aquino, advirtió que la escasa visibilidad "va a seguir hasta que venga una lluvia".

Las organizaciones ambientalistas están preocupadas por los efectos a largo plazo de los incendios forestales.
"Las más de 400.000 hectáreas de bosques que han sido quemadas son irrecuperables", aseguró a IPS Danilo Salas, de la no gubernamental Fundación Moisés Bertoni. Si no se toman medidas, advirtió, los pobladores podrían ser víctimas de enfermedades como la malaria y el dengue, entre otras.
"Necesitamos coordinar todas las instancias del Estado y del sector privado para prevenir por un lado y corregir el problema por el otro. Es absurdo", concluyó, "que a pesar de que el país se está incendiando en algunas rutas se vea gente del campo prendiendo fuego. No estamos aprendiendo de los errores".

Los dos rayos de luz blanca que durante los últimos días subían verticalmente al infinito desde donde estuvieron las Torres Gemelas en Nueva York fueron apagados al amanecer, pero la guerra que desató el gobierno de Estados Unidos en nombre del 11-S continuará oscureciendo el mundo infinitamente, revelan militares y la Casa Blanca.
Después de dos días de interrogatorio en el Congreso, el general David Petraeus, comandante supremo de las fuerzas de Estados Unidos en Irak, y el embajador estadunidense en ese país, Ryan Crocker, quedó claro que la estrategia propuesta es simplemente "más de lo mismo".

Pero en sus declaraciones, y en los documentos presentados, se reveló que el gobierno estadunidense está operando con la suposición de mantener una presencia militar importante en Irak durante por lo menos una década, o tal vez de manera permanente.
Aunque se mencionó que para el próximo verano se podría contemplar el retiro de 30 mil tropas, eso sólo sería regresar al mismo nivel de tropas (130 mil) que había en Irak a comienzo de este año, antes del incremento supuestamente extemporáneo ordenado por el presidente George W. Bush.
Más allá de este regreso a los niveles anteriores, las proyecciones a futuro sobre la presencia militar en Irak ofrecidas por el general Petraeus dejaban claro que se trataba de muchos años.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo el pasado martes que las declaraciones del general y el embajador "me suenan como un compromiso de por lo menos 10 años a una presencia y guerra indefinida".
Jim Fine, analista legislativo de Friends Comittee on National Legislation, organización de cabildeo antiguerra, señaló que Petraeus mostró una gráfica a los legisladores para ilustrar cómo, a lo largo de un número indeterminado de años, la misión militar de Estados Unidos se transformará de contrainsurgencia a una de "supervisión estratégica" con entre 30 mil a 40 mil tropas estadunidenses estacionadas en Irak.

Añadió que al observar estas presentaciones "me di cuenta de que estaba atestiguando la propuesta más explícita hasta la fecha del gobierno de Bush para la ocupación indefinida de Irak".
Agregó: "los oficiales de mayor rango militar y diplomático estaban informando al Congreso y al pueblo de Estados Unidos que la guerra de Irak es una aventura imperial del siglo XXI con un propósito de crear un régimen subordinado y protegido en el corazón petrolero de Medio Oriente".
Fine y otros han indicado que las frecuentes comparaciones de Corea con Irak por Bush y otros altos funcionarios subraya la intención de establecer una presencia militar perpetua en Irak, igual a la presencia durante medio siglo de soldados estadunidenses en ese país asiático.
Bush tiene programado un "mensaje a la nación" para este jueves, donde se espera que refrendará las propuestas estratégicas presentadas por el general y el embajador de "mantener el curso" en Irak. Seguramente repetirá el mantra de su gobierno de que la guerra se libra en Irak para evitar que sea librada aquí, y que tiene el objetivo fundamental de "hacernos más seguros".

Seguridad insegura

Pero tal vez el momento más notable de las presentaciones de Petraeus y Crocker ante el Senado fue cuando el senador republicano John Warner –de los más respetados en política exterior y de defensa– le preguntó al general si la estrategia en Irak "estaba haciendo más seguro a Estados Unidos".
Petraeus intentó responder hablando de los intentos por lograr los objetivos de la guerra en Irak, pero Warner insistió y el jefe militar finalmente declaró: "señor, no lo sé, realmente".
El Congreso y la clase política ahora tendrán que decidir cómo proceder sobre el financiamiento de la guerra, qué condiciones intentar imponer al comandante en jefe y cómo reducir los daños políticos ante una opinión pública que no confía ni en la Casa Blanca ni en el Congreso para resolver esta guerra cada vez más reprobada.

Sin embargo, los demócratas todavía no cuentan con la suficiente unidad interna para lograr –con su mayoría legislativa– imponer condiciones a la Casa Blanca y demandar el retiro de tropas, ni un calendario fijo para iniciarlo.
Por la otra parte, Bush ya no cuenta con el endoso de varios legisladores republicanos que cada día más buscan alejarse o expresar más explícitamente sus diferencias con la estrategia del comandante en jefe. Casi todos hablan de la necesidad de "un cambio en curso", pero hasta ahora no hay consenso hacia dónde o qué tan rápidamente.
Y es que casi ningún político desea abordar esta guerra y después ser responsabilizado de su fracaso. En gran medida, eso explica la renuencia a ofrecer propuestas concretas y la necesidad de evitar cualquier crítica o duda sobre "nuestros uniformados".
Ya inició la temporada electoral de 2008 (entre los legisladores en las audiencias con el general y el embajador había cinco candidatos presidenciales –potenciales comandantes en jefe–, y la guerra ahora se trata tanto del juego político aquí como de la estrategia bélica en el exterior.

La estrategia política de Bush, señalan comentaristas de ambos partidos, es sostener esta aventura bélica hasta después del fin de su mandato y entregarle el paquete a su sucesor. Por el lado militar y geopolítico, todo indica que muchos expertos consideran que tal vez el peor desastre de política exterior en la historia reciente podría continuar por una década o más.
Este fin de semana se convoca una marcha y manifestación nacional en esta capital, donde veteranos de ésta y otras guerras, familiares de soldados, ex funcionarios y figuras nacionales como Cindy Sheehan, Ramsey Clark y Ralph Nader esperan contar con la presencia de decenas de miles de estadunidenses para, una vez más, demandar el fin de la guerra.

Washington, 11 sep ( - Luego de dos días de comparecencia de dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en Iraq ante el Congreso legislativo, la perspectiva de una retirada sustancial de tropas con George W. Bush como presidente son más remotas que nunca.
El propio Bush se dirigirá a los televidentes estadounidenses este jueves para apoyar la recomendación del general David Petraeus, el comandante de las fuerzas de este país en Iraq: el regreso de unos 30.000 soldados, 20 por ciento del total, para agosto de 2008.

Eso dejaría en el terreno a unos 135.000 uniformados, más o menos lo mismo antes de iniciada en febrero la estrategia "surge" (embate), que implicó elevar la presencia militar en el frente iraquí.
Por lo tanto, la salida de Estados Unidos de la aventura bélica más costosa y sangrienta desde la guerra de Vietnam quedará a cargo del sucesor de Bush, que asumirá el 20 de enero de 2009.
El opositor Partido Demócrata advierte que la reducción propuesta no se acerca ni siquiera a lo necesario, en particular luego de que Petraeus y el embajador estadounidense en Iraq, Ryan Crocker, no lograron identificar ningún avance serio en los objetivos establecidos para la estrategia "surge".

"¿Estamos más cerca de un acuerdo político duradero en Iraq hoy de lo que estábamos cuando el "surge" comenzó hace ocho meses? Y, si continuamos con el "surge" otros seis meses, ¿los chiitas, los sunitas y los kurdos dejarán de matarse unos a otros y comenzarán a gobernar juntos?", preguntó el senador Joseph Biden, que presidió la sesión de este martes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
"La respuesta a las dos preguntas es no", se contestó, en la misma instancia en que Crocker y Petraeus presentaban su testimonio en el recinto del Senado.

Algunos legisladores del gobernante Partido Republicano parecieron de acuerdo con Biden, incluidos dos de los más fervientes defensores de la invasión a Iraq en 2003: el representante James Walsh y la senadora Elizabeth Dole, quienes aseguraron haber cambiado de idea.
"El continuo fracaso del gobierno de Nouri al-Maliki en la búsqueda de la reconciliación, y el hecho de que la actual fuerza estadounidense no es sostenible hasta la próxima primavera (boreal) me obliga a apoyar" las propuestas demócratas de cambiar el carácter de las tropas en Iraq, dijo Dole.
Pero aun con unos cuantos republicanos acercándose a sus posiciones, los demócratas no parecen capaces de alcanzar los dos tercios de legisladores necesarios para levantar el veto de Bush a cualquier legislación que pretenda obligarlo a cambiar la misión militar en Iraq.

Así lo reconoció el propio Biden: "A menos que obtengamos 67 votos para levantar el veto, nada podemos hacer para poner fin a esta guerra." Según analistas, los 50 senadores demócratas serían afortunados si pudieran acercarse apenas a esa cifra.
De todos modos, alcanzar el umbral de los 60 votos sería un duro golpe político para Bush, aunque la mayoría de los observadores coinciden en que el presidente no está todavía dispuesto a ceder y aún cree que puede triunfar en Iraq.
Según versiones periodísticas, Bush dijo la semana pasada al viceprimer ministro australiano, Mark Vaile, en Sydney: "Estamos pateando traseros en Iraq."

Petraeus citó estadísticas que muestran una gran caída de la violencia religiosa en Bagdad, principal objetivo de la estrategia "surge", tanto el general como el embajador Crocker debieron admitir que los avances en el frente político --como la reconciliación nacional-- eran diminutos.
El comandante también reconoció que el desalojo de Al Qaeda en Iraq de la provincia Al Anbar había sido un logro de milicias tribales sunitas, que actuaron espontáneamente y sin que eso tuviera relación con el "surge".
Crocker y Petraeus, así como funcionarios del gobierno y sus simpatizantes, consideraron que el progreso en Al Anbar era una parte fundamental de una estrategia hacia la reconciliación nacional, por la cual insurgentes sunitas se habían vuelto aliados de fuerzas estadounidenses e incluso del gobierno de Maliki, dominado por los chiitas.

Pero expertos y legisladores consideran que, una vez que derroten por completo a Al Qaeda en Iraq, las milicias podrían volver sus fusiles contra el gobierno y las tropas estadounidenses.
"Si la estrategia no logra algún tipo de reconciliación, sólo habrá echado combustible a una guerra civil mucho más violenta", dijo el director del Centro de Seguridad Internacional y Políticas de Defensa de la Rand Corporation, James Dobbins.
En el Congreso, Petraeus recomendó la retirada de 2.000 infantes de marina para fines de este mes y la de otros 4.000 antes de fin de año. Otros 24.000 deberán retornar entre enero y julio próximos.

Washington, sep - Cuando John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt publicaron su polémico artículo "El lobby israelí" en la revista británica London Review of Books, en marzo de 2006, obtuvieron la clase de respuesta con la que sueñan todos los académicos.
Sin embargo, no todo fueron elogios. El ensayo recibió críticas por su provocativa tesis sobre una amplia coalición dedicada a diseñar la política de Estados Unidos en Medio Oriente y suprimir el debate público en este país, fundamentalmente aquí, en la capital donde se toman las decisiones.

Mencionaron que esa alianza de cabilderos incluye a neoconservadores, cristianos sionistas, académicos, columnistas de diarios y grupos de presión con sede en esta ciudad, como el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos.
El columnista Christopher Hitchens consideró que el ensayo era "sospechoso", mientras que La Liga Antidifamatoria, organización de la colectividad judía, dijo que era "la clásica teoría conspirativa antisemita, que invoca los conocidos argumentos sobre el dominio judío".
Alan Dershowitz, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, sostuvo que el texto estaba plagado de distorsiones. También cuestionó la motivación de Walt, decano de la Escuela de Gobierno de Harvard cuando escribió el artículo, y Mearsheimer, docente de la Universidad de Chicago, para redactar un texto que "aporta tan poco a la bibliografía existente y es tan susceptible de ser mal utilizado".

El artículo no hubiera generado tanto revuelo si sus autores no tuvieran un prestigio académico tan marcado. De la noche a la mañana, dos miembros de la elite universitaria abordaron abiertamente un tema que había sido tabú durante mucho tiempo.
Los blancos de sus críticas, los cabilderos, lanzaron una agresiva campaña para desacreditar su trabajo y dañar sus reputaciones.
Mearsheimer y Walt ahora convirtieron su artículo en un libro de 355 páginas, "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy" ("El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos"), editado por Farrar, Straus y Giroux.

En el texto destacan que no existe razón moral o estratégica para el apoyo diplomático y militar incondicional de Estados Unidos a Israel. Washington debería tratar a Tel Aviv igual que a sus otros aliados y llevar adelante una política que beneficie a sus propios intereses, argumentan.
Los autores acusan a los cabilderos israelíes de moldear el debate político en una forma que daña la seguridad nacional de Estados Unidos en el largo plazo.
Mientras otros grupos de presión han logrado llevar la política exterior de Washington hacia direcciones que ellos promueven, argumentan, "ninguno ha desviado esa política tan lejos de la que mejor respondería a los intereses" estadounidenses.
Mearsheimer y Walt señalan que el grupo de presión israelí actúa en función de sus propios intereses, que a veces incluso se contraponen a los del gobierno israelí. Esto se debe, en buena medida, a que está formado por individuos y organizaciones cuyos puntos de vista están asociados a los del derechista partido Likud de Israel.

Los autores admiten que el término "lobby (grupo de presión) israelí" resulta engañoso, ya que no diferencia la multiplicidad de puntos de vista dentro de la comunidad judía. Debería ser llamado, con más precisión, "el lobby pro-Likud". Sin embargo, incluyen dentro de los cabilderos a grupos moderados, con lo cual enturbian las aguas un poco más.
De hecho, la extensión y límites del "lobby", tal como lo definen los autores, resultan borrosos. Identifican a un grupo de académicos, centros de estudios, comités de acción política, neoconservadores y cristianos sionistas, a los que consideran su núcleo duro, y así refuerzan su argumento de que el común denominador entre ellos es su coincidencia ideológica.

Tras la publicación de su artículo en el London Review of Books, Mearsheimer y Walt fueron acusados de antisemitismo, cargo que se esforzaron por desmentir en el libro. Usaron como ejemplo la reacción con la que fue recibido el último libro del ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), "Palestine: Peace not Apartheid" (Palestina: paz, no apartheid).
"Carter no sólo fue públicamente acusado de ser antisemita y de alguien que odia a los judíos, sino que también se dijo que tenía inclinaciones nazis. Como los argumentos estratégicos y morales del lobby son muy débiles, su única opción es tratar de suprimir o marginar la discusión seria del tema".

Sin embargo, a pesar de su énfasis sobre cómo la influencia de los cabilderos afecta negativamente los intereses de Estados Unidos, Mearsheimer y Walt no ofrecen una descripción sobre los mecanismos que les permiten transformar sus deseos en decisiones políticas de Washington, algo que hubiera reforzado sus argumentaciones.
En el libro no aparecen, por ejemplo, la nómina de contribuciones de campaña de miembros de los grupos de presión a determinados candidatos, entrevistas a figuras relevantes o los resultados de un trabajo de investigación de los autores. Aunque la obra incluye una rica variedad de fuentes, buena parte de la información es de segunda mano, tomada de medios de prensa o declaraciones públicas

La última parte del libro, que es también la mejor, está centrada en cómo los grupos de presión contribuyeron a moldear el debate público y en el Congreso legislativo en Washington sobre Irán, Iraq, Siria y el conflicto entre Israel y la milicia libanesa chiita Hezbolá (Partido de Dios).
Aunque resulta cuestionable hasta qué punto el lobby israelí presionó activamente para que Estados Unidos invadiera Iraq, Mearsheimer y Walt logran demostrar que ejerció una influencia significativa entre los legisladores promoviendo sanciones económicas contra Irán y Siria.
La coalición política de grupos derechistas que los autores caracterizan como "lobby israelí" no mueve los hilos de los políticos de Washington tal como un titiritero lo hace con sus marionetas.

