El represor de los cocaleros vuelve a Bolivia

¿Otra vez, mister Greenlee?

Bush designó hace dos semanas al sucesor de Manuel Rocha. Se llama David Greenlee, experto en operaciones encubiertas. Ya estuvo en Bolivia manejando interinamente la Embajada norteamericana por casi dos años, desde la crisis de Huanchaca. Bajo su corta pero desenfrenada gestión el país vivió tormentas de sangre y vergüenza como la llegada de tropas del Comando Sur al Chapare, la masacre de Villa Tunari, la aprobación de la Ley 1008 o el atentado dinamitero contra George Shultz. La historia de Greenlee en Bolivia parece arrancada de un relato negro de Graham Greene. Aquí se la contamos

Wilson García Mérida

El presidente de Estados Unidos George W. Bush acaba de nombrar oficialmente a su nuevo Embajador en Bolivia, David N. Greenlee, quien ya actuó en nuestro país a fines de los ochenta, como Ministro Consejero y Embajador interino, habiendo administrado situaciones poco diplomáticas como la tragedia de Huanchaca en 1986 y la masacre de Villa Tunari en 1988.
Greenlee se desempeñó como Embajador de su país en el Paraguay desde el 19 de julio del año 2000. Previamente ocupó el cargo de Coordinador Especial del Departamento de Estado para Haití. Con anterioridad, de 1996 al '97, fue Jefe del Grupo de Monitoreo Israel-Líbano. Entre el 95 y el 96 ejerció como Consejero Político del Comando Sur con sede en Panamá.
Su relación con Bolivia data de los años 60, cuando sirvió como voluntario del Cuerpo de Paz en el altiplano boliviano, antes de partir a Vietnam. Luego se especializó como experto en operaciones encubiertas con altas notas en las belicosas escuelas diplomáticas norteamericanas, compartiendo experiencias -entre otros funcionarios de carrera que se desplazan como peones de ajedrez en el tablero mundial del imperio- con el actual jefe del Comando Sur, Gary Speer, y con Otto Reich, el hoy influyente Secretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos en América Latina.
Conocimos muy de cerca a David Greenlee a fines de septiembre de 1988, dos años después de los sucesos de Huanchaca. El señor Greenlee llegó a Villa Nueva, una comunidad cocalera del Chapare, para entregar algunas obritas del PL-480 al estilo de Alianza para el Progreso, junto con Giovani Quaglia y Reginald van Ralte, funcionarios de Unfdac y Usaid, y se dirigió a los campesinos utilizando palabras en idioma quechua (su currículum oficial indica que es experto en lenguas indoamericanas). Registramos ese acto mediante un reportaje que publicamos en la revista Facetas de Los Tiempos, el 2 de octubre del 88.
Greenlee cumplía en ese momento el cargo de Embajador interino en nuestro país, y lo ejerció durante casi dos años en los cuales la Embajada de Estados Unidos en Bolivia había quedado acéfala tras la crisis que sufrió esa legación a causa de los crímenes del 5 de septiembre del 86.
Previamente a la tragedia de Huanchaca, David Greenlee era el responsable de los asuntos políticos de su Embajada en La Paz, es decir el número uno de la CIA en Bolivia, bajo el encubierto puesto de Ministro Consejero. Desde ese cargo administró las operaciones que trajeron tropas del Comando Sur para realizar ejercicios de guerra en el Chapare, y en alguna otra zona del Oriente afectada por el narcotráfico.

La tragedia de Huanchaca
En julio de 1986 comenzó a ejecutarse en Bolivia la operación "Blast Furnace" ("altos hornos"), la primera experiencia de intervención militar norteamericana, para Bolivia, en la llamada "Guerra contra la drogas". Hasta noviembre de ese año llegaron al país, para quedarse, seis helicópteros artillados UH-1H que operaron en la guerra del Vietnam, junto con 200 "rangers" enviados por el Comando Sur.
"Blast Furnace" fue el sueño de Reagan que se cumplió en esta parte de los Andes, desde que el presidente norteamericano había fracasado en su intento, durante las dictaduras militares, de crear una fuerza multinacional "interamericana" bajo la batuta del Comando Sur en los marcos de la "Iniciativa de Defensa Estratégica" inspirada por el ultraderechista Lyndon LaRouche. La operación "Blast Furnace", sin embargo, fue un rotundo fracaso en Bolivia.
El Operativo "Blast Furnace" incluía la participación activa de la DEA, organismo éste (todavía atado a una lógica estrictamente policiaca) que tenía el propósito de asestar un duro golpe interviniendo el mayor laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína, situado en la serranía de Huanchaca, sobre la frontera cruceña con Brasil. La información sobre aquella incursión promovida por la DEA se filtró hacia los narcotraficantes y provocó una tragedia impensable. Cuando los ocupantes de la factoría se hallaban desmantelando el laboratorio pocos días antes del anunciado operativo, éstos fueron sorprendidos con la llegada de una misión científica española encabezada por el biólogo boliviano Noel Kempff Mercado, que aterrizó accidentalmente en Huanchaca; los narcotraficantes, confundiendo a los acompañantes de Kempff con agentes encubiertos, los acribillaron a ráfagas de metralleta. Fue el 5 de septiembre de 1986. Juan Cochamanidis, un piloto español, fue el único sobreviviente que reconoció el acento brasileño de los sicarios y pudo contar el cuento ante el estupor del país.
Este incidente provocó una grave crisis dentro la Embajada norteamericana en La Paz. El jefe de la DEA en Bolivia, Frank Macolini, acusó a los agentes de la CIA de haber interferido en las acciones para tomar Huanchaca debido a un pacto que se habría acordado con el cabecilla de la banda que operaba en ese laboratorio, un padrino llamado Jorge Roca Suárez, alias "Techo de Paja", actualmente preso en una cárcel de Texas con privilegios de ciudadano norteamericano.
"Techo de Paja" aprovechó la estadía en su cárcel dorada de Texas para estudiar Arquitectura y Derecho, profesiones que le permitirán desarrollar "limpiamente" sus actividades cuando retorne a Bolivia. Recientemente, el pasado mes de agosto, la justicia boliviana resolvió, por decisión de los jueces Saúl Saldaña y Ana Cañizares, devolver los bienes incautados a su familia.

Una ruta al Golfo de México
Tras los crímenes del 86, Frank Macolini sindicó concretamente a Jesús Gutiérrez, un agente cubano traído a Bolivia precisamente por David Greenlee, de haber infiltrado la información sobre la toma de Huanchaca. Según el entonces jefe de la DEA en Bolivia, Gutiérrez habría ejecutado la negociación con Roca Suárez. El agente cubano brindó protección a "Techo de Paja" permitiéndole inclusive transportar cocaína por una ruta directa al Golfo de México a cambio de información para desmantelar al cartel colombiano de Medellín. Investigamos sobre este tema en 1990, cuando conocimos casos de secuestros de avionetas en la frontera con Brasil y Paraguay para usar esas naves "desechables" en la ruta al Golfo de México. Se pudo establecer que en aquellas operaciones criminales de secuestro de pilotos y robo de avionetas participaban grupos ligados al clan Villavicencio, que posteriormente se dedicó al lavado de dólares desarrollando actividades inmobiliarias en el municipio de Cochabamba. Los dineros de "Techo de paja" se reciclaron también en organizaciones como Finsa.
La DEA, supuestamente, se oponía a esta alianza de la CIA con el narcotráfico boliviano.
Las relaciones de "Techo de Paja" y la CIA se remontan a la época de García Meza, cuando este joven y emprendedor traficante conspiró contra su tío y mentor Roberto Suárez Gómez, entregando información decisiva para la captura del entonces "Rey de la Coca". Jorge Roca aprovechó su influencia en los entornos del ministro Arce Gómez para expandir e intensificar la producción de pasta base de cocaína en los bosques subtropicales del Chapare, donde la dictadura tendió un cerco militar para impedir la salida de hojas de coca hacia las haciendas de Roberto Suárez en el Beni. Es conocido el episodio de la masacre de "zepes" (hombres hormiga que transportaban coca ladeando las orillas del Río Chapare), quienes fueron exterminados por el Ejército para cortar la provisión de hojas de coca hacia los dominios amazónicos de Suárez.
La militarización del Chapare ordenada por García Meza y Arce Gómez le permitió a "Techo de paja" dar un salto "modernizador" hacia la cristalización de cocaína (clorhidrato), montando laboratorios industriales como el de Huanchaca. Roberto Suárez en cambio, más conservador, prefería mantener al Chapare como simple proveedora de hojas de coca, especializándose en simi-elaborar la droga en estado de sulfato base, para enviar esa mercancía a laboratorios de Colombia. Eso explicaba la buena relación que Roberto Suárez mantenía con el cartel de Medellín, a diferencia de "Techo de Paja" que se constituyó en competidor y adversario feroz de los colombianos.