Los cabilderos no constituyen una entidad monolítica, creada a partir de alguna conspiración en la sombra, y los autores no son antisemitas. Son expertos en relaciones internacionales, adscriptos a la escuela "realista" de pensamiento, que enfatiza el interés y la seguridad nacional a la hora de definir las políticas.
Si los lectores no fueron convencidos por el artículo original, es dudoso que encuentren en el libro algo que los haga cambiar de parecer. Sin embargo, Mearsheimer y Walt han entreabierto la puerta a un debate largamente postergado.

"Los únicos terroristas, los grandes delincuentes no están en el pueblo, (ni) en las filas de los revolucionarios. A dichos delincuentes y terroristas búsquenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los cuerpos policiaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el país y que pugnan por la instauración de un Estado policiaco-militar, con esos fines impusieron a (Felipe) Calderón en un proceso electoral fraudulento", respondió la agrupación guerrillera a sus críticos en un comunicado.

Indicó que sus acciones en instalaciones de Pemex no son ataques contra el patrimonio nacional ni pretenden desestabilizar al país, sino que son una práctica de "autodefensa" ante el "terror" de Estado y el impulso del paramilitarismo de la actual administración federal, la cual "es la responsable del desastre económico, político y social que vive el país" y trata a los problemas político-sociales como de seguridad nacional.
Subrayó que quienes han destruido la paraestatal son los "grandes oligarcas" que llevaron de manera "fraudulenta" a Calderón a la Presidencia, y no las explosiones que ha provocado.

El grupo guerrillero recordó que desde hace más de tres meses dos de sus integrantes están desaparecidos, por lo que reiteró su exigencia de que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sean presentados con vida; pues aseguró que son víctimas de tortura por autoridades militares y que están recluidos en una cárcel clandestina del Campo Militar Número Uno.
Dijo que por ello se ha visto orillado a cometer acciones "político militares", como define las explosiones en la paraestatal. "Hemos insistido una y otra vez que no somos partidarios ciegos de la violencia, amamos sobre todo la vida y la paz, pero ante la ofensiva fascista no podemos permanecer en la indiferencia, la indefensión y la sumisión; hacerlo así sería capitular y dejar en el abandono a nuestro pueblo, allanarle el camino a la ultraderecha para que siga perpetrando sus crímenes de lesa humanidad para borrar físicamente toda expresión de inconformidad y oposición política ya sea progresista o revolucionaria".

Es en el gobierno y no en el pueblo donde se encuentran los "únicos" terroristas y grandes delincuentes, aseguró el Ejército Popular Revolucionario (EPR); pues, añadió, la violencia "siempre ha sido y venido de parte del Estado, los revolucionarios sólo hacemos el uso legítimo de la autodefensa".
"Los únicos terroristas, los grandes delincuentes no están en el pueblo, (ni) en las filas de los revolucionarios. A dichos delincuentes y terroristas búsquenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los cuerpos policíaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el país y que pugnan por la instauración de un Estado policíaco-militar, con esos fines impusieron a (Felipe) Calderón en un proceso electoral fraudulento", señaló la agrupación guerrillera en respuesta a sus críticos en un comunicado.

Dijo que "ha sido prudente" en espera de que las autoridades respondieran a la petición de que sus compañeros sean presentados con vida; sin embargo, consideró que les han respondido con indiferencia y menosprecio, restando importancia a sus acciones "político-militares" con una actitud gubernamental de "ni los veo, ni los oigo". Como muestra de "esa prudencia" indicó que en Veracruz pospuso sus acciones hasta después del proceso electoral en la entidad.
El EPR resaltó que "no es con el incremento de la militarización y el exceso de presupuesto en el rubro de seguridad nacional como detendrán el creciente descontento popular en nuestro país, porque éste es consecuencia directa de la política económica neoliberal y las medidas fascistas impulsadas por la ultraderecha".

Elementos federales detuvieron anoche a Hermenegildo Torres Cruz, integrante de Izquierda Democrática Popular y ex guerrillero del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), expresó su preocupación por que el detenido sea ligado al EPR.
Hasta el cierre de esta edición no se había podido confirmar por qué se le detuvo, sólo se supo que Torres Cruz fue presentado ante la PGR en la capital del país. La aprehensión la realizaron 10 elementos federales (a las 22:30 horas de este viernes), quienes llegaron hasta la oficina del detenido, en el DF, en una camioneta Silverado.
La Limeddh acudió a las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y del Distrito Federal, así como a la Secretaría de Gobernación, para que se garantice la integridad física y sicológica del detenido.
Torres Cruz estuvo preso siete años y recientemente denunció que en México se aplica una campaña de represión contra los movimientos sociales.
También había exigido al gobierno de Felipe Calderón que presentara a los dos eperristas desaparecidos el 25 de mayo pasado.

San Cristóbal de las Casas, Chis., 14 de septiembre. La proliferación de conflictos "focalizados" y en apariencia aislados, pero de características idénticas, desestabiliza crecientemente la cotidianidad de los pueblos autónomos zapatistas en la selva Lacandona y otras regiones, especialmente en territorios correspondientes a las juntas de buen gobierno de Morelia y La Garrucha, donde se localiza el mayor número de tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tras su levantamiento en 1994. Además, las acciones gubernamentales para desalojar a las comunidades "no lacandonas" de Montes Azules se han agudizado.

Las bases de apoyo zapatistas de la comunidad Rafael Moreno, en el municipio autónomo Francisco Gómez, denuncian agresiones constantes y crecientes de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), grupo priísta cuya función política explícita es confrontar, agredir e intentar desalojar a las bases zapatistas, respaldado por las autoridades federales agrarias y en la impunidad que gozan sus acciones violentas.
También es el caso reciente de la comunidad Bolom Ajaw, en el municipio autónomo Olga Isabel, cuyas familias fueron agredidas por miembros de la Opddic en las inmediaciones de Agua Azul, y de inmediato el gobierno del estado emitió en Palenque una versión distorsionada de los hechos, amplificada por los medios locales e ilustrada con fotos de insurgentes zapatistas tomadas en 1994, como si fuesen de los hechos en Agua Azul, y así acusar a los zapatistas de ser los "violentos".

La beligerancia de la Opddic se acrecienta a pesar de que su líder, Pedro Chulín Jiménez, se encuentra preso en El Amate (aunque no se han hecho públicos los cargos).
Un informe reciente sobre la situación de Rafael Moreno y otras comunidades zapatistas expresa: "Los agravios contra las bases de apoyo zapatistas se han convertido en parte de una cotidianidad. Robos de mazorcas, plátanos, calabazas, materiales de la escuela autónoma, herramientas de trabajo comunitario, se suceden regularmente".
Miembros de la Opddic de la propia comunidad, y procedentes de otras, amenazan desde el 27 de julio con "traer 25 carros llenos de gente" para desalojarlos de sus casas y tierras. Esto, después de exigirles "legalizar" las tierras recuperadas. Mariano Jiménez Morales, miembro de Opddic, adivirtió que de lo contrario, sus derechos no serán tomados en cuenta y arguyó la existencia de "potenciales compradores". Después amenazó llamar a la seguridad pública "para someterlos en la cárcel si las autoridades zapatistas reaccionaban".

Las amenazas y agresiones se agudizaron en marzo de este año, cuando personas ajenas a la comunidad, pertenecientes a la Opddic, invadieron con ganado la milpa comunitaria zapatista y causaron daños. Los acompañaba el dirigente local de Opddic, Manuel Cortes Pérez. El 24 de marzo, el mismo Cortes Pérez encabezó a Rigoberto Sánchez Pérez, Antonio García y Vicente Hernández Ruiz para destruir la casa de un campesino zapatista, de nombre Jerónimo.
En mayo, los zapatistas arriendan uno pastizales a personas de un ranchito vecino, pertenecientes a la Aric Independiente. Los líderes de la Opddic obligaron a los arrendadores ariqueros a romper el trato con los autónomos de Rafael Moreno, y los amenazó con represalias si volvían a hacerlo.

A fines de mayo se incendia la casa de Mariano Jiménez Morales, y su familia admite que el percance fue accidental, pero días después la Opddic, organización a la que pertenece Jiménez Morales, acusa a los zapatistas del incendio y amaga con "traer a la seguridad pública para que los detenga y encarcele". Según la versión inicial de la señora de la casa, los zapatistas más bien la auxiliaron para sofocar el fuego. Días después, obligada por la organización priísta, la mujer acusó a los zapatistas.
La Opddic establece un regimen de terror entre las familias que la apoyan, para justificar las agresiones contra los autónomos. Las acusaciones falsas, la fabricación de "incidentes", la destrucción de cultivos y hasta casas, son acciones que aderezan la presión gubernamental contra las tierras recuperadas hace más de una década por las bases del EZLN.
Los principales agresores priístas en la comunidad Rafael Moreno son: Eusebio Hernández Pérez, Manuel Cortes, Vicente Hernández Ruiz, Chabelo Sánchez Pérez, Rigoberto Sánchez Pérez, Mariano Jiménez Morales, Antonio García, Vicente Hernández Ruiz y Manuel Cortes Pérez.

Los familiares de Julia Marlene Olivos, víctima de la masacre del Penal Miguel Castro Castro, se querellaron en contra de ex Presidente peruano Alberto Fujimori por su responsabilidad en las torturas que le provocaron la muerte a la mujer. "Mi hija tenía 23 años. Le arrancaron los cabellos de la parte frontal al arrastrarla a "la cocina" un lugar de la prisión donde la torturaron, violaron y asesinaron" dice su madre, Julia Peña Castillo.

La acción legal también contempla los asesinatos de 11 reclusos de ese penal, que fue intervenido por militares bajo la excusa de que habría un motín. La matanza -en que finalmente murieron 42 internos- se produjo entre el 6 y 9 de mayo de 1992, un mes después del autogolpe de Estado perpetrado por Fujimori (el 5 de abril) en que clausuró el Congreso e instauró un "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional".
De ser declarada admisible la acción judicial podría echar por tierra las intenciones de Perú de que el ex Mandatario sea juzgado en su país lo antes posible. Sin embargo, una querella similar contra de Fujimori ya fue rechazada por el 2º juzgado del Crimen de Santiago.

Perú presentará una nueva demanda de extradición de Fujimori por el delito de homicidio en agravio de un recluso que murió en el sofocamiento del supuesto motín de Castro Castro. De concretarse el envío el panorama judicial de Fujimori cambiaría pues la decisión de la Segunda Sala del máximo tribunal se tendría que posponer y el ministro Orlando Álvarez deberá decidir si acumula el pedido a la causa principal o si es tramitado con por otro magistrado. "Cada proceso de extradición es separado a menos que se acumulen. Habría que ver que resuelve el juez de la causa. No hay que hacer conjeturas, la justicia siempre actúa paso a paso", dijo el vocero de la Corte Suprema, Urbano Marín.

Por Yuri Castro Trujillo

Ministro Vallejos responderá a denuncia el lunes en el Congreso. Dice que él mismo dispuso cese de ex jefe del Seguro Integral.

Por Emilio Camacho

Entre el 16 y 17 de agosto, mientras el país se movilizaba para ayudar a las víctimas del terremoto ocurrido en Cañete, Pisco e Ica, funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) habrían cometido una serie de irregularidades al usar fondos destinados a cubrir las necesidades de los damnificados.
La denuncia fue presentada por el secretario de la comisión de Fiscalización, Renzo Reggiardo, quien afirmó que el SIS habría dispuesto de 19 millones de soles –para comprar material de emergencia y víveres– sin tomar en cuenta la Ley de Presupuesto Público 2007. Esta norma sostiene, en su artículo número cinco, que el presupuesto del SIS no pueden ser modificado.
Pero esta falta administrativa solo sería la punta de la madeja de un caso más complicado. En sus pesquisas preliminares, los congresistas confirmaron que la resolución jefatural con la que debían sustentarse las compras de emergencia efectuadas por el SIS no tiene ninguna firma. Y no es todo.

Tiene un poco más de quince días de creado y el Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur) encuentra su primer obstáculo: conseguir que se reúna el directorio.
"Es complicado reunir a diecinueve personas en una semana", explicó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hernán Garrido Lecca. "La idea es que dentro de la directiva se formen subgrupos que se encarguen de temas sectoriales para agilizar la toma de decisiones", añadió el ministro. El Congreso acaba de modificar el párrafo 5.2 de la norma que crea Forsur, la cual indicaba que las sesiones del directorio se iban a realizar una vez por semana y cuando lo convoque el presidente, en este caso Julio Favre. Ahora se dispone que la reunión sea a solicitud de Favre o de la mitad más uno de los miembros.

El presidente regional de Ica, Rómulo Triveño, dijo que la modificación demuestra que hay poca voluntad política para sacar adelante Forsur y que espera que Favre no los cite "cuando le dé la gana porque tiene que rendirle cuentas a su pueblo". "Espero que nos citen pronto y no en un año", ironizó. La única vez que el directorio se reunió en pleno fue el 4 de setiembre, en Pisco. CAMBIO. En las correcciones a la ley Forsur, a pedido del Ejecutivo, el Congreso dispuso un cambio: entra el ministro de Agricultura y sale el de Energía y Minas.

El escaño logrado por el ex-dictador y
genocida le garantiza inmunidad
para eludir la justicia internacional
Otra victoria de Ríos Montt más allá de las urnas

Por Francesc Relea

El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt respira tranquilo. De momento, ha logrado evadir la acción de la justicia internacional, que le persigue por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Tras el recuento de votos de las elecciones del domingo, el general golpista que presidió uno de los periodos más negros de la historia reciente de Guatemala (1982-1983) ha obtenido un escaño de diputado por el ultraderechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que le garantiza inmunidad parlamentaria a pesar de los graves delitos que se le imputan y que costaron miles de vidas.
A los 80 años, Ríos Montt seguirá moviéndose a sus anchas por su país, pero no podrá cruzar la frontera, ya que está en vigor la orden internacional de detención con fines de extradición dictada hace un año por la Audiencia Nacional de España.

El abogado Benito Morales preferiría que Ríos Montt fuera juzgado un día en Guatemala, pero reconoce que es imposible sin una profunda reforma del sistema judicial que elimine los numerosos resortes antidemocráticos.
"Si no podemos juzgarle aquí con garantías, que sea en un país donde los tribunales son imparciales", dice el coordinador del equipo jurídico de la Fundación Rigoberta Menchú, que en 1999 presentó una querella por "genocidio, torturas y terrorismo de Estado" contra los generales Ríos Montt, Romeo Lucas García y Humberto Mejía Victores, y cinco altos cargos de sus Gobiernos (1978-1885): Benedicto Lucas García, ex ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa; Pedro García Arredondo, ex jefe de la Policía Judicial; Donaldo Álvarez, ministro de Gobernación de Romeo Lucas, acusado del incendio de la Embajada de España en Guatemala en 1980 y de la desaparición de miles de detenidos; Ángel Aníbal Guevara, ministro de Gobernación de Lucas, y Germán Chupina, ex director de la Policía Nacional.
El abogado Morales sabía desde el primer momento que la batalla política y jurídica sería larga. "Haber puesto la querella en España nos permitió lograr la resolución del Tribunal Constitucional de 2005, que reconoció que la justicia española era competente en la materia por el principio de justicia universal".