La CIA y su golpe de timón
A raíz de las disputas entre los agentes de la DEA y de la CIA en la legación norteamericana de La Paz, despertadas por el asunto Huanchaca y la protección a "Techo de Paja", se precipitó la renuncia del entonces embajador Edward Rowell, quien no pudo sostener aquella situación en un ámbito rigurosamente diplomático. Rowell, asqueado del asunto, tomó la decisión de huir del país a pocos días de producirse, en noviembre del 86, el asesinato del diputado Edmundo Salazar. Este legislador que investigaba el caso Huanchaca se aproximó demasiado a la verdad y fue acribillado a plena luz del día por dos sicarios en motocicleta.
El embajador Rowell abandonó Bolivia en enero de 1987, subrepticiamente y sin ofrecer una explicación oficial sobre su alejamiento; quedando la Embajada en acefalía hasta diciembre del 88. En ese lapso, es decir entre enero del 87 cuando el embajador Rowell abandona el país y diciembre del 88 cuando llega el sucesor Robert Gelbard, David Greenlee, el principal de la CIA en Bolivia, toma control de la Embajada en calidad de "embajador interino".
Al haber fracasado la operación "Blast furnace" en su objetivo antidroga (aunque el objetivo político de someter el sistema de seguridad boliviano bajo los lineamientos del Comando Sur se había logrado), la Embajada de Estados Unidos, ya al mando de David Greenlee, emprendió una nueva fase punitiva lanzando la operación "Snow Cop" ("boina de nieve"), la cual incorporó en las acciones militares a elementos de la "migra" estadounidense y otras agencias como el FBI. El inicio de esta operación coincide con la salida del embajador Edward Rowell y el ascenso de Greenlee al rango de "embajador interino".
La primera medida de Greenlee fue alejar a Frank Macolini del país, gestionando su traslado a Centroamérica, y a partir de entonces el accionar de la DEA en Bolivia se "despolicializó" y comenzó a desarrollarse bajo una lógica estrictamente política y militar.
La operación "Snow Cop" tuvo el principal objetivo de desmantelar y deslegitimar las propuestas campesinas de desarrollo alternativo, que en ese momento se traducían en el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (Pidys), basado en la erradicación voluntaria de cocales y en la participación sindical campesina en la planificación de programas agrícolas alternativos. Greenlee se opuso tenazmente a esa propuesta, insistiendo en abordar el problema coca-cocaína desde un enfoque eminentemente militar, identificando así al cocalero como el enemigo principal.
El primer síntoma de esta política agresiva y anticampesina promovida por Greenlee se produjo el 27 de mayo de 1987, en la zona de Parotani, cuando cinco campesinos murieron en un choque con fuerzas de la Unidad Móvil para el Patrullaje Rural (Umopar) que respondían al mando directo de agentes norteamericanos.

Greenlee y la masacre de Villa Tunari
David Greenlee promovió la incursión ilimitada de asesores militares norteamericanos en el Chapare que asumieron el mando de las tropas nativas de Umopar. Fueron esos mismos agentes norteamericanos quienes abrieron fuego desde sus helicópteros artillados UH1H, el 27 junio del 88 (apenas un año después de los hechos de Parotani), en la población chapareña de Villa Tunari, acribillando a centenares de campesinos que se oponían al uso de herbicidas para erradicar cocales, siendo Greenlee dueño y señor de la embajada norteamericana en La Paz.
La masacre de Villa Tunari dejó un saldo 12 muertos, entre ellos varias mujeres y niños; y más de 20 heridos, muchos de ellos con invalidez de por vida. Aconteció cuando centenares de campesinos realizaban una toma pacífica de las oficinas de la Dirección de Reconversión de la Coca (Direco), donde se almacenaban defoliantes que debían ser usados para fumigar los campos cocaleros. Varios cadáveres aparecieron flotando en el río Chapare. Lo extraordinario de aquel hecho fue que algunos policías bolivianos que participaron en la matanza disparando fusiles M-15, se hallaban bajo investigación de la DEA por sus conexiones con redes oficiales de protección a narcotraficantes. Después de lo de Villa Tunari, la Embajada de Estados Unidos, a cargo de Greenlee, hizo llegar sendos memorándums de felicitación a esos mismos policías.
La violación belicista de los derechos humanos se constituyó en el método dominante de la política antidroga dirigida por Grenlee, en una estrategia nítidamente orientada a provocar reacciones también violentas entre el campesinado agredido, obligado desarrollar acciones autodefensivas que servirán a Estados Unidos para argüir que los sindicatos cocaleros forman parte de una "red narcoterrorista". 1988 será el año clave para imponer esta visión torcida y guerrerista de la realidad en el Chapare.
La gestión de Greenlee como Ministro Consejero en el '86 y "embajador interino" en el '88 no sólo produjo episodios abrumadores como Huanchaca o Villa Tunari. La presencia de este hombre fuerte de la CIA en nuestro país impactó profundamente en el proceso democrático boliviano introduciendo elementos de incertidumbre, inestabilidad e inseguridad, mediante el chantaje sistemático, para reacomodar los factores internos de poder en función a los dictámenes de la potencia extranjera.