En noviembre de 2006, un tribunal guatemalteco ordenó la detención de todos los acusados, excepto Ríos Montt. Sólo dos, Guevara y Chupina, fueron arrestados. Los demás se beneficiaron de las tácticas dilatorias.
El expediente del auto de extradición de Ríos Montt está en algún cajón de los tribunales del país centroamericano, a la espera de que se diriman los recursos en cadena presentados por los abogados del general. "Son recursos que no tienen sustento legal, pero están tan bien estructurados que le permiten ganar tiempo", señala Benito Morales.
La inscripción de Ríos Montt como cabeza de lista del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) al Congreso en las últimas elecciones no perseguía otro objetivo que garantizar su impunidad.

Da vértigo comprobar cómo quien fuera presidente y al mismo tiempo responsable del asesinato de 17.000 civiles por parte de las fuerzas militares y paramilitares durante 18 meses ha seguido siendo durante más de dos décadas el político más influyente de Guatemala.
En su Gobierno hubo una militarización total de la Administración pública para combatir a las organizaciones guerrilleras, se implantó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, con matanzas de civiles, una política de tierra arrasada de comunidades en áreas de conflicto que provocó grandes desplazamientos de población, y se crearon tribunales de fuero especial.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), creada por los Acuerdos de Paz de 1996, concluyó que se cometieron "actos de genocidio" durante las operaciones contrainsurgentes en el periodo en que Ríos Montt fue presidente. Su pasado infame no le impidió crear su propio partido, el FRG, ser presidente del Congreso e incluso presentarse en 2003 como candidato a la presidencia de la República, a pesar de que la Constitución prohíbe a cualquiera que haya participado en un golpe de Estado presentarse para un cargo de elección popular.

La acusación particular contra Ríos Montt y sus altos cargos está inmersa en una carrera contra reloj hasta el 14 de enero, día de la toma de posesión de los cargos elegidos el domingo pasado.
Contra la inmunidad del escaño parlamentario se pueden interponer recursos de amparo para que un juez ordene la detención de Ríos Montt. Esta posibilidad sigue siendo un sueño en Guatemala. Pero lo más importante, replica Benito Morales, es que estos militares, con el dictador a la cabeza, ya no son los intocables de antaño.
Tal vez sea así, pero la influencia de Ríos Montt sigue siendo de gran calado. Lo demostró en junio del año pasado, cuando el juez español Santiago Pedraz viajó a Guatemala para interrogarlo. Fue en vano.
Los abogados del general y de los otros militares acusados llevaron a cabo todo tipo de estratagemas para rehuir el interrogatorio. Lo lograron y el juez español tuvo que marcharse con las manos tan vacías que ni siquiera pudo escuchar ningún testimonio de las víctimas.

Fuente : La Jornada.mx

El escritor Carlos Montemayor y el cineasta Alejandro González Iñárritu recibieron la noche del jueves, en el Palacio de Bellas Artes, el Premio a la Excelencia de lo Nuestro, que otorga la Fundación México Unido.
Al recibir el galardón, el autor de Guerra en el paraíso cuestionó el racismo imperante en la sociedad mexicana, y el director de Babel urgió a las autoridades a hacer los cambios estructurales necesarios para "una mejor y más justa política cultural".
Este es el séptimo año que se entrega el galardón, instituido para reconocer –explicó el director de la fundación, Fernando Landeros– a mujeres, hombres o instituciones mexicanos que destaquen por su obra académica, intelectual, moral, artística y humanística, con la que contribuyan al aprecio, fomento y difusión de la cultura mexicana.

Por primera vez se entregan dos premios de manera simultánea. Cada uno dotado con 250 mil pesos, una escultura de Sebastián y un pergamino conmemorativo. Los ganadores en las versiones anteriores han sido el director de orquesta Benjamín Juárez Echenique (2001); la historiadora Josefina Muriel de la Torre; el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández (2003); el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez; el antropólogo, historiador y lingüista Miguel León-Portilla (2005); y la revista Artes de México.

González Iñárritu se mostró emocionado por recibir el galardón en el recinto cultural más importante del país, donde –dijo– se sentía en la tentación de mencionar los grandes cambios necesarios "para una mejor y más justa política cultural".
Añadió que "este país no se encuentra secuestrado por el narco, sino por la discordia y confrontación entre ideologías radicales". Por un lado, empresarios que se defienden "como gatos bocarriba" y, por otro, políticos y servidores públicos insensibles. Esta es la razón –aseguró– por la que los pasos para hacer los cambios que necesita el país son "milimétricos".
Finalmente hizo una emotiva evocación de la importancia que sus padres tuvieron en su formación personal y profesional.

Ante un proceso de globalización que ha profundizado las injusticias en contra de nuestros pueblos indígenas y la reiterada demanda histórica de nuestro reconocimiento jurídico en el derecho internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aprobado por una mayoría abrumadora de 143 votos en favor la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo hizo después de 25 años de arduas y complejas deliberaciones entre representantes de los pueblos indígenas y las delegaciones de los gobiernos.
Como era de esperarse, han votado en contra del referido instrumento Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y se han abstenido un conjunto de 11 países, entre ellos Colombia.

La declaración contiene un conjunto de principios y normas que reconocen y establecen en el régimen normativo internacional los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, mismos que deben ser la base de la nueva relación entre dichos pueblos, los Estados y las sociedades en todo el mundo. La declaración se convertirá en la nueva base normativa y práctica para garantizar y proteger los derechos indígenas en diversos ámbitos y niveles.
El eje fundamental alrededor del cual gira el contenido de la declaración es el artículo operativo 3, que reconoce expresamente a los pueblos indígenas como sujetos plenos del derecho a la libre determinación, tal como está establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Con esta nueva disposición queda superada la tesis discriminatoria que ha considerado a nuestros pueblos como "de segunda", al no atribuir al concepto de "pueblos indígenas" ninguna consecuencia jurídica en los términos establecidos en el derecho internacional. Al reconocerse normativamente el concepto de "pueblos indígenas" y su directa vinculación con el derecho a la libre determinación, nuestros pueblos quedan formalmente en condiciones de igualdad para el ejercicio y disfrute de sus derechos. En este sentido, se puede afirmar que estamos dando un paso adelante con respecto al Convenio 169 de la OIT, que hasta ahora era el único instrumento internacional en términos del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Arribar a esta nueva concepción no ha sido una tarea fácil. Después de la aprobación de la declaración por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un grupo de países encabezados por quienes ahora han votado en contra han usado todos los argumentos y medios para oponerse a sus contenidos esenciales y a su adopción en la Asamblea General. El año pasado, este grupo maniobró para que los estados africanos se opusieran a la adopción de la declaración pidiendo más tiempo para seguir celebrando consultas. Como resultado de estas consultas, los países africanos han hecho nueve enmiendas a la declaración adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, lo cual lesiona y atenta contra el recién creado organismo internacional de referencia.

La más preocupante de todas estas enmiendas es el artículo 46, numeral 1, que a la letra dice: "Nada de lo señalado en la presente declaración (…) se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes." Con ello los estados están queriendo establecer una limitación al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.

Sin embargo, aprovechando las ventanas existentes en el derecho internacional y el propio párrafo preambular 16 de la declaración, esta disposición debe ser leída e interpretada de manera coherente con lo establecido en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, que reafirma lo estipulado en la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de 1970. Esto significa que el principio de "integridad territorial o unidad política" no puede ser invocado en cualquier circunstancia por los estados, sino que existe la condición fundamental de que los estados deben cumplir en todo momento con el principio de la "igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos".

Además el concepto de "integridad territorial" no sólo debe ser interpretado en relación con el "territorio" de los estados, sino también debe utilizarse para garantizar y proteger la "integridad territorial" de los pueblos indígenas tal como lo establecen diversas normas de la declaración. En este sentido es importante destacar que la declaración reconoce en el artículo 26 el concepto de "territorio indígena". Este articulado cobra importancia cuando todos sabemos que uno de los más graves problemas al que se enfrentan nuestros pueblos en todos los rincones del planeta son los despojos y atentados de diverso tipo sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales.

A la par, la declaración establece una integralidad de derechos, tanto individuales como colectivos, abarcando una gran diversidad de temas, entre los que podemos destacar: la cultura e identidad indígenas, el patrimonio cultural, el conocimiento tradicional, la medicina tradicional, la educación indígena, la equidad de género, el desarrollo, el sistema normativo indígena, el consentimiento previo, libre e informado, la participación y representación política en el ámbito nacional y los medios de información y comunicación indígenas, entre otros.

Con la aprobación de la declaración se ha llenado uno de los más grandes vacíos en el sistema internacional de los derechos humanos. Al mismo tiempo nos estamos encaminando hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de los derechos humanos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos y que privilegia los derechos individuales.
Y aunque la declaración no refleja todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas tal como han sido planteadas en estos largos años, se trata de un paso más. Un paso que tendrá que concretarse en nuestro trabajo diario a favor de nuestro crecimiento y florecimiento como pueblos.

A juicio del Primer mandatario nacional, la cumbre de Arabia Saudita será la segunda de este siglo, "porque la primera fue la de Caracas, en el año 2000, en donde resucitó la Opep que estaba muerta, y ahí está como una arma económica mundial, como un instrumento al servicio de los pueblos" afiliados a ella.
Aseguró Chávez que Venezuela estará en la vanguardia de la Opep defendiendo los intereses de la misma y de los países del tercer mundo.

Chávez calificó como justo precio del crudo venezolano en $ 72

Caracas, Sep..- La cotización del barril de crudo venezolano en 72 dólares es justa, aseguró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
"El mundo tiene que prepararse, porque el precio del petróleo llegará a los 100 dólares en los próximos años", advirtió el Jefe de Estado.
Chávez destacó la importancia del crudo como recurso natural no renovable en un acto oficial junto a Consejos Comunales de todo el país, efectuado en Barquisimeto, estado Lara.
Recordó que el gobierno venezolano por razones de solidaridad ofrece petróleo a países pobres bajo condiciones especiales, sin embargo, los países poderosos y ricos deben pagar al precio justo.
El precio de la cesta petrolera venezolana subió 2,89 dólares con respecto a la semana anterior y se ubicó esta semana en 71,16 dólares por barril, al igual que los principales crudos marcadores mundiales, debido principalmente a la temporada de huracanes y el sostenido descenso en los inventarios.
El reporte del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (Menpet) destaca que la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) aumentó 2,42 dólares y se ubicó en 73,26 dólares por barril en la semana que finaliza.

Presidente Chávez propone creación de cárceles-escuelas en el país

Caracas, Sep. .- Un plan intensivo en las cárceles de nuestro país que consista en la transformación de estos centros penitenciarios en escuelas de formación, fue propuesto por el Presidente Chávez en el marco del lanzamiento oficial de la Misión Che Guevera.
Bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal y del de Relaciones Interiores y Justicia, este nuevo proyecto consistirá en la construcción de cárceles más humanas donde se cubran satisfactoriamente las verdaderas necesidades de los reclusos.
"Igual como construimos escuelas y hospitales para cubrir las necesidades del pueblo, debemos construir nuevos sitios, principalmente humanos, de reclusión, para aquellos compatriotas que por una u otra razón caen en la desgracia de ser privados de su libertad", aseguró el Presidente.
Esta propuesta tiene como objetivo la trasformación de las cárceles para que los reclusos estudien, trabajen y aprendan durante su estadía.
"Así, estos hombres privados de libertad no estarán privados de la libertad para crecer espiritualmente", añadió Chávez.
Asimismo anunció la construcción de un conjunto de nuevas universidades y la inauguración de cientos de escuelas y liceos bolivarianos, en pro de la conformación de una sociedad socialista.

Embajador de Francia inauguró II Festival de Cine Documental de Caracas

Caracas, Sep.- El embajador de Francia acreditado en Venezuela, Hadelin de La Tour du Pin, inauguró este viernes el 2do. Festival de Cine Documental de Caracas en el que fueron entregados los premios del I Concurso Nacional de Cine Documental de Venezuela, "Documenta 2007".
En el acto, que se realizó en la Casa Rómulo Gallegos (Celarg), Altamira, el embajador La Tour du Pin afirmó que son optimistas en cuanto al éxito del II Festival de Cine Documental de Caracas.
Los cinco ganadores fueron Patricia Ortega (Paisaje de La Goajira a través de un ciego), Juan Andrés Bello (El Cerrito), Alejandra Zeplaski (Leo Matisse en Caracas), Juan Andrés Bello (La Mejor Opera Prima), Alejandra Fonseca (El Cartero Wayu).
Los cinco galardonados recibirán una estatuilla dorada inspirada en el monumento a Carabobo de la Avenida Páez, conocida popularmente como la India del Paraíso, obra del escultor venezolano Eloy Palacios, inaugurada en 1911.

Lima, 15 sep - Con la fuerte oposición del gobierno de Perú, los ciudadanos de las alturas de la región norteña de Piura se pronunciarán este domingo en favor o en contra de la actividad minera en la zona. Los promotores son tres alcaldes y líderes campesinos que esperan así poner fin al conflicto con la firma Majaz.
"Los pueblos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y esta consulta es un camino democrático para poner fin a tantos enfrentamientos", señaló a IPS el presidente de la comunidad campesina de Yanta, Cenesio Jiménez, en pleno cierre de campaña de los promotores por la opción del "No" a la minería.

En las tierras de Yanta se levanta el proyecto de cobre y molibdeno Río Blanco, de la empresa Majaz, la subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals que acaba de ser adquirida por el consorcio aurífero chino Zijin.
Los pobladores de Yanta son los principales opositores de la compañía debido a que aseguran que usurpa sus territorios comunales y podría contaminar los ríos.
Yanta es una de las comunidades que participará en esta consulta convocada para este domingo por las municipalidades de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, que cuentan con un padrón electoral de más de 31.000 ciudadanos de los sectores rurales y urbanos.

La consulta, pese a no tener efectos vinculantes, se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno peruano de Alan García y también en la oportunidad para encontrar una salida pacífica al conflicto entre Majaz y las comunidades del área.
Según un sondeo elaborado a pedido del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, al que tuvo acceso IPS, 86 por ciento de los encuestados en el distrito Carmen de la Frontera están en contra de la minería, 10,1 por ciento a favor y el resto no responde.
En el distrito de Ayabaca, 89,6 por ciento de los entrevistados se oponen a la minería y 7,9 por ciento de ellos están a favor.
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú está integrado por alcaldes que impulsan la consulta.

Desde 2002, los enfrentamientos entre la población y la compañía han dejado como saldo la muerte de dos campesinos, varios heridos y más de 200 procesos penales contra comuneros participantes en protestas contra la compañía.
García sólo ha contestado que detrás de la organización de la consulta existen "comunistas revoltosos", que pretenden atentar contra el desarrollo del país. Mientras que los campesinos insisten en que ellos no fueron presionados y que solicitaron la convocatoria de la consulta tal como lo hizo el pueblo de Tambogrande.
En efecto, esta es la segunda vez que se efectúa un proceso de este tipo en el país desde que en los años 90 la actividad minera pasó a manos de capitales privados.

En Tambogrande, ubicado también en la región Piura, se realizó en junio de 2002 un proceso electoral por el cual se conoció que 98 por ciento de los ciudadanos del lugar preferían vivir de la agricultura y rechazaban las operaciones de la firma minera Manhattan Sechura, subsidiaria de la transnacional canadiense Manhattan Minerals.
Aunque esa consulta tampoco tuvo efectos jurídicos, los resultados fueron decisivos para que en la opinión pública se tomara conciencia de que los campesinos también tenían el derecho de decidir en qué actividad económica podían sustentar su desarrollo. El conflicto terminó con el retiro de la empresa canadiense y hoy los vecinos de Majaz esperan conseguir lo mismo.

Luego de que el presidente García saliera a atacar a los promotores de la consulta de este domingo, el primer ministro Jorge del Castillo ha cuestionado el proceso sin descanso, reiterando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo ha calificado de ilegal porque no está a cargo de las autoridades y es sobre una actividad económica legal como la minería.
El JNE incluso ha acusado a los alcaldes que convocan la consulta de usurpación de funciones y, como último recurso para detener el proceso, solicitó el martes la incautación del material electoral que será utilizado.

Pero el fiscal provincial encargado de Ayabaca, Samuel Guerrero León, en la víspera declaró improcedente la petición.
Gerrero León indicó a IPS que no existen argumentos legales para que proceda un pedido de esta naturaleza. Las fiscalías de Chulucanas y Huancabamba sólo se pronunciarán sobre la incautación del material electoral en Paicaipampa y Carmen de la Frontera a partir del lunes, es decir luego de que se realice la consulta.
"Nosotros estamos siendo presionados por el gobierno central para retroceder en esta solución democrática frente al conflicto, pero no vamos a ceder", dijo a IPS el alcalde Ayabaca, Humberto Marchena, quien es investigado por la policía a pedido del JNE, al igual que otros 19 funcionarios de su municipio por haber convocado a la consulta.

El premier Del Castillo manifestó que pedirá que se investigue si se están utilizando fondos estatales de los municipios para que se realice el proceso. El teniente alcalde de Ayabaca, Deyber Flores, contestó a esa solicitud que los recursos están siendo proporcionados por las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los comuneros.
Para Del Castillo, no existen garantías para que el proceso se realice en un clima de tranquilidad y se obtengan resultados transparentes, debido a que un sector de los comuneros que apoya a Majaz es presionado para acudir a votar por el "No" a la actividad minera, aseguró.

Según el funcionario, los promotores de la consulta han amenazado con 40 azotes, el recorte de agua y una multa de 60 soles (casi 20 dólares) a los que no participen. Pero el jefe policial de Ayabaca, José Velásquez, informó que no se han reportado denuncias de amenazas a la población ni enfrentamientos.
"Acá la gente puede participar libremente, no obligamos a nadie porque precisamente es el pueblo el que ha pedido que se realice esta consulta", declaró a IPS el presidente de las comunidades campesinas de Ayabaca.

En Carmen de la Frontera, ubicado en la provincia de Huancabamba, tampoco se han tomado medidas de amedrentamiento, aseveró el vicepresidente de la comunidad de Segunda y Cajas, Eusebio Guerrero, quien representa al otro pueblo que ha denunciado a Majaz por usurpación de tierras y que acudirá mañana a las urnas.
Debido a que en Huancabamba, la minera Majaz sí ha logrado captar adeptos, se especula que en esa zona se puedan registrar algunos hechos de violencia durante la votación.
Sin embargo, la compañía ha negado algún tipo de participación para hacer fracasar la jornada. El gerente de relaciones institucionales, Andrew Bristow, reiteró la voluntad de diálogo de la empresa y aseguró que, incluso, podría postergarse el inicio de la explotación de los minerales si no se logran las condiciones sociales en la zona.

El primer ministro Del Castillo dijo el lunes, durante una frustrada reunión con los alcaldes que convocan a la consulta, que continuará haciendo esfuerzos para conseguir sentarse a dialogar con los opositores a Majaz ahora que los nuevos accionistas mayoritarios de Zijin están dispuestos a lograr consensos.
Pero las autoridades locales y los dirigentes campesinos respondieron que sólo lo harán con los resultados de la votación en la mano.

La ciudad que más muertos tuvo en el terremoto del 15 de agosto sigue entre escombros. Pocos saben cómo reconstruir sus casas y ya empiezan los problemas en los albergues.
La imagen de la muerte en Pisco se va borrando. La Plaza de Armas, que el 15 de agosto pasado sirvió para albergar los cadáveres, ahora ha sido invadida por carpas donde los pisqueños pueden sacar su DNI, inscribirse en Defensa Civil para que inspeccionen su casa o presentar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo.
Ha pasado un mes desde que la tierra tembló como nunca en esta ciudad marcada por el dolor, y las carpas que albergan a las familias que se quedaron sin vivienda están en todas las calles, en las esquinas, frente a las casas derrumbadas y en los albergues.

En una de ellas encontramos a Karina Hernández justo un mes después de haberla visto frente a su vivienda destruida, asustada, con nueve meses de embarazo y aferrada a la imagen de la Beatita de Humay. "Mi niñita Luisa me ha salvado", me dijo pocas horas después del terremoto. Ahora me repite lo mismo, pero con Rosa Milagros en los brazos.
"Nació en la madrugada del 17 de agosto, en el Callao. Me llevaron a Lima en avión, justo para dar a luz", recuerda. Lo único que no quiere recordar es la desolación del día del sismo. "No he regresado a la plaza de Pisco, me da miedo. Mi cuerpo se estremece cuando me acuerdo del terremoto".
Ella no es la única. La Cruz Roja ya ha atendido a casi dos mil personas, principalmente niños que están atemorizados desde el 15 de agosto, sobre todo cuando se presentan las réplicas.
El psicólogo Edwin Rosales, del Programa Nacional de Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, atiende a 70 personas cada día. "Visitamos los albergues. La mayoría sufre de trastornos depresivos y de problemas de sueño", explicó.

Por Augusto Alvarez Rodrich
Director

Primeras consecuencias si procediera la extradición.
Después de todas las marchas y contramarchas del proceso de extradición del prófugo Alberto Fujimori, incluyendo la solicitud de procedencia de la fiscal Mónica Maldonado, y la resolución en sentido contrario del vocal Orlando Álvarez, la dirección del fallo final es incierta.
Este ya ha sido votado y se mantendrá en reserva hasta que culmine su redacción, lo cual ocurriría hacia el próximo jueves. Pero todos los rumores que provienen de fuentes calificadas y periodísticas chilenas apuntan a que la extradición sería aprobada por, al menos, un caso que involucra la violación de derechos humanos.
Por tanto, si se confirman dichas versiones, en poco tiempo Fujimori estaría recluido en un penal limeño para enfrentar a la justicia nacional con la perspectiva complicada de un juicio que demoraría alrededor de tres años y que podría llevarlo a una condena de dos décadas de prisión.

Mientras ello ocurre, es obvio que la presencia de Fujimori en el Perú significará una modificación radical del balance de fuerzas en el terreno político.
Empezando por el Apra, que desde la campaña electoral estableció una relación amistosa con el fujimorismo que se reforzó cuando llegó al gobierno, y que si bien no ha alcanzado el nivel de alianza formal, sí es de asociación muy cordial por la coincidencia de intereses.
El Apra necesita los votos fujimoristas en el Congreso, los cuales se han ofrecido de manera consistente durante el último año como una deuda que seguramente esperan empezar a cobrar cuando el extraditable esté en Lima.
Esto pondría al gobierno en una prueba de fuego. El caso lo decidirá la justicia, pero es conocida la influencia aprista en dicho ámbito. Si el Apra decidiera regirse por los principios y la decencia, un costo sería la pérdida del respaldo fujimorista.
Pero los 'compañeros' también pasarían a integrar la lista de 'enemigos' a los que el fujimorismo disparará con lo mejor de su artillería: acusaciones -reales o fabricadas- a todos aquellos que se opongan a sus intereses o no colaboren con ellos. La caja de Pandora se abrirá otra vez.

La Cancillería peruana acaba de otorgar asilo político al delincuente y golpista Carlos Ortega argumentando "razones humanitarias". Esta diplomacia expresa claramente el alineamiento servil del gobierno aprista al imperialismo norteamericano. Este régimen político, que tanto se jacta de querer el bienestar de la comunidad latinoamericana, esta demostrando in situ que su único objetivo es el de jugar el rol de peón de Bush en el ajedrez político de nuestro continente. Con esta política, el gobierno nos esta metiendo en un problema diplomático con el hermano pueblo venezolano.

Carlos Ortega no es cualquier personaje. Este tipo es un delincuente de cuello y corbata. Desde su condición de militante de derecha y dirigente sindical, por más de una década, en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue uno de los organizadores del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Hugo Chávez Frías. "…Durante casi 40 años la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) había estado dominada por Acción Democrática, uno de los dos partidos que habían controlado el sistema político venezolano desde 1961. La estructura del sindicato era extremadamente anti-democrática, y la burocracia dirigente colaboraba con los patronos para impedir las luchas obreras. Entre los trabajadores petroleros y de la construcción, los burócratas sindicales cobraban a los trabajadores a cambio de puestos de trabajo. Sindicalistas democráticos eran regularmente despedidos de las empresas o incluso asesinados por sicarios, todo con la colaboración de la burocracia de la CTV…", (leer http://venezuela.elmilitante.org).

En efecto, desde su cargo como dirigente sindical, Ortega apoyó la masacre de miles de trabajadores por órdenes de su jefe Carlos Andrés Pérez (hermano político de Alan García Pérez) en 1989, cuando el Caracazo. Carlos Ortega, junto con la derecha escuálida venezolana, la iglesia, la embajada norteamericana, y la CIA, impusieron a Pedro Carmona (el breve) como presidente golpista el 12 de abril del 2002. Luego tuvieron que salir como "ratas", corriendo, ante el gran vendaval de millones de trabajadores que derrotaron el golpe contrarrevolucionario (leer el libro de Eva Golinger titulado "el código Chávez" o la "revolución bolivariana" de Alan Woods). Ortega fue uno de los primeros en pisar Palacio de Miraflores festejando la caída del líder bolivariano (ver el video "la revolución no será transmitida"). Además, es una de las personas que se ha beneficiado durante años con la renta del petróleo y esta vinculado a grupos narcoparamilitares. Es decir que es un mafioso en potencia. ¿Qué de bueno puede traer un hombre con estas credenciales Sr. Canciller García Belaunde? ¿Qué beneficios puede traer un narcoparamilitar como Ortega para darle asilo político Sr. Alan García?

Es por estas razones que la justicia venezolana puso tras las rejas a Ortega condenándole a 15 años de prisión por el delito de instigación para delinquir y rebelión, entre otros. No obstante, sus amistades dentro del Estado burgués (y conexiones con guardias del penal), lo ayudaron para que se fugara junto con los tres hermanos Faría (militares detenidos por estar al frente del adiestramiento de paramilitares colombianos en Venezuela con el objetivo de preparar una maniobra desestabilizadora y atentar contra la vida del presidente Chávez), el 13 de agosto del 2006 ( ver "La fuga de Carlos Ortega" en

Yale precisa que no todas las piezas arqueológicas volverán a Perú
La universidad estadounidense de Yale reconoció que las 4.000 piezas arqueológicas obtenidas en 1911 en Machu Picchu que están en su poder son propiedad de Perú, pero precisó que no todos los objetos serán devueltos.
El ministro de Vivienda de Perú, Hernán Garrido Lecca, anunció el acuerdo en Lima, donde dijo que todas las piezas volverían a su país tras una gira por el mundo.
No obstante, la universidad aclaró en un comunicado que el acuerdo entre las dos partes estipula que "Perú compartirá con Yale los derechos sobre la colección de investigación, parte de la cual permanecerá en Yale como objeto de investigaciones en curso".

Perú se ha comprometido a construir un nuevo museo y centro de investigaciones en Cuzco, la antigua capital inca. Una vez que esté terminado, a finales de 2009, "los objetos que tienen cualidad de museo volverán a Perú, así como una parte de la colección de investigación", afirmó la universidad de Yale.
El comunicado no especificó cuántas piezas permanecerán en New Haven, la ciudad del estado de Connecticut donde se ubica la universidad, y la institución educativa no respondió a varias llamadas de EFE.

Aparentemente, los objetos que poseen cualidad suficiente para ser exhibidos en un museo ascienden a unos 300 e incluyen esqueletos, cerámicas y joyas de oro y plata, mientras que el resto tienen valor documental y de investigación.
En su declaración, Yale reconoció que los objetos excavados en Machu Picchu y que están en su poder son propiedad de Perú.
Eso supone el fin de una disputa que ha durado décadas y que se ha intensificado en los últimos años, cuando los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García aumentaron la presión política, diplomática e incluso judicial para recuperar las piezas.
Perú ha insistido siempre en que el explorador Hiram Bingham, que se topó en 1911 con la ciudadela inca con la ayuda de pobladores locales, se comprometió a devolver al país los artefactos, piedras y huesos que se llevó a Yale.
Algunos investigadores mantienen que el descubridor de Machu Picchu fue en realidad el hacendado peruano Agustín Lizárraga, que encontró las ruinas de sus casas y templos en 1902.

Perú recupera invaluable tesoro precolombino que se vendía en Miami - EEUU
Fuente : Perú21.pe

El martes llegarán a Lima más de 400 piezas de culturas preincaicas que fueron sacadas del país para ser vendidas en el mercado negro estadounidense.
El Perú recuperará este martes un tesoro invaluable de más de 400 piezas precolombinas, entre ellas figuras cerámicas de 3,000 años de antigüedad, que una red de contrabandistas había extraído y que se vendían en el mercado negro en Estados Unidos.

Una pequeña botella cerámica de la cultura cuspinique del año 1,000 antes de Cristo, figuras de guerreros en cobre, telares, sandalias, un extraño poncho de plumas de colores y hasta una muñeca de niña integran el lote de piezas que llegará a Lima en un avión desde Miami, tras un largo proceso de estudio para determinar su origen y antigüedad.
La mayor parte de las piezas incautadas pertenece a las culturas preincaicas de Huari, Nasca, Paracas y Mochica que enterraban momificados a sus muertos, cubiertos de telas coloridas, adornos y regalos.
"Se ha recuperado un tesoro invaluable del patrimonio peruano", dijo a la AFP el cónsul de Perú en Miami, Jorge Roman Morey, quien informó que expertos del Instituto Nacional de Cultura (INC) del Perú viajaron hasta Estados Unidos para examinar las piezas.

Como parte de la incautación, entre las cientos de antigüedades peruanas se descubrieron otras colombianas, mexicanas, guatemaltecas y ecuatorianas, que se entregaron a autoridades de esos países.
Las piezas fueron halladas luego de un aviso del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en septiembre de 2004, que alertó sobre un mercader de antigüedades en ferias públicas de varios puntos del estado de Florida.
El sospechoso comenzó a ser investigado y algunos "sabuesos" le compraron varias piezas, que fueron estudiadas y comprobada su autenticidad. Al hombre se le incautaron más de doscientas piezas arqueológicas y en su casa se encontraron otros dos centenares.