El Gran Viabilizador
Greenlee fue el "viabilizador" de la política guerrerista de su gobierno, que aún prima respecto a la cuestión de la coca, y fuimos testigos de la prepotencia norteamericana en nuestro país ya en abril del 88, cuando el "embajador interino" llevó de paseo en el Chapare al nefasto Fiscal General de los Estados Unidos, Edwin Meese.
El fiscal Meese, estrecho colaborador de Reagan, según la revista Newsweek había obtenido el cargo en retribución a un hecho de encubrimiento en favor de la corporación Wedtech, en un cierto negociado por equipos de espionaje satelital en el Pentágono. Meese llegó al cuartel de Umopar de Chimoré protegido por un batallón de marines que nos impidieron, a los periodistas bolivianos, realizar la cobertura de esa visita. En un bochornoso incidente, los agentes norteamericanos desalojaron al entonces Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, del recinto donde Meese, Greenlee y los efectivos de la DEA y del Comando Sur asentados en la zona se reunieron durante más de tres horas. Actualmente, Edwin Meese es socio de Lyndon LaRouche en varias empresas privadas dedicadas a vender "servicios" de inteligencia, seguimiento y asesoramiento "antiterrorista", además de comercializar armas, en países del Tercer Mundo donde opera la asistencia militar norteamericana.
La captura de Roberto Suárez, el "Rey de la Coca" destronado ya durante García Meza, fue otra "obra estrella" de mister Greenlee. Con la caída de Suárez, quien se entregó voluntariamente en julio del 88 tras resistir un cerco policial-militar de cinco meses en su hacienda de Santa Ana, la Embajada norteamericana logró poner en segundo plano las repercusiones de Huanchaca. Antes de la captura de Suárez, propiciada por su ex discípulo "Techo de Paja", se sucedieron hechos insólitos como la aparición de unos "narcovideos" que mostraban a conocidos políticos pidiendo al viejo narcotraficante plata para financiar campañas electorales; o la clausura del sistema radiotelevisivo del "compadre Palenque", por haber entrevistado a Roberto Suárez desde la clandestinidad, lo cual produjo un inesperado estallido populista en el país.
El cerco y la captura de Suárez, y la tenaz persecución desatada en contra de dirigentes y campesinos cocaleros, crearon, además, condiciones favorables para que la Embajada norteamericana conquiste la aprobación congresal, el 8 de julio de 1988, de la Ley 1008 de Sustancias Controladas, que penaliza a la hoja de coca con idéntica furia que a la cocaína. Paz Estenssoro tardó cinco meses en promulgar esa ley ante la resistencia de los campesinos que sufrieron en ese lapso los efectos aterradores de aquella "guerra de baja intensidad" comandada por Greenlee.
Tras la aprobación de la Ley 1008, Bolivia recibió la visita del Secretario de Estado George Shultz, en agosto de ese mismo año, visita que fue respondida con un atentado dinamitero perpetrado por el Ejército de Liberación Zárate Willka. Greenlee estaba como pez en el agua. Se quedó en el país asesorando al nuevo embajador Robert Gelbard, hasta 1989, año en que se logró desarticular a esa pequeña banda ultrista cuya aparición puso al país en el mapa ideal del terrorismo internacional. Y misión cumplida.

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Las listas negras del Embajador

Antes de su anunciado retorno a Bolivia, David Greenlee fue Embajador en Asunción, Paraguay, donde se puso al centro de una polémica permanente por su política intervencionista a través de unas famosas "listas negras" que afectaron a centenares de personalidades paraguayas incriminadas por Greenlee, quien se puso oficiosamente a la cabeza de una supuesta "lucha contra la corrupción" en el país vecino.
Mister Greenlee desató en Paraguay un clima de persecución e intimidación pública "investigando", con un sofisticado aparato de inteligencia bajo su servicio, supuestos casos de corrupción entre funcionarios, jueces, sindicalistas y periodistas, algunos de ellos vinculados con acciones de resistencia a procesos de privatización. Los paraguayos que entraron en las "listas negras" de Greenlee fueron sancionados por la Embajada con la suspensión de sus visas para ingresar a Estados Unidos.
Las "listas negras" de Greenlee condicionaron el funcionamiento del sistema judicial paraguayo a los intereses de las compañías trasnacionales que operan en ese país. Jueces y fiscales aterrados por la posibilidad de perder sus visas y ante la inminente muerte civil que implica caer en las "listas negras" de Greenlee, comenzaron a bloquear recursos de inconstitucionalidad de varios contratos petroleros que presentaron sindicalistas paraguayos.