El comerciante italo-venezolano Ugo Bagnato -estuvo preso un año y medio y fue deportado a Italia- logró sacar las piezas de Perú con certificados falsos del Instituto Nacional de Cultura (INC) peruano que indicaban que se traba de réplicas para el comercio, cuando en realidad eran originales, informaron las autoridades.
En la operación se desbarató una red mafiosa que operaba desde Perú enviando las piezas hacia Estados Unidos.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Públicos estadounidense, Karen Hughes viajó en agosto a Lima para confirmar la devolución de lo incautado.
"El contrabandista hubiera obtenido por la venta del total de las piezas no más de unos 500.000 dólares en el mercado negro", dijo a la AFP una fuente oficial peruana, que pidió no ser identificada.
Un colorido poncho de plumas de la región Nasca, de 600 años de antigüedad, era ofrecido por unos 20.000 dólares. Y telares del año 500 antes de Cristo se ofrecían por unos 10.000 dólares.

Las piezas fueron clasificadas por expertos y quedaron en manos de Carol Damian, especialista de la Universidad Internacional de Florida que dirigió el proceso de empaque. El lunes a última hora saldrán desde el aeropuerto Internacional de Miami hacia Lima donde el gobierno recibirá las piezas con una ceremonia oficial, informó el cónsul Morey.
Sorprende por su buen estado una débil muñeca, juego de alguna niña de aquellas culturas, según expertos, y un par de sandalias de soga, de unos 1.000 años de antigüedad, que se empleaban para las ceremonias religiosas.
"Hubo un saqueo del patrimonio de Perú y puede haber muchas otras redes que se encargan de comerciar con estas antigüedades, que pasan a manos privadas", dijo el cónsul de Perú.

El gobierno peruano lleva adelante gestiones con la Universidad estadounidense de Yale (Connecticut, noreste) para la repatriación de más de 4.000 objetos originarios del santuario arqueológico incaico de Machu Picchu.
Las piezas fueron llevadas a esa universidad hace más de 90 años por el arqueólogo Hiram Bingham, que dio a conocer al mundo la existencia de la ciudadela incaica en el sudeste de Perú.

Cinco palomas blancas fueron lanzadas el miércoles en las principales plazas y parques de más de diez países de América Latina y el mundo, en conmemoración del noveno aniversario de la detención en Estados Unidos, de los cinco agentes antiterroristas cubanos, condenados en 2001 de supuesto espionaje por parte la justicia estadounidense. Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, Colombia, Cuba, Chile, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela, fueron algunos de los países latinoamericanos que se solidarizaron con Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, presos desde 1998 en EEUU.

También se realizaron actividades en favor de la liberación de cinco cubanos en países como Canadá, España, Italia, Bélgica, Ucrania, Kazajastán, Inglaterra, Francia, Alemania, Líbano, Guinea Bissau, Rusia y hasta en Estados Unidos.
Desde Cuba, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, hizo un llamado a intensificar la lucha por la liberación de cinco cubanos.
"Independientemente de la batalla jurídica, la batalla se a va a ganar con la movilización en las calles", expuso Alarcón tras participar en un acto de solidaridad con "los cinco" en el que además se oficializó la emisión especial de seis sellos dedicados a los cubanos.

En Venezuela, el canciller, Nicolás Maduro, ratificó la determinación de Venezuela de seguir trabajando por la liberación de los cinco.
Maduro fustigó el hecho de que los agentes antiterroristas cubanos están presos en EEUU, "por luchar contra el terrorismo".
"Vamos a seguir trabajando para que veamos libres a esos cinco patriotas cubanos", manifestó el canciller desde el acto de solidaridad realizado en la céntrica Plaza Bolívar de Caracas.

La jornada internacional de solidaridad con "los cinco", que se prolongará hasta el próximo 6 de octubre, fue organizada por el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco.
Durante la jornada, grupos de solidaridad con Cuba y los Comités Pro Liberación de los cinco en varias naciones, criticaron la doble moral del gobierno de Washington en su "lucha contra el terrorismo", por mantener en prisión a los cinco cubanos, pero a la vez dejar en libertad y "proteger" al terrorista internacional Luis Posada Carriles.
Los cinco fueron arrestados en 1998 bajo cargos de espionaje y condenados en 2001 a penas entre 15 años y dos cadenas perpetuas.
En ese entonces, el Gobierno cubano admitió que eran sus agentes, pero no para espiar en Estados Unidos, sino para vigilar a los grupos que planean actos terroristas contra la isla y su presidente, Fidel Castro.

Bonafini señaló que todas las fuerzas populares del continente están esperanzadas en el gobierno de Morales, un hombre digno que merece como nadie -subrayó- ese Nobel de la Paz, por encarnar la unión de los indígenas y de todos los pueblos latinoamericanos.
Resaltó las acciones del mandatario boliviano por rescatar los recursos naturales del país para su pueblo y denunció que por ello lo atacan y el gobierno de Estados Unidos trama planes para derrocarlo.
Indicó que el mundo entero deberá poner sus ojos en los indígenas bolivianos, en aquellos que no podían caminar por las aceras, sin derecho alguno, y que hoy están en el Parlamento, gobernados por un hombre humilde y sencillo que puso su vida al servicio de un país.

A su turno, el senador boliviano, Santos Ramírez, exteriorizó que ese indígena que hoy convierte desde Bolivia la democracia latinoamericana de servil a una de servicio para los pueblos excluidos, debe permitir siga en campaña para que se convierta en el Premio Nobel de La Paz
En el auditorio de la Universidad Popular Madres de la Plaza de Mayo de la calle Hipólito Yrigoyen No. 1584 de Buenos Aires, el legislador boliviano añadió que Morales entabla una lucha por una democracia para que los pueblos vivan bien y también construir un mundo nuevo y diferente.

A su turno, el secretario de negocios de la Embajada de Bolivia en Argentina, Sixto Valdez Cueto, destacó que el acto se realice en una universidad popular, donde no se forman futuros mercaderes y traficantes, sino hombres con conciencia para edificar un país con justicia. "Es una alegría estar en una universidad tan llena de gente", expresó Valdez.
El senador Ramírez despertó una ola de aplausos cuando manifestó que Morales se convirtió en el defensor de los excluidos, marginados y explotados, añadiendo que el proceso de la revolución democrática y cultural iniciada en Bolivia no sólo es de este país, sino de América latina y el mundo.

En ese marco, dijo que la candidatura de Morales al Premio Nobel de La Paz se ve fortalecida con el apoyo de las Madres de la Plaza de Mayo, consideradas un símbolo mundial en la defensa de los derechos humanos, y que el presidente de los bolivianos "se convirtió en la voz de los sin voz".
"En congresos internacionales dicen; compañero Evo tu no eres presidente sólo de Bolivia, en tu condición de indígena eres presidente de todos los indígenas del mundo. Esto le asiste para seguir en esta carrera y conseguir ese Premio de La Paz", manifestó Ramírez.

El cónsul general de Bolivia en Argentina, José Alberto González, opinó que nadie como Morales merece este premio por su lucha de toda la vida por la justicia, contra la discriminación de los pueblos indígenas siempre relegados y por haberla elevado a una dimensión continental
En tanto, Valdez Cueto resaltó la importancia del evento ya que fue propiciada por una organización de mujeres a las que calificó como dignas de la Argentina que no se acobardaron, ni arrodillaron, ni olvidaron los difíciles acontecimientos históricos vividos en su país.

Ramírez declaró que Morales Ayma expresa al mundo desde Bolivia "que luchar por los recursos naturales, es luchar contra la pobreza, la miseria y la crisis económica", hecho que le permite estar en la campaña y encontrar la solidaridad, no sólo de las Madres de la Plaza de Mayo, sino de hombres y mujeres que también luchan desde diferentes sectores de su país.
"A ustedes hermanas, queremos expresarles nuestro agradecimiento desde Bolivia, desde el movimiento campesino indígena originario, y como ustedes son madres acá son hoy madres también de Bolivia, de América Latina, para contagiar ese espíritu de lucha", aseveró Ramírez.
Al respecto Bonafini mantuvo que Morales "está uniendo al continente", al igual que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una "lucha" sin claudicación "por la liberación de los pueblos". "Amamos a Evo, un hombre digno", insistió.

Mataron al Che para quebrantar su pensamiento de cambiar el mundo a favor de los pobres de la tierra.
Le dispararon en la escuelita de la Higuera en Bolivia sin mirarle a los ojos porque si esa mirada penetrante cala en sus asesinos, no hubiesen podido apuntar y menos hacer un disparo mortal.
No avizoraron que su estirpe no muere y que su imagen es la semilla para levantar a los jóvenes rebeldes del mundo en contra de las injusticias, las desigualdades, la opresión y la explotación.

Por eso, a 40 años de su muerte, ese, nombrado Gustavo Villoldo, ex agente de la CIA y que lo sentenció por ser revolucionario no duerme tranquilo y quiere deshacerse de varios objetos personales que pertenecieron a Ernesto Guevara, entre ellos un mechón de sus cabellos.
Es una pena que alguien pague más de siete millones de dólares para ser dueño de algo que no le pertenece, porque el Che es de la juventud, de los revolucionarios, de los progresistas, de los socialistas que protestan en los Foros antiglobalización, ante la presencia de Bush en cualquier parte del mundo, en las marchas por la paz y la justicia.
Hagamos un llamado para que el 25 de octubre, en la casa de subastas Heritage Auction Galleries, en Dallas, Estados Unidos, no se haga un acto de bandolerismo y se pague una fortuna por algo tan irracional como un mechón de cabello.

Tener al Che no es atesorar parte de su cuerpo, ni dormir con sus discursos debajo de la almohada, ni recitar sus frases, ni portar un tatuaje con su imagen o comprar un pullover con su foto.
Ser como el Che es fundar el hombre nuevo, consciente de la sociedad que debe construir, activo en el estudio, el trabajo y la defensa de la patria, constructor de un modo de vida diferente sin excluidos, marginados o discriminados.
Es cambiar todo lo que pueda ser cambiado, es enfrentarse con valentía al imperialismo, es ser solidario con tu vecino, tu compañero, tu colega, con los necesitados del mundo, en fin, con todos aquellos que deseen un mundo mejor para que vivan nuestros hijos.
Che, es más que montañas, más que guerrilla, más que hombre. El Che es: la idea para continuar viviendo y seguir soñando.

El hallazgo del cuaderno con los poemas copiados por el Che llevó al escritor a preguntarse cuántas cosas permanecen en las sombras. Y señala que, aunque no pensó sus diarios para ser publicados, "son documentos históricos, y cuando estás en el terreno de la historia eres un personaje público".
Taibo acaba de dar una charla en la Feria del Libro de Antropología e Historia, que tiene como país invitado a la Argentina, y muchos mexicanos y ‘argenmex’ se acercan a saludarlo. El escritor, que no toma alcohol ni café, cuenta que bebe cinco litros de refrescos cola por día. "Si al Che le gustaba la Coca Cola, ¿por qué a mí no?", dice mientras firma ejemplares de El cuaderno verde del Che (Seix Barral), una antología integrada por sesenta y nueve poemas de Pablo Neruda, Nicolás Guillén, León Felipe y César Vallejo, copiados por Guevara en la selva boliviana y prologada por Taibo II. El libro, que se presentó en México y pronto llegará a las librerías argentinas y uruguayas, fue encontrado por tres oficiales y un agente de la CIA en la mochila del Che, pocas horas antes de que fuera asesinado en la escuela de La Higuera, junto con el diario –escrito desde noviembre del ’66 hasta octubre del ’77–, doce rollos de película, una veintena de mapas corregidos con lápices de colores, una radio portátil que hacía tiempo que no funcionaba y un par de agendas.

¿Cómo llegó este cuaderno a manos de Taibo II? Una mañana de agosto de 2002, un viejo amigo del escritor mexicano, el editor Jesús Anaya, le puso sobre la mesa un paquete de fotocopias. "¿De quién es? ¿Puedes autentificar la letra?", le preguntó. Cuando el biógrafo de Ernesto Guevara y Pancho Villa ojeó las páginas, sintió un escalofrío. Parecían textos escritos de puño y letra del Che. Taibo II comparó la letra con diversos documentos escritos por el líder revolucionario argentino: fragmentos de los diarios de Bolivia, copias de cartas de los primeros años sesenta, un facsímil de la carta de despedida a Fidel, sus correcciones al diario de Congo. No había dudas: era evidentemente la letra del Che. Según plantea el escritor, la escritura del cuaderno habría comenzado al final de su estancia en Dar es Salaam, después de la campaña del Congo en el ’65, quizás en la larga espera en Praga, antes de los entrenamientos en Pinar del Río (Cuba) previos a la campaña de Bolivia. Pero la mayoría de los poemas encontrados en esa libreta habrían sido copiados durante la campaña boliviana. "Al principio me desconcertó mucho, fue como meterme en una burbuja del tiempo", admite el escritor. "Corté el teléfono, cerré la puerta y me puse a identificar los poemas." Y como si estuviera jugando al elige tu propia aventura, Taibo II empezó a trabajar en la identificación de los poemas que el Che transcribió sin poner ni el título ni el autor. Claro que también tuvo que despejar posibles trampas. "Aconcagua", de Guillén, que estaba copiado en el cuaderno, fue publicado en El gran Zoo, en 1967, después de la muerte del Che, pero el escritor descubrió que había sido editado previamente por la revista Lunes de la revolución en Cuba, en 1959.

Washington, 14 sep - El Banco Mundial se vio atado de pies y manos para combatir la corrupción por la tensión entre su División de Integridad Institucional y la burocracia interna, advirtió un panel presidido por el ex jefe del Deparamento del Tesoro estadounidense, Paul Volcker.
El Departamento debe ser puesto a punto si se quiere investigar de modo satisfactorio acusaciones de corrupción en proyectos financiados por el Banco, señaló el panel de seis miembros presidido por Paul Volcker.
"Lo que se necesita es un enfoque plenamente coordinado en todo el grupo del Banco Mundial, poniendo fin a las ambivalencias pasadas sobre el combate a la corrupción", expresó el panel en un informe presentado el jueves.

El presidente del Banco, Robert Zoellick, admitió la veracidad de muchas de las constataciones del panel.
"El informe Volcker saca a la luz los serios desafíos por delante en la superación del cáncer de la corrupción en operaciones apoyadas por el Banco, y ofrece recomendaciones constructivas", indica un comunicado firmado por Zoellick.
"Avanzar será ahora responsabilidad de todos nosotros, como parte de nuestro compromiso por abordar este asunto vital", agregó.

El Banco presta unos de 20.000 millones de dólares al año a países que lo integran y emplea a más de 10.000 personas. Algunas de éstas fueron acusadas y, en ocasiones, halladas culpables de malas prácticas, desde tolerar hasta tomar parte activa en actos de corrupción.
El grupo de Volcker no hizo estimaciones de cuánto dinero del Banco se perdió por culpa de la corrupción, pero los gobiernos accionistas dicen desde hace tiempo que la cifra es grande.

El informe del panel reconoció "algunos éxitos notables" por parte del Departamento de Integridad Institucional.
"No obstante, se suscitaron serios problemas operativos y severas tensiones en las relaciones con algunas unidades, contribuyendo a veces con relaciones contraproducentes entre el Banco y los prestatarios y los socios financiadores", agregó.
El personal del Departamento de Integridad Institucional considera que está bajo ataque de funcionarios de préstamos que protegen sus proyectos y portafolios de préstamos.
"Esto contribuyó con una mentalidad de sitio en el Departamento, e hizo que éste se volviera menos comunicativo de lo requerido para mantener la confidencialidad de sus investigaciones", dijo el panel.

Éste recomendó elevar al jefe de la unidad al rango de vicepresidente del Banco; establecer un consejo externo para ayudar a vigilar al Departamento de Integridad Institucional, y asignarle a otra unidad la responsabilidad de investigar a miembros del personal acusados de violaciones que no involucran fraude o corrupción.
El año pasado, las tensiones dentro del Banco hicieron que su Junta de Directores, de 24 miembros, ordenara al predecesor de Zoellick y compatriota estadounidense, Paul Wolfowitz, investigar al Departamento de Integridad Institucional.

En febrero, Wolfowitz eligió a Volcker para liderar el esfuerzo.

El periodo de Wolfowitz como presidente del Banco fue truncado por el escándalo que se suscitó cuando ascendió a su novia, Shaha Riza, y le concedió un generoso aumento salarial.
Riza era una empleada del Banco en comisión en el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
Cuando Zoellick asumió la presidencia del Banco Mundial, en julio, heredó la revisión del Departamento de Integridad Institucional y a la jefa de la unidad, Suzanne Folsom.
Como Wolfowitz, quien la designó, Folsom demostró ser una figura polarizante en el Banco, en gran medida por sus vínculos políticos con los republicanos.

Además, el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno, una organización privada de vigilancia de gobierno y corporaciones, dijo en un reciente informe que el nombramiento de Folsom señaló un conflicto de intereses, dado que ella también se desempeñaba como consejera de Wolfowitz.
La organización dijo que el trabajo de investigación de casos de corrupción y el de dar consejos políticos al presidente del Banco deberían ser separados.
Un portavoz del Banco desestimó las acusaciones en ese momento. Luego Volcker no halló ningún problema con Folsom. A comienzos de este año, ella le dijo al periódico británico Financial Times que el informe Volcker reivindicaría el trabajo de su unidad.

El informe del panel eximió al Departamento, pero atacó al resto de la institución, citando "resistencia entre partes importantes del personal del Banco y algunos de sus directivos hacia el trabajo del Departamento de Integridad Institucional".
También identificó un conflicto de intereses. El Banco existe para dar préstamos y paga y promueve a su personal sobre la base de la cantidad de dinero que mueve. El Departamento de Integridad Institucional existe para inmiscuirse y, a veces, impedir esa misión.

"Hay una incomodidad natural entre algunos empleados de alto nivel, que generalmente son alentados por la paga y por el sistema de evaluación de desempeño para conceder préstamos a proyectos promisorios, a fin de que esos proyectos sean investigados posteriormente, expuestos como plagados de corrupción, creando un problema delicado en las relaciones con los clientes", señaló el panel.
Además de Volcker, entre sus miembros figuraron el empresario colombiano Gustavo Gaviria, John Githongo, descrito como abanderado de la cruzada keniata contra la corrupción, el ex abogado de la General Electric Co. Ben Heineman, el jurista belga Walter van Gerven; y John Vereker, gobernante de Bermuda.
Antes, Volcker investigó el programa Petróleo Por Alimentos de Iraq, una iniciativa administrada por la ONU bajo el mandato y la supervisión de Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad.

Por Eduardo Febbro
desde París

Caracas, 15 de septiembre. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió hoy a su par colombiano, Alvaro Uribe, que le permita viajar a la selva de ese país, específicamente a la región de Caguán, para reunirse con el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, y negociar personalmente un acuerdo humanitario.

Uribe dio de inmediato una respuesta negativa a Chávez, de acuerdo con declaraciones difundidas por la radio colombiana, en las que pidió no tratar este tipo de asuntos en los medios de información.
Esta es la segunda vez que Chávez hace pública esta petición a Uribe, a quien se dirige tres días después de que Bogotá consideró "inviable" la primera solicitud del venezolano, que apenas hace dos semanas comenzó a fugir de mediador en el conflicto del país sudamericano, cuyas raíces se remontan a los años 60.
A mediados de la presente semana, el alto comisionado de paz colombiano, Luis Carlos Restrepo, había señalado que el gobierno de su país no había recibido la solicitud de Chávez para reunirse con las FARC. En su respuesta al venezolano, el presidente Alvaro Uribe señaló: "Lo dicho no hay que repetirlo".

En un mensaje televisado hoy, Chávez afirmó que el viaje podría hacerlo acompañado del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien desde su toma de posesión a mediados de este año mostró interés en apoyar la liberación de la política Ingrid Betancourt, de ascendencia francesa.
Sarkozy –reveló el mandatario venezolano– dijo estar dispuesto a llegar hasta la selva para tratar con Marulanda la liberación de 45 políticos, militares y policías secuestrados por las FARC en años recientes, cuya entrega condiciona a la liberación de 500 guerrilleros presos en cárceles colombianas.
"El presidente Uribe me pidió que ayudara. Yo quiero ayudar. Le hago la solicitud formal ante el mundo: permítame hablar con Marulanda en Colombia", dijo el mandatario venezolano, quien nuevamente se quejó de que el gobierno colombiano y los guerrilleros de esa nación mantienen posiciones inamovibles que dificultan los acuerdos.

Chávez dio a conocer que la madrugada de este sábado recibió una carta de Marulanda, en la cual le invita a conversar en el Caguán, departamento de Caquetá, de donde se retiró el ejército colombiano durante las negociaciones de paz que encabezó el ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002). El venezolano propuso nuevamente que se despeje la zona de militares colombianos.

Lic. Felipe Calderón
Presidente de la República
Lic. Francisco Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación
Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza,
Procurador General de la República
Estuardo Mario Bermúdez Molina
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación
Dr. José Luís Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Presidente de la Junta de Coordinación
Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
Política de la Cámara de Diputados de Senadores
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI), el Comité cerezo, La Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Comité Cerezo, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con el respaldo de las organizaciones que abajo suscriben, con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante Detención arbitraria de integrante de la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP) Hermenegildo TORRES CRUZ.

HECHOS

El 14 de septiembre de 2007 a las 22.30 horas, fue violentamente detenido Hermenegildo TORRES CRUZ, ex – preso político y militante de la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP), en las puertas de sus oficinas ubicadas en la calle Nezahualcoyoltl No. 12-1, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, D.F.
Desde las 23:00hrs, la Limeddh, solicito la intervención de la CNDH, la CDHDF y de la Secretaría de Gobernación y a través de estas de la PGR, logrando que se pudiera corroborar la integridad física y psicológica del detenido de manera directa.

Se pudo comprobar que fue detenido por policías adscritos a las SIEDO de la PGR los cuales no llevaban orden de presentación, comparecencia o aprehensión. Fue inmediatamente conducido a los separos de la SIEDO ubicados en Paseo de la Reforma No. 75, colonia Tabacalera, donde lo retuvieron y interrogaron durante toda la noche.

Hermenegildo TORRES CRUZ no tuvo acceso a ningún tipo de llamada ni a un abogado mientras su detención y interrogatorio a pesar de que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal concedió la suspensión para que cesara cualquier acto de incomunicación así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Amparo número 835/07-IV.

Hermenegildo TORRES CRUZ fue puesto en libertad el sábado 15 de septiembre de 2007 a las 9.30 horas de la mañana, recibido por los demás militante de IDP los cuales permanecieron toda la noche en plantón frente a la sede de la SIEDO.
Cabe resaltar que Hermenegildo TORRES CRUZ fue sometido a un interrogatorio en el cual fue cuestionado en relación a las recientes actuaciones en contra de PEMEX por parte del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).

Desde la Limeddh destacamos que en el contexto actual las autoridades parecieran cometer actos de hostigamiento en contra de los movimientos sociales favoreciendo así la criminalización de la protesta social.
Estos hechos parecían corresponder a actos propiciados por las autoridades con el fin de generar sentimientos de terror a las personas como a las familias y comunidad con el objetivo de provocar un grave estado de tensión psicológica. Los efectos psicosociales de tales estrategias pueden llegar a tener repercusiones importantes fomentando el terror y la división de los movimientos sociales.

Por todo lo anterior, la Limeddh solicita:

A una propuesta de Jesusa Rodríguez, después de votarla a mano alzada, decenas de miles de personas abandonaron el Zócalo anoche apenas concluyó la ceremonia del Grito de los libres. Fue el final de una larga y tortuosa jornada que empezó el viernes a las dos de la tarde, pero tuvo momentos de alta tensión poco antes del amanecer del sábado.

Siete horas de negociación entre representantes de los gobiernos federal y capitalino produjeron un acuerdo para poner fin a la guerra de los equipos de sonido que había ensordecido a la multitud desde las dos de la tarde. Sin embargo, el pacto fue roto pasadas las nueve de la noche por la gente de Palacio Nacional, que subió al máximo el volumen de sus poderosas bocinas para tratar de sofocar las palabras que desde el templete ubicado ante el hotel Majestic tachaban a Felipe Calderón de "espurio", "pelele" y "ratero".

Lo convenido era que el Grito de los libres se desarrollaría sin obstáculos de nueve a 10 de la noche, y que de 10 a 11 la plaza quedaría a disposición del gobierno federal, culminando con el otro Grito, tras el cual ambos bandos ocuparían el cielo con sus artificios de pirotecnia.
Pero la historia viene de mucho más atrás. El Estado Mayor Presidencial ocupó la cuarta parte del Zócalo ante la fachada de Palacio Nacional desde el viernes de la semana anterior. A lo largo de ocho días hubo un forcejeo permanente entre los custodios de esa frontera y de los usuarios y expositores de una feria artesanal organizada por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, que ocupaba el resto de la plancha.

El temor de los militantes de la Convención Nacional Democrática (CND) era que la noche de anteayer viernes el EMP intentara adueñarse de toda la Plaza Mayor, por lo que desde las dos de la tarde de ese día aparecieron dos docenas de tiendas de campaña ante las rejas de la absurda línea Maginot.
Durante la noche los refuerzos se multiplicaron en la medida que la Policía Federal Preventiva (PFP) y los soldados incrementaran su presencia dentro y delante del palacio, todo ello mientras en una y otra orilla de la plaza eran edificados los escenarios para las respectivas ceremonias.

El prefecto dejó en claro que su decisión fue influida positivamente por las conversaciones que sostuvo con Morales, a quien informó que al reasumir el mandato como primera autoridad política del departamento de Chuquisaca dará prioridad a las aspiraciones regionales, incluido la capitalidad plena que exige Sucre.
Argumentó que durante los 15 días que duró separado del cargo recibió un apoyo "masivo" para reconsiderar su renuncia "irrevocable".
"El prefecto Sánchez hizo lo correcto, porque un pueblo lo eligió para ese cargo. El gobierno apoyará a Chuquisaca para que consolide el desarrollo que anhela", dijo Evo Morales, luego de conocer del retorno de su correligionario a la prefectura de Chuquisaca.
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, controla tres prefecturas (Oruro, Potosí y Chuquisaca) en los nueve departamentos de Bolivia. El resto está en manos de la oposición, Podemos y Nueva Fuerza Republicana.

Por separado, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado boliviano consideró "inamistosa" a Estados Unidos la decisión del gobierno de Morales de pedir visa a todos los turistas de ese país a partir del primero de diciembre.
La determinación de las autoridades bolivianas tiene un "afán político", afirmó el presidente de esa comisión, Tito Hoz de Vila, del partido opositor de derecha, Podemos, citado este sábado por el matutino La Razón.
Hoz de Vila anunció que la instancia legislativa que encabeza determinó citar al canciller David Choquehuanca para que explique con amplitud los "vacíos" que contienen las nuevas disposiciones migratorias. La entrevista podría realizarse la semana próxima.

El proceso, que se debía iniciar a las 8:00 horas, se inició con media hora de retraso y con la instalación de solo una de las 25 mesas instaladas en los tres centros de votación dispuestos para el sufragio. El motivo de la demora fue la ausencia de los miembros de mesa, incluso algunos -según reportó RPP- desconocían que habían sido designados como tales.
Conforme transcurrió la mañana, alrededor de las 9:00 horas, el proceso electoral empezó en los demás centros de votación.

En los próximos minutos, seis veedores de la Asociación Civil Transparencia inspeccionarán el proceso, y asimismo convocarán a las personas en los colegios de la zona para orientarlos durante el evento.
Se informó que el proceso se desarrolla con normalidad, y en los exteriores de los centros de votación se encuentran un numeroso grupo de policías.
Esta consulta popular, organizada por los municipios implicados en el proyecto minero, se inició debido a que ha dividido la opinión pública de la zona sobre los beneficios o desventajas del proyecto minero Río Blanco, que pretende ser efectuado por la empresa Majaz.

Se inició la consulta popular en tres distritos de Piura

Fuente : RPP.pe

A las ocho de la mañana se inició la consulta popular promovida por tres distritos piuranos, sobre la explotación de un yacimiento de cobre por parte de la empresa minera Majaz.
Más de treinta fiscales de Piura estarán en alerta máxima para prevenir desmanes o actos de violencia durante la consulta popular.
Desde Huancabamba, Walter Ccopa, enviado especial de RPP, informó que las medidas de seguridad se han redoblado y un centenar de policías brindaran seguridad sólo en los exteriores de los centros de votación.
En Ayabaca se prevé la instalación de 89 mesas de sufragio para más de 17 mil electores.
La consulta culminará a las 4 de la tarde y se prevé la difusión de los primeros resultados a las 5 de esta tarde.
La municipalidad de Talara realizó un llamado a la población para dar un rotundo "sí" a la inversión de hidrocarburos en la consulta que se tiene prevista al mediodía en el centro de esta ciudad.
Son cinco mil 152 los comuneros de Sapalache -ubicado en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huacabamba, en la región Piura- quienes participan en la consulta popular para votar por la continuidad de las operaciones de la minera Majaz.
Se informó además que esta consulta vecinal contará con la presencia de observadores de Estados Unidos y Canadá.
Algunos pobladores pernoctaron desde la noche del sábado en la Plaza de Armas de la Comunidad de Sapalache para participar del sufragio.
Cabe destacar que ningún colegio del Estado es utilizado para la realización de esta consulta popular. Los centros de votación se encuentran ubicados en locales como los coliseos distritales.

Alán García señala que inversión minera no depende de oposición de pobladores

El presidente de la República, Alan García Pérez, señaló que la inversión minera se realiza siempre y cuando esté de acuerdo a la ley, por lo tanto la decisión del inicio de labores de las mismas no depende de la oposición de los pobladores que vivan en la zona.
"Si le conviene al país, es el bien común, el general y nacional; el que prima sobre la mala información de algunos", sentenció.
García Pérez manifestó que la consulta sobre el proyecto minero Majaz, en algunos distritos de Piura, no es legal ni vinculante, por lo tanto no debe ser "sobrevalorada".
Según dijo, la consulta vecinal es ilegal pues no es realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
"Tampoco sobrevaloraría con escándalo ese tema (…) No tengo mayor preocupación por eso porque primero no es vinculante no es legal ni es el Jurado de Elecciones o la ONPE, y segundo lugar, estoy convencido que informando y mejorando la información eso se soluciona", afirmó.

Frente a la consulta de los municipios de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, el gobierno del presidente Alan García está actuando como un representante de las empresas mineras. Es decir, como si el interés nacional se identificara solo con las inversiones mineras, sin incluir variables tan importantes como la opinión de las personas que viven en las zonas de posible explotación minera y la exigencia previa de rigurosos estudios de impacto ambiental del conjunto de proyectos previstos en la zona.

Los empresarios han afirmado que no invertirán si no tienen la licencia social. El gobierno, en lugar de informar y dar garantías a la población, quiere demostrarles que tendrán esa licencia sí o sí. Al adjudicarse este papel, el régimen ha asumido todos los costos, ha hecho un trabajo sucio y ha endilgado a los habitantes de la zona todo tipo de calificativos: desde comunistas hasta desinformados, contrabandistas y narcotraficantes.

Esta conducta le quita al gobierno toda autoridad, de cara a quienes tienen reparos o temores frente a la inversión minera. Ojo: no se trata de "antimineros", como se repite, sino de quienes temen que su vida se vea afectada, sin garantías de que sea para mejor. En este contexto, el Estado desaparece para un sector de la población; no cumplen su papel ni el Conam ni el Ministerio de Energía y Minas ni el primer ministro.

¿Por qué tanto empeño del Gobierno en deslegitimar esta consulta? Porque está jugando sus cartas no solo pensando en este proyecto minero, sino sobre todo en el futuro de la inversión. Sabe que no puede impedir esta consulta, aunque lo haya intentado, pero pretende desprestigiarla y, sobre todo, prepararse para futuras confrontaciones. Quiere cortar la posibilidad de que los gobiernos locales o regionales recojan la opinión de quienes viven en zonas con potencial minero, a pesar de que para hacerlo están amparados por normas como la Ley Orgánica de Municipalidades.

Por lo demás, la consulta es un mecanismo de diálogo: frente al propósito de imponer una acción, no queda sino acumular, mediante métodos pacíficos, la fuerza suficiente para hacerse escuchar. Pero, curiosamente, los mismos que se oponen a esta consulta pacífica y democrática son los que están en primera línea cuando se trata de criticar manifestaciones violentas como los bloqueos de carreteras, y de clamar por que las demandas se den en el cauce legal.

ARGENTINA – DERECHOS HUMANOS

Más del 90 por ciento de la población se manifestó en contra de la presencia de la empresa minera Majaz en sus tierras.

Por Milagros Salazar y Javier  Cobeñas

Las denuncias del premier Jorge del Castillo se estrellaron contra la pared. La consulta vecinal convocada por tres distritos de las alturas de Piura para que la población se pronuncie sobre la actividad minera se desarrolló sin hechos de violencia ni amenazas. En medio de un escenario de tranquilidad, se impuso el "No" a la actividad minera en rechazo al proyecto Río Blanco de Majaz.

Según los resultados oficiales, en el distrito de El Carmen de la Frontera el 93 por ciento de los 3, 053 electores que acudieron a las urnas votó por el "No" (2, 825 votantes) mientras que 73 ciudadanos marcaron la opción del "Sí". Apenas se registraron 48 votos en blanco y 107 nulos.
En Ayabaca el "No" venció por un abrumador 93.4% mientras que en Pacaipampa el porcentaje del "No" ascendió a 97 por ciento.

El fiscal de Derechos Humanos Álex Díaz Pérez, encargado de determinar la identidad de los responsables del asesinato de seis miembros de la familia Ventocilla y del periodista Pedro Yauri Bustamante el 24 de junio de 1992, instruyó a la Policía Anticorrupción que interrogue al empresario Julio Favre Carranza.
El actual presidente del Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur) reconoció al diario La República que facilitó al Ejército un terreno de su propiedad para la construcción de una base contrasubversiva en Huaura entre 1990 y 1995.

En dicho establecimiento castrense fueron secuestrados y torturados los integrantes de la familia Ventocilla, acusados falsamente de terroristas. Un mes después, un destacamento del "Grupo Colina" plagió y ejecutó a ocho miembros de los Ventocilla. Esa misma noche, la banda de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), al mando del mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, mató al periodista Pedro Yauri, quien había denunciado en su programa radial la detención arbitraria de los Ventocilla por parte del Ejército acantonado en Atahuampa.
Dos ex integrantes de "Colina", que han solicitado acogerse a la Ley de colaboración eficaz, afirman que los asesinos actuaron en coordinación con los militares de la base de Atahuampa.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el pasado 11 de setiembre el fiscal Díaz Pérez requirió al jefe de la Dirección Contra la Corrupción, comandante PNP José Lavalle Santa Cruz, citar a Julio Favre para que declare sobre las vinculaciones que man-tuvo con los jefes del cuartel de Atahuampa.
En declaraciones a este diario, Favre reconoció no sólo que entregó una parte de su propiedad del fundo Atahuampa al Ejército, sino también que les brindó "algunas facilidades" a quienes cumplieron servicio en dicha repartición.

La decisión la adoptó el fiscal Díaz Pérez después de que La República publicara las declaraciones del profesor Agripino Ventocilla Castillo, secuestrado y torturado por efectivos del Ejército que lo recluyeron en la base de Atahuampa, entre el 28 y 31 de mayo de 1992. Días después, el 24 de junio, los del "Grupo Colina" volvieron a su casa para llevarse a sus hermanos y tíos, pero Agripino Ventocilla se encontraba en Lima.

De acuerdo con uno de los ex miembros del "Grupo Colina", el destacamento que se encargó del asesinato de los Ventocilla recogió a un oficial de la base de Atahuampa que había participado en la detención de la familia. El militar los guió hasta la vivienda y participó en la identificación de cada uno de los Ventocilla. El mismo testigo reveló la identidad de quien entonces era el jefe de la base de Atahuampa, quien supuestamente hasta ahora se encontraría en actividad.

PASO LENTO. El caso de los asesinatos de la familia Ventocilla y del periodista Pedro Yauri se encuentra en investigación desde el 2003 en el Ministerio Público. El fiscal Álex Díaz solicitó y recibió 60 días más de ampliación para continuar con las pesquisas.
CITACIÓN. El fiscal Díaz también ha requerido la declaración de Agripino Ventocilla Castillo para que relate los detalles de su detención arbitraria y tortura en la base de Atahuampa. También se recogerá la versión de su hermana Ricardina Ventocilla, testigo del ataque de "Colina".

¿Es impensable que los plutócratas del planeta hubieran resuelto, por encima de sus divergencias, coordinar esfuerzos para dominar al resto de los mortales? Más allá de los clásicos de ciencia-ficción, escritos por George Orwell y Aldous Huxley, el inglés John Coleman, el norteamericano Jim Tucker y el canadiense Michel Chossudovsy han puesto en evidencia a los impulsores del Nuevo Orden Mundial (NOM). El tema ha sido actualizado por el también canadiense Daniel Estulín, en "La Verdadera Historia del Club Bilderberg" y "Los Secretos del Club Bilderberg".

El nombre de la sociedad proviene de la primera reunión realizada en el hotel Bilderberg, de la localidad holandesa de Oosterbeckl, entre el 29 y 31 de mayo de 1954. Desde entonces, dice Estulín, se han realizado reuniones anuales, en ciudades diferentes. No es una organización secreta, aunque actúa con gran reserva. De hecho, la BBC de Londres le dedicó un extenso reportaje el 27-09-05. Al cabo de 52 años, participan de ella los directores del FMI, Banco Mundial, Council Foreign Relations, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Chrsler, Coca Cola, Ford, General Motors, British Petroleum, Shell, Chase Manhattan Bank, Kissinger Asociates, Nokia, Motorota, American Express, France Telecom, German Telecom, Xerox y entes similares. Asisten a los cónclaves los directores de la CIA, FBI y OTAN, Comisión Trilateral, Mesa Redonda, Club de Roma, Unión Europea, OMC, OCDE y G-8.

Los Roschild y Rockefeller son figuras centrales en la organización, que también la integran, entre otros, George Soros, Mijail Gorbachov, los Bush, Bill y Hilary Clinton, Margareet Thatcher, Condolezza Rice, Rodrigo Rato, Leonel Jospin y los miembros de la realeza de Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Bélgica. Dos tercios de sus integrantes son europeos y un tercio norteamericanos. Otro de sus pilares son los grandes medios de comunicación, como Financial Times, The New York Times, News Week, CNN, NBC, Fox o el Grupo Prisa, de España, y encuestadoras como "Gallup".

Su objetivo es convertir a la Tierra en un planeta prisión, en el que reinará la esclavitud total, mediante la ruptura psicológica del individuo, la mediocridad de la enseñanza y la disminución del coeficiente mental de los seres humanos. En la meta trazada, la TV y sus programas basura ya han producido la "generación de niños más degenerada de la historia", en tanto que los "comics" y juegos electrónicos acostumbran a aceptar que la violencia es el medio adecuado para resolver conflictos El consumo masivo de drogas constituye un avance en lo que Huxley describiera como "una dictadura sin lágrimas en la que la gente ama sus cadenas", en tanto se busca generalizar el uso de microchips para el efectivo control social.

Los Bilderbeg usan la experiencia del Instituto Tavistock, de Inglaterra

(a la que se sumó la Universidad de Standford, de EEUU) que, desde 1921, investiga, por ejemplo, la conducta de personas sometidas a tensiones extremas, como sobrevivientes de conflictos bélicos, recoge los aportes del psicólogo J. B. Skinner ("ingeniería del comportamiento"), la experiencia de la conmoción que originó Orson Wells, en septiembre de 1938, al transmitir por radio la supuesta llegada de marcianos a la tierra, o el brutal despoblamiento de ciudades camboyanas. Se han nutrido, asimismo, de las avances del Instituto Rand, del FIB, en técnicas de "lavado cerebral".

Con una mezcla de drogas, pornografía, música embrutecedora, TV, radios,

periódicos y encuestadoras, el proyecto de "Gobierno Mundial a la Sombra" habría desviado las protestas de la juventud norteamericana por la guerra de Vietnam, hacia el cinismo, la impotencia y pesimismo. La evasión que caracteriza a sectas religiosas conduce a similares resultados. La des industrialización, la "disminución de estómagos inservibles", el reemplazo de países por regiones y la desaparición de Estados nacionales forjarán una sociedad en la que todos podrán correr, pero nadie podrá ocultarse. Es indudable que los separatismos y los fundamentalismos indigenistas existentes en Bolivia son también un aporte a los Bilderberg.
*Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia

Convertir a la agroindustria en una destilería de gasolina sólo será negocio para lo más concentrado de la economía capitalista, ostente la bandera que ostente. Las transnacionales de origen estadounidense encabezan la lista de las que se afilan los dientes para ganar posiciones en ese nuevo escenario de dependencia que se llama agrocombustibles. Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill ya emplazan sus respectivas artillerías.

Aseguran, por ejemplo, que Brasil perderá millones en capital extranjero necesario para competir. Como dato curioso, ADM y otras sostienen que el etanol podría ser rentable aun si los crudos cediesen a 45 dólares el barril, casi un
imposible, según un informe de Mercado Digital.
Una de las firmas brasileñas objeto de presiones es Companhia Açucareira Vale do Rosario (CAVR), que produce tanto azúcar de caña como etanol. Un conglomerado de origen belgoargentino, Bunge ltd., ofreció 775 millones de dólares por la empresa. El principal propietario, Cícero Junqueira, no quiere saber nada.

Naturalmente, los motivos de los grupos multinacionales son claros: los altos precios de hidrocarburos y la decreciente influencia política de las grandes petroleras en Estados Unidos. A su vez, lo segundo refleja dos hechos: la decadencia de los republicanos -arrastra al "lobby" tejano que orienta el vicepresidente Richard Cheney- y el movimiento internacional contra el "efecto invernadero" (emisiones de monóxido y dióxido de carbono), señala el informe de Mercado Digital.
Los mercados brasileño y argentino de etanol involucran no uno, sino dos insumos claves, maíz y caña de azúcar. En escala mundial, hoy los mayores productores son Estados Unidos (unos 18.500 millones de litros en 2006) y Brasil, con 16.250 millones.

Pero el punto crítico está en el futuro. Hacia 2016, esta categoría de biocombustibles habrá substituido a 15 por ciento de los hidrocarburos. Más que Estados Unido., Brasil y Argentina aportan tierras, experiencia y bajos costos. Esto despierta la codicia de grandes productoras o intermediarias de insumos, firmas energéticas y fondos especulativos.
Mientras los fondos pierden terreno debido a la doble crisis global (hipotecas, iliquidez financiera), el resto de la gama se da de bruces contra las compañía locales, al menos en Brasil.

El caso del azúcar tiene una característica casi folclórica: clanes feudales como Junqueira controlan el negocio desde que los portugueses echaron a los holandeses, en el siglo XVII. Es lógico que no quieran vender o que los escasos operadores dispuestos a hacerlo pidan precios muy superiores al ofrecido por Bunge.
Como sucede en minería, las empresas extranjeras deberán desarrollar proyectos desde el inicio, en vez de aprovechar activos en marcha. Las presiones no se han hecho esperar: columnistas allegados al negocio en Estados Unidos sostienen que, si Brasil no se abre, se demorará la adopción de su etanol como combustible para automotores alrededor del mundo, subraya la fuente citada.

Por otra parte, conglomerados como ADM (encabeza una campaña para ablandar a los brasileños) tienen mejor acceso al financiamiento y pueden modernizar más rápidamente el sector.
Por cierto, hace tres años que ADM intenta penetrar en el gigante sudamericano y, hoy, tiene un inesperado rival ruso: Ólyeg Dyeripaska opera vía la transnacional suiza de materias primas Glencore, con intereses en Argentina y Brasil.
Otros interesados son la australiana CSR, la germana Südzucker y la india Bajaj Hindusthan. Se trata de la mayor productora de azúcar y etanol en Asia meridional. Proyecta invertir 500 millones de dólares en comprar instalaciones brasileñas. Todas estas empresas tienen ventajas, pues la industria local se maneja en forma poco seria y atomizada, sin libros fiables, evade impuestos y sus métodos laborales son primitivos (aún mas que los argentinos).

A veces, el capital extranjero es afectado por esas características. Eso le ocurrió a Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), cuando le dio crédito a Pará Pastoril e Agricola (Belén). Recién al cerrar tratos, el banco supo que el gobierno federal investigaba a la compañía por emplear mano de obra esclava. El ministerio de trabajo descubrió más de 1.100 personas –menores inclusive- en situación degradante, ocultas en una subsidiaria del grupo, Pagrisa.
El etanol de maíz estadounidense sigue siendo más caro que el brasileño. Por de pronto, aquél goza de un subsidio equivalente a 13,2 centavos por litro. Pese a ello –que refleja el poder de los cabildeos en el congreso y la Casa Blanca-, ADM y su competidora, Cargill, obtuvieron escasas ganancias en 2006. ¿Por qué? Porque la demanda para fabricar etanol infla los precios del maíz. El perfil es más flexible en Brasil o Argentina, pues ambos tienen un segundo insumo, la caña de azúcar, asevera el reporte de Mercado Digital.

En el caso panameño, el Tratado de Promoción Comercial (TPC), suscrito por los respectivos gobiernos el año pasado y aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en julio pasado, aguarda ahora el visto bueno del Senado estadounidense. Gutiérrez viajó acompañado de 10 representantes, un senador y el alcalde de Boston, en una gira que incluye a Colombia y Perú, con el fin de facilitarles un mejor conocimiento de las ventajas de los tratados para los negocios norteamericanos en la región, recordó la misma fuente.

Las presiones estadounidenses se basan en un hecho ocurrido en 1992, cuando aún tropas norteamericanas ocupaban parte del país, luego de la invasión de 1989, y en víspera de una frustrada visita del entonces presidente George Bush (padre).
González, de 42 años, diputado por el gubernamental Partido Revolucionario Democrático (PRD), se entregó a las autoridades panameñas en 1995 y resultó absuelto por un jurado de conciencia en 1997, en un proceso donde Estados Unidos pudo presentar su acusación.
Washington desconoce el fallo de la justicia panameña y mantiene vigente una orden internacional de captura contra González, afirmó Prensa Latina.

El secretario de Comercio estadounidense insistió, tras reunirse con el presidente Martín Torrijos, que el tratado comercial con Panamá se encuentra ahora amenazado por "un problema que debe ser resuelto", sin mencionar el nombre del presidente de la Asamblea, según cables de otras agencias internacionales.
Desde Washington, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, dijo que cree en la democracia panameña, pero reiteró que la elección de González "es un serio impedimento para la consideración del TPC en el Congreso".
Alentados por esas posiciones, empresarios y políticos opositores sintonizados con Estados Unidos, interesados en dañar la imagen electoral del PRD y sus aspiraciones de reelección, arreciaron su campaña en demanda de la renuncia de González., subrayó en tanto Prensa Latina.

No obstante, a pesar de justificar su exigencia como lo que más conviene al país, esa posición coincidente con Washington implica someter una decisión soberana y democrática de un poder legislativo electo, a los antojos y consideración de una potencia extranjera.
En opinión del presidente del Sindicato de Industriales, Gaspar García, no es justo que ahora Estados Unidos condicione el tratado a otros temas extemporáneos.
A su vez, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente consideró que la presión estadounidense es violatoria de la soberanía panameña.
Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, quien poco antes había conversado con el presidente de la Asamblea, advirtió que "Panamá es un país soberano y tiene que actuar conforme su posición".
Al exigir la aceptación de sus condicionamientos, Washington pone a las autoridades panameñas frente un serio dilema y deja en claro el alto precio político de los tratados de libre comercio, concluyó la agencia latinoamericana de noticias.

Dos tendencias opuestas están actuando en América Latina y en el Caribe. Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) y los países de la Unión Europea (UE) consiguen sellar, con los países de la región, acuerdos bilaterales de libre comercio que son favorables para sus empresas. Las privatizaciones masivas de los años 1980 y 1990 han sido aprovechadas por éstas para tomar el control de un gran número de sectores económicos vitales para el desarrollo. Los flujos de capitales van de la región hasta los países más industrializados mediante el pago de la deuda, la repatriación de las ganancias de las transnacionales del norte y la fuga de capitales organizados por los capitalistas latinoamericanos; la deuda interna conoce un fuerte aumento, las condiciones de vida se estancan y los más explotados se empobrecen un poco más, aún cuando ciertos programas de asistencia pública limiten los estragos.

Por otra parte, las numerosas movilizaciones populares de estos últimos años se traducen por la elección de gobiernos entre los cuales algunos buscan revertir el curso histórico de los últimos treinta años y afrontar la primera tendencia descrita anteriormente al reinstaurar un control público sobre los recursos naturales del país, sobre otros sectores clave de la economía y al poner en jaque ciertos proyectos estratégicos de los EE.UU. (fracaso del ALCA en noviembre 2005 y dificultad de aplicación del Plan Colombia a causa de la oposición de Venezuela, Ecuador |2| y Bolivia). Algunos gobiernos emprenden reformas sociales llevando una política redistributiva. Venezuela desde 1999, Bolivia desde 2006, y pronto Ecuador, se han propuesto modificar su constitución en un sentido democrático. La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) reúne Venezuela, Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Ecuador como observador. La creación de un Banco del Sur proyectada para finales del 2007 es una pieza importante de esta contra-tendencia.

Balance de la intervención del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en América Latina

La intervención del BM y del FMI en América Latina está marcada por las prioridades de la política exterior del gobierno de Washington. Todas las dictaduras militares de América Latina y del Caribe desde los años 1950 hasta los años 1980 han recibido el apoyo del FMI y del BM porque son aliados de Washington y que subordinan su política económica a los intereses de las transnacionales de Norteamérica. Cada gobierno que pone en práctica una política de justicia social y busca reforzar la soberanía del país encuentra en su camino las instituciones de Bretton Woods. Las clases dominantes locales (oligarquía terrateniente y burguesía) aplauden porque encuentran en estas instituciones un apoyo en su oposición a las reformas sociales. Es de notar que el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla constituyen verdaderos campos de prueba de las políticas neoliberales que, luego, bajo formas adaptadas han sido aplicadas en los países más industrializados, empezando por la Gran Bretaña de Margaret Thatcher a partir de 1979 y los EE.UU de Reagan en 1981.

En 1982, cuando estalla la crisis de la deuda que afecta de lleno el conjunto de América Latina y del Caribe, el BM y el FMI que habían incitado a los países de la región a endeudarse alegremente (se multiplica por 11 la deuda pública exterior de la región entre 1970 y 1982, pasando de 16 a 178 mil millones de dólares |3|) utilizan el arma del sobreendeudamiento para imponer las políticas que serán codificadas más tarde en el consenso de Washington : privatizaciones masivas, mayor apertura económica, abandono del control de los cambios monetarios y de los movimientos de capitales, reducción de los gastos sociales, aumento de las tasas locales de interés, precarización del trabajo. Los capitales que, a lo largo de la década 1970, habían afluido hacia la región bajo la forma de préstamos se dirigen, a partir de 1982, hacia los países industrializados bajo la forma del pago de la deuda y de la fuga de capitales. La amplitud y la rapidez de la transferencia se han incrementado a partir de 1998.

Para Washington, el arma de la deuda ha permitido prescindir de las dictaduras para imponer su política. Los gobiernos democráticos que reemplazan a las juntas militares a partir de la segunda mitad de la década del 80 aplican dócilmente las consignas. La imposición de las políticas neoliberales desemboca en explosiones sociales pero éstas son duramente reprimidas por gobiernos " democráticos ". De la rebelión popular de abril 1984 en Santo Domingo contra el plan del FMI impuesto por el gobierno del PRD social-demócrata al argentinazo de diciembre 2001 contra el gobierno de centro-izquierda de Fernando de la Rúa, pasando por el caracazo del 27 de febrero 1989 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (vicepresidente de la internacional socialista), son numerosos los disturbios. El rechazo del Consenso de Washington aplicado por el FMI y el BM se generaliza a escala latinoamericana y acaba por desembocar en una nueva curva a la izquierda a partir de la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998. Tras la inmensa sublevación del pueblo argentino en diciembre 2001 que provocó la caída del presidente De la Rúa, las autoridades argentinas, bajo la presión de la calle, deciden desafiar abiertamente el FMI y el BM al suspender hasta marzo 2005 el pago de la deuda pública exterior tanto a los acreedores privados como al Club de París. Los gobiernos peronistas de Rodríguez Saa, Duhalde y Kirchner que se suceden desde finales del año 2001 evitan la ruptura directa con las instituciones de Bretton Woods (cuyos préstamos fueron reembolsados) pero contribuyen a su debilitamiento al demostrar que es posible suspender de manera prolongada el pago de la deuda mientras se reanuda el crecimiento económico y se impone a los acreedores un acuerdo a través del cual éstos aceptan una reducción de la mitad de las sumas reclamadas.

¿Cuál es la situación actual de la deuda externa en el mundo y en América latina ?

Vivimos una situación ambigua. La impresión dominante es que ya pasó la crisis de la deuda. Para ello se aduce que los gobiernos de los grandes países del Sur pagan de manera anticipada su deuda al FMI. Esto lo han hecho Brasil, Argentina, México, Tailandia, Indonesia. Pero la situación es contradictoria, porque en realidad se están reuniendo condiciones para una nueva crisis. Por una parte, la deuda externa del Tercer Mundo aumentó en el año 2006 en más de 250 mil millones de dólares. Mientras los países del Sur pagan de manera anticipada su deuda al FMI, emiten bonos públicos o contratan nuevas deudas con bancos privados. Los países del Sur tienen ahora una deuda externa privada y pública de alrededor de 3 billones (millones de millones) de dólares estadounidenses (USD). La parte pública de esa deuda externa alcanza la mitad de esa suma, es decir, 1,5 billones de USD.

Como segundo factor hay que destacar que, en los últimos diez años, ha aumentado tremendamente la deuda pública interna. Ahora, en un país como México por ejemplo, los bancos de EE.UU, que compraron los bancos mexicanos al ser privatizados, controlan totalmente la banca nacional. En Argentina o en Colombia, los bancos españoles controlan los bancos nacionales. ¿Qué quiero decir con esto ? Que los acreedores de la deuda pública interna son casi los mismos que los acreedores de la deuda pública externa.

Hay que añadir otros dos fenómenos. La tasa de interés internacional está aumentando desde el 2004. Los países más industrializados y China trabajan también para bajar los precios de sus importaciones de materias primas. Si se logra bajar los precios mundiales de las materias primas, los países del Sur van a sufrir económica y financieramente. Por un lado, esto significa menos ingresos por exportaciones en los países del Sur y, por otro, más pagos a sus acreedores debido a las altas tasas de interés. En estas condiciones es probable que dentro de 2 ó 3 años se repita la crisis de la deuda en los países con economías más dependientes de las exportaciones.

¿Tienen una deuda externa los EE.UU?

Los EE.UU son el país más endeudado a nivel interno y externo. Tiene una deuda externa equivalente al total de la deuda externa del conjunto de todos los países llamados "en desarrollo", donde vive el 85% de la población. Lo que es tremendo, escandaloso, es que los mismos países del Sur otorgan préstamos a los EE.UU. Para financiar su deuda, los EE.UU venden bonos del Tesoro. Un billón de dólares en bonos del Tesoro son comprados por países "en desarrollo". Digo que es escandaloso y absurdo desde el punto de vista del interés de las mayorías. Con esta operación de compra de bonos tienen una remuneración del tipo 4-5 %. Simultáneamente estos mismos países emiten títulos de su deuda externa y pagan una tasa de interés tipo 8-9-10%. Es una pérdida absoluta. De ahí mi planteamiento de que precisamos un Banco del Sur.

¿Cuáles serían las funciones del Banco del Sur?

Se necesita un frente de países del Sur que coloquen sus reservas no en bonos de los EE.UU sino en un Banco del Sur. También pudiera crearse una moneda común, una moneda de América Latina y el Caribe dentro del marco del ALBA. El Banco del sur podría financiar proyectos comunes en América Latina y el Caribe: la Universidad común; TELESUR, una industria farmacéutica del Sur para producir medicamentos genéricos de grande calidad a bajo precio; una política agraria común para favorecer la soberanía alimentaría y la reforma agraria. En resumen, un Banco del Sur apoyaría con financiamiento a los poderes públicos nacionales y locales, a las comunidades indígenas, a empresas públicas, a cooperativas. No un banco para financiar al gran capital nacional o internacional.

Pasos concretos hacia la creación del Banco del Sur

Seis países de Suramérica quieren crear juntos un Banco del Sur y tomar sus distancias con respecto al FMI, al BM y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dominados por los países del norte. Venezuela ha tomado la delantera al anunciar el 30 de abril 2007 que dejaba el FMI y el BM. Ecuador ha despedido al residente permanente del BM el 28 de abril 2007. Bolivia ha indicado que ya no reconocía la autoridad del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que hace parte del BM. Más allá, hay también una voluntad de integración regional en torno a un proyecto nuevo, anclado a la izquierda. En febrero 2007, Argentina y Venezuela han anunciado la creación de este banco. Pronto se han juntado Bolivia, Ecuador y Paraguay. Brasil que ha dudado durante tres meses acabó por firmar la declaración de Quito del 3 de mayo 2007 durante la cumbre de los ministros de finanzas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y de Venezuela |4|. Una cumbre presidencial reuniendo a Hugo Chávez, Óscar Nicanor Duarte, Rafael Correa, Evo Morales, Nestor Kirchner y Luis Inacio Lula Da Silva debe tener lugar en los próximos meses y lanzar el Banco del Sur.

Durante la reunión de Quito, la delegación de Ecuador ha adelantado una concepción revolucionaria del Banco del Sur (y del Fondo). Se trata de crear una institución que funcione sobre una base profundamente democrática, al contrario del BM, del FMI y del BID. El Banco del Sur será un instrumento encargado, en particular, de poner en aplicación los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, sociales y culturales, mientras que el BM dice que no está ligado a estos tratados. El Banco del Sur deberá financiar proyectos públicos mientras que las instituciones existentes privilegian el sector privado. Por otra parte, el Banco del Sur deberá basarse en el principio de " un país, un voto ". Actualmente, en el BM, en el FMI y en el BID, el derecho de voto de los países depende de su aporte inicial, lo cual no es democrático. Además, los dirigentes y empleados del Banco del Sur serán responsables ante la justicia, contrariamente a los del BM, protegidos por una impunidad total que sólo es levantada cuando el BM lo desea. Y pagarán impuestos, lo que no es el caso en el BM. Los archivos estarán en el dominio público, mientras que la regla contraria impera en el FMI y el BM. Por fin, el nuevo banco no se endeudará en los mercados de capitales. Su capital será provisto por los países miembros que lo financiarán con un aporte inicial en capital, con préstamos, pero también con tasas del tipo Tobin.

Aún es temprano para conocer el destino que se le será reservado a esta propuesta. De no ser aceptada, habría un alto riesgo de que la nueva construcción no constituya una verdadera alternativa para Suramérica. En efecto, para los gobiernos de Brasil y Argentina, es atractiva la idea de un banco que vendría a reforzar sus grandes empresas privadas o mixtas en la región (Petrobras en Brasil o Techint en Argentina), en el marco de un bloque económico y político construido sobre el modelo de la Unión Europea y dominado por la lógica capitalista. La historia de los dos últimos siglos está llena de bancos públicos que han servido esencialmente para reforzar la acumulación capitalista sin ningún beneficio real para el pueblo. Hay que evitar que se repita la historia. El Banco del Sur tiene que ser un instrumento para el proyecto de desarrollo del Socialismo del Siglo XXI.

Notas

Y es que la administración del Presidente Elías Antonio Saca y la derecha del país, han pretendido detener la protesta popular, mediante leyes duras, incluyendo la Ley Antiterrorista.
Para Saca y la derecha del país, protestar por la falta de agua, por la carestía de la vida y por la no privatización de los pocos bienes públicos, entre otras, es un acto de terrorismo que debe castigarse en forma severa.

Y así lo hicieron contra vendedores ambulantes primero, que gracias a la sapiencia de un juez cambió el delito de terrorismo por el de desorden público. No obstante, una jueza mantuvo durante casi tres semanas presas a 14 personas capturadas el 2 de julio en Suchitoto, cuando protestaban contra la política de descentralización del agua. Entre las capturadas se encontraba una periodista. Todos quedaron en libertad, tras la presión nacional e internacional, pero, el proceso por actos de terrorismo continúa.

Entonces, ante las fuertes reacciones y presiones contra Saca, por aplicar la Ley Antiterrorista, a los manifestantes sociales o populares, el Ejecutivo inventó endurecer las penas establecidas en los códigos penales a los delitos considerados como desórdenes públicos.
Aunque el Ejecutivo pretendía castigar con diez años de prisión ese delito, al final ARENA y el PCN lo redujeron a 8 años de prisión. Además, se castigará hasta un tercio más la pena, a los líderes o "instigadores" de las protestas o marchas. Sin lugar a dudas, pues, las reformas penales buscan censurar la protesta popular.
Medidas similares en toda Latinoamérica son ¿mera coincidencia? (N. de E.)
Revista Ecotopía. Órgano de divulgación de la Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-